Víctor Raúl Martínez Vásquez
Hemos dicho que la propuesta de la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso que agrupa al PRD, PAN, PT y Convergencia, recoge diversos planteamientos hechos por la sociedad civil.
Entre las propuestas más reciente se encuentran las realizadas por el Foro Ciudadano para la Transición a la Democracia, la Convención Estatal Democrática Oaxaca Libre, la Iniciativa Ciudadana para la Alternancia, la Transición y la Democratización del estado de Oaxaca, entre otras. Tratemos de resumir las que hemos mencionado para ver su vinculación con la plataforma de la Coalición.
El Foro Ciudadano para la Transición a la Democracia en Oaxaca
El Foro Ciudadano divide su propuesta en cuatro ejes: transformación del régimen político; poder ciudadano y gobernabilidad; bienestar y derechos sociales; pueblos indígenas e interculturalidad: Sobre el primero de estos ejes propone: Transparencia y rendición de cuentas; información de resultados de todos los servidores públicos; acceso a la información pública; fiscalización ciudadana del gasto público; libertad de opinión y de prensa.
Nueva actitud en el servicio público: austeridad republicana; cultura de la legalidad; responsabilidad y compromiso social.
Justicia: respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales; independencia del poder judicial; establecimiento de la carrera judicial; respeto al debido proceso; seguridad integral de los ciudadanos, a sus vidas, libertades y patrimonio; a sus condiciones de salud, vivienda y alimentación; apoyo a los adultos mayores y las madres de familia solteras en situación vulnerable; prevención social del delito; castigo ejemplar a la pederastia. Castigo a los culpables de los agravios al pueblo de Oaxaca en 2006.
En relación con el segundo eje su propuesta es: participación ciudadana; plebiscito, referéndum, consulta ciudadana, revocación de mandato, iniciativa popular legislativa, cabildo abierto, asambleas comunitarias; observatorios ciudadanos de la gestión pública; presupuesto participativo; respeto a la autonomía municipal.
Fortalecimiento del municipio: recursos crecientes a las finanzas municipales; mayor capacidad de gestión; distribución equitativa de recursos a las agencias municipales; fortalecimiento de la representación política de las agencias en los órganos colegiados municipales y la participación de las mujeres, los migrantes y los jóvenes.
En el tercer eje mencionado, bienestar y derechos sociales: desarrollo sustentable; generación de empleo; fortalecimiento de la economía social; impulso económico con respeto al medio ambiente y la sustentabilidad; capacitación productiva; promoción del turismo, la pesca, la autosuficiencia alimentaria.
Salud: consolidación de la actual infraestructura; impulso de la salud preventiva en toda la población; educación alimentaria; promoción del deporte. Impulso a la promoción de la salud. Educación: universalizar la educación básica; ampliación de las oportunidades para los jóvenes; fortalecimiento de las universidades públicas; apoyo a la formación de competencias artísticas, productivas, cívicas, culturales; capacitación y desarrollo del magisterio.
Respeto y crecimiento en la diversidad: equidad de género; oportunidades y garantías a las personas con capacidades diferentes; libertad de expresión, organización, opinión; libertad de cultos; rechazo a la homofobia, el racismo y toda forma de discriminación.
Con relación al cuarto eje relativo a los pueblos indígenas su propuesta puede resumirse de la siguiente manera: autonomía de los pueblos indígenas; libre determinación sobre sus recursos; reconocimiento oficial de sus lenguas; educación intercultural; respeto a su cultura y fortalecimiento de la identidad; mejora de sus condiciones de vida.
La transparencia y rendición de cuentas, la fiscalización del uso de recursos públicos, los mecanismos de la democracia participativa como la revocación de mandato son antídoto puro contra la corrupción, el abuso del poder y la falta de respeto a los derechos humanos que caracteriza al régimen autoritario y de impunidad de Ulises Ruiz y su burbuja que pretenden prolongarse en el poder a través del señor Eviél Pérez Magaña.
La Convención Estatal Democrática Oaxaca Libre
La Convención Estatal Democrática Oaxaca Libre (CEDOL) coincide con la mayoría de estos puntos agregando: un mayor compromiso con los pobres; la elección del presidente del tribunal superior de justicia y de la comisión estatal de derechos humanos; la reducción del sueldo de diputados a salario mínimo; amnistía e indulto de todos los procesados políticos; cancelación de órdenes de aprehensión contra los dirigentes sociales que se han originado por motivos políticos, despenalización a transportistas en vías de regularización.
Asimismo, la CEDOL hace algunos pronunciamientos de alcance nacional como el rechazo al paquete económico del 2010 que se ha traducido en aumentos del IVA, gasolina, energía eléctrica, ISR, etc.; el rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), así como a las reformas que se dieron en 1992 al artículo 27 de la constitución y a la nueva ley del ISSSTE, entre otros aspectos. Obviamente el PRI no impulsará los cambios que se requieren para que Oaxaca transite a un régimen de honestidad, justicia, libertad y democracia.
(Tercera parte)
La Iniciativa Ciudadana para la Alternancia, transición y democratización de Oaxaca.
