Cuentan que en Oaxaca el asfalto huele a mezcal cuando la corrupción se fermenta demasiado. Y en ese alambique de componendas, el maestro destilador responde al nombre de Moisés Salazar Martínez, zar de Caminos Bienestar (CABIEN) y yerno pródigo de del diputado Isidro Ortega Silva, alias “Jipi”.
Dicen que el amor y el dinero, son imposibles de ocultar, y muchos titulares de las dependencias estatales son los nuevos millonarios. Pero lidera la lista el propio Salazar, y su papi-suegro el diputado “Jipi”.
Estimado ciberlector, usted no nos dejará mentir, pero en los viejos gobiernos neoliberales CAO fue —y hoy CABIEN sigue siendo— una mina inagotable: obras asignadas a contratistas afines o a empresas propias manejadas por prestanombres (¡Verdad Chester!). La ganancia es redonda, las malas prácticas continúan y la corrupción, a pesar del discurso oficial, goza de cabal salud.
En San Lucas Ojitlán es vox populi que los nuevos ricos son Jipi y su yerno, dueños de medio pueblo y compañeros de ruta de clanes como la familia Feria de Juxtlahuaca. ¡Conste que aquí se lo contamos primero: la temporada Primavera-Primavera deja más millonarios que la Lotería Nacional!
Si usted, estimado ciberlector, creía haber visto lo más turbio del sexenio, prepárese: lo de Moisés no es simple sobrecosto, es alquimia presupuestal de alto octanaje. Toma un camino tasado en muchos millones de pesos, lo pasa por su criba de favores y lo escupe facturado en el doble o triple del costo real, como si el concreto viniera mezclado con polvo de oro de veinticuatro quilates. Así, con la naturalidad de quien reviste la trampa de trámite administrativo, licita sólo para coronar a las empresas que él mismo acarrea—propias, familiares o de algún socio sigiloso que despacha desde el mismo búnker financiero donde se decide quién cobra y cuánto.
Los contratistas que han osado cruzarse en su itinerario describen la misma escena de terror: presentan su presupuesto, él arquea la ceja y sentencia: “Está muy bajo; yo te hago las cuentas.” La traducción es inmediata: o sueltas la mordida o te reescribo el monto para que sobre lo suficiente y podamos repartir. Y si hay resistencia, la obra se congela, los pagos se difieren y el expediente queda sepultado en el laberinto burocrático donde CABIEN ha perfeccionado el arte de la extorsión disimulada.
No exageran quienes comparan sus garras con las de Saymi Pineda; en los pasillos de Ciudad Administrativa murmuraban que ella había convertido la Secretaría de Turismo en pasarela de egos, viáticos y muchos moches. Pero frente a Salazar, la costeña parece aprendiz: aquí los desvíos se calculan en decenas de millones y se operan con disciplina militar. Tan eficiente es el esquema que ya se han apuntado expriistas indefinidos, cobrando comisión por adelantado para no perder la costumbre de facturar la “lealtad”.
El capítulo más escandaloso, sin embargo, no aparece en las partidas contables sino en la arrogancia verbal del funcionario. Cuando un constructor lo conmina a cumplir los plazos comprometidos con el gobernador, Salazar responde, con la frase que hoy retumba en los círculos políticos: “A mí me vale madres el gobernador; a mí Salomón Jara no me va a sacar de la cárcel si caigo preso. Las prioridades del gobernador no son mis prioridades.” No estamos ante un exabrupto aislado: es la declaración de independencia de un virrey que se sabe intocable porque controla el grifo del dinero público y cree conocer de memoria los vericuetos legales para dilatar auditorías.
Por eso los proyectos carreteros que el propio Jara ha prometido en varias regiones de nuestro estado no avanzan a paso de tortuga anémica: si la “mochada” no llega antes, no hay diesel, no hay maquinaria, no hay cemento y no hay pagos. ¿Despachos contables? ¿Órganos de control interno? Apenas figurantes en la obra de teatro donde el director se burla de todos, asegurando: “Aquí mando yo.”
Sobran motivos para que el gobernador ordene una revisión con bisturí forense y lupa de aumento. No se trata sólo de contener el saqueo, sino de salvaguardar su propio capital político. Porque cuando un subordinado proclama públicamente que el jefe le importa un comino, el mensaje que llega a la ciudadanía es demoledor: la jerarquía está rota y la transformación, esa palabra tan repetida, se queda en slogan mientras las carreteras y proyectos prioritarios se pudren entre sobreprecios y zanjas abiertas.
