Nuestra Reportera Come Cuando Hay llegó a Santiago Matatlán, cuna mundial del mezcal, no porque hubiera fiesta (que siempre la hay), sino porque desde el 1 de enero de 2026, día en que Juan José Méndez León Jiménez tomó protesta como presidente municipal, el ambiente traía más espuma que celebración. Y no era por el mezcal: era por la desconfianza.
Estimado ciberlector en Matatlán no basta con ponerse la banda. Aquí el poder se gana caminando, sirviendo y cumpliendo. Y por eso desde el arranque hubo inconformidad. Pobladores que impugnaron la elección no lo hicieron por capricho, sino por una razón de fondo: Juan José Méndez León no ha cumplido con todos los servicios comunitarios que se exigen cuando el municipio se rige por Sistemas Normativos Internos, ese modelo donde el cargo no se compra con votos ni discursos, sino con trabajo previo en beneficio del pueblo.
El detalle no es menor. En estos sistemas (antes llamados usos y costumbres) se espera que quien aspire a gobernar haya cumplido cargos, tequios y responsabilidades comunitarias, además de vivir de forma constante en el municipio. Y ahí vino el segundo ruido: Méndez León no residió durante años en Santiago Matatlán, pues, todo mundo sabe que vivió en el extranjero atendiendo empresas heredadas por su padre ya fallecido. Regresó a su tierra natal apenas tres meses antes de la elección, como un junior que vuelve cuando el poder ya está servido.
Pero nuestra reportera Come Cuando Hay, sabe que el pasado siempre regresa cuando el presente da poder. Así que vamonos al su expediente negro.
En 2015, Juan José Méndez León fue Director General del Banco Estatal de Tierras (BET), en Puebla, fideicomiso paraestatal sectorizado a la Secretaría de Finanzas y Administración. Un cargo menor no era: el Banco Estatal de Tierras administra, compra, vende y regulariza reservas territoriales del Estado. Tierra pública. Tierra sensible.
Aquella administración no pasó desapercibida. Al contrario. Fue señalada por el escándalo de la recompra de aproximadamente 1.67 hectáreas, movimientos financieros irregulares y observaciones que obligaron a ajustes posteriores en los estados financieros.
A eso se sumaron señalamientos por desvío de recursos y lavado de millonarias ganancias, obtenidas a través de la compra-venta de tierras ejidales en el estado de Puebla, utilizando constructoras como intermediarias.
El destino final de esas tierras: operaciones vinculadas al megaproyecto de la automotriz AUDI. La llamada “trama Audi” no es leyenda urbana: es una herida abierta en la historia reciente del manejo de tierras. Aquí les dejamos un link de los estados financieros, y un artículo de opión que da detalles.
https://cuentapublica.puebla.gob.mx/images/doc_cuentapublica/Entes1/15_BANCO_ESTATAL_DE_TIERRA/Notasalosestadosfinancieros.pdf
Con ese antecedente, el miedo del pueblito noble y sabio de Matatlán no es paranoia, es memoria. Aquí la tierra no es negocio: es sustento. Es el agave que da de comer a las familias. Por eso hoy se escucha una preocupación clara entre los pobladores: temor a que el municipio sea saqueado, temor a que las tierras se vendan de forma ilegal, temor a que la historia se repita, pero ahora con oficina municipal.
Y como si el pasado no bastara, el presente tampoco tranquiliza. A once días de haber tomado posesión, Juan José Méndez León no ha permitido que su cabildo integre a su propio personal de confianza, pero él sí se rodeó de cinco asesores impuestos directamente por él. El rumor interno es que no hay equipo, no hay decisiones colegiadas y no hay escucha. Que su trato es prepotente, que el pueblo “le queda chico” y que a sus propios concejales los reduce a espectadores. Gobierno sin equipo no es gobierno: es capricho con sello oficial.
Solo una regidora —la de Obras— habría optado por el silencio y la obediencia. ¿La razón? En el pueblo se comenta que su hija, la cantante originaria de Santiago Matatlán, Paola Hersan, asumirá la dirección del DIF municipal. Nadie cuestiona su origen ni su carrera artística; lo que se cuestiona es el mensaje. Porque el DIF no es escenario, ni premio, ni pago político. Es una institución clave para la atención social. Y cuando se percibe que un cargo se entrega como moneda de cambio, la credibilidad se cae antes de que empiece el aplauso.
