Lavadero Registral: la lavadora de bytes que nunca se apaga
Dicen que, en Oaxaca, la “transformación digital” se lava como la ropa delicada: ciclo corto, agua tibia y detergente de alto costo… pero siempre acaba regresando al cesto sucio. La trama empezó en 2019, cuando el entonces director del IFREO, Gilberto Gamboa Escobar (mejor conocido como el Sol, —por aquello que nadie lo puede ver—), sacó pecho con el “Proyecto Ejecutivo de Modernización Registral”. En tres tandas –28.3, 27.7 y 39 millones de pesos– pagó servidores, enlaces y un Folio Real que apenas respiró en cuatro oficinas piloto. El dinero vino de un convenio SEFIN-SEDATU (clave 214PEM0032019) y quedó registrado en los reportes de gestión del propio instituto.
¿Resultado? La ASF apenas pudo comprobar 5 mdp ejercidos y dejó el resto en “observaciones pendientes”. Nadie aclaró nada, nadie pisó juzgado.
Avance rápido a 2025. El nuevo titular, Giovani Riaños Saguilán, desempolva el mismo sueño y publica la Licitación Pública Estatal LPE-SA-IF-0048-06/2025: diseño y puesta en marcha del flamante SIFREO (misma idea, nuevo acrónimo) más 164 PCs, 43 escáneres y cinco antenas satelitales. Plazo: 150 días naturales; pagos en tres exhibiciones sin anticipo. Origen del recurso: partida estatal 323, “consultoría en TI”.
Estimado ciberlector, aquí viene la espuma: solo se presentó una empresa, Corporativo en Servicios Profesionales AUSAN, S.A. de C.V., que ofertó $ 24 271 816.80 pesos —el monto lo cantó en voz alta la mesa de apertura del 8 de julio— y ya antes había sido “el único postor y ganador” en otras compras de la administración, según registros de la propia Secretaría de Administración.
Estimado ciberlector, como el historial de contratos federales de AUSAN es nulo y su página web redirige a un “en construcción”. Pero “cumple” con el Manual de Identidad Gráfica gubernamental (porque en Oaxaca, sin paleta de colores no hay revolución). Aquí les dejamos unos datos interesantes de esta empresa:
Servicios Profesionales AUSAN, S.A. de C.V. es, sin duda, el champiñón más veloz del huerto burocrático. Resulta y resalta que su acta salió del horno el 23 de marzo de 2022 —lo delata su RFC CSP220323I26: 22 (año), 03 (mes), 23 (día)— y, antes de que se secara la tinta, ya portaba credencial de “consultora en contabilidad y auditoría”.
A los seis meses se apuntó en el Padrón de Proveedores del estado (folio PV14339, alta 25-sep-2023). Allí especificó el mismo giro contable, sin mención de antenas satelitales ni megaplataformas de software, pero eso no impidió que la administración la etiquetara como proveedora “idónea” para cualquier antojo tecnológico.
Su bautizo contractual llegó en diciembre de 2023: AUSAN fue el único concursante y se llevó $5 916 000.00 por mobiliario —los sillones más caros desde los de Luis XV— además de una segunda compra idéntica por la adquisición de infraestructura de cómputo.
Para rematar el año, AUSAN apareció en el registro de obra municipal FAISMUN embolsándose paquetes de $750 849.00 por consultorías que nadie puede explicar sin un diagrama de Venn, un escapulario y tres cafés cargados.
Todo parece indicar que su salto cuántico llegó en este julio de 2025: licitación LPE-SA-IF-0048-06/2025 del IFREO, porque como ya les dijimos se va a embolsar $24 271 816.80. Con tres años de vida y cero historiales federales, AUSAN pasó de contadora de nómina a garante del patrimonio jurídico-inmobiliario de todo Oaxaca.
Estimado ciberlector, a nosotros solo nos queda observar —palomitas en mano— si la joven SA de CV logrará digitalizar siglos de escrituras notariales sin tropezar en el intento… o si terminará añadiendo un encabezado más a la bitácora local de contratistas meteóricos que desaparecen tan rápido como aparecieron, llevándose consigo el presupuesto y dejando la nube de datos tan vacía como su página web. ¡No bueno!
Deuda pendiente con el pasado
En otras palabras: durante el sexenio de Alejandro Murat se comprometieron algo más de 300 millones de pesos para “poner en línea” los trámites registrales; el gobierno de Jara encontró sistemas caídos, equipos fantasmas y kioscos mudos, pero apenas ha pasado de la auditoría de oficina a las denuncias que siguen empolvándose. IFREO revisa papeles, Catastro persigue a un ex-funcionario por otra causa, Registro Civil acumula carpetas sin juez, SEMOVI ni siquiera investigó, y Talleres Gráficos espera que el expediente administrativo madure. La digitalización, por ahora, sigue convertida en literatura gris: muchos contratos, pocas bases de datos y cero sentencias que regresen un solo peso.
