Estimados ciberlectores, hay dependencias que operan en silencio… y hay otras que, cuando se les revisa, empiezan a hacer ruido. Hoy le toca al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), encabezado por Armando Contreras Castillo, operador político de largo kilometraje y, para muchos en el tablero oaxaqueño, actual enemigo declarado del gobernador Salomón Jara.
Nuestro reportero Sabueso, que cuando huele irregularidad no suelta el rastro, se metió a fondo en la Auditoría de Cumplimiento Forense 2024-1-11MDA-23-0235-2025, número 235, y lo que encontró no es menor ni matizable: 25 millones 901 mil 998 pesos pendientes por aclarar, derivados de la revisión a 951 millones 676 mil 800 pesos, prácticamente la mitad del presupuesto del programa de Educación para Adultos.
Aquí no hubo cortesía institucional. Hubo lupa, bisturí y seguimiento. Y cuando la ASF entra así, resulte y resalta que lo que aparece no son errores aislados… son patrones de operación.
Y el primero empieza sobre ruedas.
LOS VEHÍCULOS: CUANDO EL DINERO CAMINA… PERO LOS CONTROLES NO
Nuestro reportero Sabueso se detuvo en el contrato con Forza Arrendadora Automotriz, S.A. de C.V., porque ahí el expediente empieza a desordenarse.
Los datos, sin adjetivos, hablan solos:
• 24 vehículos no solicitados en el contrato, pero sí pagados: $6,876,944
• 23 vehículos no entregados conforme a lo pactado, sin aplicar penalizaciones: $1,792,912
• 39 vehículos sin evidencia documental de uso (sin bitácoras ni controles): $9,492,512
Más de 18 millones de pesos donde el dinero sí salió… pero la operación no se puede sostener documentalmente.
Y aquí viene el dato que ya no es administrativo, sino francamente incómodo: cuando la ASF intentó ubicar a la empresa, no la encontró.
En un domicilio ya no operaba. En otro, nadie la conocía. Pero los pagos sí se realizaron.
Además, el cruce con REPUVE reveló un esquema disperso: 112 vehículos a nombre de Forza, 39 a nombre de Jet Van Car Rental, S.A. de C.V., 2 a nombre de personas físicas y 29 sin información clara de propiedad.
Un esquema donde la trazabilidad no solo se complica… se pierde.
VOLUNTARIOS: CUANDO SE PAGA… PERO NO SE ACREDITA
Nuestro reportero Sabueso siguió avanzando y encontró otro punto delicado.
El Pliego de Observaciones 2024-1-11MDA-23-0235-06-004 dejó vivos 7 millones 739 mil 630 pesos, derivados de la falta de evidencia documental suficiente en actividades educativas realizadas por 445 Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio.
Y aquí no hay manera de suavizarlo. En Chiapas, 7 millones 723 mil 430 pesos sin respaldo suficiente. En Puebla, 7 mil 200 pesos. En el Estado de México, 9 mil pesos. Distintos montos… mismo problema: se paga primero… se comprueba después… si es que se puede.
La propia ASF advierte algo más grave: no existe homologación nacional en los mecanismos de comprobación, lo que abre la puerta a que cada entidad opere con criterios distintos.
Y ahí es donde el sistema deja de ser controlado… y empieza a ser permisivo.
IEPSA Y LOS PROVEEDORES: EL DINERO QUE SE MEZCLA
En otro frente, el INEA reportó pagos por 149 millones 5 mil 100 pesos a IEPSA, pero la ASF encontró señales de alerta: subcontratación por encima de lo permitido, mezcla de recursos en cuentas que impiden identificar el destino del dinero, y pagos en 2025 por compromisos de 2024 sin provisión contable clara.
Además, aparecen nombres que no pasan desapercibidos:
• TBS Logistics Services, S.A. de C.V.,
• Grupo Editorial Disal, S.A. de C.V.,
• Sagaprint, S.A.S. de C.V.,
y contribuyentes identificados como personas físicas.
En algunos casos, el SAT reportó inconsistencias fiscales o ausencia de declaraciones, lo que llevó a la ASF a promover revisiones formales.
Aquí ya no es un error… es un sistema que no logra sostener su propia claridad.
ARMANDO CONTRERAS: TRAYECTORIA, PODER… Y CONTRADICCIÓN
Y en medio de todo esto está Armando Contreras Castillo. Su trayectoria política es larga y documentada. Fue senador suplente de Salomón Jara en la LXI Legislatura (2009–2012) bajo las siglas del PRD; posteriormente migró a Morena, donde fue diputado federal en la LXIV Legislatura (2018–2021) por la vía plurinominal y nuevamente diputado en la LXV Legislatura (2021–2024).