Y aquí es donde la historia deja de ser rumor y se convierte en foco rojo. Porque en municipios regidos por Sistemas Normativos Internos, la ley es clara. El artículo 25 apartado A de la Constitución de Oaxaca y la legislación electoral estatal establecen que no basta con ganar una elección: se debe acreditar residencia efectiva, cumplimiento de servicios comunitarios y legitimidad ante la asamblea. Cuando eso no ocurre, las impugnaciones proceden y los tribunales pueden anular la elección, ordenar la reposición del proceso o desconocer al presidente municipal, incluso después de haber asumido el cargo. No es amenaza: es criterio jurídico reiterado.
Por eso lo que hoy se vive en Santiago Matatlán no es un berrinche político, es una cuenta regresiva. Hay inconformidad documentada, hay señalamientos que huelen a negocio, hay decisiones tempranas que no construyen gobierno sino blindaje, y hay un pueblo que no olvida ni se deja. Matatlán no es territorio dócil: es tierra brava, de gente que ha defendido su mezcal, su tierra y su autonomía a pulso, incluso contra el dinero y el poder.
La pregunta no es si habrá conflicto, sino cuándo y hasta dónde. ¿Va a pesar más el capital y los antecedentes? ¿O va a pesar más la asamblea, la memoria y la ley comunitaria? ¿Se va a imponer el escritorio o el tequio? ¿El negocio o el pueblo?
Nuestra Reportera Come Cuando Hay, bajando la voz porque aquí ya no hace falta gritar: en Santiago Matatlán el poder puede comprarse, pero la legitimidad no. Y cuando un gobierno nace sin raíz, cualquier chispa —jurídica o social— puede prender la mecha.
La bomba está ahí. Solo falta saber quién se atreve a encenderla… o a desactivarla. Por cierto, dicen que el Putin de Matatlán quedará Vitalicio en ese municipio y en una de esas hasta invade San Pablo Güila. Je, je.
Ante el tremendo fracaso del gobierno en materia de salud, ese que nos prometió hospitales como en Dinamarca y terminó entregándonos recetas incompletas, filas eternas y pacientes abandonados a su suerte, ahora aparece en escena la diputada federal Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez con una iniciativa que no es menor ni de trámite: despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Así, sin anestesia política previa.
Sí, estimados ciberlectores, en un país donde todavía da miedo decir “cáncer” en voz alta y donde hablar de muerte digna provoca más escándalo que los hospitales sin medicinas, Morena —la esperanza de México— decide abrir uno de los debates más incómodos de todos: quién decide cuándo una vida dejó de ser vida y se convirtió en puro sufrimiento.
La legisladora por el Distrito 04, con cabecera en Tlacolula de Matamoros, pone el tema sobre la mesa y obliga a todos a voltear. Y aquí conviene decirlo claro: no es un debate sencillo ni blanco y negro, aunque muchos quieran reducirlo a consignas morales para no pensar demasiado.
Por el lado del sí, hay una realidad que pocos políticos quieren mirar de frente. Hay pacientes terminales que no viven: sobreviven entre dolor, sedación, angustia, dependencia total y deterioro físico y mental. Personas que ya no tienen calidad de vida, que están conscientes de su estado, que suplican no seguir así. Y aquí entra la parte incómoda: muchas veces somos los familiares los que no queremos soltar, no porque el paciente quiera seguir, sino porque a nosotros nos duele perderlo. El discurso de “defender la vida” se convierte entonces en una forma elegante de prolongar el sufrimiento ajeno para calmar nuestra propia culpa.
Desde una visión médica seria, la eutanasia no se plantea como salida fácil, sino como último recurso, bajo protocolos estrictos, diagnósticos irreversibles y consentimiento claro. Países que ya la regulan no lo hicieron por moda, sino porque entendieron algo básico: vivir no es lo mismo que existir conectado a tubos esperando el final.
Pero ahora vayamos al no, porque ahí está el verdadero campo minado político. México es un país profundamente conservador en estos temas, aunque se diga moderno en otros. Las organizaciones provida, las iglesias, los grupos religiosos y buena parte del electorado ven la eutanasia como una línea que no se debe cruzar. Para ellos, abrir esa puerta es relativizar el valor de la vida, generar riesgos de abusos y normalizar que el Estado decida sobre la muerte.
