Dicen estar contra la reforma educativa, pero, al final, sus únicas demandas son la entrega de al menos 115 millones de pesos y la liberación de sus cinco compañeros acusados de delincuencia organizada y secuestro.
Durante siete semanas los maestros de la Coordinador Nacional de Trabajadores de la Educación han dejado de dar clases para marchar, bloquear e incluso agredir a policías, supuestamente por estar contra las leyes secundarias de la reforma educativa.
Sin embargo, ese tema no es una demanda en el pliego petitorio de la coordinadora; específicamente, la sección 22 exige recursos federales y estatales, así como la liberación de los maestros acusados de delincuencia organizada y del secuestro de los sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani.
Para iniciar el ciclo escolar 2013-2014 en Oaxaca, el gobierno de Gabino Cué ofreció al magisterio disidente 100 millones de pesos como parte del Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura y Equipamiento del Sistema de Normales en Oaxaca, así como 15 millones de pesos más para capacitación de los docentes dentro del Programa para la Transformación de la Educación en Oaxaca.
Esa cifra fue contemplada en la minuta de acuerdos firmada el pasado 20 de septiembre en la Secretaría de Gobernación, pero que el gobierno de Cué no ha entregado, porque los maestros incumplieron con su parte de volver a clases el 23 de septiembre.
Después de esa negativa, el diálogo se suspendió entre el gobierno de Oaxaca y el magisterio disidente; el secretario general de la sección 22, Rubén Núñez, señaló que no volverían a sentarse a la mesa de diálogo, sino era con la CNTE a escala nacional y con funcionarios de alto nivel.
Sin embargo, el domingo pasado la asamblea estatal acordó reanudar el diálogo con Cué, y es que pensaban que, aún sin volver a clases, recibirían esos 100 millones de pesos.
Entre los acuerdos emanados de la asamblea estatal los docentes oaxaqueños establecieron un pliego petitorio en el que ninguna de sus siete demandas tiene que ver con la reforma educativa, ya que exigen “el otorgamiento de recursos Federales y Estatales para la puesta en práctica del Programa para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO)”
Los maestros oaxaqueños también exigen “la liberación inmediata” de los salarios retenidos, cuya cifra asciende ya a mil 200 millones de pesos, de acuerdo con funcionarios del gobierno de Oaxaca.
Reclaman también la devolución de las escuelas tomadas por la sección 59 del SNTE, “de manera inmediata y sin condiciones, y la desaparición inmediata de los espurios”.
Por concepto de cuotas sindicales, la sección 59 recibe alrededor de 250 mil pesos mensuales. De los 70 mil trabajadores de la educación en Oaxaca, la sección 59 cuenta con dos mil 500 agremiados, que laboran en 400 escuelas de 50 municipios y que benefician a 40 mil estudiantes del nivel básico.
Pero de acuerdo con el dirigente de la sección 59, Joaquín Echeverría, luego del paro de labores de la CNTE, sus maestros han tomado al menos 100 escuelas en todo el estado —con apoyo de padres de familia y ayuntamientos— además de que, aseguró, un grupo de entre 50 y 100 docentes de la 22 plantearon cambiarse a la 59.
En ese sentido, la sección 22 estableció en sus acuerdos que hace responsable al gobierno de Oaxaca “de las consecuencias que conlleve la toma de escuelas y se exige que evite generalizar estas acciones en las regiones del estado o. en su caso, este movimiento se reserva el derecho de accionar en defensa de las mismas”.
La sección 22 exige también el respeto y defensa de los derechos y conquistas laborales de los trabajadores del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca, la aprobación de la Comisión de la Verdad y la liberación de los presos políticos y de conciencia.
Esta última demanda es la que ha provocado que los maestros instalados en el plantón decidieran, por una diferencia de 490 votos entre 9 mil 561 consultados el pasado 28 de septiembre, mantener el campamento masivo en el Monumento a la Revolución.
De acuerdo con autoridades consultadas por MILENIO, entre la sección 22 existe un grupo de docentes radicales que insisten en mantener las movilizaciones en la Ciudad de México, pese a los avances en las mesas de diálogo con los gobiernos federal y estatal.
Aseguran que ese grupo de docentes pertenece al Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca, el cual presuntamente está vinculado a grupos subversivos y, cuyo dirigente, Mario Olivero Osorio, fue detenido y apresado en mayo pasado —junto con otros cuatro maestros de la sección 22 y activistas del FACMEO— acusado de participar en el secuestro de dos menores de edad, sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani.
Como parte del doceavo acuerdo de la última asamblea estatal de la sección 22, el magisterio oaxaqueño “emplaza al gobierno federal por la liberación inmediata y sin condiciones de los compañeros del MDTEO y de las Organizaciones Sociales: Lauro Atilano Grijalva Villalobos, Mario Olivera Osorio, Sara Altamirano Ramos, Damián Gallardo Martínez y Leonel Manzano Sosa que fueron detenidos de manera arbitraria”.
Autoridades estatales aseguraron a MILENIO que la sección 22 solicitó al gobierno de Cué revisar los casos de esos profesores presos en el penal de occidente de Puente Grande, en Jalisco, y en el área femenil del penal federal de El Rincón en Tepic, Nayarit.
Sin embargo, dicen, el ofrecimiento fue revisar, “pero no torcer el estado de derecho ni intervenir en la liberación por asuntos políticos de nadie”.
Agencias