Estimado ciberlector la pregunta es sencilla: ¿a quién le rinde cuentas Moisés Salazar? Él mismo se ufana de no deberle el puesto al gobernador. Tal vez crea que lo protege la sombra de su suegro, o ese “otro jefe” cuyo nombre se pronuncia en voz baja y se escribe con ceros a la derecha. Sea quien sea el padrino, el daño ya está hecho. Y cada día que la impunidad campea, crece la certeza de que el presupuesto ha sido tomado como rehén por un grupo que confunde administración con botín.
Esperemos que se investigue, se responda con la fuerza de la ley y no con silencios ceremoniosos.
Al tiempo…
#SoloMuyProfesionales
Corre suave un rumor por las arcadas de cantera,
que en Palacio hay un peón jugando a rey tras la visera.
No precisa manto largo ni voz de trueno en balcón;
prefiere espejos sesgados donde crece su estatura a la sazón.
Cepilla con miel a uno, al siguiente le unta veneno;
si ese otro brilla demasiado, lo rocía con polvo ajeno.
Dicen que al filo del ocaso su silueta cobra brillo,
destello pajizo y leve que engaña a más de un sencillo.
Mas cuando manda la luna presume estandarte guindoso,
jura lealtades eternas… hasta un acomodo más ventajoso.
Le incomodan por igual damas y caballeros que luzcan,
pues cada foco apuntado a otros roza su vanidad y la ofusca.
Reparte contratos de tinta a cronistas comprados al vuelo, aunque por unas monedas más ya cantaron el nombre del dueño.
Besa la mano enemiga que el Jefe odia con pasión,
negocia entre sombra y pasillo la más discreta traición.
Así monta el espejismo: “¡No soy yo quien pacta, vean aquél!”— y mientras giran las miradas, él se abrocha el laurel.
Le dicen “el todas mías” porque ya no hay dirección, instituto o fideicomiso que no quiera colocar en su maceta personal.
Si algún lector se aventura a descifrar tal condición,
piense en figura menuda que en las fotos crece un montón; piense en brillo de cabello que no confiesa ocasión, piense en quien manda en despachos y aún suspira por sillón.
¿Quién será el intrigante primaveral que teje esta confusión? Adivina, pueblo sabio, antes de la próxima filtración.
Donde sí se llevaron hasta los lápices y las plumas fue en el desaparecido Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Así es, amigos ciberlectores: lo saquearon por completo y no dejaron ni al perico.
La encargada de bajar la cortina de ese elefante blanco anticorrupción fue una dama que se siente muy protegida por un alto funcionario. Según nuestra reportera del amorsh… estos tortolitos traen sus quereres.
¿Será cierto?
La próxima semana les estaremos informando con más detalles.
Dicen los viejos reporteros que, si una montaña cruje, no siempre es el temblor: a veces es el ego de la secretaria Karime Unda chocando con la realidad. El 2 de septiembre de 2024, Doña Karime trepó al Cerro del Crestón —dron en alto y notario a la mano— para anunciar la “rectificación y digitalización” del polígono que, según el decreto de 1992, protege 1, 230 hectáreas y once kilómetros de perímetro entre el Crestón, la Cruz Blanca y el Fortín.
Sonó a sinfonía ambiental hasta que alguien preguntó por la parte esencial: ¿y el consenso social? La funcionaria respondió con el eco; ni comuneros, ni municipio, ni Conanp, ni vecinos habían sido consultados. Supieron de su flamante Área Natural Protegida por la nota de prensa y el dron sobrevolando sus azoteas —azoteas que, dicho sea de paso, ya lucen escuelas, locales y un hotel boutique dentro del “polígono digitalizado”.
A partir de la publicación del nuevo decreto Karime empezó a trabajar con el PROGRAMA DE MANEJO DE LA ZREANP. Dicen que, para maquillar el tropezón, en octubre Semabio publicó la licitación IAE-SA-SM-0064-10/2024: $ 1, 997 032.80 pesos para elaborar el Programa de Manejo. El contrato recayó en Omar Sánchez Cruz, un “experto” tan desconocido que ni en su CURP figurarían antecedentes verdes; dentro del Palacio lo describen —sin poesía— como prestanombre con GPS averiado.
