El Ministro de Hacienda de Argentina, Alfonso Prat-Gay, tiene previsto anunciar por la tarde de Buenos Aires la liberalización del cepo (control) cambiario que rige al país desde 2011.
Las restricciones a la compra de divisas fueron instauradas por el anterior Gobierno argentino, el de Cristina Fernández de Kirchner, para enfrentar la escasez de divisas que sufre el país en su resistencia a que sea el mercado el que fije el valor del peso.
El cepo afectó a la inversión en estos cuatro años y por eso el nuevo Presidente, Mauricio Macri, había prometido liberalizarlo.
Claro que esta medida provocará una devaluación que impactará en una inflación de por sí alta (24 por ciento anual hasta octubre pasado, según datos no oficiales).
El cepo cambiario consistió en diversas limitaciones en el mercado de divisas:
Los ahorradores sólo podían comprar dólares por el equivalente al 20 por ciento de los ingresos declarados.
Hacienda era la que autorizaba un determinado cupo mensual para adquirir la moneda estadounidense, que es aquella en la que las clases altas y medias de Argentina ahorraron desde la década de los años 70.
Además regía un tope de hasta 2 mil dólares por mes. Aquellos que no recibían la autorización oficial recurrían al mercado “blue” o ilegal que funcionaba en las llamadas “cuevas” de las propias casas de cambio, sociedades bursátiles o agencias de viajes.
Hasta este miércoles, el dólar oficial cotizaba a 9.83 pesos y el ilegal, a 14.48.
Los viajeros debían pedir autorización a Hacienda para hacerse con divisas.
Los residentes que viajaban al extranjero sólo podían adquirir por la vía oficial lo que las autoridades les permitían según un misterioso criterio que tenía en cuenta el destino y la cantidad de días del viaje.
En cambio, podían pagar sin restricciones con tarjeta de crédito o débito fuera de su país.
Pero muchos recurrían al mercado ilegal. Los turistas extranjeros también cambiaban sus divisas en las “cuevas” para conseguir una mejor tasa de cambio y al irse sólo podían deshacerse de sus pesos en esos locales.
Las multinacionales apenas podían girar los beneficios a sus casas matrices.
El Banco Central autorizaba a cuenta gotas que las filiales de empresas extranjeras repatriaran beneficios a sus países de origen, lo que desalentó la inversión.
Se calcula que estas compañías acumulan unos 10 mil millones de dólares sin remitir a sus países, según Matías Kulfas, que fue gerente general del Banco Central entre 2012 y 2013 pero que ahora considera que el cepo fue un error.
Ese dinero se vería afectado por la devaluación que provocará la liberación del tipo de cambio, con las consiguientes pérdidas para las empresas.
Pero no sólo se desincentivó la inversión extranjera sino la de los propios argentinos, que han acumulado fuera del sistema financiero, en cajas fuertes y en bancos del extranjero, hasta 400 mil millones a lo largo de la historia, según la ONG Tax Justice Network.
Pocos estaban dispuestos a traer dólares para cambiarlos en el mercado oficial cuando en el ilegal cotizaban entre 50 por ciento y 70 por ciento más caros, según la temporada.
Los importadores necesitaban autorización para comprar divisas con las que pagar los productos.
En 2012 se generalizaron las barreras para las compras externas no solo para bienes de consumo sino también para insumos y maquinarias usadas por el aparato productivo de Argentina.
En la actualidad, los importadores, incluidos las industrias locales, deben 9 mi 500 millones a sus proveedores del extranjero.
Las trabas impidieron que el peso caro incentivara un aluvión de productos importados.
El desaliento a la exportación.
Muchos exportadores perdieron competitividad por la apreciación de la moneda argentina, tanto en la agricultura como en la industria y los servicios.
Una devaluación los alentaría.
Sin embargo, las exportaciones de bienes y servicios de Argentina suponen solo el 15 por ciento de su PIB, lo que evidencia que su mercado interno es clave para su economía y una depreciación del peso lo deteriorará.
Existe un cierto consenso entre los economistas argentinos sobre la necesidad de la liberalización cambiaria y la devaluación, pero el debate radica en el ritmo en que se hacen.
Roberto Frenkel, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, aboga por una eliminación paulatina de los controles de capitales y una devaluación rápida porque, según él, eso evitaría una depreciación desorbitada del peso, pero a la vez incentivaría el ingreso de divisas tanto de inversores como de exportadores.
En cambio, Javier González Fraga, economista de la Unión Cívica Radical (UCR, centro), partido aliado del liberal Macri, opina que todo el proceso debería hacerse poco a poco porque teme que una inflación mayor derivará en presiones de los sindicatos peronistas y de izquierda y en una eventual pérdida de popularidad del nuevo presidente.
Diversos sindicalistas ya están pidiendo un aumento salarial navideño para contrarrestar el impacto de la devaluación e incluso amenazan con huelgas.
Claro que uno de los más poderosos, Hugo Moyano, se acercó a Macri y le dijo que como mínimo pedirá en 2016 un alza salarial del 28 por ciento, por debajo del 30 por ciento de inflación que prevé JP Morgan o del 39 por ciento que anticipa Deutsche Bank.
La organización social kirchnerista Tupac Amaru comenzó a protestar en la calle.
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