La mitad de los jóvenes en México viven en condiciones de pobreza y otra gran parte ha sido víctima de discriminación y no goza de los derechos básicos en educación y salud.
De los casi 40 millones de jóvenes que habitan en México casi la mitad de ellos vive en condiciones de pobreza, ha sido víctima de algún acto de discriminación o se le ha impedido el reconocimiento de sus derechos.
En el marco del Día de la Juventud que se conmemora este domingo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) dio a conocer las cifras que revelan el panorama que atraviesa la juventud mexicana en materia de acceso a derechos y falta de oportunidades.
De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), en México hay 37.5 millones de jóvenes entre los 12 y 29 años, los cuales representan el 31.4 % de la población. Entre estos, 6.8 millones tienen entre 12 y 14 años; 10.8 millones entre 15 y 19 años; 10.7 millones entre 20 y 24, y 9.3 millones entre 25 y 29 años.
Según el Conapred el problema principal de los jóvenes en México es que casi la mitad de la población total vive en situación de pobreza. Y es que 17.5 millones de personas jóvenes (47.1 % del total) están en situación de pobreza, de las cuales 13.9 millones (36.6 %) viven en pobreza moderada y 3.6 millones (9.7 %) en pobreza extrema.
Resalta el Conapred que 19.7 millones de jóvenes tienen ingresos menores a la línea de bienestar económico (es decir 2 mil 542 pesos mensuales en las ciudades y mil 614 pesos al mes en el campo).
Aunado a la pobreza, la discriminación es un tema prioritario para atender pues cada vez más jóvenes en México son discriminados por diversas situaciones, entre ellas, su condición social, su apariencia física (ligada a su condición económica), la escuela donde estudiaron, el lugar donde viven, o incluso sus publicaciones en redes sociales.
Esta condición convierte a las y los jóvenes en un sector altamente vulnerable pues “se les percibe como amenaza para la cohesión social”, excluyéndolos de espacios y oportunidades laborales o educativas, e impidiéndoles el reconocimiento pleno de sus derechos, especialmente los sexuales y reproductivos.
Por ello es que un alto número de jóvenes en el país se mantienen en la pobreza o no pueden ascender socialmente.
Con base en estas cifras, el Conapred plantea una serie de temas prioritarios a atender para revertir la situación.
Explican que el Estado debe centrarse en combatir la pobreza y marginación mediante “el acceso a un empleo formal, bien remunerado y con prestaciones; acceso a servicios de salud y educación de calidad en todos los niveles de atención, y el combate a la violencia en hogares, escuelas y comunidades (principalmente el crimen organizado, la delincuencia común y la trata de personas)”.
A lo anterior deben emprenderse otras acciones como la prevención del embarazo adolescente y la atención del mismo, que puede derivar en la interrupción legal del embarazo, deserción escolar, exclusión social, laboral y médica.
Con relación a las condiciones de vida de los jóvenes, el Conapred detalla que el 64 % de quienes no son jefes o jefas de hogar vive con ambos padres; el 23 % solo con su madre; 3 % solo con su padre, y 10 % vive con uno o más parientes adultos (abuelos o abuelas, tíos o tías, padrastro, madrastra, hermanos o hermanas, primos o primas).
Respecto a la violencia intrafamiliar, cifras de 2014 del Inegi revelan que en la mitad de los hogares donde viven personas jóvenes, se identificaron conflictos o peleas.
Mientras que en el tema educativo, el mismo Inegi destaca que casi la totalidad de personas jóvenes en el país (98.4 %) saben leer y escribir, pero el Conapred señala que poco menos de la mitad de quienes tienen entre 15 y 24 años (46.1 %) asisten a la escuela. Es decir aunque existe una amplia cobertura de la educación básica, al buscar un crecimiento educativo los jóvenes se estancan.
La situación no es tan distinta en temas de salud. Del total de los jóvenes del país, apenas un tercio (32.3 %) tiene acceso al ISSSTE, al IMSS, a los servicios de salud de PEMEX u otros similares.