Por cierto, que alguien le diga al ex gobernador el Cachorro Murat que ya se le pasó la mano con el bótox.
Aquí van unas preguntas que siguen sin botón de “aceptar”
¿Dónde está la bitácora de entrega-recepción 2022 del IFREO?
¿Se ejercerán sanciones contra CIFO por los 190 mdp del Registro Civil? (Las 6 carpetas duermen el sueño de los justos y ya contrataron a uno de los trabajadores).
¿Cuánto costarán las nuevas licitaciones de Registro Civil, Catastro y el Diario Oficial?
Si la 4T local quiere dejar de centrifugar dinero, necesita publicar —con tanta fanfarria— la auditoría forense de los proyectos 2019-2022 y la ruta detallada de cada peso que gastará de aquí a fin de sexenio. De lo contrario, cada “nuevo” sistema será otro ciclo en la lavadora: gira, hace espuma, se traga el presupuesto… y al final nos entrega la misma toalla húmeda de siempre.
Próxima colada: los pliegos de Registro Civil, Catastro y Diario Oficial. Les refrescamos la memoria: 190 mdp sin actas, 12 mdp en equipos invisibles y una app de 5 mdp que pide contraseña hasta para fallar.
¿Listos para otra tanda? Compren palomitas en combo grande.
Nuestra reportera Police Woman nos informa que finalmente cayó la primera ficha de un dominó que, si la justicia se aplica con rigor, podría llevar al desmantelamiento de una de las redes de corrupción más impunes de la historia reciente en Oaxaca: el llamado #CártelDelDespojo.
Y el protagonista de esta primera escena judicial es J.A.Z.M., alias El Ratón Z, exdirector de Catastro durante el gobierno de Alejandro Murat, hoy sentenciado a 8 años, 7 meses y 15 días de prisión, y con una multa simbólica —por no decir insultante— de poco más de $16 000 pesos. Lo que sigue pendiente es el cálculo final del daño patrimonial, que se estima superior al millón 600 mil pesos.
J.A.Z.M. fue hallado culpable de despojar ilegalmente dos bienes inmuebles pertenecientes al doctor Gerardo Ricárdez Bernardino, fallecido durante la pandemia. Según las investigaciones, el exfuncionario falsificó documentos para transferir propiedades a terceros, usando su cargo público como trampolín para delinquir. No actuó solo. Formó parte de una estructura organizada, con vínculos notariales, jurídicos e inmobiliarios que operó sistemáticamente durante el sexenio muratista.
Y aquí es donde conviene poner las cosas sobre la mesa: el despojo de inmuebles no es una novedad en Oaxaca, pero sí lo es que se empiece a castigar. El llamado Cártel del Despojo no surgió por generación espontánea; fue una red que creció bajo la sombra protectora del poder político, donde muchos funcionarios vieron en los bienes ajenos una oportunidad de enriquecimiento silencioso. Alejandro Murat, el entonces gobernador, heredó no solo el apellido: parece que también las prácticas patrimoniales de su padre, José Murat, conocido en el círculo político como el señor de Polanco.
La justicia, sin embargo, suele llegar tarde y cuando el botín ya ha sido repartido. En este caso, el sentenciado devolvió las propiedades despojadas, lo que redujo su pena, pero el daño institucional y la desconfianza ciudadana siguen presentes.
Por otro lado, es evidente que el actual gobierno intenta responder a una demanda social de justicia. Este fallo se presenta en un contexto donde la primavera oaxaqueña busca cambiar la negativa que los oaxaqueños tienen ante el trabajo nulo y robo en despoblado de muchos funcionarios.
Ahora bien, la crítica debe ser pareja y no selectiva: si bien este fallo es un avance, la justicia no puede detenerse solo en los escándalos heredados. Hay también cuentas pendientes dentro del presente, donde algunos actores públicos repiten viejos vicios con nuevas etiquetas burdas.
Este caso no debe convertirse en un trofeo político, sino en un punto de partida. Porque la descomposición del sistema no se limita a un sexenio, ni se combate con un solo castigo ejemplar. Oaxaca necesita más que sentencias: requiere mecanismos que prevengan, detecten y sancionen con eficacia cualquier forma de abuso del poder, venga de donde venga.
Estimado ciberlector, la caída de El Ratoncito representa una señal de que es posible desmontar redes de corrupción cuando hay voluntad y presión social. Pero también es un recordatorio de que la justicia que solo mira al pasado y se olvida del presente corre el riesgo de ser vista como selectiva, reactiva y políticamente útil, pero no estructural.
Y eso, en un estado donde el saqueo ha tenido apellido, padrinos y notarios, no es menor.
Ya veremos cómo dictarán las demás sentencias y quiénes más van a caer. Les podemos dar unas pistas, pero preferimos que sea sorpresa. Je, je, je.
