En días reciente una tragedia de grandes proporciones estuvo a punto de enlutar a Oaxaca. Todo por la improvisación, torpeza y obcecación con que funcionarios del gobierno de Gabino Cué encargados la seguridad han manejado la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) institución cuya tarea es velar por la seguridad del pueblo.
A lo que es un problema fundamentalmente laboral se le intenta dar sesgos político-criminales. El paro de los policías estatales “pone en riesgo la seguridad del estado” dicen funcionarios y medios impresos y electrónicos que recogen y difunden en versión corregida y aumentada lo que el gobierno quiere que se diga. Algunos incluso ven una “evidente infiltración por la delincuencia”.
El paro policial no es un problema que ha generado un “grupo minoritario”; son más de dos mil policías los que se encuentran concentrados en el cuartel de Santa María Coyotepec; tampoco están pastoreados por un “fanático, adicto e inestable pastor religioso” de nombre Jeyco Pérez, que si bien es una de las cabezas visibles y voz cantante en las negociaciones, es sólo uno de los más de treinta integrantes de lo que los paristas llaman “mesa de negociaciones” nombrados por ellos mismos.
Para no andarle buscando abajo del petate del muerto basta con ver el recibo de pago de un policía estatal: $ 3,443.00 a la quincena, trabajados en turnos de 12 x 12 o 24 x 24 horas, es decir es decir $ 229.50 pesos al día. La policía estatal de Oaxaca es una de las peor pagadas en el país.
A los policías en paro los aglutina la necesidad. Lo que demandan principalmente es mejorar sus condiciones laborales y de vida y esto no lo quiere entender el gobierno de Gabino Cue.
Durante las últimas horas del jueves 13 y primeras del viernes 13 cerca de 500 elementos de la Policía Federal arribaron al aeropuerto de Xoxo fuertemente armados. Su objetivo era recuperar el control del cuartel de la Policía Estatal porque según había reportado Víctor Alonso Altamirano, comisionado de la Policía Estatal, un grupo de elementos insubordinados se había amotinado y tomando control de arsenal pretendía al día siguiente –subrayo, usando las armas y demás equipo táctico- realizar actos de intimidación y presión contra el gobierno del estado para lograr el pago de su quincena.
El operativo inició a eso de las 3:30 horas y falló. Los policías federales, todos armados y apoyados por un buen número de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, entraron disparando a las instalaciones de Sta. María Coyotepec, pero no pudieron con los paristas quienes desarmados no sólo repelieron la violenta incursión sino que retuvieron a varios elementos federales decomisando diez armas largas y una corta.
A pesar de que corrió la sangre por fortuna el saldo de la gresca no fue trágico. Hubo lesionados de ambas partes pero ninguno reporta de gravedad.
A lo largo del viernes comenzó a correr información. Algunos portales reportaron que los federales habían tomado el control del cuartel; otros señalaron que los federales habían sido recibidos a tiros por francotiradores apostados en las partes altas del edificio; algunos más, en su afán de agradar a quien les paga, usaron las imágenes más grotescas que encontraron en la red para ilustrar sus notas amén de dejar caer toda una cascada de los más degradantes calificativos.
Pero una a una las mentiras producto del cochupo fueron cayendo. La verdad comenzó a abrirse paso entre las espinas del chayote.
Llegó al lugar de los hechos el comisionado de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos y constató que los policías en paro no habían hecho un sólo disparo. Recorrió las instalaciones, vio el candado en la puerta del depósito de armas colocado previamente y certificado ante notario público.
Al Comisionado Galindo le salió espontanea una felicitación a los paristas: reconoció su valor al enfrentar al contingente armado de la policía federal y su capacitación para repelerlos y someter a algunos sin ocasionarles lesiones por el uso desmedido o irracional de la fuerza. Reconoció el origen laboral del problema y propuso abrir mesa de negociaciones con el gobierno estatal; también prometió, y ha cumplido hasta el momento, que no habría un nuevo intento de desalojo.
Y lo principal: decidió que las casi tres mil quinientas armas y quinientos mil cartuchos que se encuentran en el cuartel estaban seguros en ese lugar y que ahí deberían quedarse. No significaban ningún riesgo para la seguridad del estado como inicialmente se había informado.
Seguramente el Comisionado Galindo revisará si el procedimiento para mover dos aviones de la policía federal se cumplió a cabalidad y si el protocolo para echar a andar un operativo del tamaño del que se vivió la madrugada del viernes 13 en Santa María Coyotepec se cumplió rigurosamente.
De no ser así rodarán cabezas, comenzando con la del Comisionado Estatal, Víctor Alonso Altamirano quien al parecer hizo de este problema algo personal ya que días antes, cuando ya no pudo seguir sosteniendo su postura, tuvo que salir corriendo del cuartel abucheado y humillado por la tropa que le impidió abordar su patrulla para regresar al centro de Oaxaca.
El paro de la policía estatal no es un problema gestado en días recientes sino incubado desde hace décadas, catalizado con la llegada de Esteva Salinas a la SSPO y que estalló por las decisiones tomadas en las últimas semanas. De eso hablaremos en la próxima ocasión.
Al momento de redactar esta nota las partes se encuentran negociando. El gobierno ha anunciado desde ayer que mantiene un ofrecimiento del 10% de aumento a las percepciones en haberes de los policías y que en los hechos rondará por los trescientos pesos al mes. Nada, pues.
Negocian también la no represión, situación que durará poco, puesto que los actos de intimidación, los levantones y las golpizas volverán a emplearse como método de solución del problema, como ya sucedió en el periodo comprendido entre los dos paros, el de septiembre pasado y este.
No será desapareciendo líderes y voces disidentes la solución a este tipo de problemas. La solución estriba en desaparecer las condiciones de miseria en que opera nuestra policía: salarios raquíticos a quienes arriesgan a diario la vida. Uniformes y calzado de pésima calidad y una risible ayuda para viáticos y alimentos.
¿Qué policía tenemos? ¿Qué policía queremos? Seguramente todos coincidimos en que queremos una policía honesta, blindada ante la seducción de la corrupción motivada por la pobreza y atizada por el crimen organizado.
Queremos una policía que dignifique la profesión, que tenga claro cuáles son los límites que le impone la ley y que sea respetuosa y respetable. Queremos una policía que no baje la cabeza ante el clásico “¿No sabes quién soy yo, pendejo?” que frecuentemente escuchamos por ahí escupido hasta por el amigo del primo del hijo del funcionario.
De no tener esto claro, de persistir las condiciones en que opera actualmente la policía en el estado –y en México en general-, el problema se agravará y se convertirá en una papa caliente en manos del gobierno que también llegará a manos de la sociedad.
A toda costa debemos evitar que, como le escuché a uno de los paristas enojado luego del fallido desalojo, vayan a pensar y responder: “Cuando vuelvan a pedir ayuda les voy a contestar que le pidan ayuda a su pinche madre”.
Por Alonso Cervantes
