Quien anda feliz en Oaxaca es el senador Gerardo Fernández Noroña, ahora de la mano de nuestra Chocolate Abuelita, Luisa Cortés, a quien —dicen— alguien ya le vendió la idea de que puede ser la próxima gobernadora y heredera del llamado Jardín Primaveral, demonios incluidos.
Hasta hace apenas unos meses, el inbañable y nada austero Noroña andaba del brazo del Dirty Face, ambos promoviéndose como los supuestos guerreros de la 4T, repartiendo discursos, selfies y poses revolucionarias versión light.
Pero los intereses cambian. Y Noroña, fiel a su estilo, ya encontró nueva oveja.
Con esta gira, la senadora morenista pierde más de lo que gana al abrirle las puertas a un mercenario de la política nacional, experto en brincar de causa en causa sin despeinarse.
Ahora solo falta ver qué dicen las altas esferas morenistas, esas que sí toman nota cuando alguien confunde respaldo político con cheque en blanco.
Por lo pronto, el mensaje parece claro: Adiós, Chocolate Abuelita.
¿Quiénes serán los vendedores de jugo de naranja de Movimiento Ciudadano en Oaxaca que ya están preparando maletas para asistir, muy puestos, como “operadores” a la próxima elección de gobernador en Zacatecas?
La pregunta no es menor: ¿De verdad creen que podrán ganarle a los hermanos Monreal… o solo van a pasear chaleco naranja, tomarse la foto y regresar contando hazañas que nunca ocurrieron?
Porque una cosa es vender jugo en Oaxaca y otra muy distinta es competir en Zacatecas, donde la política se juega con colmillo largo y memoria larga.
La Primavera Turística de Oaxaca ya huele más a flor marchita que a temporada alta. Mientras en redes sociales la secretaria de Turismo, Saymi Pineda Velasco, presume “Costa fortalecida”, ballenas felices y ríos humanos acompañando al gobernador Salomón Jara, los documentos oficiales cuentan otra historia: licitaciones al límite del calendario, festivales exprés, boyas de lujo, ballenas inflables y un puñado de empresas que se repiten más que la misma foto de campaña.
La postal del fin de semana en Pochutla lo resume todo. Saymi llegó a San Pedro como si fuera precandidata, no funcionaria: gorra con logo, porra propia, videos en vivo, notas de medios muy emocionados por “el músculo” de la secretaria. En sus redes presume que la Costa se fortalece con la Primavera Oaxaqueña, pero a ras de suelo lo que se vio fue un desfile con huecos, tramos completos de calles casi vacíos y contingentes armados a punta de presiones y favores. Quien realmente movió gente fueron los presidentes municipales de la región: Julio César Cárdenas Ortega en Santa María Huatulco, Miguel Martínez Castellanos en Santa María Colotepec y Héctor Domingo Baños Toscano en Santiago Pinotepa Nacional, entre otros, que rascaron estructuras y presupuestos municipales para no dejar solo al gobernador. La “marea ciudadana” de la que hablan los boletines se parece más a un oleaje de acarreados con gorra color vino.
En Pochutla, además, la memoria no se borra con un dron. Saymi fue presidenta municipal dos veces y dejó fama de obras que nadie vio, servicios a medias y una administración de la que todavía se cuentan historias en los portales. Hoy regresa como secretaria de Turismo vendiendo la idea de que la aman, cuando en realidad tiene que pagar notas, comprar coberturas y llenar su Facebook de selfies con grupos cuidadosamente escogidos. Quien se engaña es ella: la gente sabe distinguir entre cariño genuino y aplauso pagado por evento.
Detrás de esa escenografía costeña corre, silencioso, el expediente de las licitaciones. La semana pasada le contamos apenas la puntita del iceberg turístico: Pinotepa equipado con plástico de lujo y cursos de turismo de reuniones servidos por una banquetera exprés. Hoy toca meternos al resto del menú que la Secretaría de Turismo está sirviendo para cerrar el año: Papaloapan con espectáculo de millones, boyas doradas en la Costa, promocionales nacionales para lucir en ferias y, de postre, el Festival de la Ballena Jorobada con contrato único, fechas adelantadas y ballenas de hule como protagonistas. Porque si algo domina esta dependencia no es la planeación turística, sino el arte de convertir cada fin de semana en una oportunidad de facturación.
Empecemos por la Cuenca del Papaloapan. La Invitación Abierta Estatal IAE-SA-ST-0067-11/2025 se titula, con toda la solemnidad burocrática del caso, “Adquisición de diversos bienes y contratación de servicios para la organización del evento de promoción de las expresiones y manifestaciones culturales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la Cuenca del Papaloapan”. Traducido al dialecto del Lavadero: una Guelaguetza regional, de un solo fin de semana, con toneladas de logística y un presupuesto que ya no cabe en la marimba.
A la fiesta se anotaron dos empresas. Omega Arlet, S.A. de C.V., para el lote 1, con una propuesta de 2,231,320.32 pesos; y Auto Transportes del Sureste Cantera Rosa, S.A. de C.V., para el lote 2, con 1,237,140.00 pesos. Si se adjudican ambos, el banquete cultural se eleva a 3,468,460.32 pesos. No es cualquier cosita para “un evento de promoción”; es un festival de presupuesto completo, con todo y moño. El detalle fino es de calendario: el fallo se publica el 4 de diciembre y el evento arranca el sábado 6. En dos días hábiles, la Secretaría tiene que contratar artistas, montar escenario, coordinar logística, mover proveedores y hacer magia con todo lo licitado. Si usted cree en los milagros administrativos, aquí tiene uno documentado.
