El tema de la reforma del Estado ha sido tema permanente en el debate público, así como en las agendas de gobierno de la mayor parte de los países del mundo, de México y por supuesto de Oaxaca. Así, tras veinte años de estrategias orientadas a la reforma el Estado asistimos hoy a un momento en que los resultados de los procesos de cambio muestran déficit en su capacidad de responder a las necesidades y expectativas sociales que en su momento generaron, lo cual se aprecia de forma emblemática en la reciente crisis financiera internacional, que ha sido la más grave en cien años. Todo esto supone desafíos para las administraciones nacionales, desafíos que son mayores para las administraciones locales porque es aquí, precisamente en lo local, donde las contradicciones y problemas se expresan en toda su complejidad e intensidad.
El fortalecimiento de las capacidades ciudadanas y públicas en Oaxaca es una prioridad y esto supone que los poderes públicos realicen de mejor forma sus tareas, que el gobierno esté donde se le necesita y cuando se le necesita y que los cambios en las estructuras institucionales respondan a problemas y situaciones reales. Se trata de saber qué cambiar, qué mejorar y qué debe permanecer. Un proceso de transición se agota en la sustitución mecánica del poder público, del mismo modo que lo hace al realizar cambios que no responden a una lógica y a un proyecto definido.
LA REFORMA DEL ESTADO EN OAXACA SIGNIFICA DARLE UNA NUEVA DIMENSIÓN PÚBLICA AL PODER. La reforma del poder radica básicamente en establecer reglas y límites claros a la acción del gobierno, lograr una cooperación dinámica entre los órdenes federal, estatal y municipal, crear reglas que faciliten y aseguren el trabajo interinstitucional, fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales, disponer de mecanismos permanentes para evaluar los resultados de las políticas públicas, consolidar la transparencia y el acceso a la información pública, asegurar un flujo de recursos racional y estratégico, planear con consistencia, disciplina y sentido público las inversiones en infraestructura y participar en la definiciones de una política de Estado en materia de seguridad.
Innovar el modo de relación entre las instituciones del estado de Oaxaca con la ciudadanía es una tarea mayor porque implica reformar y movilizar al gobierno bajo un sistema de reglas democráticas que asegure el cumplimiento del mandato constitucional, pero que sobre todo asegure la vigencia de un sistema institucional justo que garantice el acceso a los derechos de todas las personas. La reforma de Estado tiene tres grandes dimensiones: administración pública, orden jurídico y sistema político, cada una convoca y supone el trabajo y cooperación de todos los actores políticos y de la sociedad civil.
El proceso de transición política que construimos exige avanzar en la reforma del estado en Oaxaca, y por tanto, esta es la vía para dar sentido y organización a las tareas de los próximos años considerando la magnitud del rezago social a resolver y la necesidad de continuar una acción de gobierno bien ordenada. TENEMOS QUE PASAR CON ATINGENCIA DE SER LA OPOSICIÓN CONSTRUCTIVA Y DE PROPUESTAS QUE GENERÓ LA ALTERNANCIA EN EL PODER, A UN GOBIERNO CON VISIÓN DE TRABAJO Y DE FUTURO, INCLUYENTE EN LA PRÁCTICA Y CAPAZ DE CONTINUAR LAS TAREAS QUE REALIZAN LAS INSTITUCIONES A LA VEZ DE CONSTRUIR ACUERDOS PARA REALIZAR LOS CAMBIOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS QUE DEMANDA EL DESARROLLO DE NUESTRO ESTADO.
Debemos considerar en cada propuesta para la reforma del Estado en Oaxaca que los desafíos nacionales y los que impone la realidad internacional son de envergadura. Lo que sucede a nivel mundial tiene repercusiones concretas en nuestros modos de producción local, en las estructuras familiares, en la vida comunitaria, en nuestras posibilidades de acceso a mercados y en la dinámica de la inversión y del empleo. Al mismo tiempo, debemos considerar que toda reforma implica reconocer y asumir realidades regionales, el papel central de los pueblos indígenas, la organización comunitaria, la preservación y cuidado del medio ambiente, y la sustentabilidad social de las iniciativas de desarrollo.
Vivimos un momento en que las definiciones sobre los cambios deben evitar adaptaciones lineales a la realidad jurídica, política y administrativa concreta de nuestra entidad, es necesario asumir la complejidad del mundo que nos toca vivir y esta es una tarea central para la política.
Hoy los partidos, las organizaciones y los actores políticos deben acreditar todo lo que pueden hacer para perfeccionar la vida social. Es el tiempo para la vocación creadora de la política, y en ello los acuerdos para cambiar y preservar lo necesario son una primera forma de avanzar hacia una nueva vida política en Oaxaca. La legitimidad del gobierno debe fraguarse en nuestras capacidades para ceder, para acordar, para reconocer el esfuerzo de los demás y sobre todo para trabajar con sentido público de responsabilidad.
En los próximos años la comunicación respetuosa y constitucional del poder ejecutivo con los poderes legislativo y judicial será fundamental, porque se trata de cristalizar una nueva forma de actuar desde lo público, romper inercias y lograr que el gobierno se fortalezca al servicio de la sociedad.
La construcción de una agenda legislativa común es una de las vías necesarias para situar la reflexión política en el propósito de lograr que Oaxaca se conduzca por una vía de modernización jurídica, política e institucional que al mismo tiempo asuma la vigencia de un pasado vivo que es presente, sus estructuras de organización social, su diversidad de sistemas normativos, las aportaciones de los pueblos indígenas como futuro de nuestra identidad, así como los saberes y conocimientos ancestrales que se evidencian en las economías locales y regionales.
Esa es, sin duda, parte de la ruta que transitará el gobierno democrático y de transición que impulsará Gabino Cué.
