A nivel nacional, no le pierdan la pista a Ariadna Montiel Reyes, actual secretaria de Bienestar, que ya anda mostrando músculo en todos los estados donde este año se nombrarán a los coordinadores de la defensa de la 4T… que, en los hechos, son la antesala de las gubernaturas rumbo a 2027.
La operación viene con todo. Y no es menor: la carta de presentación es el ejército de Servidores de la Nación, una estructura que supera los 60 mil en todo el país. Sí, leyó bien: una maquinaria territorial que, para muchos, ni el propio Morena tiene con ese nivel de alcance.
En Oaxaca, la visita de Ariadna Montiel está programada para finales de abril e inicios de mayo, por lo que ya comenzaron los preparativos para una concentración masiva de siervos de la nación, perdón, servidores en la capital oaxaqueña.
Porque aquí no se trata solo de agenda institucional… se trata de operación política.
Y es que, para varios dentro del círculo cercano, la secretaria de Bienestar es considerada una de las figuras más poderosas del gabinete de la presidenta, por el control de la política social que ha sido clave en los resultados electorales de Morena a nivel nacional.
Dicho en corto: quien controla los programas… controla el territorio. Así que atentos, estimados ciberlectores, porque lo que viene no es solo una gira… es posicionamiento puro y duro rumbo al 2027.
Seguiremos informando.
En un capítulo más de su serie animada El Chavo del 8… ¡ups!, perdón: Morena vs. sus satélites.
El PT y el Verde ahora juegan a ser oposición frente a Morena, ante la desaparición práctica del PRI, PAN y MC. Y como en toda historia siempre se necesitan villanos, los petistas han decidido sacarle jugo a ese papel… mientras los morenos, encantados, ya tienen con quién pelear.
Porque, como diría el clásico: “entre ellos podrán despedazarse… pero jamás hacerse daño”.
A nivel nacional, el PT votó en contra de la reforma electoral de la presidenta y, en el famoso Plan B, también se desmarcó al rechazar la revocación de mandato. Pero —¡oh sorpresa!— en Oaxaca fueron de los más entusiastas promotores del proceso del 25 de enero, aportando votos para que se fuera la “primavera” de Palacio.
La coherencia, como siempre, brilla por su ausencia.
Y por si faltaba más sazón, las diputadas federales del PT, Margarita García y Aracely Cruz Jiménez, se han autoproclamado defensoras de la verdad. Semana tras semana se lanzan con todo contra sus propios aliados, a quienes en 2022 no dudaban en señalar como pillos, delincuentes, corruptos y sinvergüenzas… pero con quienes hoy siguen compartiendo mesa.
Cosas de la política. Mientras tanto, estimados ciberlectores, nuestros políticos juegan a las vencidas, se sacan los trapitos al sol y convierten el Congreso en un ring de entretenimiento barato. Y el “pueblito bueno y sabio”, como siempre, sigue pagando la nómina de diputados plurinominales y toda esa fauna burocrática que, en los hechos, no da una.
El show está garantizado. Resultados… esos luego.
Porque ante la falta de resultados, Morena y sus aliados encontraron la fórmula perfecta: pelear entre ellos para que nadie les cuestione su incompetencia.
En fin…
Todo pueblo tiene el gobierno que se merece.
Nuestro reportero sabueso nos informa que, cuando uno rasca tantito el barniz del discurso oficial sobre educación, justicia laboral y “acompañamiento” al magisterio, aparecen las cuentas. Y las cuentas, cuando no cuadran, hacen más ruido que un megáfono en plantón.
Resulta y resalta que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó en Oaxaca el programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) mediante la auditoría de cumplimiento 2024-A-20000-19-1473-2025, número 1473, en modalidad presencial. El universo auditado fue de quinientos setenta y cinco millones seiscientos ochenta y seis mil pesos ($575,686,000.00), es decir, el cien por ciento de los recursos transferidos para ese programa. No fue una probadita: fue revisión completa.
