Han tenido que pasar nueve meses desde que comenzaran los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ara que estas reconozcan su parte de responsabilidad en las miles de víctimas que ha dejado una guerra que ya cumple medio siglo.
Tras negarse una y otra vez a hacerlo, ayer, a la entrada del Palacio de las Convenciones de La Habana, donde el pasado lunes se reiniciaron las conversaciones de paz, la delegación de la guerrilla reconoció públicamente que sus hombres provocaron “víctimas y dolor” y también abrieron la posibilidad a una “reparación con total lealtad a la causa de la paz y la reconciliación”.
Reparar a las víctimas se ha convertido en uno de los asuntos más espinosos del proceso de paz, precisamente por la negativa de las FARC a reconocerlas. En el acuerdo sobre la negociación que el grupo firmó con el Gobierno para terminar el conflicto el tema de las víctimas quedó resumido en una frase de gran significado que no fue fácil incluir. “Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo”, dice el documento, que es la guía a la cual se ciñen los equipos negociadores.
Sin embargo, varios de los negociadores de la guerrilla que se encuentran en Cuba han dicho en diferentes momentos que no tienen por qué responder ante ninguna víctima ya que son “luchadores populares” y no cometían “crímenes contra el pueblo”.
Así lo hicieron desde que en 2012 se iniciaron las negociaciones en Oslo (Noruega). Iván Márquez, jefe negociador y número dos de las FARC, también ha insistido en que ellos no son la causa sino la respuesta a la violencia del Estado y que, por eso, para discutir el tema había que “abordar el terrorismo de Estado”.
Ahora su posición parece haberse ablandado. El pronunciamiento de ayer lo hizo uno de los negociadores y jefe del Bloque Occidental de la organización, Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, que aseguró que es necesario resarcir a las víctimas de la violencia; “todo con el ánimo de resaltar la necesidad del perdón colectivo”, dijo Catatumbo antes de entrar a una nueva sesión de la decimotercera ronda de negociaciones.
El jefe guerrillero reconoció que en el conflicto armado colombiano “ha habido crudeza y dolor provocados desde nuestras filas”, pero matizó que el Estado ha sido partícipe de esa crueldad. “El enemigo nunca fue ni ha sido fácil, no se sujetó a normas de combate”, denunció.
A finales de julio, el presidente Juan Manuel Santos reconoció ante la Corte Constitucional la responsabilidad que también tenía el Estado de violaciones a los derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario relacionadas con el conflicto armado. “En algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado”, dijo el mandatario ante una audiencia llena de periodistas a la que asistió para defender el polémico Marco Jurídico para la Paz, una reforma constitucional que establece una serie de instrumentos jurídicos de justicia transitoria pensados para cuando se supere el conflicto. “Para el Gobierno era perfectamente claro que el punto de partida de cualquier solución al conflicto era el reconocimiento y resarcimiento de las víctimas”, explicó Santos.
En la declaración de ayer, las FARC también propusieron crear una comisión de expertos nacionales e internacionales para que estudie el origen del conflicto armado y sus consecuencias. Esto, cuando hace menos de un mes se conoció un extenso y desgarrador informe del Centro Nacional de Memoria Histórica que concluyó que el conflicto ha causado unos 220.000 muertos desde 1958 y que la mayoría de las víctimas, 176.000, eran civiles. Según Memoria Histórica, por cada combatiente fallecido han muerto cuatro civiles y de cada 10 colombianos muertos en los últimos 54 años tres perdieron la vida por causa de la guerra.
Fue precisamente a petición de Memoria Histórica que Santos asumió la responsabilidad que tiene el Estado en un conflicto cuyas cifras revelan una guerra encarnizada. En Colombia se estima que hay 25.000 desaparecidos, 6.000 niños fueron reclutados, 10.000 personas, amputadas por minas antipersona y casi cinco millones fueron desplazadas de sus hogares.
El País
