Cada vez es más evidente que la delincuencia está adquiriendo poder y control en lugar de las instituciones gubernamentales. Existe una creciente sensación de que las autoridades han renunciado a su deber de hacer cumplir la ley y han decidido permitir que otros gobiernen.
La delincuencia organizada no se limita únicamente a los cárteles de la droga, sino que también incluye a grupos sindicales y organizaciones políticas que utilizan la protesta, la presión y el chantaje como medios para obtener beneficios económicos y políticos. Esto ha llevado a una situación en la que las autoridades, por miedo u omisión, no ejercen la ley de manera efectiva, lo que permite que la impunidad se fortalezca y afecte a la mayoría de la población.
La falta de acción por parte de las autoridades frente a los ataques y actos delictivos evidencia la impunidad y la falta de consecuencias para los responsables. Como se ha sabido, individuos encapuchados han atacado cuarteles militares, edificios públicos municipales y edificios de medios de comunicación en diversos puntos de nuestro país.
Por otro lado, estudiantes normalistas bloquean carreteras y asaltan vehículos de carga sin que haya consecuencias legales. Esta falta de aplicación de la ley no solo afecta la seguridad de la población, sino también la economía y el desarrollo de las ciudades.
La percepción de que la delincuencia está adquiriendo poder y control sobre las instituciones gubernamentales en México es cada vez más evidente. El ejemplo más cercano que tenemos es lo que ocurrió en una región de Chiapas, donde el desfile de personas armadas del Cártel de Sinaloa fue aclamado por los habitantes de esa zona. Esto es una clara indicación de un estado que le ha fallado al país. Los gritos de los pobladores eran de vítores a “¡Puro Sinaloa!”. Las camionetas llenas de hombres armados hacían sonar la bocina para celebrar los aplausos. El gobernador morenista de la entidad, Rutilio Escandón, guardó silencio, y la explicación de López Obrador sobre este tema fue que se trata de “propaganda” de los opositores a la 4T, y que no es importante.
Ahora, el desfile, que fue algo nunca visto, por parte de los habitantes abandonados por el gobierno ¿es “cualquier cosa”? ¿La ausencia de las autoridades en un territorio disputado por los cárteles de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación es “cualquier cosa”?
En el 2021, el general Glen VanHerck, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, estimó que los cárteles del crimen organizado controlan entre el 30% y el 35% del territorio mexicano.
En Huajuapan también hay preocupación porque ha crecido la delincuencia organizada, y los asaltos, asesinatos, robos a comercios y casas habitación, feminicidios, secuestros, se han vuelto cotidianos.
Todo esto es preocupante para cualquiera, además, si se le agrega el ingrediente del nuevo Vicefiscal en la región, maestro Juventino Pérez Gómez, a quien se le ha visto rodeado de gente que tiene que ver con grupos delincuenciales. Incluso, varios de ellos lo han visitado en sus oficinas.
Ante este panorama, surge la pregunta: ¿a quién realmente defiende la autoridad?
Horacio Corro Espinosa
