A pesar de ser una de sus obligaciones, los actuales diputados han omitido declarar cuáles son aquellos asuntos en los que pueden tener algún conflicto de interés.
El Reglamento de la Cámara de Diputados obliga a que la Mesa Directiva abra un registro en el que los legisladores se excusen de estos asuntos, pero hasta hoy dicho registro no existe.
¿Y por qué no existe? Porque ningún diputado ha acudido voluntariamente a declarar su tema.
“No hay ese registro porque nadie ha acudido a hacer la solicitud para que se abra”, señaló Ángel Cedillo, secretario perredista de la Mesa Directiva.
“Nadie ha venido a explicarnos que tiene algún conflicto de interés y eso debe ser voluntario, no puede iniciarlo la Mesa Directiva por sí misma”, explicó.
Caso contrario ocurrió con el registro de cabilderos, estipulado también en el Reglamento de la Cámara Baja, para el que sí se cumplió en tiempo y forma la convocatoria y registro de quienes estarán llevando a cabo actividades de “lobbying” en San Lázaro.
La fracción VI del artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados obliga a los legisladores a “informar de los asuntos en los que tengan intereses o puedan obtener beneficios personales y excusarse de participar en la promoción, gestión, recomendación y discusión de los mismos”.
El numeral dos del mismo artículo obliga a la Mesa Directiva a llevar y mantener un registro actualizado de estos asuntos, mismo que deberá permanecer vigente durante los tres años de ejercicio.
Algunos legisladores, sobre todo presidentes de algunas comisiones, han sido señalados por tener probables conflictos de intereses en la labor que desempeñan, y ninguno de ellos ha hecho el reporte correspondiente a la Mesa Directiva.
El caso de Federico González Luna, del Partido Verde, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, ha sido uno de los más reclamados por algunos legisladores de la Cámara Baja; en la instalación de su Comisión hubo hasta protestas de la sociedad civil.
González Luna ha estado relacionado con los temas de telecomunicaciones durante casi toda su carrera. Ha fungido como director general de Sistemas de Radio y Televisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y es expresidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones.
Una de las actividades que le han sido más cuestionadas es que, a través de su despacho de abogados Deschamps, González Luna y Álvarez del Castillo S.C., fue el coordinador legal que elaboró la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Otra es que fue suplente de Javier Tejado Dondé, representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) ante el Consejo Nacional de Radio y Televisión, lugar que dejó en febrero de este año, justo antes de convertirse en candidato del PVEM a una diputación federal.
Con todo, el propio González Luna se ha pronunciado al respecto y ha negado que haya un conflicto de interés en su labor.
“Hace un tiempo que no hemos venido prestando ese tipo de asesorías, de un trabajo de cuerpo consultivo, no ejecutivo, no decisorio; yo considero que el conflicto de interés está claramente establecido por la legislación y yo estoy absolutamente convencido de que en mi caso no existe este conflicto”, declaró recientemente.
Otro caso es el de Juan Carlos Muñoz, diputado del PAN que preside la Comisión de Transportes y al mismo tiempo es presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).
También la izquierda ha sido señalada: Jaime Bonilla Valdez, del PT, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, tiene varios negocios en esa zona del país.
Purificación Carpinteyro, diputada del PRD, prepara un recurso contra este tipo de prácticas en todas las comisiones.
“Lamentablemente cuando se tienen despachos de abogados o contadores, en general uno dice ‘trabaja en tal despacho’, pero no significa que se exponga para qué clientes haya trabajado.
“Y eso, desde mi perspectiva, implicaría una falta de claridad o transparencia en relación a cuáles son los potenciales conflictos de intereses que pudieran existir”, considera.
La aprobación de los integrantes y los titulares de las presidencias de las comisiones pasa, forzosamente, por la Junta de Coordinación Política, máximo órgano político, de acuerdo de la Cámara de Diputados.
Cedillo señaló que es ahí donde debe hacerse un estudio de los perfiles de los legisladores para saber si no incurren en un conflicto de intereses, y pasar entonces ese reporte a la autoridad correspondiente.
“Pero ahora no podemos hacer nada, porque aunque el reglamento estipule que hay una obligación de tener ese registro, en tanto no haya alguien que de motu propio llegue a excusarse, o no haya alguien que haga una queja o un señalamiento formal, la Mesa (Directiva) no puede abrir el registro porque si”, explicó a ADNPolitico.com.
El Reglamento de la Cámara Baja establece también que los diputados deben “renunciar a obtener” beneficios económicos o en especie si por la realización de actividades inherentes a su cargo los generan para sí, para su cónyuge, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado
También para “terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios; o socios o empresas de las que el diputado o diputada formen o hayan formado parte”, establece en la fracción XIII del artículo 8 del Reglamento.
ADN Político
