La sombra de la corrupción es una gran mancha que parece estarse extendiendo a lo largo y ancho del Estado mexicano. Se equivoca quien
piense que se trata de un asunto de la exclusiva incumbencia del gobierno federal o del presidente Enrique Peña Nieto.
Veamos lo que sucede en las entidades federativas y nos daremos cuenta de que las mafias locales se han apoderado de muchos recursos públicos y los ejercen como si fueran propios, para obtener beneficios exclusivamente personales.
Hay gobernadores y exgobernadores que viven con un nivel de opulencia que resulta muy desproporcionado en relación a su sueldo. Abundan las propiedades de políticos mexicanos en Estados Unidos lo de Murat y Fidel Herrera en Manhattan es solamente la punta del iceberg, pero bastaría revisar el registro público de la propiedad en Miami, en San Antonio o en Houston para llevarnos varias sorpresas.
Hay presidentes municipales que acabando sus periodos de gobierno se mudan a enormes mansiones, a pesar de que al inicio de su mandato de gobierno su nivel de vida correspondía con el de una familia de clase media.
Hay jueces y magistrados locales y federales que manejan vehículos de cientos de miles de pesos. Otros tienen empresas que les venden al
propio Poder Judicial los bienes y suministros que requieren; hace años un consejero de la Judicatura Federal era propietario a través de
prestanombres, naturalmente de la empresa que le vendía todo el papel al Poder Judicial Federal; hace menos tiempo, en un estado del sureste, el presidente del tribunal superior de justicia puso una universidad, la cual se encargaba de dar todos los cursos de formación… para
funcionarios judiciales y vaya que las colegiaturas eran altas.
Podríamos seguir narrando muchas historias en el mismo sentido. Incluso podríamos mencionar lo extraño que resulta el nivel de vida altísimo, propio de verdaderos magnates de ciertos líderes sindicales, de líderes sociales o incluso de periodistas.
Lo importante no es abundar en el anecdotario de la corrupción, que sin duda daría para muy jugosas novelas, sino debatir entre todos cómo debemos tomar medidas para combatirla.
Propongo cuatro cuestiones clave, si de veras queremos entrarle al tema:
1 Aprobar a la brevedad la legislación en materia de transparencia y acceso a la información, en la que se incorporen los más amplios y
mejores estándares internacionales.
2 Crear la comisión nacional anticorrupción con facultades amplias de investigación y ejercicio de la acción penal en contra de funcionarios y
exfuncionarios públicos.
3 Crear una comisión de expertos independientes que construya el marco normativo en materia de conflictos de interés; dejarlo en manos del
nuevo secretario de la función pública es un enorme despropósito.
4 Crear un buzón electrónico una especie de wikileaks en el que cualquier persona pueda presentar denuncias de forma completamente
anónima sobre posibles actos de corrupción y establecer un sistema de recompensas para aquellos casos en que se pueda determinar que en efecto se dieron esos actos.
Lo peor que nos puede pasar es que la indignación pública de los últimos meses no se traduzca en nada. Debemos tomar impulso para enfrentar el tema de la corrupción y encontrar mejores respuestas para su combate. No
nos demoremos.
El Universal