Y aquí empieza lo bueno. La ASF documentó que, dentro de ese paquete de quinientos setenta y cinco millones seiscientos ochenta y seis mil pesos ($575,686,000.00), el Gobierno del Estado de Oaxaca recibió recursos derivados de los convenios 0711/24 y 1133/24, que fueron transferidos al IEEPO que mal dirige el juchiteco Emilio Montero Pérez; además, esas cuentas generaron ochenta y ocho mil doscientos pesos ($88,200.00) de rendimientos financieros. Si son 88 millones, nuestro reportero se pregunta que dirán las bases de estos “apoyos”, y es que no olvidemos que en el mes de noviembre de este año se elige la nueva dirigencia.5
El IEEPO registró egresos por quinientos setenta y un millones trescientos ochenta y nueve mil doscientos pesos ($571,389,200.00), pero la propia auditoría detectó que parte del gasto del convenio 0711/24 se registró en una partida distinta a la autorizada: se autorizó en Servicios Generales y terminó registrado en Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Por eso el Órgano Interno de Control abrió el expediente 01/Q/2026. No es un mero detalle contable: cuando el cajón no corresponde al dinero, el problema ya no es el cajón; es quién decidió moverlo.
Pero la cereza del pastel, o mejor dicho, la mancha de humedad en el techo del sistema educativo, está en el resultado 12. Ahí la ASF fue clarísima: revisó un convenio de colaboración interinstitucional con la “ASOCIACIÓN CIVIL SECCIÓN XXII OAXACA” por veintiocho millones de pesos ($28,000,000.00) para impartir un curso llamado “Capacitación Educación Financiera”. El problema es que en el convenio no se especificaron los lugares ni el personal al que se impartiría el curso y, para rematar, no se presentó evidencia de la prestación de los servicios.
Estimado ciberlector, esto quiere decir que hay convenio, hay monto, hay nombre del curso… pero no hay prueba suficiente de que el servicio se haya dado como debía. La ASF emitió por ello el Pliego de Observaciones 2024-A-20000-19-1473-06-001 y presumió un probable daño a la Hacienda Pública Federal por veintiocho millones de pesos ($28,000,000.00), más las cargas financieras generadas desde su disposición hasta su reintegro. Estará usted de acuerdo que eso ya no es una travesura administrativa; eso es un boquete con membrete y con nombres y apellidos.
Aquí conviene detenerse, porque este dato tumba de un golpe la coartada cómoda de que “no existe rastro alguno”. Sí hay rastro documental público, y lo deja nada menos que la ASF: el nombre consignado en el informe es ASOCIACIÓN CIVIL SECCIÓN XXII OAXACA.
Otra cosa es que en búsquedas abiertas no aparezca con facilidad su acta constitutiva, su RFC, su folio registral o una huella pública clara de transparencia. Y ese vacío, lejos de tranquilizar, inquieta más. Porque si una asociación civil recibe o administra un convenio por veintiocho millones de pesos ($28,000,000.00) en un programa público, lo mínimo esperable es que la sociedad pueda saber quién la representa, cómo se constituyó, bajo qué reglas opera y a quién benefició realmente.
Estimado ciberlector, en las actas de la propia Sección 22, de octubre y noviembre de 2024, la dirigencia encabezada por su secretaria general Yenny Aracely Pérez Martínez, acordó consultar a las bases la conformación de una asociación civil para recibir recursos que reactivaran el CAPP y después proceder con su constitución; es decir, la idea no salió de la manga ni nació por generación espontánea. Fue una decisión política y orgánica del movimiento. Aunque se dice entre las corrientes internas del movimiento que la figura de la asociación tiene la finalidad de blindar sus recursos ante auditorias gubernamentales. ¡Qué tal!
