Al tiempo que saludaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional, en su totalidad, la Ley de Seguridad Interior en México, expertos de la ONU urgieron al gobierno mexicano a no adoptar medidas encaminadas a consolidar la militarización del país.
Sin mencionar concretamente el plan de crear una Guardia Nacional anunciado por el futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, varios relatores de la ONU firmaron una declaración conjunta en la que urgen al Estado mexicano a ” no adoptar ninguna medida que consolide el paradigma militar en materia de seguridad”.
Entre ellos se encuentran los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas; el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias; Joe Cannataci, Relator de la ONU sobre Derecho a la Privacidad; Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de Defensores de Derechos Humanos; Agnès Callamard, Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales y David Kaye, Relator especial para Libertad de Expresión.
Saludan cancelación de la LSI
Los expertos de la ONU califican la decisión de la Suprema Corte sobre la Ley de Seguridad Interior “como un paso significativo para revertir la militarización de la seguridad pública en el país”.
“El creciente papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen, aunado a la ausencia de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas, ya ha dado lugar al bien documentado incremento en las violaciones de derechos humanos en México”, puntualizaron los expertos.
“Saludamos esta decisión de la Suprema Corte”, remarcaron.
Recordaron que desde el inicio del proceso legislativo que buscaba fortalecer la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad y en el combate a la delincuencia, las y los expertos expresaron preocupaciones con respecto a su potencial impacto sobre la protección de los derechos humanos.
Los expertos señalaron numerosas recomendaciones que han sido emitidas por diversos mecanismos de las Naciones Unidas, respecto a la necesidad de restringir la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, de separar debidamente las funciones policiales y militares, así como de instituir mecanismos efectivos de control civil y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas.
Finalmente, en la declaración dada a conocer en Ginebra, sede del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, los expertos reiteraron su disposición para “asistir al Estado mexicano en sus esfuerzos para fortalecer el marco legislativo e institucional del país, y así garantizar la realización de los derechos humanos para todas las personas en México”.
Fuente: proceso.com