La película se repite en la Costa. La IAE-SA-ST-0062-11/2025 busca el equipamiento turístico de boyado para delimitar zonas de nado en tres playas. La idea, en abstracto, tiene lógica: seguridad para bañistas, orden en las áreas de uso y una imagen más “profesional” para el destino. El problema no está en la intención, sino en la factura. Aparecen dos compañías de catálogo amplio: Suministros Comerciales Pantoja, S.A. de C.V., y Comercializadora Lagimar, S.A. de C.V. Ambas ofertan por los tres lotes con montos casi calcados: 1,387,568.80 pesos una, 1,384,158.40 pesos la otra. Tres mil cuatrocientos pesos de diferencia en una licitación de casi millón y medio. Es como si el mercado de boyas hubiera llegado a un acuerdo tácito sobre cuánto se le puede cobrar al presupuesto oaxaqueño sin que se note… demasiado.
Para que la marca Oaxaca luzca en ferias y eventos del próximo año, está la invitación IAE-SA-ST-0061-11/2025, otro título kilométrico: “Contratación de servicios y adquisición de bienes promocionales para la presencia del Estado de Oaxaca en eventos y acciones de promoción turística nacional 2025. Segunda etapa”. Detrás del lenguaje técnico viene la receta de siempre: lonas, stands, utilitarios, souvenirs, cositas para regalar y fotos con logo. En esta tómbola participan Makae Comercial, S.A. de C.V., que oferta 2,632,272.00 pesos por los lotes 1 y 2; Promotora de Eventos y Banquetes Eleni, con 2,554,900.00 pesos por el lote 1; y Auto Transportes del Sureste Cantera Rosa con 79,924.00 pesos por el lote 2. Al final, el monto adjudicado ronda los 2.63 millones. Makae se lleva el combo grande, Eleni sigue en la jugada y Cantera Rosa recoge lo que queda en traslados. Que nadie se quede sin su pedazo de pastel.
Pero la joya mediática, la que más presume la secretaria, es la IAE-SA-ST-0060-11/2025 para la “Contratación de un servicio integral para el desarrollo de la I edición del Festival de la Ballena Jorobada, Puerto Ángel, Pochutla 2025”. El título promete ciencia, conservación, ecoturismo y derrama económica. El expediente revela algo más sencillo: un solo licitante, Proveedora de Bienes y Servicios Gladiola, S.A. de C.V., y una propuesta de 1,462,160.00 pesos IVA incluido. No hubo competencia; fue pase directo, como si el mar solo tuviera una empresa autorizada para organizarle festivales a las ballenas.
Querido ciberlector, aquí empieza la parte surrealista del guion. La autoridad federal marca el inicio de la temporada de ballena jorobada a partir de mediados de diciembre, pero el festival oaxaqueño se programó del 5 al 7. Es decir, el gobierno decidió organizar un festival de avistamiento… antes de que oficialmente empiece la temporada. Y no es teoría: en las imágenes oficiales lo que abundan son enormes ballenas inflables colocadas en el muelle, juegos para niños y templetes para la foto. Las únicas jorobadas que se dejaron ver con toda certeza fueron las finanzas públicas, dobladas para sostener un show que costó millón y medio y que se justificó con papalotes gigantes, conciertos y concursos de voleibol.
Más sabroso todavía es el timing administrativo. El Comité de Adquisiciones publica el fallo el 2 de diciembre y el festival arranca el viernes 5. En tres días –incluido el armado de inflables, logística, contratación de grupos musicales “con amplia trayectoria y repertorio costeño”, proveedores, hospedaje y traslados– la Flor Marchita de la Primavera Turística hace magia. O eso quieren que creamos. En los pasillos de la dependencia, al Comité lo conocen más como tapadera que como órgano de control: revisa, firma y aprueba a velocidad de récord mundial todo lo que se le pone enfrente, siempre que venga bendecido por la titular.
Mientras tanto, la narrativa oficial insiste en que todo es “promoción responsable del turismo”. Pero vea usted el calendario: el mismo fin de semana se reparte la agenda en tres escenarios. Primero, el Festival de la Ballena Jorobada en Puerto Ángel; segundo, la “Promoción de las expresiones y manifestaciones culturales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la Cuenca del Papaloapan 2025”, nombre pomposo para una Guelaguetza regional con presupuesto elevado; y tercero, el despliegue en la Ciudad de México para los eventos masivos de apoyo a la presidenta, a donde la caballada oficialista viaja en manada, camión tras camión, para llenar cuadros y gritar consignas. Turismo de reuniones, pero electorales.
Si juntamos ahora las cifras, la resaca es considerable. Por equipar Pinotepa con plástico de lujo se van alrededor de 5.47 millones de pesos. Los cursos de turismo de reuniones de la banquetera La Calenda cuestan 1.59 millones. Los promocionales nacionales de la “segunda etapa” se llevan 2.63 millones. El evento del Papaloapan suma potencialmente 3.46 millones. El boyado de playas ronda 1.38 millones. Y el Festival de la Ballena Jorobada agrega 1.46 millones. El total se acerca a los 16 millones de pesos concentrados en unas cuantas licitaciones de noviembre y diciembre, para la llamada Primavera Turística de fin de año.
Todo viene envuelto en papeles impecables: cartas de integridad, formatos de protesta de decir verdad, cláusulas para visitas domiciliarias, requisitos de experiencia y capacidad. Sobre el papel, el modelo es ejemplar; en la realidad, se repite el mismo patrón: empresas recién creadas o multiusos, ofertas económicas sospechosamente similares y una lista de proveedores que aparece en licitación tras licitación como elenco estable de una serie que ya conocemos. No hay una política turística de largo plazo; hay una política de “evento, foto y a lo que sigue”.