Estimado ciberlector las bases de la licitación exigían recopilar la cartografía que ya regala el INEGI (carta de uso de suelo y vegetación), cortar muestras con machete, tijeras de folder, morral, y lápiz plumón, armar una brigada de cuatro personas y organizar doce talleres de participación comunitaria.
Pero en el papel oficial todo escala como montaña rusa: la licitación prometió doce talleres, el Segundo Informe de Gobierno presumió trece, y en terreno sólo constan ocho reuniones informativas —sin actas, sin listas de acuerdos, puro café y discursos—.
¿Quién dirige la gira? El MVZ Manelik Olivera Martínez, veterinario convertido en Jefe de Regulación para el Desarrollo Sostenible, que reparte tarjetas de “consultor” mientras cobra en la nómina; no tiene posgrado ambiental, pero sí viáticos suficientes para asistir a un congreso en Brasil y presumir selfies amazónicas. A su lado marcha el ingeniero Miguel Lucas Domínguez, ex-responsable de Ordenamiento Ecológico, otro veterano del PowerPoint territorial cuyo amor por la “plancha ecológica” supera su paciencia para oír a colonos furiosos.
Las irregularidades crecen como maleza: la Ley General del Equilibrio Ecológico (artículos 46 y 47) obliga a una consulta previa, libre e informada antes de cualquier decreto; el documento original de 1992 ordenaba revisiones quinquenales que ningún gobierno hizo; y la falta de estudios socioambientales deja al proyecto sobre un cimiento jurídico carcomido. Mientras tanto, los dos millones del contrato se evaporan en papelería, gorras y refrigerios para charlas “sectoriales”. De conservación real, ni un metro de brecha cortafuego.
Y cuando los vecinos solicitan audiencia para excluir sus predios —porque nadie les pidió permiso antes de declararlos reserva—, cuentan que Karime siempre anda en el extranjero o tras un nuevo dron para su próximo videoclip. La secretaria, dicen, se preocupa más por pulir su influencer-imagen que por sentarse a revisar escrituras. Así, el Crestón se convierte en parque temático de GPS y la única fauna que prospera es la de los “ambientalistas de selfie”.
Si la montaña arde, no será por incendio forestal sino por la indignación de los dueños legítimos. Si usted es uno de esos propietarios digitalizados sin querer, saque sus papeles, imprima capturas de pantalla, añada los folios de la licitación y corra —no camine— a la Secretaría correspondiente.
Y para rematar la tragicomedia ecológica, aparece en escena la exdiputada Liz —ahora flamante “asesora” impuesta a Karime—, quien comparte la bendita costumbre de Diana Hodich: cobrar sin pisar la oficina. Con semejante dúo fantasmal, la titular maneja la secretaría como cocina económica: sazona, sirve y cobra sin que nadie se asome a la estufa.
Y mientras las ausentes perfeccionan el arte del teletrabajo sin Wi-Fi, el tal Brena decidió ganarse una estrellita en la frente produciendo reels donde las víctimas del huracán Erick posan frente a cámara a cambio de una mísera despensa federal. Al genio creativo se le olvidó que explotar el sufrimiento ajeno para likes es tan ético como vender sombra en día nublado. ¡Que no mam…!
Con la elegancia de quien acomoda un pañuelo de seda en la solapa, el viejo priista Juan Rafael Rosas Herrera –sí, el que debería firmar JRRH y no esa sigla minimalista– sorprendió este fin de semana luciendo gorras grises con el lacónico “JR”. Los enterados murmuran que no fue capricho de diseñador: era la prueba de amor que exigía el Palacio para seguirle perdonando pecados administrativos que huelen a archivo muerto.
Asegura nuestra reportera Totalmente Chaira que la “omisión” de la segunda “R” y la “H” no es desliz tipográfico; es mensaje cifrado. Quien lleva décadas manejando los hilos del sindicato de burócratas –aunque ahora lo presida una lideresa de utilería– sabe que todo símbolo cuesta. Y esta vez el costo es alinear la maquinaria sindical con las aspiraciones de cierto secretario bien peinado que busca adeptos fuera de Morena.