Entonces la pregunta incómoda no es si la asociación existe. La pregunta incómoda es por qué el IEEPO, bajo la dirección general de Emilio Montero Pérez, terminó pagando o comprometiendo recursos públicos a una figura asociativa ligada a la Sección 22 sin que, al menos en este expediente auditado, quedara acreditada la prestación del servicio convenido.
Y Emilio Montero o alguien quiere minimizar el tema diciendo que “solo fue una observación”, hay que leer completo el remate de la ASF. Además, la entidad fiscalizada remitió el oficio SHTFP/SASO/25/2026 del 12 de enero de 2026 para intentar atender los hallazgos, pero la ASF concluyó que esa documentación no tuvo suficiencia, competencia ni pertinencia para aclarar o justificar lo observado, por lo que los resultados 12 y 15 quedaron no atendidos. O sea: sí contestaron, pero no convencieron.
El resultado 15 también merece reflector porque revela otro flanco de opacidad. El IEEPO destinó veintisiete millones setecientos dos mil pesos ($27,702,000.00) a 343 voluntarios del nivel de preescolar y primaria que participan en la implementación de la estrategia nacional para la iniciación a la docencia en el medio indígena. Sí presentó recibos firmados, constancias de permanencia y convenios de colaboración, pero los expedientes no estaban debidamente integrados, lo que derivó en la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 2024-B-20000-19-1473-08-001.
El resto del informe también ayuda a dimensionar el mapa del dinero. La ASF documentó que el Gobierno del Estado, al 31 de diciembre de 2024, había pagado trescientos treinta y seis millones novecientos veintinueve mil doscientos pesos ($336,929,200.00), equivalentes al 58.5 por ciento del total transferido, y que al 31 de marzo de 2025 ejerció quinientos setenta y un millones trescientos ochenta y nueve mil doscientos pesos ($571,389,200.00), es decir, el 99.3 por ciento.
También detectó recursos no comprometidos por seis mil ochocientos pesos ($6,800.00) y NO EJERCIDOS POR CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($4,290,000.00), que junto con rendimientos financieros sumaron REINTEGROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN POR CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($4,385,000.00). Esa parte fue reintegrada en tiempo, sí, pero el hoyo mayor siguió siendo el de los veintiocho millones sin evidencia suficiente.
Estimado ciberlector, la Sección 22 ya se encamina al clásico ciclo de presión y movilización previo al 15 de mayo y al posterior paro magisterial. La pregunta, entonces, es si esa dirigencia está dispuesta a salir a explicar todo el dinero que ha recibido esa asociación civil, bajo qué esquema operó, a quién benefició y por qué la ASF dejó encendido el foco rojo justo en ese convenio.
Porque una cosa es exigirle cuentas al gobierno (que siempre se debe hacer) y otra muy distinta es comportarse como sindicato combativo hacia afuera y como caja negra hacia adentro.
Hay, además, un ángulo delicado que la dirigencia no debería subestimar: la base magisterial. Si el dinero se etiquetó en nombre de la educación, de la capacitación o de apoyos al magisterio, los agremiados tienen derecho a preguntar si ese recurso realmente llegó a fortalecer a los trabajadores o si solo sirvió para alimentar una estructura paralela de control, administración o intermediación.
Porque cuando aparece una asociación civil ligada a la Sección 22 en un convenio público por veintiocho millones de pesos ($28,000,000.00), la consigna ya no debería ser únicamente “¡a paro, a paro!”, sino también “¡a cuentas, a cuentas!”.
El magisterio oaxaqueño lleva años enseñando a desconfiar del poder; quizá ya va siendo hora de que aplique la misma pedagogía hacia sus propias dirigencias.
Al tiempo… tic, tac, tic, tac…
Quien anda muy envalentonada es la perdedora Sofía Castro Ríos conocida en el viejo mundo del hampa como la “Chofis”, quien sigue creyendo que el PRI gobierna en Oaxaca y que ella es la reencarnación de la justicia social.