Es decir, conoce el poder desde dentro. Pero en Oaxaca, su historia reciente no es de alineación… sino de ruptura, de venganza.
Porque aunque en el papel pertenece al mismo proyecto político, en los hechos ha construido una ruta propia, muchas veces en contrapeso al grupo del gobernador Salomón Jara, acercándose a actores desplazados, operadores incómodos y figuras recicladas del viejo sistema conservador, como el caso de la Telesa, la hembla mala.
Un perfil que no solo mal administra una institución… sino que juega en varios tableros al mismo tiempo. Y ahí es donde aparece la contradicción.
Porque mientras se proyecta como operador con cercanía al poder central, la institución que encabeza ya tiene una auditoría forense con millones sin aclarar y observaciones vigentes.
Estimado ciberlector, aquí no estamos frente a un escándalo, estamos frente a algo más delicado: una estructura que permite que esto pase.
Vehículos sin control, pagos sin evidencia suficiente, proveedores que no aparecen y registros que no coinciden.
Todo dentro de un programa social que, en teoría, debería ser de los más cuidados del gobierno federal, pero a Armando Contreras parece que eso no le importa.
Porque esto ya no se trata de que este becario explique cifras… se trata de explicar decisiones. Sus malas decisiones que permitieron que el dinero fluyera sin control suficiente. Decisiones que hoy están documentadas.
Y decisiones que, tarde o temprano, tendrán que tener un responsable.
Porque cuando el dinero público no se puede seguir con claridad… lo que queda no es duda. Es evidencia.
Desde la Cuenca del Papaloapan, nuestro reportero Pi-ñero nos suelta el dato que ya anda corriendo en corto: un conocido funcionario de la llamada primavera oaxaqueña se deja ver cada vez con más frecuencia por esos rumbos.
Y como aquí no nos quedamos con la duda, nuestro reportero se puso a investigar el motivo de tantas visitas… y ¡sorpresa! Resulta y resalta que el secretario anda estrenando nada más y nada menos que un vasto y muy bonito rancho ganadero.
¿Qué tal el tío?
Sí, estimados ciberlectores, bien dicen que el dinero y el amor no se pueden esconder… y en este caso, menos cuando el rancho es nuevo y las visitas constantes.
Y desde este lavadero surgen las preguntas incómodas:
¿Quién pompó?
¿Ranchito, quién pompó?
Porque mientras el funcionario presume nueva propiedad, el campo oaxaqueño, ese que debería estar atendiendo, sigue en el abandono, esperando apoyos que nomás no llegan.
Por si fuera poco, en los pasillos también se comenta otro detallito: que en esa Secretaría quien realmente manda y decide… no es él.
Pero bueno, no diremos más.
Ahí les van las pistas:
Pista uno: su señora esposa es quien ordena y dispone en la Secretaría.
Pista dos: el campo oaxaqueño sigue olvidado.
¿Ya lo ubicaron?
Exacto, estimado ciberlector… Víctor López Leyva, titular de la SEFADER.
Porque en Oaxaca, mientras el campo se seca… hay quienes sí están cosechando, y bastante bien.
Un beneficiario más del “bienestar”…
De pena ajena lo de Carlos Díaz, presidente municipal de Ejutla de Crespo, aquel que andaba prófugo de la “villa Pitufina” y que hoy se viste de defensor de la 4T.
Este mozalbete (unto con su familia) terminó convertido en lo mismo que tanto criticó. Porque no solo no sueltan el poder municipal… tampoco las diputaciones plurinominales. El negocio familiar, pues.
Y mientras en Ejutla la gente sigue esperando obras y resultados, el alcalde decidió cambiar de estrategia: ahora anda en modo influencer. Sí, como se lee. Entre videos, ocurrencias y promoción de nieves y salchichas típicas, quiere hacerle competencia a Mario Come… porque gobernar, lo que se dice gobernar, eso ya es otro tema.
Una familia completamente desconectada de la realidad, pero aferrada al poder a horca y cuchillo. Y lo más interesante: ahora bajo el cobijo del morenismo, donde (dicen) la fortuna también ha sabido crecer bastante bien.
Tantita vergüenza… pero de esa ya no hay en existencia.
Porque si algo queda claro es que en Ejutla no gobiernan… administran su permanencia.
Pero ojo, porque el 2027 ya está tocando la puerta… y dicen que los Díaz se van a llevar una sorpresa.
