Colocado en el centro de juegos políticos de poder, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de Larrea, acumuló la semana pasada derrotas personales que de muchas maneras le restaron funcionalidad institucional al Poder Judicial de la Federación y que obligarían a desplazarlo de su cargo para evitar mayores desprestigios.
Además de las imágenes cruzando la calle para acudir presuroso a acuerdos con el presidente de la república, el ministro Lelo perdió la batalla por su reelección y está siendo derrotado en la guerra para relevar al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Por si fuera poco, al ministro Lelo se le debe acreditar también la derrota de la consulta convocada para enjuiciar a cinco expresidentes de la república porque fue el responsablede la pregunta cantinflesca que careció de sentido original y que no sedujo a la ciudadanía para ir a votar.
En este sentido, la derrota de la consulta fue consecuencia de la propuesta del ministro Lelo de utilizar la oportunidad para comenzar a edificar el edificio de una democracia participativa vía el involucramiento ciudadano con mecanismos de consulta. Ante el dictamen del ministro Luis María Aguilar de que la pregunta original involucrando nombres de expresidentes era un “concierto de inconstitucionalidades”, al ministro presidente se le ocurrió mezclar la rigidez del derecho con la democracia participativa con una pregunta que desvirtuaba el sentido original del enfoque presidencial y trataba sólo de complacersu relación con el ejecutivo.
El tema de la extensión del mandato del presidente de la corte dos años más para impulsar la reforma del Poder Judicial en el entendido de qué el ministro Lelo era el “único” con capacidad para la reorganización también fue una derrota severa no sólo para sus intenciones personales de seguir como presidente de la Corte más allá de lo que señala la Constitución, sino que en el ambiente que se construyó para replicar esa decisión en el mandato presidencial sexenal.
Desde el momento en que se oficializó la solicitud con una reforma irregular del legislativo, el debate en torno a la extensión del mandato del ministro presidente de la Corte fue dominado por señalamientos de qué se trataba de una violación constitucional al estilo de Porfirio Díaz. El ministro Lelo tuvo la oportunidad rechazar desde el principio la intentona de reelección forzada, pero coqueteo con la oportunidad de obtener los votos de sus compañeros ministros para violentar un mandato constitucional por voluntad particular de quienes tienen la tarea precisa de proteger el cumplimiento estricto ilegal de la Constitución.
En el umbral de una votación que iba a ser contraria y que lo iba a exhibir con el repudio de sus compañeros de la corte, el ministro lelo se adelantó y declinó la reforma que lo quería mantener en la presidencia del Poder Judicial.
La tercera y última derrota, hasta ahora, del ministro Lelo fue su involucramiento irregular en la crisis administrativa al interior del Tribunal Electoral por una rebelión de cinco magistrados –de siete– contra el presidente en turno José Luis Vargas Valdez para destituirlo del cargo por irregularidades evidentes. El Tribunal es un organismo con autonomía absoluta y la Corte carece de funciones reales para involucrarse en conflictos administrativos.
El viernes pasado, el presidente de la Junta de coordinación política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, envió al ministro Lelo una carta puntual y pulcra de seis páginas a renglón seguido para explicarle al responsable de la vigilancia constitucional que la Constitución establece reglas que impiden que la Corte se involucre en el problema del Tribunal. La tesis del senador Monreal en los hechos acepta la argumentación del magistrado Vargas Valdez para permanecer en el cargo de presidente, lo que implicó un regaño severo al ministro Lelo por no entender las reglas constitucionales.
Aunque termina su gestión como presidente de la corte el próximo año, el ministro Lelo perdió autoridad política, moral y jurídica para mantener el cargo de presidente de la Corte un año más y para seguir votando como ministro hasta finales del 2024.
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