Después de abandonar su militancia tricolor para encabezar el membrete de México Chueco, ahora anda diciéndoles a los pocos que aún la quieren escuchar que será la próxima gobernadora de Oaxaca.
Bastante desconectada de la realidad, ¿no cree usted, estimado ciberlector?
Según su nuevo discurso, ahora sí va a trabajar y a componer todo el “relajo” que —dice— traen los morenos.
La pregunta es obligada: ¿de dónde le salieron de repente esas ganas de servir? Porque cuando tuvo poder, más bien se sirvió con la cuchara grande. Ahí está, para quien guste revisar, el tema de la planta mezcalera en San Carlos Yautepec, que no precisamente nació del altruismo.
Pero en política la memoria suele ser selectiva… sobre todo cuando conviene.
Chofis, Chofis… tu tiempo ya pasó.
Nuestro reportero Ruletero nos cuenta que en San Gabriel Mixtepec no solo se organizan fiestas patronales… ahora también se organizan carreras de mototaxis al estilo “a ver quién llega vivo”.
Porque lo que se vio la semana pasada no fue un simple evento: fue una escena donde varias unidades se alinean, aceleran al mismo tiempo y compiten en plena cancha, con choferes jugándose el pellejo como si trajeran Fórmula 1… pero en mototaxi.
Y no es exageración. En los videos se observa cómo las unidades van prácticamente pegadas, cerrándose el paso, levantando polvo y sin ninguna medida de seguridad. Un mal cálculo, un volantazo, y ahí mismo se arma la tragedia.
Pero parece que eso no importa. Aquí el espectáculo puede más que la seguridad.
Porque mientras los motores rugían, la ley como siempre se quedó sentada. Y la Semovi Oaxaca, encabezada por Yesenia Nolasco Ramírez, ni sus luces.
Ni inspección, ni presencia, ni un “oigan, bájenle dos rayitas”. Nada. Y eso es lo que verdaderamente preocupa. Porque no estamos hablando de una rodada organizada con permisos o de un evento regulado. Estamos hablando de unidades de transporte que, en muchos casos, ya operan en un limbo legal… ahora convertidas en vehículos de carrera improvisada.
¿Y las concesiones? ¿Y la regulación? ¿Y la seguridad de los propios conductores?
Bien, gracias.
Estimado ciberlector, el mensaje que nos da este tipo de carreras es clarito: en Oaxaca puedes hacer lo que quieras… siempre y cuando nadie de la autoridad se dé por enterado.
¿Qué pasaría si ese tipo de carreritas, ocasionan un accidente con consecuencias fatales?
Y entonces sí vendrán los comunicados, los “lamentamos profundamente” y las promesas de investigación.
Pero mientras tanto, el silencio oficial sigue siendo el mejor cómplice. ¿Habrá sanción?
¿O también esta “Copa Primavera” se va a archivar en la carpeta de “aquí no pasó nada”?
Porque si esto no es motivo para actuar, entonces que alguien nos explique… ¿qué sí lo es?
Nuestra reportera Heroína de la Paz nos alerta desde pleno corazón de la ciudad, donde los famosos “senderos seguros” parecen haber mutado sin previo aviso en auténticos senderos de riesgo.
Estimado ciberlector, la escena ocurre en la calle de Guerrero, esquina con Manuel Doblado, a seis cuadras del Palacio de Gobierno. Sí, en pleno centro, donde todo debería funcionar como relojito… pero no.
Ahí, trabajadores llegaron, rompieron la banqueta, abrieron un hoyo para colocar una luminaria… y después, como si estuvieran probando suerte, decidieron que ese punto no era viable. ¿La solución? Mover el poste apenas unos centímetros más adelante, y para que no digan que es pura mentira, aquí les dejamos la foto. Dejaron el hueco abandonado, como recuerdo de una mala decisión.
Así, sin señalización real, sin cierre adecuado y sin la mínima responsabilidad.