Aquí es donde la cosa deja de ser anécdota y se vuelve política. Saymi Pineda no se comporta como secretaria de Turismo, sino como aspirante en campaña permanente. Sueña con la gubernatura y está usando cada festival, desfile y ballena inflable como escenario para su proyecto personal.
A tres años de distancia del arranque del gobierno, y a punto de iniciar el cuarto, este debería ser el periodo de resultados contundentes, no de festivales desesperados. El quinto año se irá en la guerra por la sucesión y el sexto será el cierre administrativo.
Porque al final, estimado ciberlector, las ballenas siguen su ruta sin saber que aquí les organizaron un festival con inflables, los presidentes municipales regresan a sus municipios a enfrentar problemas reales y los proveedores guardan sus estructuras esperando la siguiente licitación. La única que parece vivir en eterna primavera es la secretaria, que se mira al espejo y se ve gobernadora. Oaxaca, en cambio, tendrá que decidir si quiere un futuro turístico con planeación, transparencia y resultados… o seis años más de mar de fondo.
¿Quiénes son esos próceres de utilería que se asoman de pronto al escenario? Uno desde alturas legislativas donde la tinta corre más rápido que la memoria, mueve hilos sin aparecer en el telón; y un tercero, un operador sin bandera, se arrima donde el viento compra voluntades y empuja golpes detrás del telón con la seguridad del que cree que nadie lo observa.
Algo huele a nervio: se mueven con la urgencia de quien teme que le revisen los cajones, donde hay papeles que cambian de dueño o por deudas que no desaparecen ni con discursos.
#SoloMuyProfesionales
Nuestra veterana reportera tricolor, que ya huele a formol, detectó esta semana un fenómeno político digno de museo: los zombies priístas oaxaqueños reencontrándose con un morenista… y sin pena alguna. Sí, estimado ciberlector: la realidad siempre supera a la militancia.
La primera postal llegó desde una mesa larga, repleta de flores, copas vacías y esperanzas resucitadas, donde varios tricolores se dejaron ver muy juntitos con Noé Jara Cruz. Y antes de que se enchilen algunos: Noé ni la debe ni la teme. Dicen que no llegó como “reclutador oficial de la 4T”, sino como político que saluda, dialoga y convive —como debe ser— con quienes algún día fueron algo parecido a una oposición. No más. No menos.
Ahí estaba Cándido Coheto, a quien los sobrinos priístas le dicen cariñosamente “Mi Dulce Candy”. Un cuadro histórico que lo mismo fue diputado, líder indígena, funcionario, operador electoral y maestro de ceremonia en bodas políticas. Los mal intencionados dicen que al ver a “Mi Dulce Candy” no sabian si estaba negociando… o se está acabando.
Luego vimos a Liz Acosta, tambien a uno de los integrantes de los Milky Boys, que posó, sonriente junto a su lider, porque cuando uno está cerca de Morena, el cutis mejora.
También estuvo ahí Héctor Soriano, un personaje de Tlacolula que no se representa ni a si mismo. Dicen que anda muy desesperado porque en la 4T no le dan obra pública alguna y que esa reunión es una esperanza para que pueda entrar al padrón VIP de los chairos. (el chiste se cuenta solo).
Y como si el multiverso tricolor estuviera en oferta, Javier Villacaña también se reunió, en otro evento, con priístas y con Noé. Todo muy “casual, informal y sin compromisos”, como dicen los que ya están calentando banca por si aparece una candidatura adoptiva.
Y entonces, desde Santa Rosa Panzacola, salió al balcón Carmelita Ricárdez “de todos los moles”, presidenta del PRI Oaxaca, quien al ver las fotos casi activa el “semáforo de desbandada”. Sacó un comunicado tan atropellado, tan mal redactado y tan lleno de berrinche institucional, que parecía más un mensaje de WhatsApp reenviado por tu tía que un documento oficial.
Mientras Carmelita grita que “la unidad no está en negociación”, las postales dicen otra cosa: los últimos priístas están buscando chalupa antes de que el barco se termine de hundir… o antes de que otra foto los exhiba.
Y al centro de todo aparece Noé Jara, no como villano ni como cazador de militantes, sino como un político que sabe que en Oaxaca la convivencia es parte del manual básico, sobre todo en tiempos de revocación de mandato.
Porque al final, estimado lector, la pregunta no es qué quiere Noé, porque ya todos lo sabemos. La pregunta es: ¿Qué quieren los priístas que van a desayunos con flores, mantel de encaje y un morenista en la cabecera?
Con esto nos queda claro que el PRI perderá el registro el 2027.
En octubre, estimado ciberlector, desde este mismo Lavadero le pusimos lupita al “mega paquete histórico” de mobiliario y equipo tecnológico para las escuelas de Oaxaca y sacamos la cuenta maldita: con 11 mil 600 planteles por equipar, apenas 749 documentados y 81 días para llegar al 31 de diciembre, Emilio Montero tenía que despachar en promedio 134 escuelas diarias, incluyendo sábados, domingos y días de Vela. Hoy ya no hablamos de 81 días: hablamos de un diciembre que va en la segunda mitad… y de un sistema que se cayó antes de que caigan las computadoras en las aulas.
Porque mientras el reloj fiscal corre, el IEEPO salió con un “AVISO URGENTE” digno de meme institucional: por “falla en el dispositivo físico de almacenamiento de los servidores”, TODOS los usuarios del Sistema de Mobiliario que habían generado solicitud del paquete tecnológico debían reagendar su cita del 9 de diciembre. Y tan pronto como subieron el aviso, se desató el concierto en los comentarios: “la plataforma no permite reagendar”, “la página está mal”, “no aparece mi escuela”, “¿esa cita ya quedó anulada?”, “¿y los que no alcanzamos a agendar qué va a pasar?”. Es decir: a dos semanas del límite, el supuesto “sistema de control” está tan firme como pizarrón clavado con chinches.
