La ministra cuestionó que el Pleno de la Suprema Corte desechara la solicitud de facultad de atracción 640/2025, relacionada con un presunto fraude cometido por una empresa de casinos; aseguró que se difundieron versiones falsas sobre el asunto y señaló que su discusión fue aplazada en cinco ocasiones, lo que, desde su perspectiva, permitió un amplio cabildeo.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, expresó su inconformidad con la decisión del Pleno de desechar la solicitud de facultad de atracción 640/2025, mediante la cual se buscaba que el máximo tribunal del país analizara un litigio fiscal relacionado con un presunto fraude atribuido a una empresa del sector de casinos, cuyo monto asciende a 4 mil 306 millones 799 mil 683 pesos.
A través de un posicionamiento público, Batres lamentó que la Corte rechazara atraer el asunto, pese a que, según explicó, tanto el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como la Procuraduría Fiscal del Gobierno de México, durante la administración anterior y la actual, habían considerado importante que el caso fuera revisado por el máximo tribunal.
La ministra sostuvo que el expediente tenía relevancia no solamente por la cantidad de recursos públicos involucrados, sino también por las irregularidades que, de acuerdo con su exposición, se habrían cometido mediante un contrato falso utilizado en el caso.
El antecedente: una primera solicitud rechazada en 2025
Batres recordó que la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte desechó el 15 de mayo de 2025 una primera solicitud de facultad de atracción presentada por el SAT.
Posteriormente, explicó, decidió hacer suya la petición para que el asunto fuera revisado por la actual integración de la Corte, con la intención de que los ministros analizaran su relevancia y determinaran si correspondía ejercer esa facultad.
Sin embargo, después de más de un año desde el inicio de funciones de la nueva integración del máximo tribunal, el Pleno volvió a desechar la solicitud.
La ministra cuestionó que el expediente no fuera estudiado a fondo y consideró que, por la magnitud del monto involucrado y la existencia de elementos que, según afirmó, acreditaban un fraude mediante un contrato falso, al menos debió abrirse la discusión para analizar la posibilidad de que la Corte interviniera.
Batres denuncia versiones falsas sobre el expediente
Uno de los principales señalamientos de la ministra estuvo dirigido a las versiones que circularon en la opinión pública para justificar que el asunto no debía volver a discutirse.
De acuerdo con Batres, se difundió la afirmación de que el caso constituía cosa juzgada y que, por esa razón, no podía reconsiderarse la solicitud de atracción.
La ministra calificó esa explicación como una mentira y sostuvo que ese tipo de argumentos no deberían formar parte de las prácticas de la nueva Suprema Corte.
Su inconformidad se centró en que, desde su perspectiva, se presentó ante la opinión pública una interpretación que buscaba impedir que el Pleno analizara nuevamente la petición, pese a que ella había retomado la solicitud para someterla a consideración de la actual integración.
Cuestiona reducción de asuntos fiscales atraídos por la Corte
Otro de los argumentos expuestos por Batres fue la disminución de asuntos fiscales que, según sus datos, han llegado al análisis del Pleno mediante el ejercicio de la facultad de atracción.
La ministra señaló que la actual integración de la Corte ha limitado el uso de esta herramienta bajo el argumento de que, cuando ya existe un criterio judicial sobre determinado tema, no resulta necesario que el asunto sea estudiado nuevamente por el máximo tribunal.
No obstante, consideró que esa postura puede dejar fuera casos de especial relevancia, particularmente aquellos en los que la intervención de la Suprema Corte representa una posibilidad para recuperar recursos públicos.
Como ejemplo, afirmó que durante 2026 se han analizado menos de la mitad de los asuntos fiscales que fueron resueltos en 2025.
En ese sentido, defendió que la Corte debe conservar la capacidad de atraer y resolver expedientes fiscales cuando existan circunstancias que justifiquen su intervención, especialmente si están involucrados montos elevados de recursos públicos y posibles afectaciones al patrimonio de la nación.
Señala cinco aplazamientos y un amplio cabildeo
Batres también puso en duda el desarrollo que tuvo la discusión de la solicitud 640/2025 dentro del Pleno. Según detalló, el asunto fue incluido en las sesiones del 2 de junio, 27 de agosto y 31 de agosto de 2026, así como del 19 de octubre y 3 de noviembre del mismo año.
La ministra sostuvo que los distintos aplazamientos permitieron que se desarrollara un amplio cabildeo alrededor del expediente, el cual, desde su perspectiva, concluyó con la decisión de desechar la solicitud.
Aunque señaló la existencia de esas gestiones, en su posicionamiento no identificó a las personas que presuntamente participaron en ellas ni presentó detalles específicos sobre las acciones que atribuye a ese cabildeo.
El rechazo de la facultad de atracción significa que la actual integración de la Suprema Corte no asumirá el conocimiento del asunto mediante esa solicitud. Sin embargo, el pronunciamiento de Batres vuelve a colocar en el debate el papel del máximo tribunal en la revisión de litigios fiscales de alto impacto y la posibilidad de intervenir en casos relacionados con la recuperación de recursos públicos.
Por ahora, el señalamiento de la ministra deja abiertas interrogantes sobre los argumentos que llevaron al Pleno a desechar la petición, las razones de los sucesivos aplazamientos y el alcance de las irregularidades denunciadas en torno al expediente de la empresa de casinos.