El problema no es solo estético. Ese hoyo, rodeado de escombro, tierra suelta y restos de la obra, ya se convirtió en una trampa, y en consecuencia eso de “camina libre” como dice su slogan, es una tomada de pelo. De día es un riesgo; de noche, un accidente anunciado. Y eso pega directamente con el discurso que se presume: espacios seguros para los ciudadanos y en especifico para las mujeres.
Porque de poco sirve iluminar calles… si primero no garantizan que no te vas a caer en el camino. Se imagina estimado ciberlector, una caída que te deje en el mejor de los casos solo raspones y en el peor una fractura, que por su puesto saldrá cara porque el gobierno obviamente no se hará responsable. Pero se imagina en un caso extremo que cause una muerte.
El mensaje va directo para la subsecretaria de Tequio e Inclusión para el Bienestar, Fernanda Schmidt Ruiz y su jefa Vilma Martínez Cortés: si van a intervenir el espacio público, háganlo con planeación. Porque lo que hoy vemos no es un error menor, es evidencia de improvisación.
Y como suele pasar cuando las cosas se hacen al vapor, el lugar ya empezó a degradarse: basura acumulándose dentro del hoyo de ciudadanos inconscientes, restos de material regados y, con la temporada de lluvias en puerta, un potencial criadero de mosquitos en formación.
Lo más delicado es que este caso no está aislado. Hay más puntos donde dejaron trabajos incompletos, varillas expuestas, tornillos y estructuras mal terminadas. Es decir, no es descuido: es patrón.
Mientras arriba se presume como una magna obra del gobierno estatal, y grabando videos, abajo la realidad cuenta otra historia: prisa, falta de planeación y nulo seguimiento.
Nuestra reportera heroína de la paz, tiene una pregunta inevitable: ¿qué era más complicado… planear bien desde el inicio o simplemente no dejar un hoyo abierto, tonillos y varillas en la vía pública?
Porque si esto pasa a seis cuadras del poder estatal… lo que ocurre en otras zonas ya ni queremos imaginarlo.
Al final, estimado ciberlector, en Oaxaca los senderos de la paz están cumpliendo otra función: recordarnos que cuando la obra se hace para la foto y no para la gente, el riesgo no es casualidad… es consecuencia.
Esperemos que no apliquen aquello de que una vez ahogado el niño quieran tapar el pozo.
Al tiempo…
Estimado ciberlector, hay historias que empiezan como un simple trámite burocrático… y terminan oliendo a algo más.
Nuestro reportero Sabueso se clavó a revisar una licitación aparentemente rutinaria de la Secretaría de Administración del Gobierno de Oaxaca, esa que encabeza Noel Hernández Rito.
Un documento más entre sellos, firmas y lenguaje técnico que normalmente nadie lee.
Pero cuando Sabueso empezó a rascarle a los papeles, apareció una historia que merece contarse con calma.
Resulta y resalta que la dependencia lanzó la licitación LPN-SA-SA-0004-02/2026 para contratar el servicio de retiro y traslado de asfalto. Hasta ahí nada extraño.
El contrato terminó adjudicado por 5 millones 698 mil 152 pesos para mover 1,800 toneladas de asfalto.
El material, según los documentos oficiales, debe retirarse de dos puntos muy específicos: la refinería Antonio M. Amor en Salamanca, Guanajuato, y la terminal de almacenamiento de Tula, Hidalgo.
Es decir, el gobierno dejó perfectamente claro de dónde sale el asfalto. Pero cuando Sabueso siguió leyendo los documentos apareció la primera sorpresa.
Las bases de la licitación dicen que el material será trasladado a “las diferentes ubicaciones determinadas por la Secretaría de Administración”. Así, sin más. Nada de municipios. Nada de carreteras. Nada de obras.
Solo “ubicaciones determinadas”.
