En un comunicado firmado por la delegación de paz de las FARC, que se encuentra en La Habana negociando el fin del conflicto con el Gobierno colombiano y que fue difundido a través de la cuenta de Twitter de la guerrilla, los subversivos afirman que seguirán “capturando” a policías y militares, ya que lo consideran un “derecho”, e insisten en llamarlos prisioneros de guerra.
“Nos reservamos el derecho a capturar como prisioneros a los miembros de la Fuerza Pública que se han rendido en combate. Ellos se llaman prisioneros de guerra y este fenómeno se da en cualquier conflicto que haya en el mundo”, dice el comunicado emitido cinco días después de que secuestraran a los policías Víctor Alfonso González Ramírez y Cristián Camilo Yate Sánchez, en el departamento del Valle del Cauca, al sur de Colombia. En ese mismo lugar el Ejército logró frustrar el secuestro de un ingeniero agrónomo que estuvo retenido cuatro horas por guerrilleros de la columna móvil Gabriel Galvis.
El tuit que escribió la guerrilla para dar paso al comunicado dice: “¿#Secuestro? Aclaremos el término”, lo que evidencia que la guerra semántica es importante. “De la manera cómo se califiquen los hechos estos pueden generar apoyo o resistencia política”, dice el analista del conflicto Juan Carlos Palou y agrega que con este mensaje “las FARC quieren alejarse del vocablo secuestro. Al hablar de prisioneros de guerra o personas retenidas por razón del conflicto, están haciendo referencia a un hecho de guerra que está regulado por el Derecho Internacional Humanitario. En otras palabras, las FARC estarían invocando una legalidad internacional que contrarreste lo que en Colombia es considerado como un delito atroz”.
El vicepresidente Angelino Garzón, que ha condenado firmemente el secuestro de los dos policías, rechazó que los guerrilleros llamen prisioneros de guerra a los secuestrados. En una entrevista afirmó que “es un cuento de la guerrilla que los policías son prisioneros de guerra. Para mí, como persona, son secuestrados” y calificó el anuncio de las FARC como desafortunado. “Cuando uno ofende al otro, rompe la negociación y, en la prolongación de la guerra, la guerrilla de las FARC pierde porque frente al Ejército colombiano va a sufrir tarde o temprano su derrota total”, dijo a una emisora de radio de la cadena RCN.
Si no quieren la paz, “no le hagan perder el tiempo al Gobierno y a los colombianos”, dijo Humberto de la Calle, jefe negociador.
Más tarde, Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno en La Habana, rechazó también que los policías secuestrados sean considerados prisioneros de guerra y calificó el anuncio de las FARC como una falta de voluntad de la guerrilla para alcanzar la paz. “Vamos a La Habana para terminar, repito, terminar el conflicto, que es lo que pactamos. Y si no es así, que nos lo digan de una vez para no hacerle perder el tiempo al Gobierno y a los colombianos”, dijo De la Calle a periodistas en la Casa de Nariño (residencia presidencial), en lo que puede calificarse como el pronunciamiento más firme que hace el Gobierno de Santos desde el inicio del proceso de paz. Estas declaraciones las realizó horas antes de su viaje a La Habana para comenzar la quinta ronda de negociaciones con las FARC.
“Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Un secuestro es un secuestro, no importa quién sea la víctima. Las FARC tendrán que responder por este hecho como por todos los miles de secuestros que han cometido”, dijo De la Calle, quien ratificó, como lo ha hecho el presidente Juan Manuel Santos, que con este tipo de acciones no van a obligar al Gobierno a un alto el fuego bilateral. “Eso solo ocurrirá si se firma un acuerdo final de paz”, agregó.
En el mensaje, las FARC también explican que su compromiso de no realizar más secuestros con fines económicos sigue en pie. Se refieren al anuncio que hicieron público el 26 de febrero de 2012 cuando afirmaron que “a partir de la fecha proscribimos la práctica” de lo que esa guerrilla llama “retenciones con fines financieros”.
Sin embargo, la guerrilla también afirma en este último comunicado que, aunque no secuestrarán con fines de extorsión, seguirá vigente una ley de su organización, que se conoció en el año 2000, que dicta cobrar un impuesto a aquellas personas o empresas que tengan un capital superior al millón de dólares.
“Las FARC-EP han sentado un compromiso en cuanto a no realizar más retenciones de carácter económico, aunque se mantenga la vigencia de la Ley 002 referida a impuestación [sic] para nuestra financiación”, dice el comunicado.
El anuncio de las FARC se ha producido diez días después de que la guerrilla reanudara sus acciones ofensivas tras una tregua unilateral de dos meses. El presidente Santos, que también condenó el secuestro de los dos policías, ha reiterado en los últimos días que su Gobierno “no va a bajar la guardia en el terreno militar” y que las operaciones continuarán hasta que no se logren los acuerdos que acaben definitivamente con el conflicto en Colombia.
“Desde que cesaron su llamada tregua unilateral aquí han ocurrido actos de terrorismo (…), ellos no tienen capacidad militar para hacer nada diferente a actos terroristas o a privar de la libertad a colombianos bien sean civiles o de uniforme”, dijo Santos en Santiago de Chile, durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Al final del comunicado, las FARC insisten en que seguirán abogando “por la humanización del conflicto y la suscripción de un tratado de regularización de la guerra”, propuesta que han planteado ante la negativa del presidente Santos de un alto el fuego bilateral. De la Calle también se refirió al tema en su alocución en la Casa de Nariño y aseguró que tampoco se hablará de regular la guerra. “No vamos a entrar en conversaciones para regularizar el conflicto como dicen las FARC, que no es otra cosa que su vieja pretensión de institucionalizarlo y prologarlo indefinidamente”, dijo.
El País