Uno pensaría que, después de tantos tropiezos, los cruzados del viejo PRI habrían guardado la armadura en la bodega; pero no: el 30 de julio reaparecieron en una palapa de Tuxtepec, vestidos de Verde Ecologista, para “dialogar proyectos” y –guiño, guiño– insinuar que el senador-diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué podría ser el próximo jinete a la gubernatura.
Alejandro Avilés fue el maestro de ceremonias: pagó la difusión en redes, acomodó a los 30 varones en primera fila y, para que conste en acta, encargó al camarógrafo un close-up de cada rostro culpable. Sólo tres mujeres se colaron en la postal, condenadas a la orilla de la mesa como si la igualdad fuera un requisito opcional. El “destape” sin pronunciar el verbo pareció más bien fuga de nostalgia que plan serio.
Para quienes revisen el video cuadro por cuadro, queda la postal de la traición contenida: Raúl Bolaños-Cacho Cué frunciendo el ceño, apretando los labios –como vendedor sorprendido con el catálogo de mentiras en la mano–, mientras a su derecha Jorge “Chester” Illescas se cubre la cara con gesto de “trágame tierra”. Las muecas hablan más que el discurso de Avilés: uno no cree lo que oye; el otro preferiría no quedar retratado en el carnaval de los quemados.
El libreto es reciclado: en 2018 Murat alzó la mano de Raúl y proclamó “juventud garante de futuro”; el veredicto fue una senaduría de consolación –gracias a la primera minoría– y ni un respaldo real para la gubernatura. Hoy Raúl vuelve a la pasarela con el mismo aval de su tutor priista, pero sin palacio de gobierno que financiar la fiesta. La experiencia demuestra que cuando dependes del padrino y no del electorado, acabas recogiendo el anillo antes de llegar al altar.
Mientras Salomón Jara afinaba con alcaldes la ruta de la revocación de mandato, los ex-priistas se entretenían jugando a las precampañas fuera de temporada. Y lo hacían sin avisar al gobernador que, mal que bien, es el socio mayoritario de Morena-Verde en Oaxaca. En la mesa destacaban dos mensajeros directos de José Murat: Antonio Amaro Cancino –el viejo operador de la Cuenca– y Jorge “Chester” Illescas, famoso por convertir las giras del exgobernador en caja chica familiar. Si ellos se mueven es porque el patriarca lo ordenó, y esa señal no pasa inadvertida en Palacio de Gobierno.
El detalle que ninguno quiso reconocer es que el Partido Verde ya no es corral de Raúl: el sello lo controla hoy la gobernación de Salomón Jara y sus verdaderos operadores, el de los rizos. Mientras los Muratistas venden mentiras y oxidan la relación con el Ejecutivo, otros ecologistas avanzan calladitos, sumando alcaldes sin ruido y asegurando candidaturas reales.
Avilés, que ahora presume credencial del PVEM como si un tinte bastara para borrar los 30 años de tricolor, vendió el encuentro como “reencuentro de amigos”, pero evitó mencionar a Raúl en la pauta pagada a varios medios. Más que halago parece maniobra: inflar al delfín para luego cobrar el favor o, de plano, dejarlo varado como ocurrió con Eviel en 2009, cuando el entonces coordinador de diputados federales desfiló por las regiones prometiendo “bajar recursos” que nunca llegaron. Aquella fórmula caducó: desde 2019 la 4T le cerró el oxígeno al Ramo 23 y a los moches etiquetados; hoy no hay bolsón para comprar voluntades municipales, y Avilés dista mucho de ser un Beltrones con capacidad de negociar cifras en San Lázaro.
La escena, pues, luce como convención de caballeros con armadura de latón remendada: un puñado de perdedores seriales –Avilés cayó en 2022, Amaro en 2021, Chester ni en su tierra levanta multitudes– intentando vender el “producto fresco” de Raúl cuando el envase expira en 2024. Y mientras el gobernador descorcha proyectos reales con su gabinete, los ilusionistas de la Cuenca sueñan con volver a mandar sin entender que el tablero cambió: el capital político ya no pasa por los caciques de siempre ni por los cheques con firma de Hacienda, sino por la legitimidad que otorga la calle… y esa, compañeros, no se compra con likes patrocinados.
Los ex-priistas podrán pintarse de Verde, posar bajo las luces navideñas colgadas en la palapa y repetir la cantaleta del “gran reencuentro”, pero el público ya vio esa obra y salió decepcionado. Si Raúl cree que los Murat todavía reparten coronas, debería mirar la boleta de 2022 y, sobre todo, la cara de Avilés mientras contaba los votos.
Señores, la política oaxaqueña exige guiones nuevos; seguir reciclando actores con armaduras oxidadas sólo garantiza otra función vacía… y la risa burlona del respetable. Esperemos que el “aigreeee” de la Rosa de Guadalupe pronto ilumine a nuestro querido amigo Avilés, porque últimamente anda tropezando con malas piedras.