Y no sólo es un dilema ético, es un problema político de alto voltaje. Aprobar una iniciativa así puede costar votos, alianzas, carreras completas. En estados como Oaxaca, donde la fe, las tradiciones y la visión comunitaria pesan fuerte, el costo sería todavía mayor. Aquí, tocar el tema no sólo es legislar: es desafiar estructuras culturales profundamente arraigadas.
Además, hay un elefante en la habitación que nadie quiere mencionar: ¿cómo discutir eutanasia en un sistema de salud colapsado? Porque una cosa es hablar de muerte digna con hospitales equipados, cuidados paliativos universales y acompañamiento médico real; y otra muy distinta es hacerlo en un país donde muchas personas mueren no por enfermedad, sino por abandono institucional. El riesgo es evidente: que la eutanasia se vea no como un derecho, sino como una salida barata ante la incapacidad del Estado para cuidar.
Por eso esta iniciativa, más allá de lo noble o polémica, llega en el peor momento político y sanitario posible. Y es ahí donde muchos legisladores, calculadora en mano, pensarán que lo más cómodo es mandarla a la congeladora legislativa, ese refrigerador donde descansan las ideas que nadie quiere defender en público pero tampoco se atreve a matar.
El debate es necesario, sí. Profundo, urgente y humano. Pero también peligroso para quien lo impulse sin una estrategia sólida, sin diálogo amplio y sin entender que en México hablar de muerte digna sigue siendo, paradójicamente, un suicidio político.
Al tiempo.
Nuevamente, amigos ciberlectores, los mantenemos informados de que la Primavera Oaxaqueña viene pasándose por el arco del triunfo toda la normativa en materia del levantamiento y procedencia de los dictámenes correspondientes para realizar obras de remodelación en varios edificios públicos que tiene bajo su resguardo.
El caso más escandaloso hasta el momento es el de la alberca ubicada en las instalaciones del DIF Estatal, que de la noche a la mañana fue sepultada, sin que hasta ahora se sepa de dónde salió el dictamen que autorizó semejante barbaridad.
El mismo caso nos reportan hoy en el Teatro Macedonio Alcalá, donde no se realizó el dictamen correspondiente, pero ya sacaron de la chistera un documento patito para justificar lo injustificable.
Estos gobiernos, bajo la política del “ya después será otro pedo…”, le meten mano a todo y, con singular alegría, le parten la progenitora a la ley, al patrimonio y al sentido común.
Lo que vale es chingarse una lana.
Y para muestra, ahí tienen el Interoceánico pintado de sangre.
Diosito… agárranos confesados.
De mal en peor. Si amigos ciberlectores ya lo dice el viejo y conocido refrán que solo el hombre es capaz de tropezar dos veces con la misma piedra y para ejemplo el nombramiento de dos reconocidos delincuentes en la zona de la cañada.
En San Juan de los Cués fue nombrado Presidente Municipal por segunda ocasión Alejo Marín Carazo quien tuvo en su momento el respaldo del blanquiazul pero ahora es arropado por la esperanza de México para seguir metiéndole duro la mano al cajón de las arcas municipales.
Alejo Marín llega al poder nuevamente entre acusaciones y señalamientos por la compra de votos en la elección.
En San Pedro Chapulapa repite por segunda ocasión en la Presidencia Municipal Elmo Zuñiga Vásquez identificado con el PRI pero ahora re convertido al partido en el poder.
La elección en la que se eligió Elmo deja mucho que pensar ya que después de que fue impugnada hubo mano negra.
¿Quién está detrás de estos dos personajes?
¿Volvieron a la Presidencia Municipal por lo que no pudieron llevarse la primera vez?
Desde la sierra de Flores Magón nuestro reportero mazateco nos informa que en San Lucas Zoquiapam una familia de ex priistas están a nada de romper el record Guinness que actualmente posee el Diputado Local Adán José Maciel Sosa de heredarle a familiares el cargo de Presidente Municipal en su pueblo.
Si amigos ciberlectores. La familia de Federico Carrera Hernández encontró su mina de oro en San Lucas Zoquiapam y finalmente han salido de la pobreza.
Ahora al grito de “Primero los Pobres” y presentándose como declarados Morenistas de cepa, a estos hermanitos la vida les cambio.