La pregunta no es si caerán… sino quién será el Judas que los entregue.
En Oaxaca, según reportes oficiales, más de medio millón de adultos mayores reciben apoyo económico a través del programa para personas de 65 años y más. Hasta ahí, todo bien.
Pero nuestra reportera de la senectud nos suelta el dato incómodo: entre quienes acuden puntualmente a retirar su dinerito en el Banco del Bienestar, no solo hay personas que realmente lo necesitan… también aparecen varios que en su momento ya hicieron negocio desde distintos cargos públicos.
Sí, de esos que pegaron con la derecha… y hoy cobran con la izquierda.
Jejeje.
Así que, estimados ciberlectores, aquí les presentamos una galería bastante peculiar: personajes que, pese a haber pasado por el poder, hoy siguen formados en la fila del apoyo gubernamental.
Porque en Oaxaca, al parecer, jubilarse del cargo… no significa dejar de cobrar.
Nuestra reportera Matasanos se fue a revisar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, porque en este país al gobierno le encanta decir que “atiende las causas”, pero cuando uno abre la chequera oficial descubre que muchas causas se atienden con discurso y muy poquitos billetes. El gasto neto total aprobado para 2026 fue de 10.19 billones de pesos. De ese tamaño es el pastel. Y dentro de los grandes rubros, Bienestar se llevó 674 mil 510 millones, Educación 523 mil 858 millones, Energía 267 mil 439 millones, Agricultura 75 mil 836 millones y Salud 66 mil 825 millones. O sea: dinero sí hay, prioridades también; el asunto es dónde se nota y dónde nomás se promete.
Ahora vayamos al punto incómodo, ese que no luce en la mañanera ni cabe tan bonito en el boletín institucional. En el programa presupuestario más directamente vinculado con este tema, el que hasta 2025 aparecía como E025 Prevención y atención contra las adicciones y que en 2026 cambia a E032 Servicios de atención a la salud mental y prevención de las adicciones, el propio análisis legislativo reconoce que hubo una caída en 2025 y que para 2026 apenas se “recupera” alrededor de 1% nominal, sin considerar inflación.
Traducido al español de banqueta: no estamos frente a una apuesta fuerte, sino ante una raspadita presupuestal para que no se vea tan feo el tijeretazo previo. Más aún, ese mismo documento advierte que en los últimos años ha habido reducciones que afectan al sector y que la recuperación prevista para 2026 es mínima.
Y si en vez del programa vemos a la institución más relacionada con el tema, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), la postal tampoco es para presumir. El análisis del Sistema de Información Legislativa señala que, tras el reacomodo institucional de 2024, los recursos de la CONASAMA disminuyeron en 2025 y vuelven a bajar para 2026, acumulando una reducción cercana al 10% nominal entre ambos años.
Además, precisa que, para 2026, el gasto en salud mental considerando solamente los recursos asignados a esa comisión representará 3.19% del gasto programable del Ramo 12 Salud. Es decir, ni siquiera dentro del sector salud estamos hablando de un músculo presupuestal robusto; estamos hablando de una esquina del presupuesto. Una esquina importante, sí, pero esquina al fin
Y aquí viene la pregunta que nuestra reportera Matasanos deja sobre la mesa, sin anestesia: ¿cómo piensa el gobierno atender una crisis que crece si el presupuesto apenas respira? Porque los hechos no esperan a que Hacienda tenga un arranque de sensibilidad. Apenas en marzo de 2026, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, un alumno de 15 años asesinó a tiros a dos maestras, María del Rosario Sagrero y Tatiana Madrigal, dentro de la preparatoria donde trabajaban.
De acuerdo con reportes periodísticos, el ataque fue directo; el menor habría ingresado con un rifle de asalto, y antes del crimen difundió un video mostrando el arma. El caso fue leído por especialistas no como un hecho aislado y misterioso, sino como parte de una combinación explosiva: acceso a armas, violencia normalizada, radicalización digital y abandono institucional de adolescentes que llevan rato gritando en silencio.
De hecho, tras ese caso, la propia presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el suceso debía atenderse “de manera integral” y anunció un programa en escuelas para dar atención a la salud mental en secundaria y educación media superior. El anuncio suena correcto; el problema es que el presupuesto suena tacaño. Porque una cosa es reconocer públicamente que hay que actuar y otra muy distinta es poner sobre la mesa recursos suficientes, permanentes y bien distribuidos para prevención, detección temprana, atención psicológica, acompañamiento comunitario, intervención escolar y seguimiento familiar. Si el diagnóstico ya está en Palacio, pero la bolsa sigue flaca, entonces estamos ante la vieja costumbre mexicana de querer apagar incendios emocionales con un vaso de agua y un comunicado.