Nuestra afilada reportera Fedataria, nos informa que, a poco tiempo de la Revocación del mandato, la primavera oaxaqueña anda aplicando la justicia prometida, y es que no sólo clausuró tres despachos: puso en evidencia el ecosistema político que incubó fiats como si fueran favores de campaña. La orden de cerrar las notarías 135, 94 y 103 —y pulverizar las patentes de Jorge Alberto Gómez Merlo, Rodolfo Morales Pazos y Laetitia Molina Pertierra— parte de un expediente demoledor: ninguno de los nombramientos cumplió siquiera los requisitos elementales de la Ley del Notariado, pero todos compartían el mismo cordón umbilical con los gobiernos de Ulises Ruiz y Alejandro Murat. Así, la 4T local convirtió la “fe pública” en escena del crimen y a Salomón Jara en el fiscal que llega a poner las cintas amarillas.
El caso de Gómez Merlo huele a thriller inmobiliario: su fiat nació la penúltima noche de 2020, cuando el entonces gobernador Murat firmaba concesiones con la velocidad de Santa repartiendo juguetes. Tres años más tarde, Merlo fue detenido en Turín por Interpol, acusado de integrar el “Cártel del Despojo” que robaba identidades para vaciar patrimonios —el de los Gómez Conzatti entre sus víctimas—, pero la extradición nunca se concretó. Con la revocación, el gobierno le arrebató el oxígeno que le quedaba: sin sello, sin libros y, sobre todo, sin la coartada de que su nombramiento era legal.
Rodolfo Morales Pazos representa el lado más turbio del viejo negocio: su firma avaló nueve constructoras fantasmas que drenaron 225 millones de pesos de los Servicios de Salud en la era de Germán Tenorio. Cuando la Fiscalía libró orden de aprehensión en 2017, el notario 94 se refugió detrás de amparos; en 2022 un comando lo acribilló saliendo de un bar, mató a su chofer y recordó que la frontera entre tinta y pólvora es muy delgada en Oaxaca. Hoy la primavera le quita la patente y de paso le borra la última cortina de hierro jurídico.
Laetitia Molina Pertierra nunca salió en la nota roja, pero su fiat tampoco aguantó el examen de procedencia. Otorgado en 2007 sin oposición, sin prácticas y, según el expediente, con un domicilio “temporal”, su nombramiento vivía del silencio administrativo. Esa comodidad terminó cuando la Dirección de Notarías requisó 127 libros y 176 apéndices: la fe pública que sostenía licitaciones con SAPAO y contratos de Banobras ahora reposa en cajas de archivo muerto.
Este ajuste de cuentas no empezó hoy. En abril cayó la notaría 15 de Alejandro Nassar Piñeyro, ex secretario privado de Murat; y desde octubre de 2023 la Consejería revisa más de treinta fiats “nocturnos” entregados durante los sexenios de Ruiz, Cué y Murat. Se investiga, además, a seis fedatarios que recibieron sus sellos en las últimas horas del gobierno anterior: ni libros ni protocolos han sido liberados.
El mensaje interno es inequívoco: cada patente nacida de un expediente trucado se convertirá en pieza forense.
Políticamente, la jugada golpea dos frentes. Primero, descabeza una red notarial que garantizaba impunidad registral a la vieja clase priista —el mismo engranaje que en tiempos de elecciones financiaba campañas con escrituras exprés y créditos hipotecarios simulados. Segundo, envía a la tropa morenista la señal de que la cruzada anticorrupción no es mero eslogan: se puede tocar a los del antiguo régimen, aunque aún tengan lobby en los tribunales federales. A la par, Jara refuerza su narrativa de “limpiar la casa” justo cuando se discute una reforma que limitaría la discrecionalidad del Ejecutivo para otorgar fiats; hoy la opinión pública ve resultados tangibles y la oposición pierde un refugio económico clave.
Para los notarios que siguen confiando en que los pactos viejos los salvarán, la escena se pone trágica: Santo Niño Milagroso de la Primavera cruza padrones con el SAT, revisa cada sociedad fantasma y escarba en protocolos donde curules, exgobernadores y tres generaciones de abogados dejaron huellas de pólvora financiera.
Si este golpe se dio durante la Guelaguetza, dicen los que saben que el próximo puede caer sin cámaras, un martes cualquiera, con un par de funcionarios pegando sellos de “clausurado” mientras los cuervos del registro público revolotean sobre legajos aún tibios.
Y cuando esos portones se cierren, no habrá tinta ni amparo que devuelvan la fe pública: los fedatarios quedarán como escribanos sin voz, testigos de su propia acta de defunción jurídica en la tumba de cantera que ellos mismos ayudaron a cimentar.
En donde las cosas siguen iguales o peores, es en el Hospital Regional Presidente Benito Juárez del ISSSTE, los quirófanos dejaron de ser lugares de sanación y se convirtieron en trampas mortales, tal como lo hemos denunciado desde hace varios meses.