El detalle no es menor. Ese sistema no sólo sirve para ordenar filas: es el rastro administrativo que justifica ante la Federación que cada caja salió de la bodega y llegó a la escuela correcta, con acta, folio y evidencia. Si el servidor truena, si las citas se anulan y si la plataforma no permite reagendar, no sólo hay enojo de directores; hay un agujero negro en el control de entregas. Y sin traza clara, la ASF no pregunta “qué bonita intención traían”: pregunta dónde están los bienes, dónde están los papeles y qué piensan hacer con los millones que no se comprobaron.
Mientras el magisterio y los directores se pelean con una página que “no abre” y un aviso sin firma responsable, Emilio Montero presenta en sus redes otra película: “16 horas de diálogo intenso y constructivo”, “acuerdos sólidos”, “vamos por la ruta correcta”. En otra publicación, presume la Mesa Tripartita con la Sección 22, la presencia de Mario Delgado, el respaldo de Claudia Sheinbaum y el acompañamiento decidido de Salomón Jara. Todo muy épico, todo muy de spot de unidad; pero ni una línea donde explique cuántas escuelas ya recibieron el paquete tecnológico completo, cuántas faltan, en qué regiones está atorado y cómo piensan remontar el retraso con un sistema informático a media luz.
La contradicción salta solita: por un lado, el gobierno presume “inversión histórica” de más de 1,800 millones de pesos para equipamiento, derivada de acuerdos con la Federación donde se habló de 900 millones específicos para tecnología y una bolsa de 800 millones para otros pendientes de la agenda magisterial. Por otro, la realidad de las escuelas se resume en directores que no pueden reagendar cita, páginas caídas y un aviso urgente que anula registros justo cuando deberían estar afinando la entrega, no reiniciando el proceso. Si de verdad estuvieran “en ruta correcta”, no necesitarían apagar y volver a prender el sistema a mitad de diciembre.
La Sección 22 no es ingenua ni tiene memoria corta. En las minutas de mayo de 2024 quedó anotado que el equipamiento tecnológico de más de 11 mil escuelas era un pendiente federal que se arrastraba y que la mesa CNTE–Gobierno se reactivaba precisamente para destrabarlo. Desde entonces han desfilado anuncios, boletines, visitas y promesas; pero el magisterio ya marcó distancia: no quieren que el gobierno estatal se cuelgue medallas por una gestión que ellos hicieron con la “cabecita de algodón”. Y cada tropiezo –retrasos, fallas de plataforma, cifras que no cuadran– alimenta la sensación de que el IEEPO está más preocupado por salvar la narrativa que por cumplir los compromisos en tiempo y forma.
Para terminar de condimentar el caldo, Emilio no pierde oportunidad para usar el conflicto educativo como pasarela política. En la misma línea de tiempo donde vemos el aviso de servidores caídos y los maestros preguntando qué va a pasar con sus citas, aparece sonriente en foto de close up con Mario Delgado; en otra, se ve la tensión que tiene con Jesús Romero, alias el Niñito Dios, como si estuvieran calculando el futuro de sus propias carreras. Y entre reunión y reunión, todavía le alcanza el día para escribir una carta de amor político a su “hermano” presidente municipal de Juchitán, llena de patria, destino y lucha, mientras miles de niñas y niños siguen sentados en mesabancos viejos.
Políticamente, el tablero es perverso. A Jesús Romero le viene como anillo al dedo que Emilio se desgaste: si el operativo de mobiliario y equipo se hunde entre bodegas saturadas, plataformas caídas y enojo magisterial, no sólo se le cierran puertas al juchiteco rumbo a cualquier candidatura fuerte; también se golpea la imagen de la Primavera Oaxaqueña y, de paso, se abre espacio para que otros grupos –con apellido Murat y domicilio sentimental en Polanco– sigan moviendo los hilos en la sombra. La educación se vuelve moneda de cambio en la guerra por la sucesión, y el paquete tecnológico, rehén perfecto.
Pero el punto central, estimado ciberlector, no es quién gana la interna de Morena, sino quién se hace responsable si el 31 de diciembre llega y el paquete no se termina de entregar. Porque este dinero es federal, tiene etiqueta y tiene caducidad: lo que no se devenga ni se comprueba se convierte en subejercicio, en observación y, eventualmente, en devolución. Nadie lo va a reconocer en conferencia de prensa, pero las auditorías no se leen en Facebook; se leen en pliegos. Y ahí no ayudan ni las 16 horas de diálogo ni las selfies con Mario ni los discursos fraternales a los amigos de Juchitán.
La pregunta que sigue en el aire, la misma que dejamos planteada el 12 de octubre, es brutal en su simpleza: ¿les va a alcanzar el tiempo? Hoy ya no basta con que el IEEPO prometa que “se reagendarán las citas” ni que la Sección 22 se siente otra vez a la mesa. Lo mínimo que merece Oaxaca es un corte de caja público, con nombres y apellidos: cuántas escuelas han recibido el paquete completo (mobiliario + computadoras + impresoras + proyectores), cuántas faltan, en qué regiones y con qué calendario realista piensan cerrar el año.
