Víctor Raúl Martínez Vásquez
Desde luego que la desconfianza hacia los partidos políticos, las burocracias partidarias y la clase política en general es grande.
El escepticismo ciudadano es elocuente, “para que si todos son iguales”, se escucha en el cotidiano caminar.
Cierto o no, la percepción es la misma, no hay partido, grupo, político que convenza, que de confianza absoluta. “Todos los políticos son corruptos” me decía un amigo académico, doctor en historia para más detalle, es decir, una persona que fue a la universidad y obtuvo el máximo grado universitario.
“Todos están vendidos al gobierno”, es otra frase recurrente entre la población. Te dan nombres de dirigentes de los partidos, de diputados, presidentes municipales.
Por ende, si la coalición opositora se concreta como parece, no se las verá fácil ante una ciudadanía escéptica, desconfiada.
De concretarse la alianza, su problema será en el futuro como lograr que ciudadanos y ciudadanas, acudan a las urnas para ganar. No basta el voto duro de los partidos opositores. La suma aritmética de sus votos no les da. La apatía favorece al PRI y esta lamentablemente se traduce en abstención. El PRI, por eso, se muestra seguro de ganar. Cuenta además con todo el gobierno, el poder judicial, el poder legislativo, las finanzas públicas, los medios de comunicación, los cacicazgos regionales, los grupos paramilitares, la violencia que genera temor, las complicidades de sus beneficiarios en el sector económico. También los enemigos internos de la alianza, los esquiroles y mercenarios dentro de los partidos.
Si los partidos no garantizan un cambio real, un cambio de fondo, es difícil que la ciudadanía desconfiada, dudosa, acuda a las urnas. Por eso son importantes los compromisos programáticos, los códigos de ética, los candidatos y sus historiales.
¿Aprobaran o no la propuesta de Ley de Participación Ciudadana elaborado por las organizaciones del espacio civil que incluye: La iniciativa popular legislativa; iniciativa popular en materia administrativa; el plebiscito y la ratificación de mandato; el referéndum; la revocación de mandato; la petición de remoción administrativa; la observación, monitoreo, o contraloría ciudadana de la gestión pública y de la prestación de servicios públicos; la consulta y audiencia pública; el cabildo abierto; la gaceta de información a la ciudadanía; asamblea comunitaria; el tequio o trabajo colectivo; el presupuesto participativo?.
¿Distribuirán los cargos de manera equitativa entre hombres y mujeres?.
¿Sancionaran a funcionarios ladrones?.
¿Respetaran los derechos humanos?.
¿Consideraran las opiniones de los pueblos indígenas en los proyectos que afectan sus territorios, recursos naturales, aguas?. ¿Respetaran su autonomía?.
¿Ciudadanizaran realmente la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Auditoría Superior del Estado, el Instituto Estatal Electoral, entre otras instituciones ?.
¿Fortalecerán el municipio libre dotándoles de mayores recursos y capacidad de gestión?. ¿Los funcionarios serán designados con apego al perfil del cargo y serán evaluados periódicamente en su desempeño? ¿ en caso de ineptitud o corrupción serán removidos y sancionados según él caso?.
¿Los candidatos a cargos de elección popular serán los mismos vivales en las estructuras partidarias que ya conoce la ciudadanía o veremos candidatos con perfiles ciudadanos comprometidos con las causas de los derechos humanos, las mujeres, la economía moral y solidaría, el desarrollo sustentable, la defensa de la educación y la salud de la población, la participación ciudadana, los pueblos indígenas?
Las respuestas a estas preguntas son claves para motivar a la ciudadanía a participar en el próximo proceso electoral. Su respuesta y puesta en acción son parte de los cambios que se esperan en una transición a la democracia. La gente quiere compromisos, no promesas, hechos, no palabras huecas.
La ciudadanía quiere un cambio, pero no solo de personas, sino de régimen político, de rumbo.
La coalición por ende tiene que ser no solo pragmática y sumar votos de los partidos de oposición para poner un alto al gobernadorismo autoritario, sino programática. La Coalición debe hacer compromisos con la ciudadanía en torno al programa de gobierno que pondrá en marcha, a la agenda legislativa, a las formas de gobernar y de articularse con la sociedad civil.
La sociedad civil también debe hacer su propia coalición, alianza, frente ciudadano o como se le quiera llamar, para asegurarse que los compromisos que asuman los partidos políticos, los candidatos y candidatas, la coalición electoral, en caso de llegar a obtener el triunfo, se cumplan.
Solo el pueblo, puede salvar al pueblo, dice un connotado dirigente político nacional. La ciudadanía debe organizarse y movilizarse para el cambio y convertirse en la certeza del mismo, debe constituirse en sociedad civil, es decir, en organización. Solo así se puede asegurar que las elecciones del 2010, no queden en una mera alternancia, sino que sean la base para iniciar la transición democrática de Oaxaca.
