#JaimeGUERRERO
La reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum no elimina la representación proporcional, pero sí transforma de raíz la manera en que se asignan las 200 curules plurinominales en la Cámara de Diputados.
El cambio más significativo es el fin de las listas cerradas que los partidos registraban ante el INE, mecanismo que durante décadas permitió a las dirigencias colocar a sus cuadros sin necesidad de someterse al voto.
En su lugar, la iniciativa establece una fórmula con tres componentes. De los 200 escaños plurinominales, 97 corresponderían a los candidatos con los mejores resultados dentro de sus partidos sin haber ganado su distrito —en la práctica, los mejores segundos lugares del país—.
Otros 95 se definirían mediante elección directa en cada una de las cinco circunscripciones electorales federales, garantizando paridad de género. Los ocho restantes quedarían reservados exclusivamente para mexicanos residentes en el extranjero.
El principio que articula el nuevo esquema es claro: ningún aspirante podrá quedarse a la espera de ser colocado por su partido.
Todos deberán salir a territorio, obtener respaldo ciudadano y competir en las urnas, aunque la representación proporcional se mantendría mediante fórmulas vinculadas a los resultados electorales de cada fuerza política.
El Senado, sin plurinominales
El cambio más drástico de la reforma ocurre en la Cámara Alta. La propuesta elimina por completo los escaños de representación proporcional en el Senado, lo que reduciría su integración de 128 a 96 senadores, elegidos únicamente por mayoría relativa y primera minoría.
Con ello, el Senado dejaría de tener legisladores designados por listas partidistas.
La presidenta Sheinbaum condensó el espíritu de la propuesta en una frase: “nadie podrá quedarse esperando ser colocado; todos tendrán que dar la cara”.
Con ese argumento, el gobierno federal busca presentar la reforma no como un ataque a la pluralidad política, sino como una apuesta por una democracia más directa, en la que la ciudadanía —y no las cúpulas de los partidos— tenga la última palabra sobre quién llega al Congreso.