El aire medicinal que debería salvar vidas está contaminado con agua. Sí, con agua estancada en las tuberías del compresor que, al mezclarse con microorganismos, convierte cada procedimiento quirúrgico en una ruleta rusa sanitaria. ¿El resultado? Riesgo de infecciones graves, contaminación de equipos y una suspensión total de cirugías y endoscopías desde el 1 de agosto.
Y mientras esto ocurre, el director del hospital, Emanuel de Jesús Cortés Santiago, repite que “todo está bien”, como si ocultar la crisis sanitaria bajo la alfombra fuera suficiente para evitar un brote nosocomial. Pero ya es demasiado tarde: hay pacientes operados en quirófanos contaminados, equipos comprometidos y personal médico al borde del colapso.
Los oficios firmados por los médicos: Verónica Ramírez, Juan Omar Ortigoza, Benjamín Homero Mayorral y Saúl Minguet Vargas no dejan lugar a dudas: las condiciones no solo no son seguras, son inhumanas. El área de compresores está hecha un muladar: charcos, óxido, piezas arrumbadas, filtros vencidos y humedad por todos lados. ¿Y la respuesta de los directivos? Esperar la resolución de la aseguradora. ¡Una aseguradora! Como si la salud de los pacientes pudiera esperar el trámite de una póliza mientras la vida se les escapa entre tubos oxidados.
Esto no es una falla técnica, es negligencia criminal por omisión y por acción. Porque sí sabían, sí les avisaron, y sí lo dejaron pasar. En lugar de reparar, decidieron ignorar. En lugar de actuar, simularon. Y ahora el precio lo pagan los más vulnerables: los pacientes, sus familias y el personal médico que ha tenido que parar todo para evitar una tragedia mayor.
Pero no es el único escándalo que corroe al ISSSTE en Oaxaca. Mientras se descomponen los quirófanos, también se pudre la administración. El personal eventual no ha cobrado ni la segunda quincena de junio, y las autoridades siguen mintiendo con nóminas simuladas. A la gente se le dice que ya se pagó, cuando la verdad es que siguen trabajando sin un peso, sin certeza laboral y sin respuesta oficial.
¿Dónde están los responsables federales? ¿Dónde está el director estatal del ISSSTE? ¿Cuántas cirugías canceladas y vidas en riesgo se necesitan para que la Federación actúe? ¿O también esperarán a que se haga viral una tragedia para comenzar a repartir culpas?
Esto ya no es solo decadencia administrativa, es colapso institucional. El ISSSTE Oaxaca se hunde en la desidia, la mentira y la omisión. Mientras el Hospital Civil grita desde hace años por ayuda, este hospital del ISSSTE ya se quedó sin voz. Lo que sigue, si no se actúa ya, será un escándalo nacional con víctimas con nombre y apellido.
Porque aquí ya no se trata de si se puede operar. Se trata de quién va a sobrevivir a esta omisión oficial.
Y si alguien cree que esto puede seguir igual, que se atreva a decirlo frente a la próxima madre que pierda a su hijo por una infección causada por aire contaminado.
Nuestra reportera Narco-Barroca nos cuenta que, sí, llegó gente a ver a Rubén Blades —no fue un concierto fantasma—, pero tampoco la marea humana que debería desbordar calles cuando suena una leyenda de la salsa. Para un grande como él, se esperaba ver el Zócalo, la Alameda de León y hasta García Vigil e Independencia convertidos en una sola pista de baile; al final, el flujo se quedó corto y, para colmo, Siddhartha —un ídolo millennial que apenas ubica la generación TikTok— terminó convocando a más público.
Aunque Blades es una figura universal, en Oaxaca lo trataron como al primo desconocido de Pedro Infante. El panameño cerró con broche —caro— el último concierto de la Guelaguetza 2025, cortesía de la Secretaría de Culturas y Artes, dirigida con más caprichos que estrategia por el sembrador de discordias: Flavio Sosa Villavicencio.
La promoción fue raquítica y el salsero apareció en la cartelera como mero relleno multicultural, casi para tachar el checklist de “diversidad étnica” sin muchas ganas de que la gente se enterara. Resultado: una Alameda medio llena, pocas historias en Instagram y la pregunta flotando en el aire: ¿qué demonios pasó con la difusión?, porque más de 15 mil personas no fueron.
Para colmo, corren rumores de que el concierto fue el más caro de los tres que cerraron la fiesta. Y hay quejas de que ni Rubén ni su staff fueron particularmente cálidos con los funcionarios talacheros ni con cierta prensa —sobre todo la que no distingue entre “Pedro Navajas” y “Pedro navajazos”.
Por supuesto, Flavio Sosa mantiene sellado el monto del contrato. Maneja el asunto como si la Secretaría fuera un club privado de jazz experimental: mucha improvisación, cero transparencia. Sabemos que Saymi Pineda pagó 12 millones por Julión Álvarez en tiempos de austeridad franciscana, así que imaginar que Blades llegó por unas tlayudas y mezcal artesanal es tan ingenuo como creer que el SAT hace descuentos por “buena vibra”.
