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El Procurador Agrario Nacional, Víctor Suárez Carrera, fue liberado este martes a las 14:30 horas en el crucero de la agencia municipal El Mezquite, Ixtaltepec, luego de permanecer retenido desde el día anterior por comuneros indígenas zoques de Santa María Chimalapa, quienes exigían una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum tras acumular dos derrotas consecutivas en los tribunales agrarios por la disputa de ejidos chiapanecos instalados dentro de su territorio comunal.
El funcionario fue recibido con el acompañamiento de personal de la Secretaría de Gobierno, la Policía Estatal y la Agencia Estatal de Investigación (AEI), junto con Ricardo Espinoza Alamilla, Jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria, y Luis Alberto Jiménez Paredes, también de la Procuraduría de Tehuantepec.
Suárez Carrera declaró que no hubo violencia durante su retención, aunque reconoció que los comuneros ejercieron presión de manera deliberada a través del arraigo.
La liberación se produjo luego de que la asamblea aceptó dos acuerdos concretos: una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación el próximo lunes 9 de marzo en la Ciudad de México, y el compromiso de la comunidad de no adoptar medidas que generen violencia ni que afecten a terceros.
El trasfondo: dos juicios perdidos y un fallo que sacude medio milenio de historia territorial
La retención del funcionario fue la respuesta directa a una doble derrota judicial.
Santa María Chimalapa había demandado la nulidad de los ejidos chiapanecos de Canaán y General Rafael Cal y Mayor mediante dos juicios ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 22 de Tuxtepec. El TUA falló a favor de los ejidos el 22 de noviembre de 2024.
La apelación ante el Tribunal Superior Agrario fue igualmente desestimada el 18 de febrero de 2026, por mayoría de tres votos contra dos, y el fallo fue más lejos: planteó la expropiación de 2 mil 651 hectáreas del núcleo Canaán, con una indemnización “en especie” para los zoques.
Las autoridades chimalapas sostienen que ambas resoluciones contradicen la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de noviembre de 2021, que resolvió el conflicto limítrofe entre Oaxaca y Chiapas a favor del estado oaxaqueño, reconociendo una frontera vigente desde 1549.
En un pronunciamiento público, la comunidad calificó los fallos de contener “aberraciones jurídicas” y de ignorar derechos colectivos amparados por convenios internacionales.
El origen del conflicto data de 1967, cuando el gobierno federal concedió al estado de Chiapas seis mil hectáreas ubicadas en territorio oaxaqueño, propiciando el asentamiento de familias tzotziles y zoques chiapanecos y el inicio de una disputa que no ha cesado. Ganaderos, taladores y grupos armados han agravado la situación: más de 50 mil hectáreas de selva y bosque de niebla han sido devastadas en una región considerada de las más biodiversas del país.
No es la primera vez que los comuneros de Santa María Chimalapa recurren al arraigo como medida de presión.
En abril de 2023, el entonces secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, fue retenido bajo la misma figura indígena tras acudir a una asamblea en la que los pobladores exigían la presencia del gobernador Salomón Jara Cruz.
En aquella ocasión, el gobierno estatal sostuvo que el funcionario simplemente “se quedó más tiempo en la reunión”, mientras los comuneros insistían en que permanecía bajo arraigo.
Ante la profundización de la crisis, la comunidad anunció que continuará la defensa por la vía jurídica y, de ser necesario, recurrirá a instancias internacionales en materia de derechos indígenas y protección ambiental.
