MÉXICO, D.F. La Ley Federal de Consulta Popular, aprobada este miércoles en el Senado de la República, es resultado de la intensa lucha de la izquierda progresista nacional y la sociedad civil organizada, representa un paso histórico para la participación del pueblo en la toma de decisiones, garantiza el ejercicio de los derechos sociales y políticos de los ciudadanos y pone a México a la vanguardia en mecanismos de democracia directa en América Latina, asentó el senador del PRD Benjamín Robles Montoya.
Como integrante de la Comisión de Estudios Legislativos, el congresista federal presentó un posicionamiento a favor de la Ley que garantiza la Consulta Popular.
“Creo que este dictamen constituye un avance, un primer paso histórico que debe servir de cimiento para la participación del pueblo en la toma de decisiones fundamentales. Habrá cosas por mejorar, pero estoy convencido de que sólo podemos aprender a ser un país democrático llevando a la práctica la democracia y no sólo exaltándola en los discursos”, expuso.
“Con este dictamen y su aprobación, y la adición de un ‘Addendum de exposición de motivos de 74 páginas’ –dijo- solo se ratifica que los ciudadanos no cuentan con los instrumentos legales eficaces para inconformarse y hacer valer sus derechos. Por ello, en este contexto, la presente ley se perfila como uno de los medios esenciales para garantizar el ejercicio de los derechos sociales y políticos de los ciudadanos y transitar hacia la consolidación de la democracia”.
El legislador oaxaqueño destacó que este importante tema que tiene que ver con el empoderamiento de la ciudadanía y la facilitación de toma de decisiones a través de la Consulta Popular.
Ya que, consideró que sin la participación activa del individuo el concepto de ciudadanía pierde su sentido original y permanece sólo como identidad con el territorio al que pertenece, de ahí la pertinencia de abordar la relación de la ciudadanía con la concepción, construcción y permanencia de la democracia.
“La ciudadanía implica la conformación de espacios públicos para el debate, la reflexión y la propuesta, de instituciones que den respuesta a los requerimientos de los ciudadanos de hoy, activos arquitectos de las nuevas democracias, a las que dan forma y vida, no sólo como sujetos de derechos, sino que se apropian de esos derechos y los ejercen a la vez que asumen sus responsabilidades ante su comunidad”, explicó.
Por eso, ensalzó que hoy la LXII Legislatura del Senado cumple un paso más en la modernización de un Estado Democrático de Derecho al expedir la Ley que garantizará el acceso de los ciudadanos a examinar y sobre todo a vetar las acciones gubernamentales y legislativas a través de la Consulta Popular.
Citó que en América Latina, por ejemplo, durante los tres lustros más recientes, diversos países reformaron sus sistemas jurídicos para dar cabida al plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, sólo Bolivia, Costa Rica, Honduras y República Dominicana no han incorporado en el orden nacional mecanismos de democracia directa; por lo que, hoy, México se encuentra en el tránsito de abrir el sistema político a la participación civil.
“Una participación activa y efectiva de los ciudadanos contribuye a fortalecer la gobernabilidad del país. Por ello, en una democracia directa, como la que buscamos instaurar en México, debiera converger la autoridad política, entendida como aquella en la que ha sido depositado legal y legítimamente el poder, y que por ello está obligado a utilizarlo con responsabilidad; y por el otro, una intervención decidida de los ciudadanos, entendida como el potencial soberano y democrático que aumenta el compromiso de fomentar y recrear la discusión de los problemas, el intercambio de opiniones y fortalecimiento de las virtudes cívicas de asociación y participación”, reiteró.
CONTINÚA CAMPAÑA #QueMePregunten
Debe reconocerse alto y claro: si no fuera porque la izquierda ha insistido, batallado, orillado, exigido, que se incluya en nuestro orden jurídico y se haga el efectivo el derecho a la consulta popular para los ciudadanos, la Cámara Alta habría entrado al debate del dictamen de Consulta Popular, destacó el perredista.
Un grupo de actores políticos y sociales nos dimos a la tarea de conformar un colectivo que exigiera a través de foros sociales la realización de la Consulta a la Reforma Energética. Nuestra propuesta se denomina #QueMePregunten, expuso.
“Una cruzada, #QueMePregunten, a favor de la consulta en materia energética, que ha comprobado la vigencia del ideario y las gestas cotidianas de la izquierda de México”, dijo.
Este proceso de consolidación del derecho a la consulta popular, este #QueMePregunten, ha aportado no sólo elementos suficientes para impedir que la tentación autoritaria lo limite, sino como la oportunidad para que hombres y mujeres de México tomen en sus manos las riendas del país, retomen el manejo y la decisión sobre su destino, destacó.