Porque si llega enero y las escuelas siguen esperando mientras en redes sólo vemos recuerdos de “mesas históricas” y fotos de abrazos entre aspirantes, entonces quedará claro que, en esta temporada, el único sistema que funcionó sin fallas fue el de siempre: el sistema político que sabe convertir cualquier programa federal en escenario de campaña. Y en esa obra, otra vez, las infancias oaxaqueñas se quedan en la última fila… sin silla, sin computadora y con la lección más triste: en su estado, la plataforma que nunca falla es la del reparto de cargos.
Nuestro reportero Zancudito Loco, que se mete hasta donde el chaleco fosfo no llega, nos manda desde Santa María Jalapa del Marqués una escena digna de estampita de la 4T municipal: por fin encontraron para qué sirve la patrulla… para sostener la lona del banderazo de obra.
Mire usted la postal, estimado ciberlector: sol del Istmo a plomo, terracería, chalecos reflejantes nuevecitos, banderitas naranja al viento y, en primera fila, la alineación estelar. Leticia Sibaja, presidenta municipal, muy oronda con camisa blanca y gorra roja; la diputada Dennis García, alias doña Márgara Francisca, posando como si fuera Secretaria de Comunicaciones; y el senador Antonino “Hamponino” Morales, que ya se cree gobernador y anda midiendo territorio donde huela a voto, cámara o dron. Todos sonrientes, todos listos para la foto… y atrás, la patrulla municipal secuestrada por una lona.
Ese es el punto: el vehículo oficial de seguridad pública, el que tendría que estar patrullando agencias, atendiendo pleitos, accidentes o auxilios, aparece amarrado como caballetito de anuncio espectacular. Si en ese momento alguien marcaba porque había un asalto, un choque o una violencia familiar, la unidad estaba ocupada sosteniendo propaganda. La seguridad, literalmente, colgada de cuatro cinchos y del ego de la autoridad.
No es casual quién se para junto a quién. Hamponino al centro, como estrella invitada; la alcaldesa pegadita, buscando cobijo; la diputada a cuadro, por aquello de que también sueña con brincar de curul. Al fondo, el escudo municipal y la frase de moda sobre “transformar” Jalapa. Usted y yo sabemos leer esas fotos: no es un simple arranque de pavimentación, es un acto de campaña adelantada donde hasta la patrulla entra de extra, como si fuera parte del equipo de sonido.
Y mientras la élite primaveral —Hamponino, Márgara Francisca, Leticia y demás florecitas— juega al banderazo, el mensaje para el pueblo es brutal: la policía está para lucir en la foto, no para cuidarle la espalda a usted. Si así tratan el vehículo más visible de la corporación, imagínese qué hacen con el presupuesto que no se ve, con las horas de patrullaje que nunca se cumplen, con los reportes que jamás se atienden.
Zancudito Loco remata con bisturí: esa patrulla amarrando la lona no sólo sostiene un plástico, sostiene toda una forma de gobernar. Primero la propaganda, luego la comodidad de la autoridad… y, cuando quede tiempo, si acaso, la seguridad de la gente. Y así, estimado ciberlector, quieren que usted les crea que están “construyendo paz” en Jalapa del Marqués, cuando lo único firme que vemos en las fotos es la lona. La paz, igual que la patrulla, aparece inmovilizada al servicio del siguiente discurso.
Nuestra reportera del amorsss, que no descansa ni cuando San Juditas está saturado de milagros urgentes, por fin encontró el famoso “expediente X” que explica por qué Margarita García no puede ver ni en pintura al consejero jurídico Geovanny Vásquez Sagrero.
Sí, estimado ciberlector: ya salió el peine, y no solo el peine… también el rímel, la base, el labial, el catálogo de Avon y hasta un recuerdo borroso del 2007, cuando Geovanny era un novel abogado al que —según testigos protegidos de radio cacerola— “le andaba echando el ojo”. Un caso sentimental digno del Tribunal Superior del Amor No Correspondido.
Resulta que, en aquellos ayeres, mientras él apenas aprendía a usar saco sin ahogarse del calor, la distinguida lideresa lo traía en su lista de pendientes afectivos. Pero el joven jurisconsulto andaba más concentrado en sobrevivir a la política que en aceptar ofertas de maquillaje a precio de catálogo.
Y claro: rechazo hoy, odio eterno mañana. Porque si algo nos enseña la ciencia política y la telenovela mexicana, es que no hay nada más peligroso que una mujer despechada.
Pero el expediente no termina ahí. Entre los documentos top secret también aparece un tal Rosendo, que no escapó del campo de batalla como el joven abogado que prefería la constitución… pero la de papel, no la del corazón.
Estimado ciberlector en la tierra del mole y los padrinazgos, los pleitos no siempre nacen de ideologías… a veces nacen del amor no correspondido.
P.D. Que conste que la foto no es AI.
Finalmente llegó el cabo de año para los Godínez del sindicato del Gobierno del Estado. El pasado 12 de diciembre de 2024, mientras medio Oaxaca festejaba a la Virgencita de Guadalupe —y más los Godínez estatales, que a esa festividad le tienen más fe que al reloj checador—, la triste realidad alcanzó a 1,344 trabajadores de base: de un solo plumazo los borraron de la nómina gubernamental.
La fiesta, pues, se volvió tragedia. Porque con el paso de las horas, esos 1,344 —hombres y mujeres; adultos mayores; enfermos crónico-degenerativos; mujeres embarazadas— comenzaron a vivir una pesadilla: el Decreto número 24 no perdonó a nadie.
Hoy, a un año de la publicación de lo que muchos han llamado el “decreto maldito”, sigue la romería de culpables. Y empezando por el comité NO ejecutivo (así, con mayúsculas del tamaño de su silencio), que dice representar a los Godínez, ni tardos ni perezosos quisieron colgarse la medalla de la resolución que finalmente anunció el Ejecutivo el 26 de agosto, cuando dijo que todas y todos los extrabajadores afectados por el decreto serían reincorporados a sus respectivas dependencias con derechos adquiridos, incluyendo antigüedad y salarios caídos.