Al igual que la sábila las propiedades les van a continuar apareciendo.
Atrás dejaron su pasado en el tricolor
Viva la 4T.
Nuestra reportera parlamentaria dice que Nicolás Feria Romero no llegó al Congreso a legislar, sino a emprender en la industria del guateque. Porque para iniciativas no hay talento, pero para pagar banda, montar bocinas y colgar su carota en el flyer, ahí sí se aplica con disciplina… casi admirable.
Este domingo en Putla de Guerrero, la democracia no se discute: se baila. La sede del “trabajo legislativo” será la Plazuela Hidalgo, donde hay más luces que en sus propuestas, más ritmo que en sus discursos y una agenda clara: que suene la cumbia y que todos sepan quién invitó. No vaya a ser que el pueblo no agradezca como se debe.
El método es sencillo y viejo como el PRI de los setenta: pan y circo, pero sin pan… puro circo. Nada de debates, nada de rendición de cuentas; aquí lo importante es el aplauso fácil, la selfie sudada y la barba más falsa que su vocación legislativa bien acomodada para la foto.
Y así, entre chela y zapateado, el diputado cree que así puede llegar a ser un digno representante… ¡Diosito santo… qué castigo para el pueblito noble y sabio!
Estimado ciberlector, en el mundo de la observación de aves hay reglas claras: mirar, registrar, respetar. En el mundo de la política oaxaqueña, en cambio, hay otra fauna que no se deja ver tan fácil: la del conflicto de interés, el uso creativo del cargo y la simulación con plumaje oficial. Y ahí es donde nuestra Reportera Pichona, con ojo de halcón y memoria de elefante, decidió seguir el vuelo.
El escenario fue el Campeonato Nacional de Observación de Aves Veracruz 2025, realizado en diciembre en Xalapa. Un evento que, desde su propia propaganda, deja claro quién lo organizó: no fue ninguna secretaría, ni un gobierno estatal, ni una universidad pública.
El campeonato fue organizado por una tienda en línea especializada en artículos de observación, con patrocinadores privados de óptica y birdwatching. Todo perfectamente legítimo… mientras se quede en el terreno privado.
Las inscripciones también estaban lejos de ser simbólicas. Hasta el 15 de noviembre, el costo fue de 2 mil 500 pesos por equipo, con un máximo de cinco participantes. Después de esa fecha, el monto subió a 3 mil pesos por equipo, con cierre definitivo el 28 de noviembre a las tres de la tarde, hora de la Ciudad de México. Es decir, no era un evento gratuito ni institucional, sino una competencia privada con reglas, pagos y premios claramente establecidos.
¿Y cuáles eran los premios? Nada despreciables. El equipo ganador se llevaba un telescopio Vortex Crossfire HD 20–60×85 o cinco binoculares Vortex Crossfire HD, además del trofeo del campeonato y la inscripción gratuita para defender el título en 2026. Incentivos suficientes para atraer asociaciones, colectivos y observadores experimentados… no necesariamente funcionarios públicos en funciones.
Y sin embargo, ahí apareció la titular de la SEMABIESO, Karime Unda, acompañada de su círculo cercano: su ahijada Fátima Santana Pérez; Yair Maza, encargado del ÑUKUU; y Erwin López, responsable de la Diverti Ruta y de las capacitaciones comunitarias. Todos ellos con cargos activos dentro de la Secretaría, todos con responsabilidades amplias, estratégicas y, según se comenta en los pasillos, no del todo bien atendidas.
La clave está en el cómo. No participaron como Secretaría. No fueron representación institucional. Compitieron como asociación privada. Así lo marcan las reglas del evento, las convocatorias y las publicaciones del propio organizador. Pero una vez obtenidos los resultados, el discurso cambió de nido.
En las redes oficiales de la SEMABIESO se difundió el triunfo como si se tratara de un logro institucional, anunciando incluso que Oaxaca sería sede del Campeonato Nacional de Observación de Aves 2026. El vuelo privado se transformó, por arte de magia, en bandera pública. Y ahí empieza el verdadero problema.
Porque cuando una funcionaria gana un evento privado como asociación y después utiliza la plataforma institucional para anunciar sedes, gestionar recursos públicos, promover festivales y agilizar trámites ambientales, la línea entre lo público y lo personal deja de ser delgada y pasa a ser inexistente. No es menor que, para este tipo de eventos, se requieran autorizaciones de impacto ambiental y planes de manejo que, curiosamente, pasan por la misma Secretaría que ella encabeza.