Y aquí es donde la cosa empieza a oler raro, estimado ciberlector.
Porque cuando el gobierno paga 5.6 millones de pesos por trasladar 1,800 toneladas de asfalto, lo mínimo que debería explicar es a dónde se lo van a llevar.
Pero ese dato simplemente no aparece en ninguna parte de las bases de la licitación.
Sabueso volvió a revisar las bases, los anexos y las actas del proceso pensando que quizá el destino estaba escondido en algún apartado técnico. Pero no.
El asfalto tiene origen, pero no tiene destino público.
Ahora viene el segundo acto de esta historia.
Las licitaciones públicas se hacen para que varias empresas compitan y así el gobierno obtenga mejores precios. Bueno… en este caso la competencia fue prácticamente inexistente. En la junta de aclaraciones nadie preguntó nada. Ni una empresa. Ni una duda técnica. Ni una observación.
Y cuando llegó el momento de abrir las propuestas económicas ocurrió lo que nuestro reportero Sabueso llama licitación de un solo carril. Solo se presentó un participante.
La empresa Géminis Tracto Tanques S.A. de C.V., representada por Christian López Alvarado. Llegó sola. Compitió sola. Y ganó sola.
El contrato quedó exactamente en 5 millones 698 mil 152 pesos.
Sabueso hizo entonces una cuenta rápida.
Si se van a mover 1,800 toneladas, el traslado cuesta aproximadamente 3,165 pesos por tonelada. Las propias bases de la licitación exigen que los camiones tengan capacidad mínima de 35 toneladas, lo que implica que se necesitarían alrededor de 52 viajes para completar el traslado.
Eso deja un costo aproximado de más de 100 mil pesos por viaje.
¿Es caro? ¿Es barato?
La respuesta es simple: no se puede saber con certeza.
Porque el Administración nunca explicó cuáles son los destinos finales del material. Sin rutas, sin distancias y sin puntos de descarga, cualquier análisis queda incompleto.
Pero hay otro detalle interesante. La licitación la organiza la Secretaría de Administración. El área que solicita el servicio también pertenece a la Secretaría de Administración. La supervisión del contrato queda dentro de la Secretaría de Administración. Y el pago, por supuesto, también sale de la Secretaría de Administración. Todo queda dentro del mismo circuito.
Un proceso donde la misma dependencia diseña, solicita, supervisa y paga el contrato.
En medio de ese engranaje aparece el nombre de Noel Hernández Rito, titular de la dependencia y personaje conocido en los círculos políticos por su cercanía con el senador Antonino Morales Toledo.
Una relación política que en Oaxaca nadie desconoce.
Y por eso cuando aparece una licitación de 5.6 millones de pesos, con un solo participante y con destinos de obra que nadie explica, las preguntas aparecen solas.
Porque el problema no es solo el monto. El problema es la forma. Primero se lanza la licitación. Después nadie compite. Luego aparece un solo participante. Y al final el contrato queda perfectamente adjudicado.
Todo “legal”. Todo firmado. Todo sellado. Pero con una pregunta simple, estimado ciberlector:
Si el asfalto es público, si el dinero es público y si las obras también son públicas… ¿por qué Noel Hernández Rito decidió ocultar a dónde se va a llevar?
Nuestro reportero Sabueso seguirá revisando. Porque en política, estimado ciberlector, el asfalto siempre deja huella.
Y cuando una licitación arranca con tantas curvas, tarde o temprano termina revelando la ruta completa.
Al tiempo…
Nos asegura nuestro reportero en la Mixteca, Flechador del Sol, que la presa Lázaro Cárdenas —Yosocuta para los huajuapeños— ha dejado de ser una reserva ecológica para convertirse en el monumento perfecto a la simulación gubernamental. Yosocuta es hoy un estanque de aguas negras administrado por un ayuntamiento que confunde la política ambiental con una sesión de fotos.