Rosas, curtido en negociaciones que comienzan con guiños y terminan con notarías, entendió que la temporada exige buenas maneras. Un seguro contra eventuales auditorías que podrían resucitar travesuras presupuestales del ayer. Dicen que la jugada es vender la estructura gremial a cambio de indulgencia plenaria… y salir retratado como padrino de la próxima campaña que aún no se llama campaña, sabemos que se trata de marketing pre–pre–electoral.
Nuestra reportera mal pensada se hace las siguientes preguntas:
¿Será que la marca “JR” sirve a dos señores: uno cuida la base sindical y el otro sueña con la sucesión?
¿Cuántas cuotas sindicales financiaron la línea de gorras “JR” edición borrón y cuenta nueva?
Si la sigla pega, ¿quién reclamará regalías?
Estimado ciberlector guarde bien la foto: cuando el “JR” correcto salte a la boleta, sabremos quién pagó la fiesta.
O será mera coincidencia. Aunque en política no hay casualidades y mucho menos coincidencias.
Desde la zona afectada por el huracán Erick, nuestro reportero costeñito informa que, con la llegada de las secretarías primaveras, lo único que ha aumentado es la lluvia de videos y fotos de sus titulares… y, de paso, de algunos diputados locales que se dedican a todo tipo de malabares para la cámara.
Las afectaciones al campo y a la economía local son incalculables, pero los primaveros no cargan más que promesas de volver con apoyos, tal como pregonó el titular de la SEFADER, Víctor Leyva, alias Mr. Tinte.
La titular de Turismo, Saymi Pineda, solo pasó por la zona para tomarse fotos y asombrar a un grupo de Siervos de la Nación con un video de “espejitos”.
Lo que sí sorprende es la millonada que solicitó Mr. Tinte para cubrir los daños en el campo provocados por el huracán.
¿Será que ya piensa jubilarse?
Al parecer, los fenómenos meteorológicos se han convertido en la mejor receta para que nuestros políticos salgan de la pobreza… hasta que los veamos inaugurando sus propios restaurantes o negocios.
QPM.
Pollito con papas
¿Quién será la diputada local morenista que decidió no llevar despensas a los afectados por el huracán Erick en la costa oaxaqueña, pero que, eso sí, se puso guapa regalando unos pollos rostizados a algunas familias damnificadas?
El Palacio de Justicia oaxaqueño parece una serie de streaming que se quedó sin presupuesto para la segunda temporada: la trama principal –la era de la magistrada presidenta Berenice Ramírez Jiménez– amenaza con cancelarse antes del capítulo final. Berenice llegó al cargo en enero de 2024 con un periodo blindado hasta 2028, pero el libreto político cambió tan rápido que hoy se le ve empacando toga y mazo “por motivos de salud” –léase: la alianza que la colocó ahí ya no la protege y, peor aún, la señala por el desorden financiero que ella misma denunció al asumir.
En los pasillos se dice que fue “la elección incómoda” que sirvió de moneda de cambio entre el gobernador y un par de ministras federales; ahora, con los dados cargados hacia la reforma judicial de 2027, su renuncia voluntaria huele menos a retiro digno que a escapatoria anticipada antes de que el pleno le pase la factura.
La tormenta vino de San Raymundo Jalpan: en marzo la LXVI Legislatura aprobó la reforma que recorta de 28 a 16 magistraturas y congela las nuevas designaciones hasta la elección popular de juzgadores en 2027. Con un plumazo, los diputados convirtieron cada jubilación en un hoyo que ya no se rellena; el mensaje fue claro: “váyanse cobrando, pero no regresen”. Así, los veteranos vieron luz verde para activar el “plan pensión” y ya son doce los que pidieron retiro –cinco de un jalón en diciembre de 2024 y siete más en los meses siguientes– mientras el Poder Judicial se queda mirando cómo su plantilla se vuelve álbum de estampas repetidas.
Entre los que se quedan están el “magistrado vigoréxico” que presume bíceps más firmes que sus sentencias y el “fanático del bótox y pestaña enchinada” que jura no pestañar ni para dictar un auto.
El vaciamiento tiene consecuencias de thriller: si las Salas pierden quórum, los expedientes se apilan sin firma y la justicia se vuelve un meme.
El antecedente no es remoto: en 2022 el Tribunal Electoral local sorteó vacantes nombrando secretarios “en funciones de magistrados”, fórmula que la Sala Superior toleró por necesidad, aunque dejó la Constitución con un nudo.