Hay que reconocerle a Flavio que tiene mejor gusto musical que político. Pero en un estado donde la radio late a ritmo de banda, corrido bélico y Grupo Frontera, colar salsa fina sin aviso es como servir ceviche en plena taquiza de barbacoa: puede estar exquisito, pero nadie lo va a pelar.
Y aquí la pregunta se vuelve puñal: ¿cuánto le costó este caprichito cultural al pueblito noble y sabio? Porque si la derrama económica no cuadra ni con calculadora del SAT, tal vez hubiese sido más sensato contratar a la Marimba del Istmo para tocar “Pedro Navajas” en versión cumbia. Esa, al menos, sí llena el parque… y no vacía la caja chica de la discordia.
Las calenturas tempraneras ya comenzaron y los destapes están a la orden del día, pero bien dice el dicho que, por mucho que se madrugue, no amanece más temprano, queridos ciberlectores.
En Oaxaca, los actores políticos de alcance nacional ya perfilan a sus cuadros para no quedarse fuera de la jugada. Todo indica que la contienda se librará entre damas y caballeros: en una esquina, los equipos morenistas que se identifican con la number one, CSP; en la otra, los “sicarios guindas” encabezados por los jerarcas de las cámaras alta y baja.
El primer capítulo de este agarrón lo veremos con la definición del candidato a la gubernatura de Zacatecas, donde la mafia de los Monreal topará con pared: las damas guindas pretenden ponerles enfrente al diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, aquel que en los noventa lideró la asociación civil El Barzón para defender a los deudores bancarios tras la crisis de 1995.
¿Será cierto que los ex-tricolores de Oaxaca ya pactaron con la mafia zacatecana para el próximo piñatazo electoral y, por eso, quieren llevar agua a su molino green? Amigo ciberlector, no pierda detalle de los movimientos políticos en el centro del país, porque en esta tierra del Dios Nunca Muere los efectos se dejarán sentir… y fuerte.
Quién dijo que en la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad (SMABES) todo era color verde esmeralda? Parece que alguien confundió la clorofila con moho burocrático.
Con sigilo de jaguar, Sergio López Sánchez dejó la curul y cayó de pie en la Subsecretaría de Recursos Naturales y Cambio Climático. “¡Qué puesto tan chiquito!”, murmuran algunas almas cándidas; pero los pasillos del Palacio Chairo susurran que es solo la antesala al trono que hoy ocupa, a duras penas, Karime Unda Harp. El libreto es claro: foguear a Sergio mientras la actual titular —que llegó como “asesora” de sí misma— sigue sumando más negocios que acciones y dejando un programa de verificación vehicular irreconocible, para luego darle la despedida con un elegante “gracias por participar”.
A la purga se apuntan varios del círculo íntimo. Las lenguas viperinas ya operan para que Sergio se pruebe la silla principal y Karime emprenda la graciosa huida con su colección de plagios, despotismos y contratos a modo.
Y hablando de fugas, la sobrina incómoda del gobernador, Diana Karina Hodich Toledo, se despidió vía WhatsApp de la Subsecretaría de Política Ambiental y Energías Renovables. Entre foto y foto, la funcionaria descubrió que cobrar sin mover un dedo también cansa. El asiento quedó vacío y nadie sabe si Karime intentará colar a otro incondicional o si desde la Gubernatura le enviarán un recadito: “renuncia antes de que te renunciemos”.
Pero el casting no termina ahí. Al asiento que dejó Agustín Elías Ramírez —defenestrado por aquella selfie saboreando huevo de tortuga y, para colmo, por cargar la etiqueta de “cuota de Amador Jara”— se trepó Brisceida Sibaja, licenciada en Criminología (sí, leyó bien: criminología, no ciencias ambientales). Su auténtico currículo no está en los laboratorios de emisiones, sino en la intriga palaciega: se ganó el afecto de Karime Unda alimentándole chismes de alto octanaje sobre todo el personal, una afición que la titular cultiva revisando las cámaras internas como si fueran Netflix de telenovela. Brisceida fue quien pescó la foto fatal, la envió a cuanto medio se dejó —incluyéndonos— y, para asegurarse de la carnicería, llamó con nombre falso y una historia calcada de un libreto turco. Resultado: Agustín quedó fuera, Amador perdió a su pieza, y la criminóloga ascendió a directora de Cambio Climático, demostrando que, en la SMABES, el CO₂ contamina menos que un buen chisme con destinatario privilegiado.
Eso no es todo, estimado ciberlector. Apenas despuntaba la aurora del 31 de julio cuando la SMABES soltó un “¡sálvese quien pueda!” disfrazado de comunicado oficial: el plazo de la verificación vehicular se alarga hasta el 31 de agosto y, para colmo de la ironía, el servicio se suspende hasta el lunes 4. Es decir, “tienen más tiempo… pero no hay dónde hacerlo”. La jugada pretende desactivar las protestas que hervían a fuego alto en los verificentros: colas kilométricas, citas fantasma y usuarios durmiendo sobre el volante mientras su auto seguía contaminando de puro coraje.