Nuestra Reportera Pichona también siguió el rastro de los viajes y los cargos. Fátima Santana Pérez apareció posteriormente en Colima presentando el Festival de Aves de Oaxaca, una labor que sí domina en el plano técnico, pues forma parte de proyectos vinculados a la CONABIO y es coordinadora del PAU-Oaxaca, un programa local articulado a esa red federal. Sin embargo, ese rol especializado no equivale automáticamente a representación institucional de la SEMABIESO. El detalle es que el traslado y los viáticos habrían sido cubiertos con recursos estatales, aun cuando la actividad no se presentó formalmente como acto de la Secretaría, repitiendo el mismo patrón: trabajos técnicos y asociativos que se mueven entre lo personal, lo federal y lo estatal, según convenga al momento.
Mientras tanto, otros estados presumen el aviturismo con cifras claras y procesos abiertos: más de 150 asistentes, conferencias públicas, rutas definidas, beneficios directos a comunidades. Aquí, en cambio, el modelo parece más cerrado, más familiar, más de nido propio que de política pública.
El problema no es el avistamiento de aves, ni los festivales, ni las asociaciones. El problema es cuando el cargo se convierte en trampolín, cuando los logros privados se visten de institucionales y cuando el poder de autorizar se mezcla con el interés de competir y ganar.
Estimado ciberlector, en Oaxaca no faltan pájaros ni binoculares. Lo que falta es separar el nido privado del árbol público. Porque cuando una secretaría como Karime Pinzón confunde la observación con la apropiación, el problema ya no es de aves… es su ética, legalidad y memoria pública.
Al tiempo…
Nuestro Zancudito Loco anduvo zumbando por El Espinal y regresó con la trompa llena… pero de coraje. Porque una cosa es apoyar al deporte y otra muy distinta es humillar a los deportistas en nombre del “apoyo institucional”. Y eso, exactamente eso, fue lo que hizo la presidenta municipal Esperanza Benítez Arizmendi: presumir en redes sociales un respaldo que, en la vida real, viajó en carcachas rodantes.
Sí, estimado ciberlector: camiones istmeños viejos, feos y cansados, de
esos que no sabes si van a llegar al destino o directo al taller.
Unidades que parecen sacadas del archivo histórico del transporte público, pero que casualmente son las más baratas. Porque cuando se trata de ayudar de verdad, el presupuesto “no alcanza”; pero cuando se trata de subir la foto, ahí sí hay entusiasmo, sonrisas y hashtags.
Nuestro reportero Zancudito Loco lo dice sin rodeos: debería darle vergüenza a cualquier presidenta municipal mandar a jóvenes deportistas —que representan a su pueblo— en unidades indignas y todavía tener el descaro de presumirlo como logro. Eso no es apoyo, es tacañería institucional. Eso no es fomento al deporte, es ahorro mal entendido a costa de la dignidad ajena.
Porque aquí el problema no es solo el camión. El problema es el mensaje. El mensaje de que los deportistas “con eso tienen”, de que su esfuerzo vale lo mínimo indispensable para la foto, de que pueden viajar incómodos, apretados y con riesgo, siempre y cuando la alcaldesa pueda decir que “sí apoyó”.
Eso no es política pública: es política de simulación.
Cualquiera con un poco de sentido común lo sabe: si vas a ayudar, ayudas bien.
No es lujo, respeto. Y si no puedes garantizar eso, entonces no conviertas la necesidad de los jóvenes en propaganda barata. Porque presumir ese “apoyo” es como regalar zapatos rotos y exigir aplausos.
Parece que muchos no entienden que el deporte no se impulsa con discursos ni con selfies; se impulsa con condiciones mínimas de seguridad y dignidad. Y lo que vimos en El Espinal fue exactamente lo contrario: apoyo de tercera, presumido como de primera.
Nuestro Zancudito Loco se sacude el ala: si esta es la idea que tiene la presidenta Esperanza Benítez Arizmendi de apoyar al deporte, más vale que lo piense dos veces antes de volver a “ayudar”. Porque mandar deportistas en carcachas no es respaldo: es una vergüenza pública que ni el filtro más bonito de redes sociales pueda maquillarse.
