Sandra Ávila Beltrán, la llamada Reina del Pacífico, obtuvo un nuevo triunfo legal al ganar en primera instancia un amparo contra su extradición a Estados Unidos, país que la reclama para juzgarla por presuntos delitos asociados al narcotráfico y de los cuales, hasta ahora, ni aquí ni en el vecino país se le han comprobado.
Las autoridades mexicanas pueden aún impugnar el fallo, el cual en caso de ser ratificado por un tribunal colegiado impediría en definitiva la entrega de Ávila Beltrán al gobierno estadounidense, como lo había autorizado en enero pasado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Antes de este fallo, ya el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales había opinado que no procedía el traslado a Estados Unidos de Ávila Beltrán, pero aún así la SRE decidió autorizarlo ya que se trataba sólo de la opinión jurídica de un juzgador y no obligaba a las autoridades a acatarla.
Frente a esa situación y ante el riesgo de ser enviada a EU, Ávila Beltrán recurrió al amparo contra la decisión de la Cancillería y apenas ayer fue notificada del veredicto a su favor.
La sentencia emitida por el Juzgado 13 de Distrito en Materia de Amparo validó el argumento contenido en el expediente del caso y que señala que La Reina del Pacífico no puede ser inculpada por el caso Macel, asunto por el cual salió a la luz pública su presunta vinculación con jefes de cárteles del narcotráfico de México y Colombia, así como con policías.
Ello luego de que fue acreditado que no es su voz la que aparece en una grabación interceptada durante las investigaciones que llevaron al aseguramiento de 10 toneladas de cocaína, en diciembre de 2000, en el buque Macel y cuya tripulación fue juzgada y encontrada culpable del traslado de la droga entre Colombia y México.
Los cargos en contra
La llamada Reina del Pacífico fue detenida el 28 de septiembre de 2007, debido a que enfrentaba cargos por delincuencia organizada y narcotráfico, además de lavado de dinero en México, así como en cortes federales de Estados Unidos, pero hasta ahora ha sido prácticamente absuelta de todos los cargos.
La única sentencia dictada en su contra fue la emitida por un Juez de Distrito en Materia Penal de Jalisco que le impuso una pena de un año de prisión y 20 días multa a Sandra Ávila, por la comisión del delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pero como ya llevaba más de tres años encarcelada, se tuvo por cumplida dicha condena.
En este contexto, apenas el pasado 3 de diciembre fue absuelta por un juez federal de los ilícitos que le imputó la PGR de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.
En este caso le fue decretada la libertad junto con el colombiano Juan Diego Espinoza Ramírez, alias El Tigre, quien aceptó desde hace al menos dos años ser llevado voluntariamente a Estados Unidos, donde se convirtió en testigo protegido.
Actualmente, el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, y quien ha tenido a su cargo varios de los juicios del crimen organizado más importantes en México, analiza el recurso de apelación promovido por el Ministerio Público de la Federación contra la sentencia absolutoria que dictó a favor de Ávila Beltrán el Juzgado 18 de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Reclusorio Norte.
El pasado 3 de marzo, apenas cuatro días después de que fuera trasladada de una cárcel de la Ciudad de México a un penal federal femenil de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, una nueva acusación por lavado de dinero le fue notificada a Ávila.
Se le abrió un nuevo proceso y en esta ocasión la Procuraduría General de la República la acusa de inversiones de recursos en México con conocimiento de que representan el producto de una actividad ilícita.
En medio de todo este proceso judicial, la llamada Reina del Pacífico también enfrentó acusaciones falsas por el supuesto uso de bótox dentro de una cárcel del Distrito Federal, lo cual incluso provocó su traslado a la cárcel federal de Tepic.
La situación llegó a tal punto que ahora la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) analiza el emitir una recomendación a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario por acusar falsamente a Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, de colocarse bótox al estar recluida en la cárcel.
El Universal
