El Movimiento Progresista (MP) promovió la invalidez de la elección presidencial por considerar que hubo irregularidades y hasta delitos que, en conjunto, violan el artículo 41 constitucional, que en esencia dispone que las elecciones deberán ser “libres, auténticas y periódicas”.
Como desde 1920, las elecciones han sido periódicas, supongo que el MP considera es que la elección presidencial no fue libre ni auténtica por dos presunciones: 1) exposición excesiva de la imagen y palabras de Enrique Peña Nieto en la televisión, y 2) recursos supuestamente indebidos e incluso de origen ilícito que fluyeron a la campaña para la compra de 5 millones de votos.
No sé si las pruebas aportadas por el MP son válidas o no; eso lo decidirán el Tribunal Electoral, la PGR y tal vez el SAT, quienes además deberán investigar la posible comisión de delitos y sancionar a los responsables conforme a derecho.
Pero es probable que las investigaciones no terminen antes que venza el plazo legal para que el TEPJF declare la validez o invalidez de las elecciones y, en su caso, entregue la constancia de mayoría al candidato que obtuvo más votos, quien se convertirá en presidente electo.
En cuanto a la televisión, el área especializada del IFE registró que Peña Nieto y los partidos que lo postularon no rebasaron los tiempos asignados, y como el MP impugnó ese informe, el Tribunal deberá decidir, con los elementos a su alcance, si tiene razón el IFE o el MP en este asunto.
Más difícil es el tema de los dineros. El MP ha urgido a que se trabaje a la máxima velocidad posible, pero ignoro si puedan concluir en los próximos días las investigaciones, que involucran a varias instituciones financieras públicas y privadas, al Ejecutivo federal y cuando menos al de un estado.
Terminen o no las investigaciones antes del 6 de septiembre, el Tribunal sólo puede hacer lo que le permite la ley, y el supuesto flujo de recursos indebidos no es causal de invalidez de una elección; además, como lo reconoció Arturo Núñez, gobernador electo de Tabasco, la presunta compra de votos no puede probarse.
Cualesquiera hayan sido los delitos cometidos por militantes, simpatizantes o contrapartes comerciales de los partidos políticos, el derecho penal mexicano sanciona a personas físicas, no a instituciones y menos a procesos electorales.
En todo caso, la demanda del MP sugiere volvernos a preguntar lo que parecía resuelto hace más de tres lustros: ¿somos los ciudadanos libres para votar?
Desde 1996, las instituciones electorales protegen la libertad de cada ciudadano para votar por los candidatos y partidos que quiera y ya no se habla de acarreo de votantes, carruseles u otras perversidades. En esta dimensión, el voto en México es libre y lo fue en las elecciones del 1 de julio.
Pero la libertad de voto tiene otra dimensión: sufragar por los candidatos y partidos que mejor garanticen nuestros legítimos intereses, principios, valores y aspiraciones. Concebida así, en México no está garantizada la libertad de voto porque carecemos de información suficiente y confiable sobre las opciones reales.
Usted y yo tenemos una idea de quiénes son Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Quadri de la Torre, pero no sabemos lo suficiente como para decidir si aquél por quien votamos es el que mejor gestión hará según la visión de cada quién sobre lo que debe ser y hacer el país.
Si los discursos y mítines del pasado no decían nada creíble, los espots de radio y televisión son aún menos confiables. La propaganda de los partidos políticos-de todos- presenta los ángulos más atractivos de sus candidatos, pero no ofrece información completa.
Algunos reporteros obtienen información en fuentes directas o indirectas, pero ni hay garantía de que sea completa ni tenemos todos el mismo acceso a ella por las grandes disparidades de escolaridad y porque la política no está entre los temas que más interesan a la mayoría de la población.
Entendida como la capacidad para optar por los partidos y candidatos que mejor satisfagan las expectativas de los ciudadanos, la libertad de voto no existe en México o en cualquier otra parte del mundo, lo que conduce a la discusión de las relaciones entre democracia, medios y poder económico.
No creo que el MP demande la invalidez de la elección presidencial porque la televisión modela los gustos, inclinaciones y apetencias de los ciudadanos y consumidores, respectivamente. Supongo que busca invalidarla, lo que considera excesos que, de haber sido tales, habrían afectado la equidad, pero no la libertad.
Por eso creo que su lucha jurídica es el primer capítulo de la lucha política. Y si que ésta consiste en dinamitar la gobernabilidad, no será apoyada por nuevos diputados, senadores y gobernadores del MP. Si, por el contrario, busca negociar leyes y políticas, podría convertir a las izquierdas en una fuerza básicamente unida y viable como ulterior opción electoral.