El fondo del asunto no es solo cuánto subió o bajó una línea contable, sino lo que eso revela políticamente. El gobierno federal podrá decir, con tecnicismo en mano, que no hubo un recorte brutal en 2026 frente a 2025 en el programa principal y que incluso hay una ligera recuperación. Y sí, en la contabilidad más cómoda eso es defendible. Pero en la realidad de las escuelas, las familias, los hospitales y las comunidades, esa “recuperación” luce más como maquillaje que como estrategia. Porque cuando un rubro viene rezagado, subirle una pizca no equivale a resolver el problema; equivale, apenas, a impedir que la omisión se vea tan descarada.
Estimado ciberlectror, México ya no puede seguir tratando la salud mental como tema de foro, de efeméride o de condolencia oficial después de la tragedia. Si el presupuesto 2026 refleja la jerarquía real de las prioridades, entonces el mensaje es clarísimo: el Estado reconoce la crisis, la comenta, la lamenta, la diagnostica… pero todavía no la financia a la altura del tamaño del problema. Y ahí está el verdadero retrato de este gobierno: mucha sensibilidad declarativa, mucho “vamos a atender las causas”, pero cuando toca abrir la cartera, a la salud mental le siguen dando asiento de copiloto.
Y luego se preguntan por qué el país se les está rompiendo por dentro.
Nuevamente, en la tierra de María Sabina, los tambores de guerra volvieron a sonar… y no precisamente por fiesta.
En Huautla de Jiménez, los perredistas ya hablan de revancha. Acusan a los morenistas de haberle arrebatado (dicen ellos, “a la mala”) la presidencia municipal a David García Martínez, encendiendo un conflicto que ya no es solo político… sino también legal.
Entre recursos jurídicos, grilla de alto calibre, jalones de trenzas y hasta amenazas entre ambos bandos, el ambiente en esta localidad mazateca se ha tensado peligrosamente. Y ojo, porque la agenda de riesgos aquí no es menor… ni para subestimarse.
La pregunta que flota en el aire es directa:
¿Volverá David García a sentarse en la silla municipal… o tendrá que resignarse a terminar su periodo fuera, amarrado por lo legal?
Y mientras eso se resuelve en tribunales y en lo oscurito, otra incógnita se cocina a fuego lento rumbo al 2027:
¿Tendrá Morena un operador con suficiente músculo político para ganarle al amarillo… o el PRD seguirá dando pelea en su propio terreno?
Porque en Huautla, esto no ha terminado… apenas está comenzando.
Esta semana (y concretamente la madrugada del viernes) el sindicato de burócratas, mejor conocidos como los “Godínez”, y el Gobierno del Estado llegaron a un acuerdo de incremento salarial en una negociación que muchos califican como fast track… o “rapidita”, para quienes no mastican el zapoteco.
Una negociación exprés que, según el discurso oficial, implicó días santos y hasta fines de semana de “arduo trabajo” por parte del comité ejecutivo en favor de la base (inserte aquí risas grabadas). Pero mientras la dirigencia echaba las campanas al vuelo, la realidad en la base es otra: inconformidad, molestia y sensación de engaño.
Y no es para menos. En tres rubros clave (salario base, PSM y tabulador) el sindicato llegó pidiendo el 165%. Sí, ciento sesenta y cinco por ciento. Una cifra que hace pensar si lo que fumaron era natural o sintético. Porque al final, la “gran negociación” terminó en un raquítico 4.7% al salario base y 3.5% al PSM. Ni siquiera rozaron el 10% de lo que exigían.
Del tabulador, mejor ni hablar. Ese lleva más de una década enterrado desde que según recuerdan los propios trabajadores fue entregado en bandeja de plata durante los tiempos de Juan Rosas, alias “cara de papa”, en la administración de Gabino Cué, bajo el argumento de que “ya ganaban mucho”.
Hoy, la nostalgia pega duro: antes bastaba el aumento al salario mínimo para que los burócratas lograran incrementos cercanos al doble. Hoy, con aumentos nacionales del 15%, apenas rascan un 4.7%. Esa es la columna vertebral de una negociación que, dicen muchos, ya estaba planchada desde antes de empezar.
Y aquí entra el ingrediente político-sindical: la secretaria general, Carmen Zárate, señalada por varios como de “mecha corta”, habría cobrado factura luego de que delegados pocos, pero aún con dignidad, le tumbaran una jugada clave: la imposición de un monedero electrónico disfrazado de prestación mensual que olía más a negocio que a beneficio.