Repetir el truco en el Tribunal Superior implica dejar asuntos penales, familiares y laborales al albur de suplentes sin legitimidad; un regalo explosivo.
Para rematar, el Poder Judicial arrastra su propia hipoteca. Ese desfase, sumado al déficit heredado, alimenta la narrativa de que Berenice abandonará el barco con chaleco salvavidas, dejando al Congreso la tarea de nombrar relevos exprés que actúen un par de años y, de paso, garanticen la obediencia debida a la 4T.
El cálculo político es perversamente sencillo: cada magistrado menos significa un voto menos que convencer; cada interino designado desde el Legislativo amarra lealtades de cara a 2027, cuando Oaxaca estrenará jueces electos y el Tribunal será árbitro de una inédita contienda judicial. Por eso los mismos diputados que recortaron magistraturas ya barajan ternas para “taponear” huecos: perfiles jóvenes –dicen–, paritarios –juran–. Y mientras tanto los litigantes, como en el chiste de la Lotería, siguen cantando: “se fue la dama, corran los naipes”.
Si Berenice dejará un Poder Judicial con menos titulares que una final de la Liga de Expansión, una nómina de jubilados VIP y una caja vacía que ni el mago del presupuesto puede rellenar. Dicen que los magistrados restantes rezan para no acabar dictando sentencias desde municipios que no consideran de su nivel social. De esto y de una reunión les contaremos la otra semana, porque hay sorpresas.
Bienvenidos al reality show del Derecho en Oaxaca: temporada 2025, capítulo “sálvese quien pueda”.
Al ritmo del Divo de Juárez (Juan Gabriel +), “Ya lo sé, mi amor, que te vas, te vas… Que ha llegado la hora de decirnos adiós. Te deseo buena suerte. Hasta nunca, mi amor”, nuestra reportera del amorssss —esa que huele un drama sentimental antes de que el feed refresque— cazó el chispazo digital del lunes: en plena hora pico de chismes, el “Lic.” Miguel Pacheco publicó en su muro de Facebook un lacónico “Verónica y yo hemos decidido separarnos de mutuo acuerdo… gracias infinitas por lo vivido en unión libre”.
Tan pronto lo subió, ¡zas!, lo descolgó a la velocidad con la que se esfuman los contratos cuando se acaba el sexenio. Por suerte, esta corresponsal—más rápida que combo de señoritas—capturó pantalla y ahora lo exhibe como prueba del sismo afectivo.
Los seguidores de la doctora Verónica, alias la Tesorito y ex zarina del COBAO, leyeron el post con el mismo gesto con el que se revisan las listas de prelación: ceja levantada y alma en vilo.
¿Coincidencia que el amor expirara justo cuando ella perdió poder en el colegio? Pregunta que flota, como ese olor a pólvora después de los cohetes de Guelaguetza. No estaban casados —aclaró él con formalidad notarial—, sólo vivían en esa franja gris llamada “unión libre”, donde el compromiso dura lo que un story de Instagram.
Vale recordar que buena parte de los líos que salpicaron a la Doctora brotaron de los “negocios” que cocinaba su ahora ex azote del corazón, aderezados con los escándalos de sus vástagos que, según los pasillos primaverales, no conocen el arte de pasar desapercibidos. Todo junto abonó para que ella saliera por la puerta de atrás del jardín primaveral, sin banda de guerra ni despedida de honor.
Bastaron los segundos que el post estuvo vivo para que Miguel Pacheco desatara luego una maratón de indirectas: memes dolidos, videos de desamor, frases motivacionales de taza de café… un auténtico repertorio de adolescente cortado —pero con título de abogado— que haría sonrojar a Cupido.
La interrogante en el aire es quién mantendrá ahora al buen Miguel; si la Tesorito caerá de nuevo en sus garras con promesa de reforma sentimental o si apostará por un “nuevo proyecto” que le rinda mejores dividendos —del corazón, claro.
Así que, queridos ciberlectores, afilen sus quinielas: ¿habrá reconciliación con cláusula de confidencialidad, ruptura definitiva con bloqueo y un-follow, o un regreso inesperado con foto tipo save-the-date?
¡Hagan sus apuestas!