Esta expresión de la sociedad civil, luego de plantear un diagnóstico sobre las características del régimen autoritario que existe en Oaxaca, advierte la necesidad “de instaurar un Estado auténticamente libre y democrático en el que tengan plena vigencia los Derechos Humanos”.
Propone para ello un Nuevo Pacto Político, Económico y Social que incluya a todos los oaxaqueños y una agenda mínima que dé cuenta de aspectos que permitan la alternancia, la transición y la democratización. Incluye puntos planteados por otras propuestas ciudadanas, pero agrega otros aspectos.
En lo económico, rechaza el modelo que sustenta el actual proyecto de dominación y se pronuncia por la necesidad de crear una alternativa de política económica regional y regionalizada que “concentre su actividad e inversiones en las comunidades, barrios, colonias, ciudades y en los proyectos estratégicos regionales”.
Sugiere estrategias que “promueva (n) la participación social en la definición de las obras, proyectos o acciones, en la evaluación de los mismos, en la transparencia y en la rendición de cuentas de los recursos públicos”.
La creación de un sistema integral regional comunitario que contemple: asambleas micro regionales; consultorías técnicas comunitarias, y coordinaciones comunitarias microregionales.
En materia política, proponen una agenda dividida en dos periodos: en el primero se plantea “identificar en el corto plazo, un conjunto de modificaciones y reformas legales y normativas que garanticen la transición democrática viable para un periodo de tres años y en el segundo, la realización de la democratización sociopolítica del estado…para integrar el Congreso constituyente avocado a la expedición de una Nueva Constitución para el Estado de Oaxaca, así como las leyes secundarias, reglamentos y otras disposiciones normativas que de ella se deriven”.
Entre las acciones para el corto plazo, se expresan por la revisión de la constitución estatal así como de diversas leyes: Ley de Participación Ciudadana; Reformas a la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca y la Ley de Coordinación Fiscal Estatal; Reforma a la Ley de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca; la expedición de una Ley sobre los Medios de Información en Oaxaca; Reforma al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca.
Entre los objetivos de las reformas y nuevas leyes que proponen se encuentra: flexibilizar lo que llaman el “sistema de poder centralizado”; obligar a los gobernantes a tomar en cuenta las “decisiones populares”; descentralizar el poder político y económico del Estado a favor de los municipios y localidades; ampliar facultades de la Comisión Estatal para el respeto de los derechos humanos; reconocer los medios comunitarios y alternativos de información; lograr una autonomía real del órgano electoral y evitar la compra y coacción del voto; garantizar competencias equitativas en las elecciones; vigilar y controlar la entrega de recursos públicos a los partidos así como promover el reconocimiento de las autoridades de las comunidades; fortalecer la participación política de las mujeres, los avecindados, las agencias y los migrantes.
También proponen una Ley Estatal para el Desarrollo Social que promueva la autogestión económica y una Reforma a la Ley Estatal de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca para que los recursos públicos se transparenten y se “castigue la corrupción, el desvío y la aplicación discrecional del dinero que pertenece al Pueblo”.
En cuanto a la reforma del poder judicial proponen la autonomía de este, de manera que el ejecutivo estatal no intervenga en la designación de magistrados, ni del Presidente del Tribunal; la profesionalización del poder judicial; el fortalecimiento de su infraestructura; la concreción de una justicia pronta y expedita a través de “procedimientos agiles, breves y jurídicamente validos para la solución de los litigios”.
Por lo que hace a las garantías sociales, se plantea la creación de un “horizonte mínimo de bienestar “que garantice que todas las personas tengan asegurado el acceso a la alimentación, a la salud, a la vivienda, al trabajo y a la recreación”.
Finalmente destacan un planteamiento para la “justicia, reconciliación y paz”. Para ello, dicen, “el próximo gobierno debe comprometerse a crear una Comisión de la Verdad que sancione y aplique las penas necesarias para que haya digno castigo a los responsables de las graves violaciones de los Derechos Humanos que se cometieron en contra de la inerme población que hizo uso de su derechos a manifestar su rechazo a la represión”.
La propuesta de la Iniciativa Ciudadana propone en esencia la descentralización del poder político, la apertura hacia las regiones y las comunidades, la ampliación de la libertad de expresión a través de medios de comunicación alternativos y comunitarios, el combate a la corrupción, la reorientación del poder judicial fundado en la profesionalización y el respeto a los derechos humanos, la justicia, es decir, otra vez, el talón de Aquiles del autoritarismo que representa el PRI y su candidato a la gubernatura del estado.
(Cuarta parte)
La propuesta de la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso
En un documento de más de 40 páginas que fue presentado ante el Instituto estatal Electoral el día 10 de febrero del presente año, la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso de Oaxaca, que lleva como precandidato a la gubernatura del estado a Gabino Cué Monteagudo, expone su propuesta de programa de gobierno.
Son siete los ejes de la propuesta de la Coalición que agrupa al PAN, PRD, PT y Convergencia recuperemos aquí algunos de los aspectos más relevantes.
