El inédito conflicto de la Policía Estatal contra el gobierno –su gobierno- tiene connotaciones muy peculiares, por lo cual diferentes personajes y analistas nacionales han comentado “sólo en Oaxaca”, pues es tan irregular el asunto, que ha llamado la atención como protesta, tanto por su composición como por su duración, al menos de una semana completa, si no hasta más, tiempo en el cual los niveles de riesgo se han incrementado exponencialmente en el estado a partir de haberse abandonado diferentes actividades de vigilancia, y se ha puesto en verdadero jaque la seguridad pública de la entidad por el claro rompimiento de la disciplina, espina dorsal del buen funcionamiento de una corporación de policía. Las siguientes consideraciones tienen la intención de generar una reflexión apegada a lo verdaderamente acontecido, más allá del suceso escandaloso, porque es imperativo poner en la mesa las principales razones del conflicto ante lo sensible del tema, quizá uno de los más peligrosos enfrentados por el gobierno de Gabino Cué Monteagudo. Las bases que sostienen a una corporación como la Policía Estatal en nuestra entidad se han movido a partir de los conflictos recientes, y varios de sus estructuras se han visto amenazadas, tanto por quienes se sienten desplazados con la llegada de Alberto Esteva Salinas como secretario de Seguridad Pública, como por los mandos favorecidos con este arribo, han alimentado todos la falta de solución ante la posibilidad de tener ventajas cuando todo se resuelva; es decir, el río revuelto lo provocan los propios mandos policíacos para recuperar posiciones unos, y asentar las ya adquiridas los otros. En medio de todo, la lucha política ligada a la sucesión gubernamental del 2016 se adelantó con esta revuelta, como explicamos en esta columna.
LOS ANTECEDENTES DEL CAMBIO
A la llegada de Gabino Cué al gobierno en el 2010, la plataforma de seguridad pública en el estado cambió de manera radical, pues comenzó a desplazarse a varios de los mandos policíacos ligados al gobierno priista de Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, endurecidos en actividades de inteligencia contra los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO, durante los conflictos sociales de 2006, y fueron desplazados varios porque precisamente los perseguidos en ese año ahora habían ganado precisamente el nuevo gobierno del cambio. Por eso Marco Tulio López Escamilla, primer secretario de Seguridad Pública de Cué, despidió a una cantidad considerable de policías durante los años en el cargo. La ventaja a su favor fue consolidar sus enlaces principales con la llamada “hermandad” policíaca, cuyos nexos llegan hasta las corporaciones federales, quienes mantienen un equilibrio con la delincuencia organizada y el narcotráfico a nivel nacional. De esta manera, López Escamilla hizo excelente mancuerna con el Procurador General de Justicia de su tiempo, Manuel de Jesús López López, y vinculados con el maestro de todos ellos, Roberto Pedro Martínez Ortiz, procurador en el sexenio de Diódoro Humberto Carrasco Altamirano, y funcionario de inteligencia con el mismo Diódoro cuando éste fue titular de la Secretaría de Gobernación, donde Roberto Pedro hizo los contactos en materia de seguridad nacional utilizados por ese grupo hasta hoy. De esta manera, el reposicionamiento de Marco Tulio en la seguridad nacional deriva de las relaciones de este grupo, al cual evidentemente no pertenece Alberto Esteva.
LA RECEPCIÓN DE ESTEVA
El nombramiento de Esteva Salinas en la SSPO fue sorpresivo para las estructuras internas de la dependencia, sobre todo para la “hermandad”, quienes por supuesto se desconcertaron e inconformaron con la llegada de alguien ajeno totalmente a sus intereses operativos. Por esta razón, en forma inmediata le aplicaron una recepción de bienvenida haciéndole llegar al diputado Alejandro Avilés Álvarez en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura local, una constancia en la cual se asentaron dos órdenes de aprehensión del 2003 presuntamente existentes en contra del nuevo secretario de Seguridad propuesto por el gobernador, con toda la intención de que el Congreso del Estado no ratificara ese nombramiento en sustitución de Marco Tulio. A tal grado era la desesperación de la estructura policial del estado por eliminar a su futuro jefe, que la constancia de la solicitud de Antecedentes Penales emitida el 27 de diciembre de 2013 estaba dirigida “A Quien Corresponda”, es decir, no se sabe quien la solicitó; más grave aún es el haber estado firmado el documento por el Comisionado, Roberto César Alfaro Cruz, quien en breve sería subordinado de Esteva, pero se la jugó de frente contra el futuro secretario y a favor de su grupo dentro de la corporación. La constancia circulada en los medios de comunicación no tenía firma del interesado, es decir, insisto, nunca se supo quién la solicitó. La respuesta del gobernador con Alfaro Cruz fue cesarlo de manera fulminante; sin embargo, otro de los autores intelectuales de ese hecho fue el subsecretario de Información y Desarrollo Institucional de la dependencia, Ignacio Xavier Villalobos Carranza, a quien el propio gobernador ratificó en el cargo en forma totalmente inexplicable, posición en la cual sigue hasta hoy.
