El día de su detención, las autoridades no se pusieron de acuerdo en el lugar, no hay bitácora del vuelo de traslado, las armas fueron manipuladas y la supuesta droga que portaban no fue pesada ni registrada.
Por estas irregularidades, acusan que el Ministerio Público actuó con dolo en el proceso en contra de José Manuel Mireles y sus tres escoltas, por lo que la defensa acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Relatoría de la ONU y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“Aquí en este caso tenemos tanto pruebas ilícitas como pruebas ilegales, pero la mayor violación o la violación las más fragante constituye el dolo del Ministerio Público, es decir, la intención de actuar con conocimiento de causa” afirmó Salvador Molina Navarro, uno de los abogados.
En conferencia de prensa Molina Navarro, y los abogados Néstor Enrique Luna Ortiz y Talía Vázquez, explicaron que hubo manipulación y siembra de armas, no se respetaron los tiempos y en las actas hay diversas inconsistencias, como los lugares y las horas, y tampoco se preservó el lugar de los hechos.
En el expediente hay dos hojas que especifican el lugar de detención, con el membrete de la Procuraduría General de Justicia: en el folio 29 se señala que el lugar de detención es en La Mira, Lázaro Cárdenas, mientras que en el segundo, el folio 30 se especifica que es en el poblado de San Antonio de Viña, en Tacámbaro hay 275 kilómetros de distancia entre uno y otro.
Las autoridades les aseguraron 14 armas, un vehículo Jeep Cherokee 2014 y cuatro bolsas de plástico con hierba verde, parecida a la marihuana y una con polvo blanco parecido a la cocaína, sin embargo, en el expediente no se especifica el peso, lo que es señalado como otra irregularidad.
El traslado
Los abogados afirmaron que luego de la detención de Mireles Valverde, y dos de sus escoltas, fueron trasladados desde Lázaro Cárdenas a Morelia, en un helicóptero Black Hawk. La distancia entre estas dos ciudades es de aproximadamente 300 kilómetros, el viaje tomaría hora y media. El traslado duró aproximadamente 5 horas.
En el expediente se señala que el arresto fue a las 18 horas del 27 de junio, y que fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República a las 20 horas del mismo día. Pero en los videos presentados ante la prensa se observa que el despegue de la nave es de día.
Mireles refirió, en su declaración, que era 4:30 o 5 de la tarde, aunque en ningún momento se especifica la hora de despegue, ya que en el expediente no se cuenta con la bitácora de este vuelo. La aeronave aterrizó en la Procuraduría General de Justicia de Michoacán durante la noche, aproximadamente a las 21:10 horas.
“Tengo la certeza que ese tiempo se perdió precisamente en actos de tortura, la tortura no necesariamente tiene verse reflejada en golpes o lesiones sino también puede ser de manera psicológica”, refirió Molina Navarro. Esto a referencia a que Mireles Valverde señaló que durante el traslado tuvo miedo de ser arrojado al mar.
Molina Navarro afirmó que “es evidente que las personas armadas no están cometiendo delito” debido a que las armas estaban registradas ante la Secretaría de Defensa Nacional y tenían los permisos correspondientes.
También aseveró que “se debió de haber dictado un auto de libertad por falta de pruebas para procesar, además se debe investigar al ministerio público por las torturas y por las violaciones al debido proceso”.
“Alfredo Castillo no ha cumplido”
La abogada Talía Vázquez acusó que el Comisionado Alfredo Castillo, no ha cumplido con los acuerdos que se señalaron el 14 de abril, en el que se precisó que se iban a detener a los objetivos que ya se tenían identificados, entre ellos Servando Gómez “la Tuta”; que se iban a trasladar a Apatzingán a las autodefensas detenidos y se iban a dar conclusiones no acusatorias para que quedaran en libertad, y además se iban a salvaguardar a los líderes.
Vázquez dijo que “ninguna de estas cosas se cumplió”, continúan en prisión 384 autodefensas, y aun no se tienen más de 5 mil solicitudes para integrarse a la Fuerza Rural.
Y dijo que el estado mexicano esta confeso de que Manuel Mireles es un “preso político” por incumplir con el acuerdo, ya que “no hizo caso del desarme y todo lo que incumplió el virrey Castillo para el 10 de mayo”.
La abogada afirmó que llevarán el expediente ente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Relatoría de la ONU y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para solicitar el apoyo correspondiente.
Denuncian acoso y amenazas
La abogada, Talía Vázquez, afirmó que ha sido víctima, junto con Grillonautas y la periodista San Juana Martínez, de “acoso brutal” por parte de los Templarios, además ha recibido amenazas de muerte.
Dijo que incluso le han hecho montajes pornográficos, que han circulado en redes sociales. “Yo no recurro a la autoridad, ya lo hice una vez y liberaron a los violadores, no lo vuelvo a hacer, estoy en estado de indefensión” afirmó, aunque precisó que defiende a Mireles porque cree en la causa para recuperar Michoacán.
Agencias