La respuesta no se hizo esperar. A partir de la próxima quincena, los trabajadores enfrentarán un golpe directo al bolsillo: incremento en el ISR que, en los hechos, pulverizará el supuesto aumento. Un ajuste que nadie sabe explicar con claridad, pero que todos sentirán.
¿Y qué dejó la negociación?
70 pesos mensuales en prestaciones, 267 anuales, 35 bases nuevas (de esas que luego desaparecen), 105 cadenas de renivelación y un día y medio más de aguinaldo. El resto: beneficios opacos, consultorios que nadie usa y capacitaciones que (dicen) solo sirven para hacerle la chamba al patrón.
El descontento estalló ese mismo viernes. Delegaciones sindicales se concentraron en el edificio para rechazar el acuerdo y exigir explicaciones. Pero, fiel a la costumbre, el comité “no ejecutivo” brilló por su ausencia. Eso sí, prometieron volver el lunes… no para dialogar, sino para cobrar facturas.
Mientras tanto, la presión laboral ya empezó a rodar cabezas. En el DIF, cayó un funcionario menor Jadiel López Coheto, tras incumplir acuerdos, no por acción sindical, sino por presión directa de la base. Caso similar ocurrió en el Registro Civil, donde un conflicto paralizó la dependencia casi tres semanas, con una dirigencia ausente.
Pero lo más grave apenas asoma.
Dentro del sindicato se cocina un escándalo que huele a fraude mayor. Cuando parecía que la venta de plazas era cosa del pasado, ahora surge un nuevo esquema: créditos a “fondo perdido” que terminaron siendo una trampa financiera.
El modus operandi: ofrecían hasta 300 mil pesos, regalaban supuestamente el 10% y el resto se canalizaba a la fundación “México de mil colores”. Los descuentos llegarían vía nómina, a través de CONSUPAGO, pero la promesa era que la fundación devolvería esos pagos. Pero… nunca pasó.
Hoy, decenas de trabajadores descubren que no recibirán nada y que terminarán pagando casi un millón de pesos por créditos que jamás existieron como se los vendieron. Cinco años de descuentos… y quincenas prácticamente en ceros.
De la fundación, por cierto, nadie sabe nada. No tiene domicilio fiscal en Oaxaca.
Y mientras siguen apareciendo víctimas, dentro del propio sindicato ya lo dicen en voz baja, pero cada vez más fuerte:
Esto no es un caso aislado. Esto pinta para convertirse en el nuevo Watergate sindical.
Nuestra reportera fanática a la Green nos cuenta que en la SEMABIESO hay un talento que ya debería ser patrimonio cultural inmaterial de Oaxaca: el de hacer mucho evento para que parezca que pasa mucho… aunque el río siga oliendo igual.
Porque una cosa es organizar mesas, sesiones informativas, recorridos, fotos con autoridades y postear todo en redes como si se estuviera refundando la política ambiental del estado. Y otra, muy distinta, es mostrar que el agua deja de estar cochina, que las descargas bajan, que los tiraderos se eliminan y que las sentencias ambientales se cumplen de verdad.
Y ahí es donde el asunto se le empieza a enredar a la titular de la secretaría, Karime Unda Harp, mejor conocida por los chairos como Betty Karime Unda Pinzón.
Resulta y resalta que el 9 de febrero, el gobierno estatal armó una sesión informativa sobre el saneamiento de los ríos Atoyac y Salado. Ahí se dijo que se han destinado más de 237 millones de pesos en infraestructura para saneamiento, limpieza y recuperación; que la SIC metió más de 34 millones entre 2023 y 2025 para afinamiento de taludes y limpieza en tramos del Atoyac; y que el gobierno impulsa una estrategia “integral” para rescatar ambos afluentes. Todo muy bonito en el discurso, con cifras de esas que lucen “retechulas” en mampara y comunicado.
Pero ya entrados en confianza, estimado ciberlector, conviene ponerle tantita agua fría al caldo. Porque a esa reunión no se le vio precisamente llena de las voces que han empujado durante años la defensa real de los ríos: académicos, científicos, universidades, colectivos y sociedad civil organizada. Y eso no es detalle menor.
Porque cuando el problema ambiental es de décadas, excluir a quienes lo han estudiado, litigado y denunciado se parece más a control de escenario que a participación genuina.