Eso sí: en el papel suena precioso… pero, según cuentan los afectados, en la lucha real no movieron un dedo. Y mientras todo eso ocurría, parece que a los Godínez se les iba olvidando el origen de la tragedia. Claro: los más felices con esa amnesia son el cada día menos famoso “señor cara de papa” (Juan Rosas, para los cuates) y su compinche Mauricio Carreño, quienes —de la mano con los ex titulares de la Secretaría de Administración Germán Espinoza y José de Jesús Cisneros— hicieron y deshicieron con el sindicato de los Godínez, que según dirigía un tal “Juanito” Cruz Villavicencio, a quien el señor cara de papa habría colocado justamente para operar el “hágase y deshágase” interno.
Y es que, de acuerdo con lo que se comenta en la pasarela sindical, la corrupción alcanzó niveles escandalosos: venta de plazas de base y renivelaciones. Eso —dicen— fue el caldo de cultivo del “decreto maldito”. Porque no fueron únicamente las 1,344 plazas revocadas las que estaban en la conversación: se habla de que el número de nuevas bases casi llegó a tres mil tan solo en el sexenio del Cachorro Murat, dejando el presupuesto de servicios personales de la Secretaría de Administración prácticamente en banquitos.
Y por si la tragedia no fuera suficiente, con el paso de los días y los meses salieron gestores por todos lados, como chicatanas en tiempos de lluvia, ofreciendo “solución” a cambio de una “módica cantidad” que —según versiones— iba de 60 mil a 120 mil pesos por recuperar la plaza. En la lista de quienes se mencionan en el radio pasillo aparecen gestores de toda ralea, y la historia se volvió el clásico: donde hay necesidad, aparece el coyotaje.
Sin embargo, a unas horas de la publicación del decreto, la presión creció y obligó al comité ejecutivo encabezado por el tehuano Pedro Castillejos a encabezar una marcha de protesta. Así fue como la sociedad oaxaqueña se enteró de que el sindicato de los Godínez sí existía, solo que andaba de parranda… y —según sus críticos— en franca borrachera de corrupción. El movimiento logró la reinstalación casi inmediata de 677 trabajadores. Pero quienes no corrieron con esa suerte iniciaron un largo peregrinar para recuperar su plaza; y ahí fue donde muchos vivales hicieron su agosto en pleno invierno.
Dentro del desfile de “redentores” que se autonombran padres de la lucha aparece la diputada Margarita García, a quien se le han endilgado señalamientos de que familiares y parejas resultaron beneficiarios de bases. Y en ese jaloneo político, también se colocó el pleito con el gobierno de Salomón Jara, con diferencias políticas que —dicen— ya venían cocinándose desde antes.
Mientras cada quien buscaba padrino político, el famoso comité NO ejecutivo no decía esta boca es mía y volteaba para otro lado cada que los afectados solicitaban apoyo para su reinstalación. Incluso se afirma que hasta apoyo económico les negaron, pese a que los 1,344 habían aportado millones de pesos a las finanzas sindicales. En lugar de respaldo, muchos recibían regaños de la mecha corta Carmen Zárate, presentada como la nueva “Juanita”, de quien se dice que nadie sabe con claridad quién la nombró, pero ella sostiene que es la secretaria general del gremio.
Eso sí: cuando el gobernador dio el anuncio de que todos los afectados se reincorporarían con sus derechos —y para evitar el manipuleo de grupos y gestores que seguían haciendo negocio— entonces sí comenzó el pleito sin cuartel. El grupo de la diputada Margarita García y Carmen Zárate difundieron comunicados jurando, “de verdad del osito Bimbo”, que por ellas y solo por ellas se había logrado el desistimiento del gobierno. (Ya sabe usted, ciberlector: cuando el gobierno resuelve, siempre sale alguien a decir “yo fui”.)
El viernes 12 de diciembre, a un año de la tragedia, entre festejos guadalupanos, muchos agradecían haber recuperado el empleo; pero otros no perdieron el tiempo y, mediante una convocatoria que rayó en lo ridículo por la poca afluencia, marcharon de la Cruz de Piedra al Zócalo para lanzar consignas contra el gobierno… y contra su propio comité NO ejecutivo, que para variar brilló por su ausencia. Por ahí comentan que si los hubieran invitado a una comida, sin duda llegaban gustosos, porque en lugar de comité ejecutivo parece comité de festejos: no salen de una fiesta para aparecer en otra.
Y ojo: Margarita, dicen, trae otro as bajo la manga: el incremento al ISR, que podría aplicarse con la complacencia de una dirigencia sindical que —según se comenta— estaría más interesada en que pase que el propio patrón. Esto encendería focos rojos: las bases han dado un rotundo NO, pero la dirigencia, vía delegados “paleros”, está empecinada en aplicarlo. Y sí: será usado como arma política para golpear nuevamente al gobierno por grupos contrarios.
Mientras tanto, el Congreso del Estado navegaba con bandera a media asta porque no había sido molestado por los Godínez, pese a ser el espacio donde se aprobó el decreto. Sin embargo, el grupo de los 1,344 que comanda la diputada Margarita García —y que, según se dice, ya no llega ni a 200— tomó las instalaciones del Congreso esta semana para exigir la derogación del decreto maldito. Y bastó escuchar a César Mateos y Eva Diego para dimensionar el nivel de precariedad política con el que algunos legisladores se asoman al conflicto: acusaron al sindicato de cosas que, aunque no lo eximen de culpas, muestran desconocimiento básico.