En los Servicios de Salud de Oaxaca la seguridad anda como algunas recetas de consultorio: se escribe bonito en el papel, pero en la vida real nadie la surte completa. Nuestro reportero Matasanos cuenta que, en la Clínica de la Mujer, lo que debía ser vigilancia profesional se convirtió en un “a ver quién llega” con gafete prestado, turno incompleto y supervisión fantasma. Y ojo: no es solo ese edificio. El mismo olor a abandono lo están reportando en el Hospital de la Mujer y en muchos centros de salud del estado que, por un tiempo, quedaron sin presencia de vigilancia institucional y después fueron “parchados” con guardias privados que entran y salen como si estuvieran probándose el uniforme.
El punto de quiebre está documentado. Existe un oficio oficial, el IC/0001/2026, fechado el 6 de enero de 2026, donde la directora Cristina Sabina Luna Martínez le pide la intervención a Mitzi Dayli García Díaz, jefa de Recursos Materiales de los SSO, porque la empresa SERPROSEP no estaba cumpliendo desde el 15 de diciembre de 2025: no tenían a los cuatro elementos requeridos, cambiaban supervisor a cada rato y no había con quién dar seguimiento. Y lo más delicado: se asentó que el último elemento enviado presentaba presuntas adicciones, advertidas por el propio personal de guardia. Eso, en una clínica, no es “detalle”: es una alerta de seguridad y de responsabilidad administrativa.
Ahora viene lo que Matasanos llama “la cereza del expediente clínico”. Personal de varias unidades ha contado que gente vinculada a la empresa anda preguntando dentro de los centros de salud si conocen a alguien que quiera trabajar de guardia. Dicho en español de calle: el proveedor de seguridad llega a reclutar como si estuviera armando equipo para cascarita, no para resguardar instalaciones médicas. Y cuando la vigilancia depende de “recomendados”, lo que sigue ya lo conocemos: guardias sin preparación, rotación eterna y la puerta abierta a cualquier riesgo. Esto no es burla: es peligro.
Para que nadie diga que es puro chismerío, hay datos públicos que ayudan a ponerle apellido al asunto. La empresa aparece como SERPROSEP, S.A. de C.V. en el padrón federal de la Dirección General de Seguridad Privada con número de registro DGSP/228-19/3980 y vigencia de autorización indicada en ese portal.
Además, en un dictamen de contratación pública de la Suprema Corte, se consigna que la persona moral fue constituida el 30 de enero de 2019, inscrita en el Registro Público de Comercio con folio N-2019010920 (fecha de inscripción 14 de febrero de 2019) y que se identificó a José Ángel Gómez Hernández como Administrador Único en la documentación revisada. Si alguien pregunta “¿y de dónde operan?”, en su propio aviso de privacidad la empresa maneja domicilio en Séneca 350, Polanco IV Sección, Miguel Hidalgo, CDMX.
Estimado ciberlector, con esos datos en la mesa, el problema ya no es si la empresa existe. El problema es otro: si una compañía con registro y papeles puede terminar prestando un servicio que, según lo denunciado, llega incompleto, sin supervisión estable y con perfiles que generan alarma. Porque los contratos no se pagan con discursos, se pagan con resultados. Y si el oficio dice “no hay elementos completos” y el personal cuenta que andan reclutando dentro de las clínicas, entonces no estamos ante un fallo menor: estamos ante un incumplimiento que compromete la seguridad de pacientes, médicos, enfermeras y trabajadores.
Y aquí entra la parte que conviene decir sin gritar, pero con filo. Sin pegarle por deporte a la PABIC, la pregunta es legítima: ¿por qué retiraron a la vigilancia institucional de espacios tan sensibles y quién decidió que el reemplazo sería un esquema que hoy huele más a improvisación que a estrategia? La salud no es una oficina cualquiera. Un centro de salud sin vigilancia real no solo se expone a robos; expone a su gente. Y cuando el personal médico tiene que elegir entre atender o vigilar, el Estado ya falló dos veces: en seguridad y en salud.
Así que, con el bisturí de Matasanos, la exigencia es simple y brutalmente razonable: que los SSO expliquen quién supervisa a SERPROSEP, cómo están verificando que cumpla turnos completos, qué controles aplica para garantizar personal apto y qué medidas tomaron ante lo señalado en el oficio. Porque si la “seguridad privada” se está armando con reclutamiento de pasillo, lo único privado aquí será el riesgo… pero el peligro es bien público.
