Es imprescindible que las entidades federativas asuman su responsabilidad en materia de combate a la corrupción y a la brevedad, en el caso de nuestro Estado, se implemente un sistema estatal anticorrupción, así como un nuevo sistema de responsabilidades que responda a las necesidades de la sociedad. Así lo dijo la diputada Martha Alicia Escamilla León, representante Popular por el Distrito 01, al ser entrevistada sobre su participación en la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL) en la Ciudad de Puebla.
Al ser cuestionada sobre esto, la diputada Escamilla León señaló que uno de los temas más importantes en la Agenda de la Séptima Asamblea Plenaria de COPECOL fue el de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y las obligaciones de las entidades federativas en cuanto hace a la armonización constitucional y luego, cuando sean emitidas las leyes secundarias, las entidades federativas también tendrán que hacer lo propio para establecer sus propios mecanismos de combate a la corrupción acordes a la nueva legislación de nuestro país.
En ese sentido, Martha Alicia Escamilla recordó que en la conferencia impartida por el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública Javier Vargas Zempoaltécatl y por el doctor José Roldán Xopa, se detalló el alcance y la importancia de la reforma en la materia.
Frente a esto, Martha Alicia Escamilla resaltó que son varios los aspectos relevantes pero que es fundamental pasar por el fortalecimiento institucional de la Fiscalía General de Justicia, de la Auditoría Superior del Estado, de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, y en el caso de nuestro Estado, por el recién creado Tribunal de Justicia Administrativa y Fiscalización.
A partir de este nuevo esquema, dijo, se estarían sometiendo a revisión no únicamente los actos propios de corrupción, sino también figuras tan controversiales en nuestro país como el conflicto de interés de servidores públicos respecto a obras o cuestiones en las que su encargo se relaciona con sus negocios o cuestiones personales.
Como ejemplo, dijo que bajo este nuevo esquema tendrían que entrar a una revisión escrupulosa casos evidentes de conflicto de interés, como el del Secretario de Turismo y Desarrollo Económico respecto a diversas obras que se construyen actualmente, así como otros casos en Oaxaca en los que hemos visto que funcionarios de primer nivel tienen relación con asuntos públicos de los que debieron excusarse por sus propias actividades e intereses personales y privados, finalizó.