BATALLA CON FUEGO AMIGO
La salida de Manuel de Jesús López de la Procuraduría estatal representó realmente sólo un reacomodo dentro del gabinete de seguridad del gobierno al quedar en el cargo como procurador una gente del mismo equipo de Roberto Pedro y de López López, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, así como continuó por parte del gobernador la asignación de temas delicados de seguridad al propio Manuel de Jesús, entre ellos el asunto con los integrantes de la Sección 22, por ejemplo. Alberto Esteva comenzó un reacomodo gradual en su estructura y hasta la fecha despidió al menos 12 mandos medios dentro de la SSPO, pero en forma inexplicable, con una absoluta falta de solidaridad y en clara muestra de los intereses operados por el grupo de Manuel de Jesús-Roberto Pedro, nueve de esos personajes fueron inmediatamente recontratados por la Procuraduría, es decir, por Joaquín Carrillo; otro caso notorio fue el de Federico Escobedo Almazán, dado de baja por Esteva y recontratado directamente por Manuel de Jesús; también Moisés Robles Cruz, quien en un principio sonaba para sustituir a López Escamilla, y fuera director de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, integrante del equipo de Roberto Pedro, recontrató a la directora general de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la SSPO, María de los Ángeles Jiménez del Castillo, luego de haber sido despedida por Esteva al descubrir que subía mensajes a las redes sociales en contra de su jefe el secretario. De esta manera, al menos 12 personas de mandos medios corridos de la SSPO se encuentran recontratados en áreas vitales del gobierno ¿Cómo se imagina Usted, amigo lector, que trabajen respecto a la problemática vivida por Alberto Esteva hoy con la revuelta policíaca, y en general? Si a ellos se les suma la contra con la “hermandad”, podrían explicarse mejor las razones de la dureza de la revuelta.
LA REVUELTA
La precaria situación vivida por las policías oaxaqueñas no es nueva: los salarios bajos, la explotación laboral, los retrasos en el pago de viáticos, etcétera. Sin embargo, sí es un hecho también el agravamiento de esta situación durante el actual gobierno, por supuesto con López Escamilla y ahora con Esteva; por ejemplo, un policía vial comentó a este columnista que durante el último año de gobierno de Ulises Ruiz les dieron seis uniformes y cuatro pares de botas, contra uno en el presente año. Otro tema empantanado es enviarles a comisiones sin otorgarles los viáticos respectivos, y varios de ellos deben comprar tortas con su propio dinero; este asunto de los viáticos alcanzó ya los 7 millones de pesos de adeudos. Pero si analizamos el rezago dejado por Marco Tulio, alcanza los 150 millones de pesos heredados como deuda y reconocidos por el ex secretario en su cuenta de tweeter al preguntar con cinismo: “¿Todavía no los pagan?” Hoy puede concluirse que prácticamente todas las demandas son justas, debieron ser atendidas y resueltas desde hace mucho tiempo, pero ahora son una excelente herramienta para bajar a Esteva del caballo, pues si le suma Usted, amigo lector, las intenciones del secretario de ser candidato a gobernador, es fácil encontrar las razones de todos los frentes abiertos en su contra.
RECUENTO
La forma en la cual fue acosado Alberto Esteva por un grupo de policías estatales el primer día del amotinamiento el domingo 14 de septiembre revela la magnitud de resistencia del grupo en su contra, pues le aventaron piedras, los siguieron con insultos hasta su camioneta, desarmaron a sus escoltas y lo amagaron en forma muy agresiva. La duración del conflicto a pesar de las concesiones otorgadas ya también son un reflejo de que las soluciones no son operativas, sino políticas, y quien impulsa un claro arreglo político es Alfonso Gómez Sandoval Hernández, secretario General de Gobierno, en un evidente afán de quedar como el gran negociador en abono a una probable candidatura propia la gobierno del estado en 2016; de otra manera, no se entiende su intención de pasar por alto las indisciplinas criminales de los amotinados, pasando sobre la imagen del gobernador. Finalmente, los diputados sólo han participado para enrarecer más el clima político financiando a los paristas, como lo reconoció Gustavo Díaz Sánchez del PRI-PVEM; o el legislador priista, Fredy Gil Pineda Gopar, quien reconoció que le tiene tirria a Esteva por haberle prometido una patrulla a su presidente municipal de Santos Reyes Nopala y no habérsela entregado. Ambos diputados son integrantes de la comisión legislativa negociadora, ¡imagínese! jaimelabc22@gmail.com