Y mientras desde el templete se hablaba de coordinación institucional, Litigio Estratégico Indígena salió el 28 de febrero, en un foro de la Suprema Corte, a poner el dedo en la llaga: denunció que las sentencias que ordenan el rescate de varios ríos oaxaqueños —Atoyac, Salado, Papaloapan Mixteco, La Arena de los Perros y Río Tehuantepec— no se han cumplido de manera efectiva. O sea: en Palacio se habla de avance, pero en la cancha jurídica siguen diciendo que del dicho al hecho todavía hay un buen trecho.
Y por si eso fuera poco, Litigio Estratégico ya venía empujando el tema desde antes. En abril de 2025 informó que supervisó el cumplimiento del amparo 621/2016 sobre el río Atoyac y pidió más transparencia y acelerar los trabajos de remediación. Es decir, no estamos frente a una demanda nueva ni frente a una ocurrencia de último minuto; estamos hablando de años de rezago, litigio y jaloneo institucional.
Entonces la pregunta brinca sola: si el problema lleva años judicializado y si incluso a finales de febrero seguían denunciando incumplimiento, qué tanto sanean estas sesiones informativas y qué tanto solo sirven para que la secretaria figure, sonría, regañe y salga en la foto.
Porque, para acabarla de amolar, en esa reunión del 9 de febrero también hubo numerito interno. Según lo que me compartiste, la secretaria se lanzó contra Rafael Barzalobre Gerónimo, jefe del Departamento de Ordenamiento Ecológico y Manejo Ambiental del Agua, por un tema de información no enviada a la diputada saltarina y ex priista Lizbeth Concha Ojeda. Él respondió que sí se había remitido. Y ahí, más que reunión de saneamiento, aquello empezó a parecer función de “a ver a quién le cargo el muerto”.
Lo curioso, dicen dentro de la propia dependencia, es que no siempre el jalón de orejas sube hasta donde realmente debería subir. Ya se sabe que en algunas oficinas el problema no es quién se equivoca, sino quién cae mejor y quién es del primer círculo.
Después vino el 20 de febrero, ahora con la sesión informativa sobre el río Los Perros, en Asunción Ixtaltepec.
Ahí el gobernador anunció 200 millones de pesos para el saneamiento del afluente y reconoció un diagnóstico que, en cualquier lugar serio, habría obligado a encender focos rojos desde hace mucho: de 7 plantas de tratamiento solo funciona 1, hay 43 descargas residuales, 101 tiraderos de basura, 45 taponamientos y 50 invasiones de zona federal. Además, se dijo que estas acciones derivan del cumplimiento de los amparos 437/2022 y 730/2022, firmándose un convenio en septiembre de 2025.
O sea, para decirlo sin tanta vuelta: el río está hecho un santo despapaye, pero en lugar de que esa realidad provoque un sacudidón en la dependencia, la respuesta vuelve a ser la de siempre: mesa, discurso, listado de problemas, anuncio millonario y aplauso institucional.
Estimado ciberlector, del 20 de febrero a la fecha, ya pasó tiempo suficiente para una cosa: medir si después del evento hubo algo más que difusión y presencia en redes. Y lo que hoy se ve, al menos en la conversación pública y en las denuncias que siguieron saliendo, es que la narrativa oficial siguió fuerte, pero la exigencia ciudadana también. No se instaló de pronto la idea de “ya se resolvió”, sino más bien la percepción de que siguen administrando el problema a punta de reuniones. O sea, puro jarabe de pico y el río nomás no aclara.
Y es que el punto delicado con Betty Karime no es solo si hace o no hace eventos. El punto es para qué los usa. Porque una lectura que ya corre en más de un pasillo es que la secretaria anda en plena operación de supervivencia política: mantenerse visible, mostrarse activa, no soltar reflectores y evitar que la cuerda floja se reviente.
Por eso no pasó desapercibido que, además de las sesiones, empezaran a circular imágenes y relatos de comisiones, recorridos, acompañamientos, avistamientos y paseos con el grupito consentido, incluida la famosa ahijada y algunos pichones que parecen vivir más en modo comisión turística que en modo crisis ambiental.
Y sí, ya sabemos que el medio ambiente también se trabaja en territorio. El problema es cuando el territorio se parece más a tour con viáticos que a resultados reales.
Mientras tanto, los ríos siguen cargando lo suyo. Y la gente que vive cerca de ellos, también.
Que alguien le diga a Karime que se sanea con obras funcionando, con plantas de tratamiento operando, con descargas controladas, con municipios obligados a cumplir, con vigilancia técnica, con participación real de sociedad civil y con seguimiento verificable. Y si además hay sentencias de amparo de por medio, se sanea cumpliendo la ley, no administrando la simulación.
