Víctor Raúl Martínez Vásquez
(Primera parte)
(En recuerdo de Sótico López, asesinado este miércoles por esbirros del régimen autoritario)
La propuesta de la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso recoge diversos planteamientos que la sociedad civil ha hecho desde la realización del Foro para la Democracia y la Gobernabilidad en Oaxaca celebrado en agosto del 2006.
Entre los temas que el Foro para la Democracia y la Gobernabilidad entonces anotaba se encuentran: la necesidad de impulsar los procesos de participación política, la defensa de los derechos humanos, la lucha a favor del medio ambiente, la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, la promoción de la equidad y la participación de las mujeres, el desarrollo de proyectos alternativos de cultura y comunicación.
Con la participación de aproximadamente mil quinientas personas representantes de diversos sectores, organizaciones sociales, sindicatos, iglesias, partidos políticos, autoridades municipales, magisterio, académicos, medios de comunicación, centros de derechos humanos , grupos de mujeres, entre otros sectores, se propuso desde entonces (2006): un marco normativo que reconozca el pluralismo jurídico en nuestras leyes; la autonomía de los pueblos indígenas y la valoración de sus formas de convivencia social y política; la consulta permanente a la población y evitar las imposiciones; la aplicación eficaz e imparcial de la justicia; la resolución no violenta de los conflictos; acotar el poder excesivo del poder ejecutivo; la separación de poderes; el cumplimiento cabal del poder legislativo de su función fiscalizadora y garante de la transparencia y rendición de cuentas de la función pública; controles del poder judicial hacia todos los actos de autoridad; la autonomía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Estatal Electoral; reformas en materia de transparencia y acceso a la información pública; igualdad entre hombres y mujeres en todos los espacios de la vida pública; erradicar toda forma de violencia y discriminación hacia las mujeres y las niñas; el reconocimiento de la educación intercultural como puntal del desarrollo; políticas que reconozcan la diversidad y la riqueza del medio ambiente oaxaqueño y propicien el desarrollo sustentable; la garantía a las comunidades para la explotación racional de sus recursos con un sentido social; cambios en materia política, partidos y participación ciudadana; reconocimiento a la autonomía municipal; una educación pública diferente que incluya el fortalecimiento de las lenguas indígenas; el impulso de empresas autogestivas de propiedad comunitaria; defensa y ampliación de los derechos de los trabajadores; el reordenamiento urbano; espacios de arte y cultura al servicio de la comunidad; el agua como un bien común de acceso público; comités populares de vigilancia de la transparencia y rendición de cuentas; combate a la contaminación; reciclaje de la basura; respaldo a los derechos de los trabajadores migrantes; ejercicio pleno de los derechos de la niñez , ancianas y minusválidas; la no discriminación por origen étnico, por sexo, facultades físicas diferentes, por preferencia sexual, condición social o por creencias religiosas; leyes que protejan los recursos naturales y otras que prohíban el uso de semillas transgénicas y reglamenten la venta de productos transgénicos.
Entre la agenda legislativa del Foro para la Democracia y la Gobernabilidad se planteaban un conjunto de leyes y reglamentos que abarcaban los temas electorales, indígenas, diversidad sexual y convivencia, migrantes, discriminación, protección de recursos naturales, transgénicos, coordinación fiscal, e incluso una nueva constitución para Oaxaca. No es casual por cierto que el propio Ulises Ruiz en su oferta para destrabar la crisis del 2006 ofreciera al gobierno federal y al magisterio no solo una reforma de estado, sino hasta una nueva constitución, ofrecimiento que ratificó cuando instaló la fantasmal Comisión para la reforma del Estado a fines del 2006 y que solo fue jarabe de pico.
La Declaración de Santo Domingo emitida en octubre del 2006 por lo que entonces se conoció como Iniciativa Ciudadana para el Diálogo por la Paz, la Justicia y la Democracia en Oaxaca, puntualizó el diagnóstico del estado señalando: la crisis de la instituciones políticas, sociales, religiosas; el sistema agotado de partidos políticos; los graves problemas en la administración de justicia; la ruptura del estado de derecho; las violaciones a los derechos humanos; la negación de justicia a los pueblos indígenas; la violencia sistemática y entre esta, la violencia feminicida; la crisis económica que agudiza la pobreza, desigualdad, desempleo, y emigración; el privilegio a las inversiones transnacionales en detrimento de las iniciativas locales y la desarticulación de las cadenas productivas; el despojo de los recursos naturales a las comunidades; la explotación de la mano de obra; la exclusión de las mayorías de las decisiones políticas; la erosión severa; la perdida de fuentes de agua; el colapso de los sistemas agrícolas; la disminución de espacios naturales; la contaminación y los efectos negativos del drenaje; el crecimiento acelerado y caótico de las ciudades; la afectación de parques, jardines, bosques, recursos naturales; la biopiratería; los transgénicos y su amenaza a nuestros maíces criollos; la violación a la libertad de expresión, el hostigamiento a periodistas y la agresión a las radios comunitarias; las deficiencias del marco legal y la poca observancia de las leyes; las tendencias homogeneizadoras de la educación. Estos fueron algunos de los problemas señalados por la Declaración de Santo Domingo que dicho sea de paso, planteaba entonces, como se hace ahora por la Coalición opositora, un nuevo pacto social para Oaxaca que pusiera adelante el tema de la reconciliación. El régimen no quiso escuchar y por el contrario, endureció su postura con medidas policiacas, justamente días después de la Declaración de Santo Domingo.
Las propuestas de estos ejercicio ciudadanos son de alguna manera coincidentes con otros que se han realizado más recientemente como el Foro Ciudadano para la Transición a la Democracia, la Iniciativa Ciudadana para la Alternancia, la Transición y la Democratización del estado de Oaxaca, la Convención Estatal Democrática Oaxaca Libre, etc. y a los que nos hemos referido en otros artículos. Su reiteración nos indica que hay la necesidad de cambios estructurales en Oaxaca y no solo de maquillaje, como los que pregona el gobierno de Ulises Ruiz y su candidato, el señor Eviél Perez Magaña, quien representa más de lo mismo, la continuidad del “gobernadorismo autoritario”; aunque ahora, en tiempos electorales, quiera disfrazarse de gatopardo.