Nuestra reportera Totalmente Chaira —pañuelo en la cabeza y micrófono indiscreto— siguió los pasos de los ex-burócratas despedidos por el Decreto 24 que, cansados de marchar frente al Palacio del Gobierno estatal, se subieron a la capital del país… pero no por iniciativa propia.
La diputada federal Margarita García (PT) citó a más de 400 afectados, los acomodó en autobuses para “exigir justicia” y “recordarle a Salomón Jara sus principios humanistas”.
Sobre el asfalto capitalino, los trabajadores gritaron consignas legítimas… mientras la legisladora posaba diligente ante cada cámara, cual embajadora del dolor ajeno.
Entre pancartas, sobresalía el club de fans de la diputada: sus hijos, nuera y demás parientes colocados en plazas sindicales que ella misma defiende con ímpetu. En corto —y a media torta de tamal— varios manifestantes confesaron que la señora “aprovecha la causa” para blindar sus propias bases laborales; si el decreto se revierte, la parentela respira tranquila.
Quien brilló por su ausencia fue el Comité Sindical que debería encabezar la batalla legal. La supuesta lideresa formal apareció solo en redes con emojis de apoyo, mientras Juan Rafael Rosas Herrera —aún cerebro en las sombras— gestionaba negocios paralelos y discutía cuánto vale su estructura en la próxima negociación política.
Dicen los que saben que cada nota nacional ayuda a la diputada a ganar reflectores y presionar por las plazas donde lucen sus apellidos, porque esa marcha quedó en lo de siempre: un exhorto parlamentario y promesas de “seguiremos insistiendo”. Mientras tanto, los trabajadores regresan a Oaxaca con la misma incertidumbre… y menos dinero para sobrevivir.
Por cierto, Margarita solita escupe al cielo y le cae el gargajo…
Dicen los chismosos de la obra pública que en el jardín primaveral ya no florecen contratos… sólo capullos. Y no precisamente de rosa, sino de esos que con sonrisa de constructor “honesto” se han adueñado del presupuesto y reparten la piñata entre cuates, compadres y prestanombres. La CMIC —sí, esa que antes aplaudía hasta las licitaciones mal hechas— ahora anda que no la calienta ni el sol, porque los dejaron viendo cómo pasa la carretilla… pero llena.
ADIVINA QUIÉN
¿Quiénes son los capullos de la Primavera que tienen cooptada la obra pública en Oaxaca?
Seguramente muchos recuerdan las peripecias de nuestro reportero Flechador del Sol. En octubre del año pasado nos relató cómo las autoridades municipales se dejaban mangonear por el empresario más rico de la Mixteca. Él le decía al presidente “Chupón” quién podía instalarse en tal o cual lugar, y hasta cómo colgar un anuncio en la calle.
Así fue como le ordenó al alcalde no permitir la apertura de un local en el portal municipal, porque —según él— afectaba sus intereses. Este mismo personaje ya había torpedeado la llegada de los Oxxo, pues afectaba a sus tiendas de ventaja, y de paso, frenó la apertura de la tienda de beneficio público Peñafiel.
El argumento oficial de la Regiduría de Desarrollo Urbano para clausurar la tienda del portal fue que, al pintar el interior del local, se estaba realizando una “obra de construcción” sin permiso. Además, aseguraban que no podían vender cerveza porque el local estaba “demasiado cerca de la Casa de la Cultura”. Cualquier pretexto ridículo era válido con tal de tener contento al empresario. Chupón sorprendió con otra regla absurda: “Si quieres limpiar los cristales de tu negocio, debes pedir permiso o te multo”.
Y por si fuera poco, la exsíndica municipal —la temida “mata gatos”— llegó a las diez de la noche para notificar la suspensión de la “obra” y clausurar el local.
Pero los dueños no se dejaron amedrentar. Se ampararon contra los abusos.
Después de tanto lío, le impusieron al dueño una última condición para abrir: “No vendas ni una gota de alcohol, ya que estás muy cerca de la Casa de la Cultura”. Lo irónico es que el propio presidente Chupón acudía a emborracharse al Coco Loco, que está a solo diez metros de esa misma Casa de Cultura, y a 20 metros de la iglesia El Socorrito.
