V Informe. Calderón otorga una extensa alusión a su guerra. Su vehemencia es una posición irreductible en defensa de lo que él juzga la mejor estrategia. Definitivamente hay un problema de comprensión en nuestras clase política, habida cuenta su lejanía de lo esencial. Para ilustrarlo coincido con la opinión calificada de Edgardo Buscaglia, especialista en seguridad y asesor de la ONU, entrevistado por Carmen Aristegui en la primera emisión de su noticiero de MVS radio el miércoles 31 de agosto, y cuyas principales tesis resumo.
Para Buscaglia hay varios factores que se dan al mismo tiempo: México padece (1) un sistema judicial y (2) un sistema de inteligencia inoperantes, sujetos a la influencia política de los actores políticos en turno. (3) Un sector empresarial cuyos integrantes mas bien son engendros políticos surgidos del Estado a través de prebendas, que actúan como extensión del sistema político, que no son empresarios u oligopolios o monopolios en el sentido técnico de la palabra. Se trata de un capitalismo mafioso, no de una economía de mercado, donde las empresas se cubren con el paraguas del protector político en turno, regional o nacional. (4) Corrupción política que no se combate. No hay enjuiciamiento de políticos del gobierno federal de alto rango. Hay un pacto de impunidad político desde siempre, no heredado como lo pretende el Presidente. (5) Un enorme sector de los mexicanos que esta divorciado del Estado, que vive en condiciones de pobreza, con una elevada proporción de jóvenes entre 8 y 15 años disfuncional, sin ambiente familiar, sujetos a un medio vecinal de violencia y que se incorpora a pandillas como mecanismo de defensa, lo que brinda a la delincuencia mano de obra barata para sus actividades.
Este es obviamente un cuadro de impunidad política espantosa, que involucra a funcionarios de todos los partidos políticos por conflicto de intereses y trafico de influencias, que no están bien tipificados en el código penal mexicano en la interacción que la alta burocracia tiene con el sector privado. Hay un régimen de incompatibilidades entre la Constitución y la legislación mexicana, lo que muestra los síntomas del pacto de impunidad que impide combatir la corrupción. Hay impunidad por vacío o aún con leyes de las más perfectas del mundo, que si las tuviéramos en México tendríamos un problema grave porque las instituciones que se deben de encargar de combatir la corrupción operan como una extensión del Ejecutivo o están bajo el organigrama de los Pinos.
La sociedad civil mexicana tendría que estar debatiendo esto, más que darle besos al presidente, más que estar discutiendo las candidaturas políticas o la ley de seguridad nacional -que es valido pero no es lo esencial. Si los fiscales quieren combatir la corrupción no pueden estar bajo el organigrama, ni funcionalmente bajo la influencia política, menos bajo el presupuesto del Poder Ejecutivo. Quienes quieren ser presidentes de México deben acordar un pacto político -un acuerdo histórico- para acabar con la impunidad y terminar con esta pesadilla, que requiere de una Reforma Constitucional para darle autonomía a los fiscales, incluidos los electorales, por el tema del financiamiento de las campañas políticas. En sí, los fiscales deben tener autonomía presupuestal, autonomía funcional, autonomía en su organigrama. Todo esto son reformas políticas, no son reformas técnicas.
El punto de inflexión para el ciudadano llegó desde hace tiempo. Para los políticos no ha llegado aún. Se trata de reformas de gran envergadura que veremos cuando los políticos se miren al espejo y vean que todo esta podrido a su alderredor, se sientan frente al abismo o vean que sus vidas y su patrimonio están en juego o pueden desaparecer en cualquier momento y, cuando estén contra la pared, las impulsarán con todo. Pero la clase política no esta contra la pared todavía. Hoy son parte del problema y mañana serán parte de la solución, sólo si sus vidas y su patrimonio se ven en riesgo.
Que la clase política se deje de discursos, que proceda a la discusión de un acuerdo político para la unidad nacional. Que deje de discutir una ley de seguridad de los años 40. A la izquierda y a los priístas les debería de dar vergüenza porque discuten una ley fascistoide, porque revisan cuánta autoridad debe tener el Estado por el Estado mismo. El ciudadano o las ciudadanas están totalmente ausentes de las propuestas en discusión.
Con un sentido positivo y propositivo, dice Buscaglia, México tiene buenos fiscales, que conocen las mejores prácticas internacionales, dispuestos a acusar a quienes ejercen el poder político y delinquen. El Estado impone reglas del juego en un Estado de Derecho a las cuales la delincuencia organizada tiene que adaptarse. Pero para imponer una política criminal o reglas del juego, el Estado debe primero limpiarse a sí mismo. Eso es lo que debería haber hecho Calderón desde el año 2006 2007, comenzar a limpiar al Estado, antes de comenzar a limpiar a la delincuencia. Un Estado sucio no puede combatirla ni puede prevenirla. Un Estado corrompido, un Estado infiltrado, fragmentado por los diferentes grupos criminales que han comprado al Estado al por mayor, pedazo por pedazo, no puede luchar contra las mafias porque la mano izquierda no sabe lo que esta haciendo la mano derecha.
Hoy hay mucha arrogancia y autoritarismo, la reacción de las autoridades mexicanas son viscerales frente a la critica. Ahora reaccionan con enojo, censuran como caricaturas del África Subsahariana. Paradójicamente en el pasado –con los presidentes Fox y Zedillo-, había más receptividad, mas dialogo, señala Buscaglia.
@golayemiliano
