Avergüenza la forma de trabajar de los diputados y senadores mexicanos en diciembre cuando les agarran las prisas. Votan y cuentan ipso facto saltándose leyes y reglamentos, como sucedió la semana pasada cuando 250 diputados aprobaron un dictamen al que le faltó el “mísero detalle técnico” -el más uno- para sumarlo con la mitad y cumplir con lo que señala la ley.
Prisas por todos lados, papeles volando de curul en curul, gritos, reclamos, insultos, el presidente de la mesa directiva, Carlos Marín, insuficiente para establecer el orden, César Camacho llamando filibusteros a sus opositores.
El recinto parlamentario semejaba un puesto de tacos, pero no un recinto legislativo.
Y es que los congresistas legislan con lentitud y los rezagos crecen y se acumulan en las oficinas de los asesores. Mientras tanto, los padres de la patria andan practicando turismo en Europa, o haciendo lo que bien saben hacer, la grilla en desayunos, comidas y amarres en las oficinas de sus patrocinadores para dar el siguiente paso, pues tres años se van rapidito.
¿Y la chamba apá?
Por otro lado, al cierre de este año, las cámaras han transitado de espectáculo en espectáculo; diputadas priistas gritando a toda voz “eeeeeeeh p……o” en el pleno, poco tiempo después de haber brindado en el baño de damas en donde se encontraron botellas de alcohol, de refresco y vasos usados.
Así, a pesar de los zipi zapes, al levantarse el telón el espectáculo debe continuar cuando el gobierno federal está llegando a su fin, cuando dos poderes de la Unión habrán de renovarse, cuando 3 mil cuatrocientos quince cargos de elección popular estarán en juego, empezando por 128 senadores y 500 diputados y nueve gobernadores, incluyendo el de Ciudad de México.
También se renovarán 591 diputaciones locales de mayoría relativa, 391 de representación proporcional, 16 alcaldías, 1596 integrantes de ayuntamientos, 160 concejales de Ciudad de México que sustituirán a los actuales delegados, y 24 juntas municipales en Campeche.
Para lograr este cambio electoral el INE instalará 156 mil casillas que serán atendidas por más de un millón 400 mil funcionarios.
Es por ello, y por las fiestas de fin de año, por los viajes con las familias, que los legisladores andan con ojeras, con falta de sueño, a las carreras pues, a fin de sacar rezagos acumulados que nunca leyeron, pero que si votaron y aprobaron sin saber que o que.
Así las cosas, no extraña que la llevada y traída Ley de Seguridad este siendo tan controvertida, criticada y censurada por la opinión pública y la academia universitaria como es la UNAM, la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Guadalajara, en las voces de sus respectivos rectores, Enrique Graue David Fernandez, e Itzcoatl Bravo, que instaron al Senado a no aprobar la Ley de Seguridad Interior.
“La aprobación de la Ley de Seguridad Interior por parte del Senado de la República corre el riesgo de repetir un patrón fallido de seguridad, sin que los legisladores y nadie más puedan proveer las consecuencias a favor o en contra de la seguridad en particular y de los derechos humanos en general” afirmaron los rectores.
Lo más conveniente, agregaron, sería convocar a un dialogo más amplio, abierto para que las víctimas de la violencia puedan expresarse privilegiando los argumentos basados en el conocimiento científico y en las lecciones aprendidas en el ámbito nacional e internacional.
La ONU también hizo un llamado al Senado para que no aprobara dicha ley, pero, aun así, el llamado del Organismo internacional fue ignorado.
Las ONGs se movilizaron en los medios para protestar contra dicha ley, incluso invitaron a participar a Diego Luna, quien, ante las cámaras pronunció un par de leperadas y nada más, al no saber ni lo que estaba sucediendo…Pero tampoco hubo eco a la protesta de Maria Elena Morena y su ONG, el Senado aprobó y listo, “otro taco por favor”.
Llama la atención la prisa de los legisladores por aprobar esta Ley de Seguridad Interior por lo que despierta sospechas de que algo hay atrás de ella que el gobierno no ha explicado.
Es un hecho que las fuerzas armadas están en las calles, que son utilizadas en cualquier punto de la República que se necesiten y a petición de los gobiernos estatales, pero aun así, la violencia no ha cedido, por momentos se apaga, pero tiempo después prende en otro sitio, o se multiplica con más fuerza.
Sin embargo, y a pesar de que el ejercito esta en las calles, de repente se hizo necesario y urgente el marco legal que lo faculte a emplear la fuerza, es decir, más fuerza bajo orden presidencial; de lo cual se desprende que de ser necesaria la intervención armada por orden presidencial el gobierno estaría actuando conforme al orden constitucional y no al margen de la ley, por lo que la autoridad presidencial estaría blindada ante cualquier protesta y acusación por más grande y delicada que pudieran ser.
Este dato me recuerda 1968 y las Olimpiadas en México, cuando la Alma Mater nacional fue intervenida por el ejercito y Tlatelolco fue escenario de la masacre que aún nos viste de luto.
Como las elecciones del 2018 están cerca y calificadas como las más reñidas de los últimos años y que además se estarán jugando altos intereses, incluso la libertad o la cárcel de algunos funcionarios y otros que ya no lo son, es fácil suponer que los jugadores van a ir por todo y con todo, por lo que más vale tener listo el brazo armado de la ley por si las moscas, a fin de proteger la elección.
Concluyendo, la Ley de Seguridad Interior, a pesar de haber sido aprobada por ambas cámaras, resta un recurso más antes de ser promulgada para convertirse en Ley Constitucional y este es la controversia que presentará en breve la CNDH por lo que seguramente será enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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