En los meses recientes la expresión “conflicto de intereses” se ha utilizado de manera recurrente en medios de comunicación nacionales e internacionales, en referencia a los escándalos provocados por el hallazgo de la “Casa Blanca” de la primera dama Angélica Rivera; de la propiedad del presidente Enrique Peña Nieto en el Club de Golf de Ixtapan de la Sal, y de la casa del secretario de Hacienda Luis Videgaray, también en un club de golf, pero en Malinalco, Estado de México.
En Huajuapan, los integrantes del cabildo que encabeza el presidente-notario Luis de Guadalupe Martínez, no cantan mal las rancheras, pues varios de ellos han aprovechado su cargo para beneficiarse personalmente o beneficiar a sus familiares directos. El que no es o ha sido proveedor del municipio (gasolina, abarrotes, servicios de alimentación y hospedaje), le ha rentado pantallas de video o ha obtenido algún contrato de obra para uno de sus hijos.
Por supuesto que estos pequeños “favores” no son gratuitos, pues el precio que los beneficiarios tienen que pagar es el de la sumisión y el silencio cómplice ante los negocios “de a deveras” del presidente municipal, de sus familiares y allegados. Porque cuando alguien osa levantar la voz, las represalias no se hacen esperar, como ocurrió en el caso del síndico Celestino Rivera Galicia, a quien el edil dejó de comprar las despensas de los elementos de la Policía Municipal, por realizar algunos cuestionamientos ante el pleno del cabildo.
El tema de los conflictos de intereses que se viven en el cabildo huajuapeño, fue abordado hace casi un año por el dirigente local del Movimiento de Regeneración Nacional, Víctor Hugo Espíndola Galicia, tanto en la radio local como en sesión abierta de cabildo (una de las prácticas populistas y mediáticas a las que Luis de Guadalupe es tan afecto). En dicha sesión, el pejista reveló que “Grúas Pepe”, una de las empresas que se dedicaba a levantar los vehículos mal estacionados de las calles del centro de la ciudad por petición de los “auxiliares viales” del ayuntamiento, es propiedad de José Manuel Martínez Ramírez, hermano del presidente municipal.
El caso fue turnado por el edil a la comisión de Transparencia y Acceso a la información Pública que encabeza el regidor priísta Enrique Camarillo Ramírez, (por cierto, esposo de la visitadora regional en la Mixteca de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la perredista Rosa Elena Manzano Méndez), pero nada pasó, pues como era de esperar, la citada comisión no encontró irregularidad alguna.
Un caso de conflicto de intereses que merece especial atención es el del expriísta y actual neopanista Carmelo Francisco Hernández Pérez, quien funge como titular de la Contraloría Municipal, pero al mismo tiempo es proveedor del municipio. Además, los integrantes del ayuntamiento realizan consumos con cargo al erario público en su restaurante denominado “El Sagrario”. Así que el contralor municipal es uno de los principales proveedores de gasolina y factura al municipio muchos miles de pesos al mes. La mayoría de los vehículos oficiales cargan combustible en las gasolineras de las que su hijo Samuel Alejandro Hernández Legaria, aparece como concesionario.
Pero quien se lleva las palmas en el tema de los conflictos de interés es el propio Luis de Guadalupe Martínez, no sólo por el tema de las grúas de su hermano ni por las obras asignadas a sus familiares, en algunos casos a través de prestanombres, sino por su doble carácter de presidente municipal y notario público.
Además de ser un secreto a voces que los trámites de la Notaría Pública número 82, de la que es titular, se realizan fast track, contrario a lo que ocurre con las otras tres notarías de la ciudad, hace algunos meses Martínez Ramírez, hizo un negocio redondo con la condonación de los adeudos de una lotificación irregular ubicada en las inmediaciones de Acatlima. La historia es la siguiente:
El 26 de agosto del año pasado, el cabildo aprobó por unanimidad la propuesta del presidente municipal para condonar la totalidad de los adeudos correspondientes al impuesto predial, traslado de dominio, cambio de uso de suelo, derechos de lotificación, alineamiento, subdivisión, número oficial “y todos aquellos pagos necesarios para que (los vecinos de las colonias Paraísos y Buenavista) resuelvan la certeza jurídica de sus predios”. Los principales argumentos fueron que con esta medida se beneficiaría a las familias que no habían podido escriturar sus predios y se lograría la incorporación de “más de 100 cuentas prediales”.
La realidad es muy distinta: uno de los verdaderos beneficiados fue el lotificador Heladio Tomás Vera Olea (pastor de la Iglesia Cristiana en Huajuapan), a quien correspondía pagar varios cientos de miles de pesos, que finalmente no ingresaron a las arcas del municipio; el otro (¡adivinaron!) fue el notario público número 82… es decir, el presidente municipal.
Con el paso de los meses el “beneficio a la colectividad” que argumentaron algunos regidores al intervenir en la sesión de cabildo antes mencionada quedó al descubierto: la condición para que los adeudos fueran condonados fue que los “más de 100” propietarios de lotes realizaran sus escrituras en la notaría del presidente municipal. Negocio redondo: tan sólo por el primer paquete de escrituras, Luis de Guadalupe Martínez, recibiría al menos 800 mil pesos, pues cada documento tiene un costo “de cuates”, de ocho mil pesos; pero los vecinos comentan que en total serán aproximadamente 200 escrituras, por lo que el presidente-notario podría recibir en total, la nada despreciable suma de un millón 600 mil pesos.
Sería una ingenuidad (por no llamarle de otro modo) pensar que el contralor municipal Carmelo Hernández Pérez, actuará contra el presidente municipal o implementará alguna acción encaminada a impedir, o en su caso sancionar, “el mal uso o abuso del poder público para beneficio personal y privado”, como le obliga el “Reglamento de la Contraloría Municipal”… pues tendría que empezar por él mismo.
Más ingenuo sería creer, que los integrantes del cabildo pidan cuentas por estos hechos al presidente-notario, pues tampoco ejercerán la facultad que les confiere el artículo 18 del mencionado reglamento que contempla entre las causas de remoción del contralor municipal por la “falta de probidad” o la “notoria ineficiencia” y la “decisión por mayoría absoluta de votos del pleno del Ayuntamiento por causa justificada”. Doble contra sencillo a que en éste, como en muchos otros casos, prevalecerá la regla de oro del ayuntamiento que encabeza Luis de Guadalupe Martínez: “Tapaos los unos a los otros”.
Publicada el: 24 marzo 2015 8:38 am