Así, ese local ubicado en el mero corazón de la ciudad amaneció un día con sellos amarillos que gritaban “OBRA SUSPENDIDA”. No hubo juicio previo, ni diálogo, ni explicación clara. Solo la fuerza de un sello y la voluntad de una autoridad que decidió castigar. ¿Cuál era el delito? Atreverse a operar un negocio en una ciudad donde la ley, a veces, se aplica como garrote político.
La empresa afectada, Distribuidora de Bebidas y Cervezas de la Mixteca, no se quedó callada. Acudió al juicio de amparo, esa figura jurídica que en México representa, en teoría, el último escudo frente al abuso del poder. Y ganó. El Juzgado Noveno de Distrito le concedió el amparo, al considerar que la negativa del Ayuntamiento para otorgarle una licencia con venta de bebidas alcohólicas fue arbitraria, carente de fundamentación y motivación legal.
Pero el Ayuntamiento no se rindió. El Coordinador de Comercio, Espectáculos y Regulación de Bebidas Alcohólicas —sí, ese es su título completo, aunque no lo crean— interpuso un recurso de revisión. Alegó que el negocio seguía operando, aunque sin vender alcohol, y que el amparo ya no tenía sentido. También dijo que la empresa se había desistido del juicio, aunque omitió mencionar que ese desistimiento nunca fue ratificado y, por tanto, nunca tuvo efecto legal.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito fue claro: la autoridad municipal no solo actuó sin sustento legal, sino que sus argumentos en apelación eran infundados. Confirmó la sentencia original y reiteró que la justicia federal ampara y protege a la empresa afectada.
Este caso no es solo una disputa administrativa. Es una radiografía del poder local cuando se ejerce sin límites, sin transparencia y sin respeto por el Estado de derecho. Es también un recordatorio de que los sellos de “OBRA SUSPENDIDA” pueden ser más que simples papeles: pueden ser símbolos de intimidación, de censura económica, de castigo político.
Porque cuando una autoridad municipal, como la del Chupón, decide negar una licencia sin explicar por qué, y luego intenta justificarlo con tecnicismos, lo que está en juego no es solo un permiso comercial. Es la dignidad de quien se atreve a emprender, a resistir, a exigir que la ley se aplique con justicia y no con saña.
Y aunque esta vez la justicia federal corrigió el atropello, la pregunta sigue en el aire: ¿cuántos negocios más han sido silenciados sin tener los recursos o el valor para defenderse? ¿Cuántas veces más se usará la burocracia como arma para castigar al incómodo?
Esta humillación pública no termina con una sentencia. Termina cuando entendamos que el poder sin límites, por más local que sea, siempre es una amenaza.
Como bien lo apuntó nuestro Flechador del Sol, al Ayuntamiento parece no importarle la legalidad ni el mínimo sentido común. Pretende venderle a Huajuapan la idea de que la “seguridad” para vender alcohol depende de un sello en un papel membretado, cuando la verdadera garantía para la ciudad debería ser la transparencia en los trámites.
El amparo está firme. La justicia federal ha hablado. Ahora el Ayuntamiento debe acatar. Si no lo hace, podría enfrentarse a consecuencias legales por incumplimiento de una sentencia de amparo. La sentencia debe cumplirse: el Ayuntamiento está obligado a reponer el procedimiento y emitir una nueva resolución debidamente fundada y motivada respecto a la solicitud de licencia con venta de bebidas alcohólicas.
¿Y se podrá hacer una impugnación extraordinaria? Se han de preguntar algunos funcionarios municipales. Podrían soñarla, pero sería como pedirle a la Suprema Corte que revise un caso sin trascendencia constitucional. No se menciona en el expediente, y es poco probable que proceda.
Al Ayuntamiento de Huajuapan le esperan dolores de cabeza: deberá expedir la licencia en la ubicación y giro solicitados, revisar sus reglamentos y pulir sus protocolos para evitar nuevos amparos. Tendrá que actualizar manuales, capacitar a su personal —quienes, por cierto, tienen una preparación a “machete”, nada pulidos— y coordinarse con el Cabildo para no caer en decisiones caprichosas. Pero eso lo duda nuestro reportero, pues siempre le ha ganado y le seguirá ganando la soberbia al presidente Chupón.
Otra cosa, Si el propietario no se deja, podría reclamar al Ayuntamiento indemnización por los días de venta perdidos.
