“Si la corrupción representa un problema complejo, la solución al mismo debe ser compleja”
Max Kaiser
Este 2014 será recordado como el año de inflexión para la actual administración federal. El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, pasó de una supuesta posición favorable, con logros que parecían consolidados y que sorprendieron a más de uno: el Pacto por México o las Reformas Estructurales, son algunos ejemplos; a un escenario de crisis y confrontación. Crisis Política y de Legitimidad, de violencia, con señalamientos graves de corrupción que (solo falta ver la inestabilidad del nuestra moneda) parecen antesala de una crisis económica.
Como si los casos Ayotzinapa, Tlataya, la “Casa Blanca”, y un largo etcétera no fueran suficientes, ahora los señalamientos apuntan al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Un nuevo escándalo publicado la semana pasada en el diario “The Wall Street Journal”, donde afirma que éste, adquirió una casa al Grupo Higa, empresa que se vio envuelta en la polémica de otra propiedad, la de la primera dama Angélica Rivera. Es de resaltar que el Grupo Higa, se benefició de contratos por miles de millones durante el periodo en el cual Enrique Peña, era gobernador del Estado de México, y conformaba el consorcio que ganó la licitación del tren bala México-Querétaro, que fue cancelada.
Videgaray, se ha defendido de estos señalamientos al declarar que la propiedad en cuestión, fue comprada en un periodo durante el cual no se desempeñaba como funcionario público, pero el diario Reforma, nos ha recordado que en las fechas que adquirido el inmueble (Octubre 2012), era responsable por una partida de 152 millones de pesos, como Coordinador General del equipo de transición del entonces presidente electo.
Estos señalamientos, presumen un posible conflicto de intereses si tomamos en cuenta el párrafo 12 del Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, pero sobre todo, ha consolidado el mal momento que vive el Gobierno mexicano, y por desgracia, también el país.
Entre tanto, México se sitúa en la posición 103 de 175 países evaluados en el INDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN elaborado por Transparencia Internacional, con una calificación de 35 sobre 100. Reprobamos con 3.5. Nuestro país ocupa el último lugar de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). Esto nos iguala con niveles de países como Bolivia o Moldovia. Muy por debajo de países de América Latina como Chile y Brasil. Cabe destacar que aún cuando éste índice fue publicado en fechas recientes, sus parámetros de medición concluyeron el 1er semestre de 2014, por lo que no consideran los escándalos de violencia y corrupción en la que se encuentra México, como lo es la delicada crisis y la atención de la opinión pública internacional.
Mientras, vemos como fracasan las negociaciones en la Cámara de Diputados, para aprobar, en este periodo de sesiones, el famoso Sistema Nacional Anticorrupción, que se ha venido planeando desde principios de este 2014. Pero eso sí, no faltan panistas que bromean y se jacta de buscar a su propio Eliot Ness, como Fiscal AntiCorrupción. Aunque olvidan que los Al Capones mexicanos, no se encuentran en las calles como él lo estuvo en Chicago, sino en los palacios: los legislativos, los municipales, los estatales y federales.
Pero seríamos por demás ingenuos, si pensáramos que sólo con órganos e instituciones de control, ya sean internos, externos, autónomos, ciudadanos, independientes o cualquier otro adjetivo de “moda”, se lograra el combate a la corrupción. La fórmula de que a más instituciones menor corrupción no aplica. Si tomamos en cuenta ejemplos como el del Distrito Federal, que aún siendo la primera entidad en cuanto a acceso a la información pública se refiere, es también la más corrupta, según la organización Transparencia Mexicana. Pareciera que las instituciones sólo buscan de transparencia y acceso a la información, los diagnosticos, y eso, en el mejor de los casos.
Además, las instituciones del Estado, quienes deben mantener el orden público y procurar justicia, permiten y son coparticipes de la situación de verdadera barbarie que vive el país. Entonces, quién nos puede asegurar que las fiscalías anticorrupción serán diferentes.
La corrupción está definida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua como la “Acción y efecto de corromper/ En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. Parece que esta definición está basada en México, donde el soborno, la colusión, el tráfico de influencias y el conflicto de interés son las características definitorias de nuestro sistema político, y (aunque nos duela aceptarlo) de nuestra sociedad.
Para en verdad resolver este problema vamos a tener que construir una nueva relación gobierno-sociedad; una nueva cultura política. Pero en un país donde existen complicidades constantes del poder público y una ausencia total de valores de los que se encuentran en el poder, parece algo improbable.
Twitter: @pachecoperal