Una voz experta del Instituto de Hidrología —cuyo diagnóstico busca llegar al Senado— lo resume con una claridad innegable: la presa no tiene un problema, tiene cuatro. Contaminación, azolve, plaga y una bomba de tiempo en salud pública. Cuatro crisis que las autoridades de Huajuapan insisten en tapar con la misma pala.
El presidente municipal, “Chupón”, y su gabinete, saben perfectamente qué están combatiendo, pero eligen el silencio. Prefieren la fotografía antes que confesarle a la gente que los están metiendo en un área de contaminación que pronto se extenderá a todo Huajuapan. Venden la idea de que limpian “lirio”, cuando la ciencia advierte que la sequía ha disparado agresivamente a la lechuguilla. Son especies distintas, pero el desastre botánico es el menor de los males.
La verdadera enfermedad se gesta bajo la superficie. La presa es hoy una inmensa fosa séptica alimentada por las descargas crudas de las comunidades de la cañada, sumadas al error técnico de Huajuapan de mezclar el drenaje sanitario con el agua de lluvia. Al colapsar la planta tratadora, la solución oficial fue abrir las válvulas y mandar el drenaje, con todo y residuos hospitalarios, directo al río.
Esta pudrición ha generado una sucesión de especies. A los microorganismos ya detectados (Peridinium y Ceratium) se suma la amenaza de las algas azul verde, organismos que, con la acumulación de nutrientes, se vuelven altamente tóxicos para animales y humanos.
Con este panorama, es evidente que el presidente engaña a la población con el pretexto de rescatar la presa. En el fondo, lo único que busca es la proyección política para la diputación que tanto anhela.
Para simular que se trabaja, el teatro burocrático es millonario. El gobierno federal activó el “Plan Lázaro Cárdenas” con más de 40 millones de pesos, pero entre el anuncio y el agua limpia hay un abismo. Enviaron a la Marina a desazolvar, pero la maquinaria se limita a revolver el sedimento y arrojarlo a unos metros dentro de la misma agua. Millones gastados para que el lodo no se mueva de lugar.
A la par, el municipio cuenta con una máquina cosechadora de dos millones y medio de pesos, comprada en la administración pasada del propio “Chupón”. Hoy es chatarra flotante. Trabaja apenas cuatro horas a la semana porque le falta una banda o una bomba. Mientras la tecnología se oxida, la plaga avanza devorando redes, quemando motores de pescadores y evaporando el turismo.
Ante la inoperancia técnica, la estrategia del presidente municipal es el abuso. La palabra “tequio”, antes símbolo de respeto y solidaridad hoy es un mecanismo de extorsión laboral y una trampa biológica. Los trabajadores del ayuntamiento son usados como extras para pavimentar su próxima campaña.
Constantemente, los empleados reciben circulares firmadas por el director de Recursos Humanos, José Martínez Sosa, ordenándoles presentarse en sus días de descanso a las 7 de la mañana, supuestamente para salvar la presa. Pero la farsa es evidente: mientras a unos los mandan al agua, a otros los ponen a barrer la carretera a Acatlán. Si la verdadera emergencia fuera Yosocuta, todos estarían ahí. La prioridad es abarcar más locaciones para el fotógrafo del presidente.
A esta cadena de extorsión institucional se suma la complicidad de quienes, en teoría, deberían ser la primera línea de defensa de los empleados. La indignación ya alcanzó el punto de ebullición entre los agremiados del sindicato del ayuntamiento, quienes también fueron obligados a sumergirse en la maleza tóxica de Yosocuta.
El contrato colectivo se convirtió en papel mojado. La secretaria general, Gregoria Moya, prácticamente vendió a su gremio frente a los intereses políticos del presidente Luis “Chupón” Martínez. En lugar de interponer amparos, exigir equipos de bioseguridad o negarse rotundamente a exponer la vida de su gente en un foco de infección, Moya agachó la cabeza y entregó a los trabajadores para engrosar la escenografía de la campaña municipal. Cuando el líder sindical se vuelve el principal operador del patrón, los trabajadores quedan en la más absoluta orfandad.
