La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) inició la batalla para que el próximo gobierno diseñe una Fiscalía General de la República “autónoma, independiente y eficaz”.
En un acto realizado al pie del Hemiciclo a Juárez, en el que inició la recolección de 117 mil firmas que respalden la iniciativa de ley #Reforma102 que presentará el organismo patronal ante el Senado de la República, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, dejó claro que no se trata de que la actual Procuraduría General de la República (PGR) “cambie superficial y cosméticamente”.
Acompañado por empresarios y otros miembros de organizaciones civiles, enumeró los puntos que delinean la propuesta empresarial de la nueva conformación de la Fiscalía.
De entrada, pidió garantizar condiciones de independencia política del fiscal general y fiscales especializados.
Sobre la duración del titular en el cargo, propuso un periodo de seis años, iniciando funciones el tercer año de cada sexenio; mientras que los fiscales especiales permanecerán en el cargo cinco años.
Si se adopta la propuesta que sugiere periodos de seis años para el cargo, explicó, los cuales correrían a partir de la mitad de cada sexenio presidencial, el régimen transitorio establecería que el primer periodo completo se iniciaría el primero de octubre de 2021.
“De este modo, podría preverse inmediatamente el nombramiento de un fiscal de transición que surja de una terna propuesta por el presidente de la República al Senado; estaría en el cargo hasta esa fecha y sólo podría ser removido por mayoría calificada del Senado, a propuesta del Ejecutivo. La plena autonomía de la Fiscalía General entraría en vigor con la emisión de las leyes secundarias y la declaratoria del Congreso de la Unión”, abundó De Hoyos Walther.
Por su parte, el fiscal de transición será responsable de presentar ante el Congreso, en el término de un año a partir de que sea designado, su propuesta de leyes reglamentarias, para lo cual deberá exponer un diagnóstico de la situación interna de la institución en que se organiza el Ministerio Público de la Federación, así como las reformas administrativas, de personal, organizacionales y de procesos internos que sea necesario promover con miras a la plena instalación de la Fiscalía General Autónoma.
El tercer punto se trata de definir los mecanismos de nombramiento del fiscal, mediante concurso y panel de evaluación técnica con expertos. De hecho, para ser parte de la Fiscalía, los funcionarios deberán ser seleccionados a través del servicio profesional de carrera.
De acuerdo con la Coparmex, además de la Fiscalía Especial Para Delitos Electorales (Fepade), así como la Fiscalía Anticorrupción, se deberá agregar otra más para delitos que impliquen violaciones graves a los derechos humanos y una Fiscalía de Asuntos Internos.
Para el caso de mecanismos de control interno, se contará con un Consejo del Ministerio Público, que además acompañará las decisiones del fiscal general; también se instaurarán mecanismos y criterios de rendición de cuentas.
Asimismo, la Coparmex propuso fijar las reglas de competencia de la Fiscalía General, con nuevos supuestos para que dicho órgano pueda atraer casos de delitos del orden común.
También consideró necesario un fiscal de transición, mediante una reforma al artículo 102 constitucional al inicio del primer periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura.
La oportunidad de cambio
De acuerdo con el líder empresarial, existe “la extraordinaria posibilidad” de corregir las fallas en el diseño de la Fiscalía contenidas en la reforma de 2014, tales como una autonomía limitada respecto del Ejecutivo, debido a que el presidente conserva fuertes poderes para la designación del fiscal general.
Además, se establece un perfil laxo del fiscal, con el riesgo de que sea susceptible de ser capturado por los intereses políticos.
Otra falla, acotó, reside en las Fiscalías especializadas, que quedan subordinadas, dado que tal como está la ley, el fiscal general tendrá facultad de designar y remover libremente a los titulares de la Fepade y de la Fiscalía Anticorrupción. Asimismo, se observa el riesgo de excesiva concentración de facultades en el fiscal general, sin contrapesos institucionales.
“El proceso de transformación de la PGR se ha prolongado más de cuatro años; inició en el marco de la reforma política de 2014, cuando el 10 de febrero de ese año fue reformado el Artículo 102 Constitucional”, recordó De Hoyos Walther.
“El legado que nos dejan los últimos años, con 34 mil desaparecidos, escándalos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, nos llevan a pugnar por un fiscal general que nunca más pueda hacer uso faccioso de la institución o que abuse del poder”, remató el líder de la Coparmex.
Fuente: proceso.com