El desorden tiene nombre y precio. El software estrella —ese que prometía conectar todo con un clic verde esperanza— costó 600 mil pesos, un monto tan oportuno que quedó por debajo del umbral que obliga a licitar y, ¡voilà!, se adjudicó en fast track. Para coronar la hazaña, se exigió a cada concesionario comprar un teléfono “exclusivo” de veinte mil pesos, porque la aplicación solo funciona en ese modelo. Resultado: un procedimiento que antes tomaba diez minutos ahora se atasca media hora esperando la bendita conexión, mientras el smog y los ánimos se espesan al estilo salsa macha.
El castillo de naipes empezó a temblar y la primera en caer fue Ada Luz Romero Ruiz, jefa del departamento de verificación vehicular, a quien le pidieron la renuncia con la misma delicadeza con la que se quita un sticker de “2024” del parabrisas. Sin embargo, la verdadera directora del desastre sigue cómodamente al volante: Amparo Socorro, reciclada del sexenio pasado y experta, dicen, en sobrevivir a los cambios de gobierno… pero no en levantar programas. Con ella al timón, el barco avanza a la deriva, eso sí, cobrando en caja aparte los hologramas que aún no imprime.
En este lodazal aterriza Sergio López Sánchez, recién ungido subsecretario y esperemos que un futuro bombero de un incendio que huele más a recaudo que a ecología. Su primera prueba será acelerar un motor que apenas arranca y, de paso, decidir si mantiene a Amparo en la cabina o la manda al corralón de los funcionarios sin refacciones. Porque, mientras los conductores pagan dobles vueltas y gasolina extra, la Secretaría colecciona excusas verdes como si fueran cromos de tlayuda.
La ciudadanía, entretanto, mastica el desconcierto: pagaron una “modernización” que solo modernizó la espera y ahora reciben de premio una prórroga obligada.
Si Sergio no mete sexta velocidad —y un buen filtro antipolvo político— la verificación vehicular pasará a la historia como el mayor embotellamiento administrativo: lento, caro y con olor a combustión de fondos públicos. Y ya se sabe que, en Oaxaca, el humo de la tlayuda se tolera; el de la ineptitud, no tanto.
Y ya veremos qué pasa…
Cuando el caballero que cambió el rojo por el verde juró jamás volver a ver al paje que lo acusó de pactar con sombras, nadie imaginó que, años después, lo invitaría de nuevo a la mesa y hasta le sostendría la copa: la misma mano que pagó su educación —y recibió a cambio un coro de agravios— hoy lo escolta por los salones como si la ingratitud anduviera de etiqueta.
Pista uno: el benefactor que llamaba “niña llorona y bocona” al pupilo vuelve a abrirle la bolsa, aun sabiéndose blanco fácil de otra lengua viperina.
Pista dos: el discípulo expulsado del templo guinda busca cobijo en la casa verde, confiado en que la memoria corta vale más que la lealtad larga.
#SoloMuyProfesionales
Dice nuestro reportero Flechador del Sol que hay dolores que no caben en una tumba. Y hay gobiernos que ni siquiera intentan disimular su desprecio. Por eso, asegura nuestro reportero, que este caso se trata de una viuda sin luto, frente a un poder sin alma.
El 4 de marzo, un trabajador del Ayuntamiento de Huajuapan murió prensado dentro de un camión recolector de basura. No fue noticia por su nombre, ni por la tragedia, sino por el escándalo posterior: la viuda —Beatriz, que así se presenta, sin más adornos— se atrevió a pedir justicia. Y entonces el poder respondió como suelen responder los cobardes: con burla, intimidación y silencio.
Porque en México, morir trabajando no garantiza ni seguridad social, ni funeral digno, ni indemnización. Garantiza, en cambio, una viuda humillada, una familia rota y un expediente que se extravía en la “burocracia” —esa máquina lenta y sádica diseñada no para resolver, sino para agotar.
“No tengo casa. No tengo abogado. No he vivido mi duelo. Lo único que quiero es tranquilidad. No dinero. Justicia.”
Beatriz no llora. No necesita hacerlo. Su voz tiembla y con eso basta.
La promesa del Ayuntamiento fue tan clara como falsa: un millón de pesos saldría del presupuesto de la feria. Lo dijeron frente al Cabildo, en sesión pública. Hoy, cinco meses después, no hay rastro del dinero, ni del acuerdo, ni de la dignidad prometida.
En lugar de respuestas, le exigieron los papeles: primero un acta de concubinato, luego otra por la iglesia, después otro más para el juicio que nunca pidió. ¿Juicio? ¿Quién lo inició? Nadie responde. Solo piden. Solo dilatan. Solo esperan que se canse.
Aunque el presidente y el Cabildo le prometieron una solución directa —sin juicios, sin desgaste—, ahora le notifican que el caso sí será judicializado.
