Si alguna prueba necesitaban los legisladores para entender la urgencia de una ley de seguridad interior, los conflictos violentos provocados por huachicoleros en la autopista México-Puebla, la guerra al seno del cártel de El Chapo y la violencia criminal de resistencia en Reynosa probaron que el crimen organizado no es delincuencia común sino acciones delictivas que desafían no a la policía sino a la soberanía del Estado.
El apoyo de la población civil a los huachicoleros de Puebla enfrentándose contra las fuerzas federales de seguridad habla, en el perfil social, de la captura del Estado por grupos del crimen organizado. Grupos sociales exigieron la salida de fuerzas federales de la zona de robo de ductos de Pemex para permitir que los ladrones de ductos de Pemex puedan trabajar sin interferencias. Es decir, que el Estado ceda partes sustanciales de su soberanía a los delincuentes.
Ahí se localiza el conflicto de la seguridad interior: la seguridad pública es la que define la acción del Estado vía cuerpos policiacos para enfrentar a la delincuencia en las calles, a fin de defender la seguridad personal de los ciudadanos. La seguridad interior es la que resguarda al Estado de la delincuencia organizada que le quiere quitar espacios territoriales de la soberanía del Estado, justo lo que tiene que ver con grupos delincuenciales que suplantan al Estado; en este sentido, los cárteles de delincuentes se constituyen en un Estado paralelo al Estado constitucional y asumen las funciones que por definición sólo le pertenecen al Estado legal.
La seguridad nacional engloba a la pública e interior en tanto que escuda al territorio nacional, a la sociedad y al Estado de agresiones externas, ya no en términos de invasiones de otros ejércitos sino de la delincuencia transnacional por la articulación de grupos criminales mexicanos con otros similares de Europa, Sudamérica y los EE.UU. En su intención final, este crimen trasnacional representa una violación de la soberanía nacional.
Los legisladores se han equivocado al reacomodar las prioridades. Ciertamente que por mandato constitucional los derechos humanos son un tema central; sin embargo, los señalamientos de violación de garantías individuales en operativos contra criminales han sido por casos como daño colateral. Negar una ley de seguridad interior por razones de efectos colaterales sería un error estratégico.
El problema más grave radica en el hecho de que los legisladores –muchos de ellos señalados por relaciones criminales– se niegan a la ley de seguridad interior por priorizar los derechos humanos, pero lo más sensato sería aprobar una ley de seguridad interior que protegiera al Estado y a la sociedad del avance criminal y a la par endurecer las leyes de defensa de los derechos humanos. Detener reformas legales en seguridad interior beneficiaría a los grupos criminales y no ayudaría a defender per se los derechos humanos.
La escalada de construcción de un Estado criminal paralelo al Estado constitucional ha llevado a casos en los que grupos sociales protegieron al Chapo Guzmán, a Osiel Cárdenas y a otros criminales porque recibieron más beneficios del narco que de la política social del Estado. Gentes de los pueblos dominados por los huachicoleros salieron a atacar a las fuerzas federales y a exigir la cesión de espacios de la soberanía territorial del Estado a los delincuentes. Se trató de un ejemplo de la sociedad criminalizada.
El dilema es claro: ley de seguridad interior o Estado criminal.
Política para dummies: La política es la sensibilidad para saber cómo encarar problemas graves, pero sin eludirlos y sin justificar su pasividad.
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