La estrategia gubernamental de seguridad del tema candente del huachicol o robo de gasolina por los ductos de Pemex se ha quedado en la superficie: atacar el efecto cerrando la llave de ductos; sin embargo, la causa se encuentra en Pemex, la empresa cardenista ocupada por la corrupción.
Varias investigaciones –algunas de legisladores de la oposición– han localizado el origen del conflicto en Pemex-Logística y sobre todo en la Subdirección de Transporte, cuyo titular Juan Francisco Rivera Cavazos sigue a cargo y sobre quien pesan señalamientos que cuando menos debieran llevar a investigaciones oficiales.
El robo de combustible no es cualquier cosa: mas de 30 mil millones de pesos constituyen un negocio operado con eficiencia: grupos interceptan ductos, extraen gasolinas y las venden al consumidor o a gasolineras que obtienen producto a menores precios de los oficiales y con ello abaratan insumos y aumentan utilidades.
La decisión gubernamental de cierre de ductos ha impactado en escasez de gasolinas en cuando menos diez entidades de la república, cinco de ellas en situaciones de emergencia. Las protestas sociales podrían hacer ineficaces las medidas porque habrá que abrir las llaves nuevamente, pero sin tener garantizada la desarticulación del cártel del Huachicol.
El funcionamiento de la Subdirección de Transportes de Pemex-Logística, con cuatro años de funcionamiento, ha sido deficiente, pero sobre todo hay quejas de irregularidades que ameritaban investigaciones anticorrupción internas de la empresa Pemex y del gobierno federal. Los huachicoleros operan en cuando menos 20 entidades de la república, involucrando a trabajadores de Pemex, delegaciones estatales y funcionarios de administraciones municipales y estatales.
Una de las funciones de la Subdirección de Transporte de Pemex-Logística es la vigilanciadel robo de combustibles; pero pese a indicios que llevaran a una indagación muy a fondo, Rivera Cavazos fue ratificado por el gobierno lopezobradorista sin mediar pesquisas indispensables y a pesar de que el funcionario se ha negado a dar a conocer su declaración patrimonial.
Pero hasta ahora ninguna investigación oficial ha sido hecha para ir a las causas del robo de combustibles: el negocio del tráfico de combustible-robo no puede hacerse sin la complicidad de funcionarios de Pemex y de funcionarios gubernamentales estatales y municipales.
A pesar del tamaño criminal, social, regional y político del conflicto y de la multiplicación de complicidades por el robo de combustibles, la Subdirección de Transporte de Pemex-Logística decidió ahorrar fondos presupuestales terminando contratos con empresas privadas dedicadas a la investigación de tomas clandestinas y hacerlo con personal propio; el efecto fue obvio: el robo aumentó de manera escandalosa y las denuncias de complicidades de Pemex con los grupos huachicoleros también crecieron. Algunos especialistas han encontrado que el personal de la Subdirección de Transporte realiza reparaciones superficiales –“aparentes”, dicen expertos– que no impiden el regreso de los ladrones de gasolinas. Una auditoria anticorrupción independiente podría probar que las reparaciones forman parte del negocio del robo de gasolinas.
El PRD en el Senado ha exigido una investigación a fondo del huachicoleo y la corrupción en Pemex, porque hay datos que llevarían al involucramiento de esa oficina en casos sonados de fraude como el de Odebrecht y de la empresa Conjunto de Servicios Industriales (CSI). Lo grave del asunto es que funcionarios de Pemex y miembros del sindicato han construido una verdadera mafia de corrupción y negocios ilegales en la paraestatal, sin que el nuevo gobierno hubiera tomado cartas en el asunto. El nuevo director de Pemex, el ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza, llegó de fuera y sin tener personal propio experimentado en el manejo de la paraestatal y sólo sostenido por su vieja relación de amistad con el presidente López Obrador. Y si estos datos fueran irrelevantes, la parte más importante radica en su desconocimiento de los pasadizos secretos del petróleo en México.
El problema del huachicoleo está en Pemex, con un dato espectacular: el 70% de empleados detenidos por la ordeña de combustibles laboraba en Pemex-Logística.
GOBERNADORES. De los pendientes de fin de año estuvo la encuesta que repercutió en espacios políticos. Basado en encuestas a más de seis mil personas, la empresa Arias Consultores dio a conocer a finales de año su lista de calificación de gobernadores. Los tres primeros mejor aprobados fueron el yucateco Mauricio Vila, el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca y el sinaloense Quirino Ordaz, con cifras arriba de 50%. En contraste, los peor calificados fueron el tabasqueño Arturo Núñez con 1.4% y el oaxaqueño Alejandro Murat con 9.7%. Destaca el hecho de que Quirino Ordaz es el únicopriísta que mantiene altas cifras de aceptación, luego de la debacle electoral del PRI el pasado 1 de julio, algo para analizar.
Política para dummies: La política es la habilidad para administrar los problemas, no para crear otros nuevos sobre los existentes
