* Defender la Constitución no implica oponerse al cambio ni ser retrógrada ni reaccionario, sino exigir que cualquier transformación se realice dentro del marco del Estado de derecho, con respeto al pluralismo y a las instituciones que garantizan la libertad.
* La destrucción de la Constitución mexicana no ocurre de manera abrupta ni mediante su abolición formal, sino a través de un proceso gradual de vaciamiento institucional, concentración de poder y desprecio por los límites constitucionales.
Con motivo de la conmemoración del 109° aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 vital es recordar que ha sido, durante más de un siglo, el pilar del orden jurídico, político y social del país.
Aunque a lo largo de su historia ha sufrido múltiples reformas —algunas necesarias y otras cuestionables—, pocas etapas han generado tanta preocupación sobre su integridad como el periodo reciente marcado por las reformas impulsadas por el partido Morena y su proyecto político autodenominado de “transformación”.
Defender la Constitución no implica oponerse al cambio ni ser retrógrada ni reaccionario, sino exigir que cualquier transformación se realice dentro del marco del Estado de derecho, con respeto al pluralismo y a las instituciones que garantizan la libertad.
En caso contrario, México corre el riesgo de sustituir un régimen constitucional democrático imperfecto por un modelo de poder personalista, donde la ley ya no limita al gobierno, sino que obedece a él.
La destrucción de la Constitución mexicana no ocurre de manera abrupta ni mediante su abolición formal, sino a través de un proceso gradual de vaciamiento institucional, concentración de poder y desprecio por los límites constitucionales.
Las reformas impulsadas por Morena, bajo una lógica populista, han puesto en entredicho principios fundamentales como la división de poderes, la autonomía institucional, la legalidad y la protección de derechos.
Para amplios sectores académicos, jurídicos y ciudadanos, estas reformas no representan una actualización del pacto constitucional, sino un proceso sistemático de debilitamiento institucional que pone en riesgo la división de poderes, el Estado de derecho y la democracia misma.
Uno de los rasgos centrales del populismo es la constante apelación al “pueblo” como fuente única de legitimidad, descalificando cualquier contrapeso institucional como elitista, corrupto o contrario a la voluntad popular.
En México, este discurso ha sido utilizado para justificar reformas constitucionales y legales que concentran poder en el Ejecutivo, reducen la autonomía de organismos constitucionales y minimizan el papel del Poder Judicial.
Lamentable y dolorosamente, la Constitución de México ha dejado de ser un límite al poder para convertirse en un instrumento maleable al servicio del proyecto político en turno por el debilitamiento de la división de poderes.
La división de poderes, principio fundamental del constitucionalismo moderno, ha sido progresivamente erosionada. Desde el Poder Ejecutivo se promovió una narrativa de confrontación contra el Poder Judicial, acusándolo de obstaculizar el “cambio” cuando emite resoluciones contrarias a reformas impulsadas por el gobierno.
Al mismo tiempo, el Poder Legislativo —dominado por mayorías afines a Morena— ha funcionado con frecuencia como una oficialía de partes del Ejecutivo, aprobando reformas constitucionales sin deliberación profunda, análisis técnico ni diálogo plural.
Este fenómeno vacía de contenido el equilibrio entre poderes y transforma al Congreso en un órgano subordinado, traicionando el espíritu republicano que la Constitución busca preservar, máxime cuando destruye a los órganos constitucionales autónomos.
Otro eje clave de la destrucción constitucional ha sido el sistemático debilitamiento y desaparición de órganos constitucionales autónomos, creados precisamente para evitar la concentración de poder y garantizar derechos fundamentales.
Instituciones como el INE, el INAI, la COFECE o el IFT han sido objeto de recortes presupuestales, campañas de desprestigio y propuestas de reforma que buscan subordinarlos al Ejecutivo.
Estos organismos no son caprichos tecnocráticos, sino mecanismos de protección ciudadana frente al abuso del poder. Al atacarlos, se debilitan derechos como el acceso a la información, la libre competencia, la equidad electoral y la transparencia gubernamental.
La ampliación del papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y funciones civiles constituye otra grave regresión constitucional en materia del respeto y defensa de los derechos humanos.
A pesar de que la Constitución establece un marco civil para la seguridad, las reformas y decisiones impulsadas por Morena han normalizado la militarización, incluso otorgando al Ejército control sobre infraestructura estratégica y proyectos económicos.
Esto no solo contradice el texto constitucional, sino que ignora estándares internacionales de derechos humanos y reviven prácticas autoritarias que México había intentado superar tras décadas de régimen hegemónico.
Quizá el aspecto más alarmante no sea una reforma específica, sino la lógica con la que se reforma la Constitución: ya no como un consenso nacional que define límites y reglas del juego, sino como una herramienta política para imponer una visión ideológica coyuntural.
El uso recurrente de mayorías legislativas para modificar el texto constitucional debilita su carácter normativo y simbólico, convirtiéndolo en un documento inestable y politizado.
Cuando la Constitución deja de ser un pacto duradero y se transforma en un manifiesto partidista al reformarla como estrategia de poder, no de Estado, se rompe la base misma del constitucionalismo democrático.
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