Porque, guste o no, el sindicato no es patrón; por tanto, no concentra expedientes personales de sus agremiados como si fuera Recursos Humanos del gobierno. Los datos de cada trabajador obran, de manera principal, en poder del patrón: el Gobierno. Y aun así, en este H. Congreso pasan historias que ni Gabriel García Márquez se atrevió a escribir: existen dos flamantes diputadas de base que votaron a favor de extinguir su propia plaza. Solo aquí.
Veremos hasta dónde llega el agua de este río que amenaza con desbordarse: por un lado, intereses políticos ajenos al gremio, interesados en meter mano; por otro, la ausencia de una verdadera dirigencia, cuestionada por su legitimidad y por una operación que, según se denuncia, obedece más a intereses externos que a los de los trabajadores.
El 5 de diciembre, el presidente Chupón Martínez, presentó su primer informe de gobierno municipal, donde se atribuye 278 obras y acciones con una inversión de más de 236 millones de pesos provenientes de los tres niveles de gobierno, y asegura que el municipio avanza en infraestructura, seguridad, servicios públicos y desarrollo urbano.
En suma: el informe presenta a un gobierno hiperproductivo, ordenado, cumplidor y en expansión. Esta es su historia oficial.
Pero nos asegura nuestro reportero en la Mixteca, el Flechador del Sol, que Huajuapan es la ciudad donde la muerte dejó de sorprender a todos.
Además, afirma que la ciudad real no se parece al informe que dio el presidente municipal. Luis Chupón Martínez. Ni tantito.
El informe del Chupón dice que en Huajuapan se vive en paz. Que la violencia disminuyó “más del 30%”. Que los policías están capacitados, uniformados, equipados y patrullando día y noche. Que con los alcoholímetros, Festi-Viales, cascos, lúdicas, comités de seguridad, K-9, Puntos Mujer Segura, y hasta un Arco de Seguridad con cámaras futuristas, la ciudad respira “tranquilidad”.
Todo eso lo dice el papel. Y si uno solo leyera el papel, creería que Huajuapan es Suiza.
Pero tú y yo sabemos que aquí, la estadística se ahoga en sangre.
El informe presume 127 detenciones por faltas administrativas, 117 canalizados por delitos graves, 65 por sustancias ilícitas y ebriedad. Presume “prevención”, “armonía social”, “paz” y “recuperación del tejido social”.
Pero la ciudad aprendió a vivir con otra estadística: la de los balazos nocturnos, los ejecutados a plena luz, los levantones discretos y los cuerpos tirados que ya ni generan rumor.
La muerte dejó de causar asombro entre los huajuapeños. Ese es el verdadero indicador que el Chupón jamás pondrá en ninguno de sus informes.
Mientras él presume su arco de seguridad con cámaras nuevas, los huajuapeños ponen veladoras.
Mientras él celebra cursos, capacitaciones, canchas pintadas y reforestaciones para prevenir “las causas de la violencia”, las familias siguen tapando ventanas con lo que pueden cuando escuchan motos a medianoche.
Mientras él compra uniformes nuevos para la foto, Huajuapan carga un cementerio fresco cada mes.
El informe dice: “recobramos la confianza en la autoridad”. La calle dice: nadie marca al 911 porque pa’ qué. El informe dice: “fortalecimos el patrullaje”. La calle dice: los patrulleros llegan después del levantamiento.
El informe dice: “somos un municipio más seguro”. La calle dice: la gente camina rápido, mira hacia abajo y aprende rutas alternativas para no morir por equivocación.
El Chupón presume que invirtió millones en combustibles, refacciones de patrullas, uniformes, cascos, cursos y módulos restaurados.
Pero la pregunta es simple: ¿dónde está la seguridad? En Huajuapan, la muerte ya no sorprende, perdió la capacidad de asombro. Y una ciudad que deja de sorprenderse es una ciudad rota.
A eso súmale lo otro: Mientras la sangre corre, el Ayuntamiento está ocupado en festivales: Festivales del Tamal, de la Torta de Camarón, del Conejo, del Mole de Chivo, del Chileajo, del Pozole, y la joya de la corona, el Mole de Caderas.
Miles de pesos invertidos, miles de fotos, miles de aplausos, miles de comensales. La gastronomía, dicen, trae “derrama económica”. Más de un millón y medio en “derrama económica” y de ahí agarran para justificar que Huajuapan avanza, cuando lo que avanza es el show.
El informe dedica más espacio a festivales que a explicar por qué Huajuapan sigue igual de oscuro, igual de inseguro y con el mismo drenaje de hace décadas. Ah, pero eso sí: presume que Huajuapan es “referente nacional”. Aunque el único referente visible es la habilidad para convertir cada obligación pública en evento, cada carencia en discurso, cada falla en cifra maquillada.
Las obras grandes, las que transformarían la ciudad, no aparecen. O se esconden detrás de palabras largas y montos que nadie puede verificar.
La transparencia se reduce a decir que “se atendieron solicitudes”, pero no a mostrar qué se hizo con cada peso.
El documento presume disciplina, orden, digitalización, participación ciudadana, inversión histórica y coordinación con el Estado y la Federación.
Pero no dice nada de las extorsiones disfrazadas de reglamentos, de las clausuras selectivas, del trato hostil a quienes generan economía, del ambulantaje, del sector médico que ya habló, del sector empresarial que ya tronó, de las agencias que sobreviven por tequio, no por gobierno.
El Chupón no gobierna: administra espectáculos. Y cada festival, cada baile, cada plato de mole que presume en su informe, es el recordatorio de que prefiere el aplauso al trabajo, la foto a la obra, el escenario a la ciudad.
