En medio del avance imparable del crimen organizado en México, el Programa de Paz y Seguridad 2019-2024 del gobierno de López Obrador ofrece una propuesta retórica social frente al problema del Estado capturado por los cárteles y bandas criminales que gobiernan zonas territoriales de la república.
Mientras las autoridades, organizaciones sociales e instancias internacionales debaten los espacios de actuación del Estado ante el flagelo del crimen organizado en sus expresiones de violencia e inducción al consumo, México ve caer nuevas plazas en manos de los cárteles: Cancún, Los Cabos, Valle de México, Oaxaca y Guanajuato. Este dato es clave: el crimen organizado no ha retrocedido con las estrategias de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, sino que ha avanzado.
Lo que está a discusión en el contexto del Programa de Paz y Seguridad de López Obrador es la concepción de seguridad. Por sí misma, la seguridad no es bienestar sino una condición para lograrla. En términos de su esencia, la seguridad es la desaparición de los grupos delincuenciales en todos sus niveles por las vías de las leyes, los controles policiacos y las confrontaciones.
En el debate sobre las controversias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Ley de Seguridad Interior aprobada en el Congreso y promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017 el tema central radica en la existencia o no de fundamentos constitucionales del concepto de seguridad interior y del uso de las fuerzas armadas. Y la seguridad interior tiene una base constitucional.
El artículo 89 establece las “facultades y obligaciones” del presidente de la república y dice con claridad en el numeral VI: “preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Es decir, el concepto de “seguridad interior” ya existe en la Constitución y viene desde la de Cádiz en 1812 y se mantuvo en las constituciones federales de 1824, 1857 y 1917 y no requiere de permiso alguno para ejecutarla.
En todo caso, la ley reglamentaria de la seguridad interior debe ser debatida en función de las acciones que se deben de tomar cuando esté en riesgo la seguridad interior. Paradójicamente, el gobierno de Peña Nieto aplicó la permisividad constitucional de fuerzas armadas en seguridad interior sólo con el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 de abril de 2014 (su gobierno había comenzado el primero de diciembre de 2012) sinninguna reclamación legal. Calderón sólo definió su programa de seguridad pública.
La diferencia entre la seguridad pública y la interior y nacional radica en los ataquescontra el Estado-nación. La delincuencia común ataca al ciudadano, no al Estado ni a las instituciones. Y los cárteles del crimen organizado usan armamento superior al policiaco, forman parte de una cadena transnacional de intereses que llevan a la seguridad nacional y ocupan partes territoriales de la soberanía del Estado nacional.
El debate en la Suprema Corte, la terminación de la estrategia de seguridad del gobierno de Peña y la definición de la estrategia de seguridad del gobierno de López obrador contrastan con el avance del crimen organizado en zonas territoriales de la soberanía del Estado, el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en una Corte de Nueva York, la expansión territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación y la supervivencia del Cartel de Sinaloa de El Chapo ahora aliado al mando de Ismael El Mayo Zambada, un caposospechosamente alejado de la mira de las autoridades.
Mientras los criminales profundizan su copamiento de la república, la Corte quiere disminuir la participación de las fuerzas armadas en seguridad interior y López Obrador reduce su estrategia a criterios humanistas de las víctimas y contra el prohibicionismo respecto a las drogas. Sin embargo, falta la parte más importante del escenario de la inseguridad mexicana: la decisión de los EE. UU. de definir el problema de las drogas en función de su seguridad nacional –poder extendido más allá de sus fronteras– y la caracterización de los cárteles como crimen organizado transnacional.
Las fuerzas armadas son la última línea de defensa de la seguridad interior. Y a propósito de la reactivación de Maquiavelo en los últimos días, hay que recuperar lo que escribió el florentino en el capitulo sobre la conservación de los principados y las repúblicas:
“Una guerra es legítima por el solo hecho de ser necesaria, y las guerras son actos de humanidad cuando no hay ya esperanzas más que en ellas”.
Política para dummies: La política es la sensibilidad para atender la realidad y no suponer que la realidad esta al servicio de los políticos.