Porque si algo dejó claro el dato de Litigio Estratégico es que el reclamo ya no va solo por “falta de atención”. Ahora va por falta de cumplimiento efectivo. Y eso ya pega distinto.
Así que, estimado ciberlector, a estas alturas la pregunta no es cuántas sesiones informativas más van a organizar.
La pregunta es otra: ¿cuándo van a dejar de vender el rescate de los ríos como si fuera evento… y lo van a empezar a tratar como la emergencia ambiental, sanitaria y política que realmente es?
Porque el Atoyac, el Salado y Los Perros no necesitan más simulación. Necesitan que alguien deje de jugar a la secretaria de la Green y se ponga, ahora sí, a hacer la tarea.
Y una muestra más que en Oaxaca la política medioambiental de la Secretaría de Karime Unda es únicamente con proyectos que dejen presupuesto para la bolsa de la titular y sus pichones así como sacar una fotografía, el gran problema de la presa Yosocuta para ella no existe. No ha dicho ni pío, no se ha presentado para limpiar, y manchar sus patitas.
Nuestro reportero Flechador de sol, asegura que Karime jamás va hacer algo para proteger verdaderamente el medio ambiente, o sea ni esperen que pueda ir a sacar una botellita o una basura de esa presa, eso es mucho trabajo y no hay dinero para ello, por lo cual dicen las lenguas viperinas que en el Ayuntamiento de Huajuapan de León la realidad se ha partido en dos. Y no es una simple contradicción administrativa; es algo mucho peor y más perverso. Es como si existiera una versión oficial, firmada con el cinismo del gobierno municipal de Luis “Chupón” Martínez, y una versión médica, que es la que verdaderamente grita la sangre de sus trabajadores.
La historia de hoy no se cuenta con chismes, se cuenta con estudios de laboratorio en la mano. Documentos que desarman la farsa de la administración municipal y confirman el peligro letal que representa el agua podrida de la presa Yosocuta.
Vamos primero con la parte que incomoda al Ayuntamiento: lo que dicen los estudios. La citometría hemática de un trabajador municipal no susurra, grita. Los resultados arrojan unos leucocitos disparados a 21,900 /µL, es decir, más del doble del límite normal. Cualquiera que sepa un mínimo de medicina entenderá que esto no es estrés ni cansancio de oficina: es una respuesta agresiva del cuerpo ante una infección o inflamación severa.
Pero ahí no acaba el horror biológico. Los neutrófilos están en 17,301 /µL y presentan “granulación tóxica”. Ojo aquí, porque este no es un simple adorno técnico de los laboratoristas. La granulación tóxica es la señal inequívoca de que el organismo está peleando a muerte contra algo muy serio, generalmente infecciones bacterianas importantes. Dicho sin rodeos: el sistema inmune del trabajador está en modo guerra.
A esto se le suma una glucosa de 165 mg/dL, una elevación que puede ser reacción al estrés físico agudo o parte del mismo cuadro inflamatorio, y un ácido úrico de 6.60 mg/dL, indicio claro de un desequilibrio metabólico grave. Para rematar, el propio hospital prescribe un antibiótico fuerte: cefalexina. Ningún médico que se respete receta antibióticos “por si acaso”; se hace cuando hay una sospecha clara y latente de infección.
Y ahora, pasemos a la parte cómoda: la versión del Ayuntamiento.
Frente a este cuadro clínico alarmante, el servicio médico municipal, en un acto de complacencia burocrática o de ceguera intencional, le otorgó al empleado una incapacidad de apenas dos míseros días. ¿El diagnóstico oficial en su papelito? “Contractura muscular / Lumbalgia / Ciática”. Nada más. Un diagnóstico que suena limpio, inofensivo, casi cotidiano. Como si el cuerpo del paciente fuera solo una bisagra mal aceitada por hacer un esfuerzo físico barriendo o cargando papeles, cuando en realidad sus células estaban encendiendo todas las alarmas internas.
La antítesis delata el encubrimiento. Por un lado, tenemos un cuerpo con leucocitos disparados, neutrófilos tóxicos y necesidad urgente de antibióticos. Por el otro, un papel burocrático que reduce todo a un simple dolor de espalda. Es como llamar “llovizna” a un huracán categoría 5, con la trágica diferencia de que aquí lo que se está minimizando no es el clima, sino la vida y la salud de un trabajador municipal.
