Los presos indígenas podrán invocar el beneficio de la recién aprobada Ley de Amnistía en nuestro país, ya que lamentablemente existe un alto número de personas inocentes que debido a que hablan su lengua original, no han podido contar con un buen juicio y sus derechos más fundamentales han sido violentados dentro de sus procesos penales, en los que en la gran mayoría de los casos no han contado un interprete y el abogado de oficio desconoce la cultura y legua para una legítima defensa de la causa penal, así lo señaló la Diputada por el Distrito 3 con cabecera en Huajuapan de León, Margarita García.
Existen miles de casos donde personas de nuestros pueblos indígenas han sido engañados o utilizados para la comisión de diversos delitos, por lo que al vivir en situación de marginación y no hablar el idioma español, son victimas inocentes de las circunstancias, más aunado a los vacíos de la ley, son privados de la libertad y sentenciados a penas injustas.
La también integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas de la LXIV Legislatura Federal, indicó que lamentablemente en las prisiones del país existen personas nativas de comunidades indígenas, quienes, dentro de su proceso, carecieron de una adecuada defensa, violentándose sus derechos al no haber contado con un intérprete de su lengua originaria, de ahí que esta nueva ley, podrá ayudar a que puedan recuperar su libertad e incorporarse nuevamente a la vida productiva del país.
“Muchos opinan que esto es incorrecto, principalmente la oposición como el PRI y el PAN la están desvirtuando; sin embargo, analizándola bien, para los que vivimos en carne propia la privación de la libertad siendo inocentes, era un tema de justicia social, y ahora que ya existe esta Ley, muchas personas tendrán la oportunidad de probar su estado de inocencia”, manifestó la diputada petista.
La legisladora dejó en claro que no se corre el riesgo de que la delincuencia organizada se aproveche de la Ley de Amnistía, toda vez que la misma especifica quienes no podrán invocar su beneficio, tales como aquellos que haya cometido delitos comprendidos en el artículo 19 de la Constitución Política de México.