La seguridad, en cambio, trae gastos, y eso no se presume igual. El Chupón gobierna como quien organiza una feria de rancho cada mes.
La ciudad parece un calendario de fiestas patronales: mole un día, pozole al otro, chileajo la semana siguiente. El problema es que Huajuapan no come mole: Huajuapan está tragando miedo.
Y entre festival y festival, entre arco de seguridad y patrulla nueva, entre programa lúdico y casco obligatorio, la ciudad se hunde en una normalidad que nadie se atreve a nombrar: Vivir con miedo, sin demostrarlo. Vivir con muertos, sin contarlos. Vivir con crimen, sin interrumpir el show.
El informe es claro en su intención: Hacer creer que la ciudad avanza, que la violencia retrocede, que la paz se construye pintando canchas y dando pláticas. Claro que está bien pintar canchas. Pero las balas no se detienen con brocha. Ni los homicidas con Festi-Viales. Ni el crimen con una derrama económica de un millón seiscientos mil pesos en festivales.
Huajuapan no necesita otra fiesta. Necesita seguridad real. Necesita un alcalde que gobierne, no un productor de espectáculos. Necesita que el próximo año no sea un catálogo de pachangas mientras la gente entierra a sus muertos en silencio.
La fiesta sigue. La violencia también. El informe presume números. Las calles presumen cadáveres. Y si el gobierno municipal quiere saber en qué punto estamos, basta una frase:
Los huajuapeños ya dejaron de sorprenderse de la muerte. Ese es el verdadero dato. Y el más devastador de todos.
Los empresarios y comerciantes de Huajuapan lo dejaron por escrito, con firmas y fecha: el Ayuntamiento encabezado por Luis de León Martínez Sánchez está cobrando de manera ilegal, intimidando y clausurando sin facultades. no lo dice el Flechador. Lo dicen ellos. Por escrito. Con nombres, cargos y fecha.
El comunicado es contundente. No adjetiva: acusa. Los firmantes denuncian que los cobros indebidos se realizan a través de una supuesta “Coordinación de Fomento al Emprendimiento, Comercio e Inversión (COFECI)”, la cual —cito textual— “no existe en el organigrama del Ayuntamiento”, y cuyo titular “carece de facultades para realizar dichos cobros”.
Aun así, esa oficina fantasma amenaza, intimida y clausura.
El documento lo dice sin rodeos: “se ha procedido por parte de esta Coordinación a la intimidación y amenazas para el caso de que los comerciantes no accedamos a pagar las cantidades establecidas no por la ley sino por servidores públicos según su propio criterio”.
Más grave aún: “llegando incluso a ordenar una clausura a nuestros establecimientos careciendo los servidores públicos que lo ordenan de facultades para hacerlo”.
Y no fue cualquier negocio. Clausuraron una clínica médica, colocando sellos —palabras textuales— “como si se tratara de un bar de bebidas alcohólicas”.
El comunicado también señala directamente a Desarrollo Urbano por “realizar cobros excesivos sobre los permisos de anuncios luminosos sin que exista reglamentación al respecto”, dejando el pago “al arbitrio de la apreciación subjetiva del servidor público”.
No hay reglamento. No hay tabla. No hay legalidad. Hay cobro.
Por eso, los empresarios hacen un llamado explícito al Presidente Municipal Luis de León Martínez Sánchez, para que “tome cartas en el asunto” y ordene que estas conductas cesen.
Y aquí está la frase que retrata todo el sexenio municipal en una sola línea: “exigimos se respeten nuestros derechos y no se nos cobre como si se tratara de un cobro de piso y no de un impuesto sustentado por la Ley”.
Cobro de piso. No lo dice el Flechador del Sol. No lo dice la oposición. Lo dicen empresarios de Huajuapan, en un documento público. Pero hay un dato que vuelve todavía más turbia esta historia.
Horas después del estallido público, la Asociación de Hoteles y Moteles de la Región Mixteca salió a deslindarse de las denuncias por cobros arbitrarios. Dijo no saber nada, no haber autorizado nada y haber llegado ya a “acuerdos” con el Ayuntamiento.
El detalle incómodo es que esa asociación es del propio presidente municipal Luis “Chupón” Martínez y de su padre, el notario Luis de Guadalupe Martínez Ramírez.
Ni modo que Chupón se denuncie a sí mismo. Ni modo que su asociación proteste contra el cobro que él mismo impuso.
El deslinde no aclara nada. Confirma el patrón: quien se queja es castigado, quien se alinea negocia, quien firma paga, y quien gobierna cobra.
Si una oficina que no existe cobra, amenaza y clausura, alguien la protege. Si los cobros se hacen por encima de la Ley de Ingresos, alguien los autoriza. Si el dinero se exige sin reglamento, alguien se beneficia.
Y si una asociación ligada al presidente guarda silencio o se deslinda, el conflicto de interés es evidente. Aquí no hablamos de errores administrativos.
Hablamos de abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público y concusión, delitos que el propio comunicado pone sobre la mesa. El papel ya habló. Las firmas ya están. La fecha ya quedó.
Ahora la pregunta no es qué hicieron los empresarios. La pregunta es qué va a responder Luis “Chupón” Martínez. Porque cuando el gobierno cobra sin ley, cuando intimida para recaudar, y cuando se protege con sus propias asociaciones, el problema deja de ser administrativo. Es político. Es legal. Y es personal.
Vivirá poco quien no entienda lo aquí dicho, recuerde estimado ciberlector, la frase de la semana:
En política, las máscaras duran poco: al final, cada quien termina revelado por las huellas que dejó mientras creía que nadie miraba.