Estos no son los únicos estudios que existen por parte del personal del Ayuntamiento. Hay más, pero ninguno se anima a hacerlos públicos ya que pueden perder su trabajo y ser despedidos sin ninguna indemnización. Estos documentos fueron tomados de una publicación que hizo el reportero “Chino” Corro, a quien se los hicieron llegar de forma anónima.
La protección de esta información por parte de las autoridades es bastante estricta, pues para el presidente es más importante su próxima candidatura que la salud física de los empleados. Son trabajadores que no descansan; si no están en las oficinas, están en la presa Yosocuta los 365 días del año. Con esta apretada de tuercas que el presidente le hace a sus “esclavos” municipales, la situación es insostenible. Los mismos trabajadores no lo han querido decir en voz alta, pero les hace falta un Miguel Hidalgo que decrete la abolición de esta esclavitud moderna.
¿Prueba este papel, por sí solo, que el origen de la infección es el agua contaminada de Yosocuta? No de manera directa. Pero sería profundamente ingenuo, o políticamente muy conveniente, ignorar el contexto. Tenemos meses denunciando la exposición prolongada de los trabajadores a esa agua de dudosa calidad en los inútiles “tequios” del Chupón; tenemos casos comunitarios de enfermedad, y ahora, un cuadro infeccioso severo documentado médicamente.
Esto no es una prueba aislada. Es una pieza más en un rompecabezas que empieza a formar la imagen más incómoda para este gobierno. En el palacio municipal no están falseando los estudios; están haciendo algo mucho más sofisticado y cruel: los están ignorando. Toman un cuerpo que grita infección y lo convierten, en su papel oficial, en una simple contractura.
¿Por qué? Porque reconocer la gravedad implicaría abrir las preguntas que al presidente municipal le aterra contestar: ¿de dónde viene la infección?, ¿qué están respirando, bebiendo y absorbiendo los trabajadores en la presa? Y esas preguntas, al igual que las bacterias de Yosocuta, se expanden rápido y ya son imposibles de controlar.
Para que quede claro ante todos los huajuapeños y ante las autoridades que prefieren mirar hacia otro lado: No es una contractura: es un sistema inmune disparado, documentado y tratado con antibióticos. Lo demás es maquillaje administrativo.
Nos asegura nuestro reportero en la Mixteca, el Flechador del Sol, que la congruencia en el Ayuntamiento de Huajuapan dura lo mismo que una borrachera. Hace unos días, el presidente municipal Luis Martínez, mejor conocido como el Chupón, presidió una actividad relacionada con la diosa Centéotl. Un evento que, en teoría, rinde homenaje a la tierra, a la raíz y al respeto por la naturaleza. Y para estar a tono con el discurso ecologista, el alcalde había bajado una orden tajante para todos sus empleados.
La instrucción era estricta y sin margen de error: está rotundamente prohibido que los trabajadores del Ayuntamiento tomen agua en botellas de plástico. La justificación oficial, dictada desde su pedestal, es que los empleados son gente descuidada que tira sus basuras en la calle, y que esos envases, con las lluvias, terminan arrastrados hasta la agonizante presa Yosocuta. Por lo tanto, el mandato obligaba a toda la nómina a hidratarse exclusivamente en vasos de vidrio o jarritos de barro. Una medida que sonaría muy noble si no viniera cargada de desprecio y, sobre todo, de hipocresía.
Llegó el día del evento de la diosa Centéotl. La gente cercana al presidente cuenta que la noche anterior debió ser bastante alegre, porque el alcalde llegó arrastrando una cruda monumental. Y claro, cuando la resaca aprieta, los discursos ecologistas estorban.
Frente a todos, en pleno evento público y saltándose su propia regla de oro, el presidente tuvo que aferrarse a una botella de plástico comercial para mitigar la sed que lo consumía. Ahí estaba, a la vista de todos, con el envase prohibido en la mano.
Aquí es donde uno se pregunta cómo es posible que se exijan sacrificios al trabajador mientras el que manda no puede sacrificar ni su comodidad para curarse los excesos de la noche anterior.
Al ciudadano y al empleado se les castiga, se les insulta llamándolos cochinos y se les responsabiliza por la contaminación de Yosocuta. Pero al presidente, la ley ambiental se le perdona por prescripción médica de una resaca. En Huajuapan la ecología es obligatoria para los de abajo, pero totalmente opcional para el alcalde cuando tiene la garganta seca.
Vivirá poco quien no entienda lo aquí dicho, recuerde estimado ciberlector, la frase de la semana:
En política, los favores llevan factura y vencimiento.