Transición y Gobernabilidad Democrática: Gobierno basado en valores, abierto a la crítica, respetuoso de los derechos humanos y garantías constitucionales. Gobierno integrado con funcionarios que cuenten con las capacidades para el desempeño eficaz de sus funciones. El gobernador, dicen, respetará la división de poderes y volverá a despachar en el Palacio de Gobierno. Impulsará la fiscalización del uso de recursos públicos y el control presupuestal; austeridad gubernamental; eliminará las delegaciones de gobierno; fortalecerá la autonomía municipal y el órgano de conciliación agraria.
Desarrollo Económico, Competitividad y Empleo: Impulso a la micro, pequeña y mediana empresa; agroindustria; productos orgánicos; impulso de la agricultura, ganadería y pesca; inversión privada concurrente con ejidatarios y comuneros; apoyo a cafeticultores; impulsar la autosuficiencia alimentaria; minería, industria y comercio; modelo de integración de capitales, recursos y voluntades de los sectores público, social y privado; fortalecimiento del turismo en sus diferentes modalidades; impulso de las artesanías.
Democracia y Participación Ciudadana: Autonomía efectiva de los órganos electorales; Ley de participación ciudadana; contraloría ciudadana; consulta para la realización de obras públicas; diálogo con las organizaciones sociales; libertad de expresión y el pluralismo político; ciudadanizar la radio y televisión públicas estatales.
Seguridad y Justicia: sistema de procuración de justicia eficaz; traductores para la población indígena; respeto al debido proceso; sistema de seguridad pública que respete las garantías constitucionales y los derechos humanos; efectiva autonomía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; vecino vigilante; protección a la integridad física y sicológica de los niños y las niñas.
Gestión y Políticas Públicas: Servicio civil de carrera; profesionalización de los servidores públicos; indemnización a los particulares por daños u omisiones de la autoridad; reducción de los sueldos de funcionarios públicos; trasparencia y rendición en el ejercicio de los recursos públicos; sanción a los actos de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de interés; impulsar el incremento de las participaciones municipales; propiciar una distribución equitativa de recursos a las agencias; participación de las agencias en la planeación municipal.
Pueblos Indígenas: autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas; actualizar la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas; fortalecer las culturas indígenas y las comunidades afrodescendientes; promover la participación de las niñas y mujeres indígenas; modelo educativo intercultural acorde a la realidad de los pueblos indígenas.
Desarrollo Social y Humano Sustentable.
Salud: acceso de toda la población a servicios de salud gratuitos; medicamentos y personal de salud en hospitales y clínicas del sector público; mejorar la nutrición de la población en estado de pobreza; programas de prevención de enfermedades; mejorar las condiciones sanitarias de las viviendas de la población marginada.
Educación: Garantizar la educación básica a todos los niños y niñas; reducción del analfabetismo y el rezago educativo; impulso del sistema de formación de docentes; apoyar la educación media superior y superior; programa de investigación científica y desarrollo tecnológico.
Cultura: fomentar y conservar las riquezas históricas, culturales y artísticas de las regiones del estado; apoyo a los creadores y grupos culturales de las distintas regiones.
Derechos de las mujeres: erradicar todas las formas de violencia contra la mujer; garantizar el acceso de las niñas y mujeres a la educación y la salud; equidad de género en la integración de los órganos del estado; políticas públicas con enfoque de género; eliminar disposiciones que atenten contra los derechos de las mujeres o se consideren discriminatorias; apoyo a las mujeres en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Apoyo a los adultos mayores; oportunidades y garantías a las personas con capacidades diferentes; ampliación de los derechos, oportunidades y alternativas para los jóvenes.
Ecología y protección del medio ambiente y el ser humano: proteger la biodiversidad con políticas públicas que impulsen sistemas agroecológicos sustentables; respeto al medio ambiente en los programas de desarrollo urbano; campañas de cultura ecológica; programa de uso responsable y eficiente del agua; aprovechamiento planificado de nuestros bosques; consumo eficiente de la energía y aplicación de energías alternativas; conservación de áreas de protección ambiental.
Ampliación y fortalecimiento de los programas de vivienda social; cultura del deporte en la población; nuevos espacios deportivos y mantenimiento de los ya existentes. Ley de transporte que ponga orden en el sector.
Como podemos observar y concluir de esta serie de artículos, propuestas hechas por diversas expresiones de la sociedad civil, tanto en el pasado reciente como en lo inmediato, han sido incorporadas a la agenda de gobierno de la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso, como ocurre por ejemplo con modificaciones legales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, el castigo a los funcionarios corruptos, el establecimiento de la consulta a la ciudadanía en la construcción de la obra pública, la autonomía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la ampliación de la formas de participación ciudadana directa, la defensa del medio ambiente y la sustentabilidad, los derechos de los pueblos indios, la equidad de género, la instauración de un nuevo régimen democrático y esto no es casual, existen coincidencias en la necesidad de avanzar en cambios estructurales que permitan transitar del régimen autoritario y corrupto que representa Ulises Ruiz y su burbuja, a un régimen democrático, de mayor justicia, libertad y bienestar colectivo. Este es el desiderátum en las próximas elecciones, mas de lo mismo, el continuismo, o el cambio democrático.
