Bajo la idea de orillar a la Suprema Corte de Estados Unidos a redefinir el concepto de ciudadanía y limitarlo sólo a bebés con padres estadunidense, legisladores republicanos de extrema derecha presentaron ayer una propuesta encaminada a bloquear el acceso a la nacionalidad a hijos de migrantes indocumentados.
Diputados locales, senadores estatales y hasta coordinadores de bancada de estados como Carolina del Sur, Georgia, Oklahoma, Pensilvania, Arizona y Kansas acudieron a Washington para dar a conocer la iniciativa, que en primera instancia permitiría a los gobiernos estatales que decidan adoptarla fijar sus propias políticas en torno a quién es estadunidense y quién no y que está encaminada a detonar un debate constitucional en las más altas esferas judiciales de Estados Unidos.
“Tenemos que enfrentar esta enfermedad que son los bebés ancla antes de que siga dañando al país”, dijo el senador estatal por Carolina del Sur y líder de la mayoría republicana en el estado, Dany Verdin. “No vamos a quedarnos cruzados de brazos mientras Estados Unidos es invadida”, secundó el senador de Arizona, John Kavanagh.
Jack Murphy, senador estatal de Georgia, sostuvo que una ley como esta es una necesidad ante la crisis demográfica que vive EU. “El año pasado, un hospital de Texas informó que 70 por ciento de los nacimientos fueron de hijos de indocumentados”, deploró.
La polémica propuesta legislativa será presentada primero en el Congreso de Arizona y “hasta una veintena de estados”, aventuró el diputado local de Pensilvania Daryl Metcalfe, fundador del grupo “Legisladores Estatales por una Migración Legal”.
De acuerdo con Metcalfe, uno de los conceptos centrales detrás de la propuesta será revivir la idea de “ciudadanía estatal”, es decir, dejar a cada estado la prerrogativa de reconocer a personas como ciudadanos y, por ende, definir quién tiene acceso a servicios y quién no, incluso por encima o en contradicción con el gobierno federal estadounidense.
El legislador, uno de los diputados de corte antimigrante más duro en el panorama político norteamericano —y quien ha sido reelecto cinco veces consecutivas desde los noventa—, citó a manera de ejemplo que con la nueva ley los hospitales estarían obligados a preguntarle su estatus migratorio a los padres de cada nuevo bebé. Si su origen es indocumentado, esa información sería reportada al Registro Público, que entonces podría negarse a registrar al niño como estadounidense o a extenderle un acta de nacimiento que le acredite como tal.
Es decir: si a ojos de Washington el niño será un ciudadano, a ojos de los estados no.
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El año pasado, según cifras del Censo de EU, hasta 300 mil hijos de indocumentados —con quizá 60 por ciento de ellos de padres mexicanos— nacieron en la Unión Americana y, conforme a la interpretación vigente desde finales del siglo XIX de la 14 Enmienda de la Constitución de EU, obtuvieron automáticamente la ciudadanía.
Para el grupo de legisladores opuestos a la migración indocumentada, ese es un concepto que debe revisarse, analizarse y revertirse para desincentivar la llegada de más personas de otros países a EU. “Ya son 100 años de mala interpretación de la 14 Enmienda”, sentenció Verdin. “Fue creada para reconocer a los esclavos como ciudadanos, no a hijos de indocumentados. Lo que estamos haciendo los estados con esta propuesta es decirle a Washington lo que tiene que hacer”.
Para respaldar su proyecto, el grupo de legisladores se vio asesorado por el Instituto Legal de Reforma Migratoria, un centro de investigaciones jurídicas creado por la Federación para la Reforma de la Migración, el grupo de presión de corte antimigrante más poderoso de EU.
Milenio