Ojalá que con esto aprendan a ser transparentes. Un gobierno claro atrae inversiones porque demuestra que respeta las garantías ciudadanas. Cuando eso existe, todo comerciante desea ubicarse en ese municipio. Pero como nada de eso existe en la administración municipal de Chupón, todos prefieren darle la vuelta a la ciudad.
La parte quejosa ya lleva un fallo firme a su favor. Ahora solo falta que el municipio demuestre buena voluntad, o su desgaste político crecerá.
Y atentos: según el Flechador del Sol, esto apenas comienza. Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento ha obstaculizado a esta empresa. Este año, ni siquiera puede participar en la feria más importante de la región, solo porque al rico del pueblo no le conviene.
¿Y cuál fue la razón oficial para excluirlo? Aquí les dejamos el oficio para que ustedes lo juzguen.
En Silacayoapan, población de la Mixteca oaxaqueña cercana a Huajuapan, ya no se roba con pasamontañas. Se roba con llamadas desde el poder.
Lo que la mañana del viernes 4 de julio se anunciaba como un escándalo de “robo con violencia” en el Palacio Municipal, la noche del sábado 5 la historia se desmoronó por completo. Lo que quedó al descubierto no fue solo la inocencia de un policía y un taxista, sino algo peor: la mentira sistemática operada desde la presidencia municipal.
La historia dio un giro cuando la juez de control confirmó lo que muchos en el pueblo ya sospechaban: no hubo flagrancia, no hubo violencia y no existían pruebas reales que sostuvieran la versión de la presidenta Karina Vargas Nava. Las pruebas que ella presentó eran falsas, mal armadas o derechamente contradictorias. La conclusión fue clara: les fabricaron un delito.
Y no cualquier delito: un montaje dirigido contra un subcomandante de policía que, horas antes, obedecía órdenes directas de la propia presidenta. A las cuatro de la mañana, Karina le llamó para pedirle que fuera al Palacio a sacar dinero de la caja fuerte por un supuesto depósito urgente —según ella, para evitar una multa. El policía, que había concluido su turno una hora antes, obedeció. Sacó el dinero. Lo depositó. Y ya en la agencia municipal de Acatlima —otro encargo de la presidenta— fue detenido por la policía municipal de Huajuapan.
¿Y cómo sabían exactamente dónde localizarlo? ¿Quién les avisó que estaba ahí?
Mientras tanto, el taxi en el que se trasladaban —propiedad de un vecino de Silacayoapan— llevaba un paquete con tarjetas de cobro, posiblemente del programa Bienestar. Otro encargo. Otra trampa. Porque en el fondo, todo apunta a que Karina Vargas Nava estaba orquestando una jugada sucia. Desde su teléfono. Con su propia gente. Como quien mueve fichas en un tablero… y luego grita que le hicieron trampa.
Después de ese ir y venir, detuvieron a dos personas y las encerraron injustamente, violando sus derechos, mientras Karina posaba como víctima. Por suerte, la juez no se tragó el guion. Dijo que ningún elemento cuadraba. Que el robo no estaba acreditado por ningún lado. No hubo violencia, no hubo intento de fuga. Y si el policía hubiera querido robar, simplemente no habría ido a depositar el dinero al banco.
Además, ni la puerta del Palacio ni la caja fuerte fueron forzadas. Y aun así, el Ayuntamiento gritaba “robo con violencia”.
Pero lo más grave no es solo el abuso de poder. Es el móvil político y personal que flota detrás: los detenidos organizaron el primer Carnaval en su barrio, sin pedir permiso ni rendirle pleitesía a la presidenta. Desde entonces, Karina los traía entre ceja y ceja. Y esta historia huele más a venganza que a justicia.
Hoy, el pueblo ya no se pregunta si hubo robo. Se pregunta quién quería robar… y culpar a otros. A estas alturas, la presidenta ya no aparece como víctima. Aparece como la principal sospechosa.
Silacayoapan no olvida. Y mucho menos perdona cuando, desde el poder, se pisotea la verdad con boletines mal redactados y mentiras a cámara abierta.
Karina no solo perdió el caso. Perdió la cara. Y quizá… pronto pierda el cargo.
Vivirá poco quien no entienda lo aquí dicho, recuerde estimado ciberlector, la frase de la semana:
En política, cuando dos siglas coinciden, no es coincidencia; es hoja de ruta.