Ella no lo pidió. Lo rechaza. Entregó todos los documentos, no tiene conflictos familiares, solo exige el documento que la acredite como beneficiaria para acceder a lo que por ley corresponde. Su demanda no es por ambición, sino por su hijo.
Denuncia la falta de voluntad política: asegura que el trámite podría resolverse fácilmente a través de una notaría local, pero siente que le cierran las puertas por ser mujer humilde y por alzar la voz.
Mientras carga sola con el duelo, la burocracia le impone un juicio que solo prolonga su dolor.
En Huajuapan, parece que levantar la voz es más peligroso que fallar como autoridad.
Pero Beatriz no se cansa.
M“Me siento engañada. Quieren que me dé por vencida.”
Y mientras ella exige —con voz firme, con papeles en mano, con su hijo a cuestas— el gobierno local opta por la estrategia más ruin: descalificarla. Una reportera, Yasohara Aguilar Barbosa, pagada por el Ayuntamiento la llama “mentirosa”, “concubina”, “show”. Le imputa “argumentos falaces”. Le insinúa “intenciones oscuras”.
No hay prueba, ni contraste, ni respeto. Solo tecnicismos y sarcasmos, como si las comillas irónicas pudieran ocultar la podredumbre.
¿La muerte de su esposo fue culpa suya por “imprudente”?
¿El camión tenía medidas de seguridad?
¿El Ayuntamiento investigó algo, o solo buscó a quién culpar —de preferencia, al muerto?
Preguntas básicas. Todas sin respuesta.
Y sin embargo, la maquinaria oficial se mueve… pero no para investigar, sino para amedrentar. A Beatriz la buscaron en su trabajo. Le llegaron a casa. La hostigaron. Y, por si fuera poco, le niegan hasta el expediente laboral de su esposo.
El poder, cuando se siente incómodo, no escucha: acosa.
El único gesto de humanidad vino de un regidor. Uno. Los demás, como estatuas de sal, miran sin moverse. Aprueban sin opinar. Obedecen sin pensar. El presidente municipal, dice ella, “solo asiente, como un mono oyente”. La frase no busca insultar, sino describir la parálisis de quien tiene el poder y no lo usa —salvo para encubrir su negligencia.
No es esta una historia aislada. Es un espejo. Una radiografía del desprecio institucional. Una muestra de cómo el dolor ajeno se convierte en trámite, y cómo el periodismo, cuando se vende, deja de ser voz para volverse garrote.
Beatriz no pidió lástima. Pidió justicia.
Y“Yo no pido lujos. Pido dignidad.”
Pero en Huajuapan, pedir dignidad es un acto de resistencia.
Y sí, es verdad, hay periodistas que escriben con el alma. Pero también hay quienes redactan con la mano extendida y el recibo en el cajón. Contra esos se alza esta columna.
Porque el periodismo no nació para silenciar a las viudas ni para encubrir a los poderosos. Nació para preguntar lo que incomoda. Para darle nombre al abuso. Para que nadie tenga que llorar en soledad.
La muerte no terminó en el basurero. Sigue viva en cada promesa rota.
Y mientras Beatriz camine con su hijo de la mano, exigiendo lo que es justo, habrá al menos una voz que no se dejó aplastar.
Por otro lado, como siempre, Miguel Ángel Sandoval Rodríguez tiene una costumbre —digamos, un estilo— que arrastra desde hace años: hostigar. Lo hacía antes y lo sigue haciendo ahora, como si el tiempo no pasara y la ética nunca hubiera llegado al Ayuntamiento.
A la fecha, Sandoval sigue operando como si nada. Como si todo. Se pasea por los pasillos manoteando órdenes, intimidando con prepotencia a cualquiera que se cruce en su camino, en especial a personal joven. Y si son mujeres —y si son “de buen ver”, como diría él mismo con esa vulgaridad que no disimula ni en voz baja—, entonces su comportamiento se vuelve más que abusivo: se vuelve repugnante.
Todo ocurre con la complacencia tácita del presidente “Chupón”, que parece tener como política de gestión mirar hacia otro lado… siempre y cuando las facturas sigan pasando.
Y pasan. Porque Sandoval no solo acosa: también cobra. Y no poco. Las facturas que firma incluyen cenas infladas al doble, incluso al triple de su costo real. Restaurantes con precios de gala y cheques liberados sin resistencia. Las firmas fluyen. Los gastos se aprueban. El dinero se esfuma.
El poder en Huajuapan tiene sus protegidos. Y algunos, como Sandoval, no se esconden: desfilan. Con descaro, con impunidad.
Vivirá poco quien no entienda lo aquí dicho, recuerde estimado ciberlector, la frase de la semana:
En política, si la Primavera anda de Guelaguetza, ponte casco: llueven sentencias, vuelan fíats, se marchitan los órganos autónomos… y al que parpadea, la voladora le aterriza en plena mollera.