Esta semana nuestra reportera del amorsh nos informa que, faltando unas semanas para el mes del amor y la amistad, el que ya anda dibujando corazoncitos por todos los muros de la universidad Benito Juárez es un reconocido cirujano maxilofacial.
Y como nuestro pecho no es bodega para andar guardando cosas
Aquí les dejamos las primeras pistas de este moderno Don Juan sacamuelas.
1.-Ex director de la facultad de Odontología de la UABJO
2.-Ex candidato a Diputado Local por el Distrito 14 (PT)
3.-Ex Dirigente del STAUO.
4.-Eterno aspirante a Rector de la UABJO.
5.- Eterno sugar Daddy
Bien dicen que el dinero y el amor son dos cosas que no se pueden esconder kikin pillin.
¿Quién será la damitx que trae muy enamorado al doctor de las muelas?
Pavel López le jaló la palanca al sistema: CECATI por fin llegan con Salomón Jara…
Nuestra reportera totalmente chaira cuenta que en Oaxaca hay reuniones que no pasan desapercibidas, aunque no lleven bombo ni platillo. Resulta que Pavel López Gómez se sentó a la mesa con el gobernador Salomón Jara Cruz, acompañado de la secretaria Delfina Guzmán y las y los directores de los CECATI. Y no, no fue reunión de foto nomás por cumplir.
Lo histórico —dice la chaira, con sonrisa satisfecha— es que nunca antes los Centros de Capacitación para el Trabajo habían tenido diálogo directo con un gobernador en Oaxaca. Y casualmente, desde que Pavel llegó a la subdirección, los planteles dejaron de estar en modo “archivo muerto”: más matrícula, más movimiento y más visibilidad. Milagro administrativo, dirán algunos; trabajo constante, dirá cualquiera que sí se asome a los números.
La reunión sirvió para algo muy simple pero muy olvidado: poner a la capacitación para el trabajo en la agenda real, no en el discurso. Porque cuando los CECATI funcionan, la educación deja de ser promesa y se vuelve herramienta. Y eso, aunque a algunos les arda, también es transformación… sin slogan, pero con resultados.
La semana pasada, nuestro reportero Flechador del Sol, denunció la infame circular CRH-090-2025. Se trata de un documento donde el Ayuntamiento Municipal institucionalizó el “apriete”. No fue una invitación a la generosidad, fue una orden de embargo para los regidores que osaran llegar con las manos vacías, se les impondría una “multa” de $4000 en efectivo.
Pero el hambre de protagonismo de la actual administración no se sació con los sueldos de sus empleados. El pedimento, con tintes de cobro de piso, saltó de las oficinas a las banquetas. El presidente “Chupón”, extendió sus garras hacia el sector más vulnerable de nuestra economía: los vendedores ambulantes.
A ellos no se les pidió “voluntad”; se les dictó una sentencia. La amenaza fue clara y directa: o entregaban juguetes para la foto del presidente, o se enfrentaban a la cancelación definitiva de su espacio de trabajo. En Huajuapan, bajo este régimen, el derecho al trabajo ya no depende del cumplimiento de la ley, sino de qué tan grande sea el tributo que se le rinda al ego del mandatario.
Cada juguete entregado no fue fruto de la bondad de los funcionarios ni de los vendedores ambulantes, sino del miedo o de la angustia del extorsionado que no quiso perder su puesto.
Extorsión. No hay otra palabra para definir este “operativo de Reyes”. El presidente “Chupón” no regaló alegría; repartió el botín de un saqueo orquestado contra la ciudadanía. Lucirse con el esfuerzo del prójimo y colgarse medallas con dinero ajeno no es política, es una bajeza que deja un sabor amargo en el corazón de Huajuapan.
La esclavitud moderna en Huajuapan ya tiene nomenclatura oficial. Se llama Circular CRH-001-2026, una joya del cinismo burocrático que merece ser enmarcada en el Museo de las Atrocidades Laborales, asegura nuestro reportero Flechador del Sol. Este documento, emitido por el Gobierno Municipal, convoca a la base trabajadora a un supuesto “tequio” este domingo 4 de enero. Pero no se deje engañar por el eufemismo: lo que la autoridad exige no es solidaridad comunitaria; es trabajo forzado, esclavitud con sello institucional.