Esta situación, entre otras muchas cosas, se ve reflejada en la corta edad en que las y los jóvenes inician su vida sexual. Según el Inegi, la mitad de las mujeres del país en edad fértil inició su vida sexual a los 18 años de edad. De éstas el 54.5 % de entre 15 a 19 años dijo haber utilizado, ella o su pareja, algún método anticonceptivo en la primera relación sexual. Tan solo entre 2008 y 2011, el 18.9 % de los embarazos registrados se dio entre adolescentes de 15 a 19 años.
Carencias sociales y falta de oportunidades
El mismo documento resalta que del total de la juventud, 24.9 millones (67.3 %) no tienen acceso a la seguridad social; 9.1 millones (24.6 %) a alimentación; 8.2 millones (22.2 %) a servicios básicos en la vivienda, y 8.3 millones (22.5 %) a los servicios de salud.
En tanto que alrededor de 5.4 millones de jóvenes no tienen la oportunidad de estudiar ni de trabajar. De esta cifra, la mayor parte (91.2 %) son mujeres e incluso se encuentran en esta situación principalmente por tener que cuidar a alguien o dedicarse a los quehaceres del hogar.
Entre los jóvenes de 18 a 29 años que son económicamente activos existe una brecha de género pronunciada: mientras que ocho de cada diez hombres jóvenes percibe ingresos (78 %), poco menos de la mitad de las mujeres jóvenes (45.9 %) lo hace.
Estigmatizados y discriminados pero inclusivos
En México tres de cada diez jóvenes refieren haber sido discriminadas por su edad al menos una vez durante los últimos cinco años, y reportan como principales ámbitos de exclusión la calle o el transporte público, así como el trabajo o la escuela. El 17.5 % afirma haber sido discriminado en las redes sociales.
A pesar de ser víctimas de esta situación las y los jóvenes son quienes tienen mayor conciencia sobre la manera en que se discrimina en México, y muestran mayor apoyo hacia políticas por la inclusión. Por ejemplo, el 75 % de las personas entre 18 a 29 años está a favor del matrimonio igualitario, y 57.6 % a favor de la adopción homoparental.
Entre 2012 y junio de 2018, el Conapred calificó 192 expedientes como presuntos actos de discriminación relacionados con personas jóvenes. La mayor parte de estos casos se registraron en el ámbito educativo o en el laboral, y respondieron sobre todo a motivos como la apariencia física y la discapacidad. Entre los derechos vulnerados, el más frecuente fue el trato digno (68 %), seguido por la educación (60 %) y la igualdad de oportunidades (30 %).
Aún queda mucho por hacer
Aunque el Conapred resalta algunos de los esfuerzos del Estado enfocados en mejorar la calidad de vida de los jóvenes, como la creación del IMJUVE y el Plan Nacional de Juventud (PNJ) 2014-2018, considera que el desafío más importante para el gobierno mexicano será “combatir las causas de la pobreza entre las personas jóvenes mediante estrategias integrales”.
Esto, plantean, deberá hacerse específicamente en tres ámbitos: acceso a empleo formal y bien remunerado; combate a la deserción escolar (especialmente en bachillerato), y calidad de servicios médicos y educativos.
En el tema laboral señalan que actualmente no hay una estrategia integral de inclusión laboral dado que solo hay programas con alcances limitados, que reproducen la precariedad generalizada del empleo en México.
Para combatir la deserción escolar se necesitan acciones integrales enfocadas en los problemas económicos de hogares donde viven las y los jóvenes; cambiar la percepción de que es más útil dedicarse a otras actividades no educativas; atender los entornos de violencia en hogares y escuelas y, en el caso de las jóvenes, atender la problemática de los embarazos adolescentes.
Finalmente, es necesario mejorar los servicios de salud y educación “para que la política social cumpla con romper la reproducción intergeneracional de la pobreza”. No basta con que las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a la educación y a los servicios médicos si esa educación no aumenta lo suficiente su capital humano y los servicios de salud no cubren padecimientos que pueden comprometer su desarrollo.
Desde 2013, la “Evaluación transversal de políticas y programas para el desarrollo de la juventud en México” reveló la necesidad de crear una política integral para los jóvenes que reconozca y proteja los derechos de las personas jóvenes, especialmente, los sexuales y reproductivos.
Fuente: animalpolitico.com
