Dice la sabiduría popular que no hay mal que por bien no venga.
Y una de las grandes lecciones que nos dejará el desencuentro del ejecutivo y el legislativo con el Poder Judicial de la Federación es que este último debe aprender a comunicar.
Independientemente del resultado final de este affaire y de quien tenga política y jurídicamente la razón, en un país como México es imprescindible comunicar desde los poderes y las instituciones públicas.
Y no es que la Corte y el Poder Judicial Federal en su conjunto se hayan quedado solos, pero sus expectativas de apoyo más allá de sus murallas estaban seguramente sobre dimensionadas.
Y es que los colegios de abogados tardaron en pronunciarse, y los poderes judiciales de los estados hasta el momento no han dicho nada al igual que la CONATRIB.
De hecho, la propia Corte y el Consejo de la Judicatura tardaron en reaccionar.
En este escenario ¿Cómo esperar el apoyo ciudadano?
Teniendo la balanza de la verdad y de la razón más inclinada a su favor, el PJF ha sufrido para posicionar su discurso.
Y es que hoy están en la arena política, en una tormenta que debieron prever y atender desde hace meses, al menos desde que Zaldívar dejó la Presidencia.
En aquellos primeros días de la presidencia de Norma Piña, escribí una columna a manera de alegato, para que la Corte se acercara en esta nueva era a los poderes judiciales de los estados más allá de los convenios en materia de formación judicial.
Si la Corte explorase las áreas de oportunidad de los poderes judiciales locales y trabajara en equipo en una sana cercanía, serían aliados naturales, incluso más allá de lo institucional.
Lo cierto es que no ha existido, ni siquiera un “diálogo jurisprudencial” entre juzgadores federales y locales para unificar criterios en pro de la seguridad jurídica y la justicia ponta y expedita.
Si lo que se critica en México es la voz de un solo hombre, lo que César Astudillo llama “el dilema de la última palabra” se convierte en la voz de una sola judicatura: la federal.
Y es que más allá del debate de si los poderes judiciales debían o no ser dueños de la última palabra en los asuntos de su competencia, hay decisiones de amparo que son vistas por los mismos justiciables como imposiciones. Y de hecho lo son por diseño y mandato constitucional.
De modo tal que se malinterpreta y se confunde la inatacabilidad de las resoluciones con soberbia y autosuficiencia.
Mi clase de Retórica y Oratoria Forense ha sido un permanente alegato en pro de la represtigiación y revalorización de argumentación oral.
El argumento es un razonamiento que busca persuadir y ningún medio es tan eficaz para lograrlo como la palabra hablada.
El problema es que nuestros ministros no saben hablar. Los expertos de la argumentación jurídica no saben expresarse y comunicar eficazmente sus ideas fuera del círculo de la abogacía.
Desde mi particular punto de vista, aquello de que los jueces hablan solo a través de sus sentencias, es cosa del pasado. Los jueces debemos hablar más allá de nuestras sentencias, interpretarlas, traducirlas, comunicarlas, ser capaces de resolver en un lenguaje llano las dudas que nuestros fallos generan cuando así sea pertinente, para borrar todo rasgo de sospecha social y evitar tentaciones perversas a la hora de decidir.
La argumentación escrita debe extenderse a la oral y nuestros ministros, jueces y magistrados deben entrenarse en el arte de convencer y persuadir por medio de la palabra hablada, que es el principio del liderazgo y el presupuesto de la autoridad moral. Si no, pregúntenle al Presidente.
Por otra parte, los alcances de la Escuela Federal de Formación Judicial y de la Escuela Judicial Electoral deben ampliarse.
Los mismos ministros deben estar permanentemente en todas las universidades del país. No solo en las privadas, para que sus ideas salgan de la comodidad del Reforma, El Universal o Milenio y lleguen a los miles de estudiantes que sí son tocados por las estructuras gubernamentales y legislativas.
Lo mismo para Magistrados y Jueces, salvo honrosas y muy conocidas excepciones.
México ya cambió y hoy la función del juzgador debe ir más allá de los jurisdiccional para ser también educador, formador de cultura jurídica, democratizador de los saberes de la ciencia del derecho y de la ciencia política.
Solo así, llegaremos algún día a tener en los órganos de representación política, a mujeres y hombres sensibles a la importancia e insutituibilidad de la naturaleza experta y la formación técnica de Ministros, jueces y magistrados.
Hay que llevar al Poder Judicial más allá de sus murallas. No es un asunto de voluntad, sino de necesidad.
*Magistrado de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