En Huajuapan, el concepto de tequio —esa noble institución oaxaqueña de ayuda mutua— ha sido pervertido por la administración de Luis Chupón Martínez Sánchez, hasta convertirlo en una amenaza velada: “Vienes o te descuento”. Señor Presidente: cuando la participación ciudadana se exige bajo coacción económica, deja de ser voluntariado para convertirse en extorsión laboral.
La circular es una obra maestra de la hipocresía. Invoca al “Plan de Desarrollo Municipal” y al “Cambio Climático” como palabras sagrados para justificar el atropello. Creen que envolver la explotación en tecnicismos la hace menos obscena, como quien le pone moño a una evacuación y lo llama regalo.
Analicemos esta maravilla administrativa con la frialdad de los números: El Madrugazo Dominical
Domingo, 7:00 AM. ¿Qué mejor manera de iniciar el 2026 que arrebatando el descanso sagrado a las familias? Mientras la ciudad duerme o se recupera de las fiestas, el trabajador municipal debe estar firme para limpiar barrancas. El pase de lista es de 6:45 a 7:00 horas. El mensaje es claro: el control es férreo y el descanso, un lujo que esta administración no permite.
En cuanto a la privatización de los costos, aquí radica el verdadero escarnio. La circular exige llevar: “Rastrillos de uso rudo, costales, escobas, palas, arañas, guantes y cubre bocas”. Léase bien: el Gobierno Municipal, que cobra impuestos y presume finanzas sanas, carece de la solvencia —o la decencia— para equipar a su propio personal. Han trasladado el costo operativo al bolsillo del empleado.
Hagamos la cuenta del daño patrimonial al trabajador:
• Rastrillo y herramientas: $200
• Insumos (guantes, bolsas, cubrebocas): $120
• Transporte (taxi especial por la hora): $80
Total por jornada: 400 pesos que salen del salario de miseria de un empleado que, además, ya sufre los recortes de sueldo impuestos por “Chupón”. Multiplique eso por cada sábado o domingo del año. Es un robo hormiga institucionalizado.
La convocatoria es indiscriminada: Desarrollo Humano, Seguridad, Salud, Turismo, Transparencia. ¿Para qué contrata el Ayuntamiento a contadores, médicos o gestores turísticos si su función real será barrer calles? Es la anulación de la especialización profesional. Usar a un médico para recoger basura no es “política transversal”, es ineptitud gerencial. Se utiliza al personal de oficina para cubrir los huecos de un servicio de limpia que brilla por su ausencia.
Al finalizar este impudor, o en medio o al final no falta la foto del cinismo. Lo más repugnante es la puesta en escena. El Presidente Municipal llegará, impecable y desayunado, a tomarse la foto rodeado de subordinados exhaustos y sucios. Subirá la imagen a redes con el hashtag de turno, presumiendo un “compromiso” que en realidad es miedo. Esos trabajadores no están ahí por amor a la camiseta; están ahí porque tienen hijos que alimentar y no pueden permitirse el descuento en la nómina.
Y en esta tragedia, hay un espectador que guarda un silencio vergonzoso: la Regiduría de Derechos Humanos. Su mutismo ante la Circular CRH-001-2026 los convierte en cómplices por omisión. Señores regidores: cobrar por defender derechos y callar ante el patrón que los viola no es prudencia política, es cobardía rentada.
Señor Luis de León: tú no estás construyendo comunidad, estás sembrando resentimiento. Lo que haces viola el Artículo 123 Constitucional, la Ley Federal del Trabajo y los convenios de la OIT sobre trabajo forzoso. La diferencia entre tequio y explotación no está en el discurso, está en la libertad de decir “no” sin represalias. Y en tu gobierno, esa libertad no existe.
A la ciudadanía de Huajuapan: la próxima vez que vean la foto del “tequio exitoso”, recuerden que detrás de cada sonrisa forzada hay una familia que pagó por trabajar en su día de descanso.
#ContigoEsPosible… la explotación moderna.
Vivirá poco quien no entienda lo aquí dicho, recuerde estimado ciberlector, la frase de la semana:
En política, el poder no perdona: te aplaude hoy y te corta mañana.
