Manlio Fabio Beltrones no lanza iniciativas para que fracasen, y menos lo haría cuando los priistas están en vías de elegir a su candidato a la Presidencia de la República, posición a la que Beltrones aspiraría si por alguna circunstancia no la llegara a ocupar Enrique Peña Nieto, el priista que ha estado a la cabeza de las preferencias electorales desde hace mucho tiempo y por una diferencia muy amplia.
Es en estas circunstancias políticas en las que debe analizarse un hecho inusual: que el coordinador de los senadores del PRI lanzara una propuesta de suma importancia nacional –reforma fiscal– sin haberla “planchado” previamente dentro de su propio partido –que estaba cambiando su dirigencia– y con los diputados priistas, que son mayoría en la Cámara de Diputados, única institución facultada para iniciar leyes federales sobre ingresos públicos.
Beltrones no se equivoca en estos asuntos; es un político curtido en el viejo presidencialismo priista, en el que nadie decía una palabra o movía un músculo de la cara sin una previa e intensa negociación interna. En plena cultura de la secrecía y la disciplina, fue el detonador de una decisión presidencial de gran calado: la postulación de Ernesto Zedillo como candidato del PRI en remplazo del asesinado Luis Donaldo Colosio.
Beltrones conocía y practicaba las reglas del juego y también conoce y practica las de ahora. Supongo por eso que no se equivocó al difundir la propuesta, aunque sea difícilmente practicable, como veremos más adelante, ni tenga las ventajas que él y otros senadores le atribuyen. Mi hipótesis es que al darla a conocer envió un mensaje político que para mí es indescifrable pero que en las altas esferas del priismo debió haber sido bien entendido.
Pero eso, en último análisis, es asunto de Beltrones y del priismo. Lo que sí es problema de todos es la necesidad imperiosa de una profunda reforma de la Hacienda Pública que debe incluir un nuevo sistema tributario, nuevas y más eficientes normas para el ejercicio del gasto público y su transparencia, nuevas relaciones entre el Gobierno Federal y los de las entidades federativas y una revisión de las políticas de deuda pública interna y externa, así como de las relaciones entre dos objetivos aparentemente opuestos entre sí: estabilidad y crecimiento.
Nada de esto contiene la iniciativa, limitada como está al tema tributario, con énfasis en el IVA. Se dirá que por algún lado había que empezar, y es cierto, pero también debe reconocerse que no se puede discutir en serio una parte si no se tiene una idea clara del todo, y el todo –la reforma hacendaria integral– está ausente en la propuesta.
Una reforma de ese calibre, cualquiera que sea su orientación, tendría tales repercusiones políticas y afectaría para bien y para mal intereses tan poderosos, que no puede surgir de improviso, sino que debe contar con un amplio consenso no sólo dentro del PRI, sino entre todas las fuerzas políticas significativas del país.
Como éste no es el caso de la iniciativa, mayor motivo hay para creer que el propósito del senador era lanzarla, no necesariamente lograr su aprobación. Queda esperar, claro, que su discusión no vacune a la población contra cualquier reforma hacendaria, pues eso la diferiría aún más y haría más difícil su negociación política.
La presentación de la propuesta tiene un estilo que debió haber patentado el presidente Felipe Calderón: exaltar los aspectos gratos y soslayar o ignorar los controvertibles: la propuesta, dicen sus autores, busca aumentar la recaudación [una necesidad nacional indiscutible] reduciendo el IVA [un alivio para la mayoría de los consumidores] y bajando el ISR [un desahogo para los causantes de bajos ingresos].
¿Cómo reducir las tasas impositivas y aumentar la recaudación? La respuesta es tranquilizante: formalizando a la economía informal. ¿Y cómo alcanzar tan loable propósito? Haciendo que los consumidores prefieran comprar en negocios formales que en las calles o en los puestos semifijos. ¿Y cómo hacer que la gente cambie sus hábitos de consumo? Dando un premio a quien lo haga. ¿Cuál premio? Devolverle 3 del 16 por ciento que paga de IVA.
En realidad se extiende el 16 por ciento a todo el país y a casi todos los productos; más aún, en las fronteras aumenta el IVA [del 11 al 16 por ciento]. También pagarán IVA los alimentos, excepto los de una lista que, a juicio de los senadores, son la base de la alimentación del 40 por ciento de la población más pobre del país.
El SAT nos devolverá “automáticamente” el 3 por ciento de lo que compramos, sólo que para ello deberemos cumplir ciertos requisitos, que son la “letra chiquita” de la iniciativa. Así lo dice textualmente la propuesta:
“La devolución a que se refiere el párrafo anterior será automática cuando se cumplan los siguientes requisitos:
“I. Estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.
“II. Adquirir los bienes o servicios o el uso o goce temporal de los mismos, de personas físicas o morales que se encuentren inscritas ante el Registro Federal de Contribuyentes y que emitan comprobantes fiscales digitales en los términos establecidos en esta Ley y en el Código Fiscal de la Federación.
“III. Obtener y conservar una impresión del comprobante digital que ampare el pago de la contraprestación y el traslado expreso y por separado del impuesto. Dicho comprobante, además de cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales, deberá contener la leyenda ‘impuesto al valor agregado sujeto a devolución automática en los términos del artículo 7-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado’.
“IV. Proporcionar a quien enajena el bien, presta el servicio u otorga el uso o goce temporal, de que se trate, el número de la cuenta bancaria en la que las autoridades fiscales depositarán los montos de la devolución que corresponda conforme al presente artículo”.
No lo atormento más, estimado lector. Lo que parece decir esta cita es que sólo se devolverá el 3 por ciento a los clientes inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes que compren en establecimientos inscritos en el mismo registro, soliciten un comprobante fiscal digital y tengan una cuenta bancaria registrada ante el SAT.
Esto es más fácil de decirse que de hacerse, porque no se expiden facturas digitales para compras menores de $2,000. ¿Cuántas compras por más de $2000 hace una familia común en un mes? En mi casa la respuesta es ninguna o muy pocas: mi esposa va unas dos veces por semana al súper porque es difícil almacenar alimentos frescos sin que se echen a perder.
Hay veces, claro, que las familias hacen compras superiores a los $2000, pero si tienen que optar entre el mercado informal que no les cobra IVA y el formal que les cobra 16 por ciento de IVA con una devolución de 3 por ciento después de hacer los trámites que señala la iniciativa, lo más probable es muchas de ellas que sigan haciendo lo que siempre han hecho. Sobre todo si para ahorrarse 3 por ciento tienen que darse de alta en el SAT, pues una vez que lo hagan se convierten en “causantes cautivos”, los únicos a quienes la burocracia hacendaria nos cobra, nos amenaza, nos envía requerimientos, nos reconviene, nos impone multas y, llegado el caso, nos persigue.
Por lo complicado del mecanismo, por lo reducido del estímulo y por el terror de la gente al SAT, creo que la iniciativa no fue pensada para ser aprobada en sus términos sino para dejar constancia de que la presentaron los senadores que coordina don Manlio Fabio Beltrones.
