Diana Mendez
La comunidad indígena mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón se declaró este jueves en estado de alerta frente a una nueva ola de criminalización, hostigamiento judicial y amenazas contra la libertad de sus integrantes. Con una protesta frente al Palacio de Gobierno, un grupo de mujeres de la comunidad, detallaron diversos hechos recientes que, afirman, ponen en riesgo la seguridad de quienes defienden su territorio y su autonomía.
Entre los incidentes denunciados se encuentra el intento de detención del indígena Francisco Durán Ortíz el pasado 31 de marzo, supuestamente por orden del juez de Huautla de Jiménez, Constantino Santiago. El 3 de abril, el fotoperiodista comunitario David Peralta Betanzos fue víctima de un intento de asesinato mientras documentaba daños ambientales en el río Xanga Ndá Ge; en el ataque también le fue robado su equipo.
Asimismo, el 23 de abril, se denunció una citación ilegal a 14 personas mazatecas que permanecen en desplazamiento forzado, en lo que la comunidad considera un intento de detenerlas para justificar que se entregaron por voluntad propia. Además, se señala la reactivación de un caso judicial de hace ocho años, que podría dar pie a la emisión de 56 nuevas órdenes de aprehensión contra defensoras y defensores previamente criminalizados.
La comunidad acusa a la diputada local de Morena, Elisa Zepeda Lagunas, y a su padre, Manuel Zepeda Cortés, de mantener un cacicazgo respaldado por jueces y magistrados del Poder Judicial estatal. A ambos se les responsabiliza de actividades extractivistas en el río de la comunidad, así como de utilizar su influencia para reprimir a quienes se organizan conforme a los usos y costumbres mazatecos.
Eloxochitlán ha vivido más de una década de violencia institucional, incluyendo prisión política, desplazamientos forzados, tortura y criminalización. Aunque actualmente todas las personas presas políticas han sido liberadas, aún hay 14 personas desplazadas y 56 más en riesgo de ser detenidas nuevamente, entre ellas una enfermera de la tercera edad y una profesora jubilada.
En este sentido, exigieron justicia para David Peralta y sanción al responsable del atentado. También demanda libertad para el antropólogo mazateco Miguel Peralta Betanzos, criminalizado por su defensa de la autonomía. Requieren el alto inmediato a la criminalización de defensoras y defensores mazatecos, así como garantías para el retorno libre y seguro de las personas desplazadas.
Piden la intervención urgente del gobierno federal y estatal para frenar la protección a los caciques y la coordinación interinstitucional que permita resolver los procesos judiciales en curso. Finalmente, proponen revisar la viabilidad de una Ley de Amnistía o reformas legales que pongan fin a esta persecución prolongada.
“Eloxochitlán no se rinde. La memoria, el territorio y la libertad no son negociables”, concluye el mensaje de las mujeres mazatecas, quienes aseguran que seguirán resistiendo frente a la criminalización y la impunidad.