El chantaje es miserable. La inasistencia cuesta un día de salario y no se aceptan justificantes médicos, únicamente actas de defunción de familiares directos. O vas a la foto, o le quitan la comida a tu familia.
A los que envían a la presa, los obligan a meterse en aguas negras saturadas de residuos fecales sin ningún tipo de traje de bioseguridad. Como consecuencia, en las últimas dos semanas se han disparado las enfermedades entre el personal: desde padecimientos gastrointestinales y ópticos, hasta agresivos brotes de hongos en uñas, axilas e ingles que les impiden trabajar e incluso dormir.
Si a un trabajador se le ocurre ir a un médico particular para atenderse, el ayuntamiento ignora el diagnóstico. El regidor de salud, Charly Mora, impuso la regla de que todo empleado enfermo por el tequio debe ser valorado exclusivamente en su clínica particular, donde, desde luego, certifican que el padecimiento no tiene relación con las aguas negras de Yosocuta. Si no pasan por su consultorio, se les descuenta el día. Un negocio redondo y un encubrimiento inaceptable.
El nivel de negligencia de las autoridades ya cobró factura. Por la falta de equipo adecuado, una trabajadora resbaló y tragó lodo tóxico. Tuvieron que llamar a la ambulancia municipal —que no llevaba ni una aspirina para ofrecerle—. Como respuesta a la caída y a la ingesta de agua contaminada, solo le dieron dos miserables días de incapacidad para que su cuerpo procesara las bacterias.
Mientras esto ocurre, el organigrama municipal exhibe su cinismo. José Sosa actúa de capataz, justificando que “para eso están contratados”, asumiendo que el contrato incluye tragar heces fecales. Por su parte, Alejandro Rosales Olmos, director del Sapahua y supuesto responsable del agua, administra la tragedia desde la comodidad de su escritorio, sin haberse ensuciado nunca los zapatos.
Por si fuera poco, el riesgo se importa al centro de la ciudad. Los trabajadores tienen la obligación de regresar el sábado a sus oficinas sin poder ir a bañarse. Impregnados de aguas negras, caminan por los pasillos y manipulan documentos en el Palacio Municipal, esparciendo las bacterias acarreadas desde Yosocuta. Esos mismos espacios son tocados por los ciudadanos que acuden a realizar trámites y que terminan llevando la infección a sus casas.
No es casualidad que Huajuapan esté al borde de una crisis sanitaria. El Instituto de Hidrología ha advertido que el exceso de nutrientes provenientes de las aguas residuales agota el oxígeno y crea “zonas muertas”, además de propiciar la aparición de algas azul verde, el indicador definitivo de un agua de pésima calidad.
En San Francisco Yosocuta, los casos de cáncer entre los jóvenes han dejado de ser un rumor para convertirse en una realidad alarmante en una comunidad que consume esta agua apenas filtrada. La ironía es cruel: en Huajuapan toman de esa misma presa, condenando a la población a consumir agua de drenaje reciclada.
Instituciones como la Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM) y el propio Instituto de Hidrología cuentan con estudios y proyectos reales (reforestación, tratamiento de aguas, gestión de lodos), pero nadie los llama. Integrar a la ciencia exige rendición de cuentas, algo que esta administración evita.
La pregunta flota sobre el agua verde: ¿por qué Yosocuta sigue hundiéndose? La respuesta no es técnica, es política. Porque cuando una emergencia se administra para saciar la vanidad de una candidatura en lugar de resolverse con la ciencia, lo que crece no es la solución. Es el veneno.
;
Vivirá poco quien no entienda lo aquí dicho, recuerde estimado ciberlector, la frase de la semana:
En política, el fuego amigo quema más que cualquier ataque de la oposición.
