La calidad de la educación en México es una de las demandas ciudadanas que fueron acogidas en los gobiernos anteriores y sus frutos derivaron en la Alianza por la Calidad Educativa, la autonomía de la gestión de las escuelas, la protección de la salud y la promoción de alimentos nutritivos.
Sin embargo, la más significativa de las luchas ha sido el elevar a rango constitucional la evaluación profesional docente que hoy, bajo la reforma educativa suscrita conjuntamente en el Pacto por México enfrenta presiones y resistencias en algunos estados de la República por parte de maestros afiliados principalmente a la CNTE en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, quienes argumentan que se violan sus derechos laborales.
Las principales demandas detrás de estas presiones van en el sentido de que los resultados de la evaluación no incidan en la permanencia o promoción de los maestros, dando paso a una evaluación subjetiva a través de lo que ellos llaman un “diálogo” y no de exámenes; de que se garantice el respeto a los derechos sindicales de los trabajadores de la educación; de mantener promociones escalafonarias a cargos de dirección considerando “usos y costumbres”, y de establecer la obligación de los gobierno estatales de gestionar ante la Federación un aumento en el número de plazas docentes para darle trabajo a los egresados de las normales públicas.
En suma, dichos docentes no quieren ser evaluados, desean apartar cualquier posibilidad de perder su calidad de “maestros” por no estar preparados para impartir clases. Sin embargo, todas ellas priorizan la permanencia de un sistema donde la calidad educativa es totalmente ajena a los privilegios que, hasta hace unos meses, hacían parecer a la calidad educativa como una utopía de un sistema educativo como el nuestro.
Y sin embargo, los servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Legislativo de estados como Oaxaca y Guerrero parecen no encontrar otra salida más que la de ceder a presiones oportunistas, que implican a todas luces contravenir lo instituido en nuestra Constitución.
En Oaxaca, los miembros de la Sección 22 de la CNTE exigen que se les apruebe una reforma para ellos solitos y la hacen llamar Plan para la Transformación Educativa de Oaxaca. Incluso, se han propuesto leyes “secundarias” y otros subterfugios legales que evitarían lo que a final de cuentas es el espíritu central de la reforma educativa: la creación del Sistema de Servicio Profesional Docente, el cual estará integrado por concursos de ingresos para docentes y para la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior.
Con dicha creación se estarían, entre otras cosas, fijando los términos para el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio. Los criterios para determinar la promoción o el sistema de reconocimientos corresponderán exclusivamente al mérito y a la preparación de cada maestro, un esquema que hoy es manejado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), mismo que determina plazas, salarios, cargos, etcétera.
Entendemos las diferencias sociales, económicas y culturales entre las distintas regiones y estados de la República, incluso entre comunidades indígenas, y que eso repercute en la distinta formación de los docentes y los estudiantes, pero esas diferencias deberán ser consideradas en la capacitación y evaluación, mas no motivo de excepción y exclusión de la evaluación, o para llamadas autoevaluaciones.
Por ello, consideramos inadmisible que servidores públicos electos por las y los ciudadanos cedan a presiones que obliguen a reproducir un sistema caduco, donde los mecanismos constitucionales que fortalecen la calidad en la educación se nulifiquen.
Lo advertimos antes: los diputados federales del PAN no íbamos a pagar con la misma moneda con que nos pagó el PRI cuando estas reformas se pretendían impulsar en sexenios anteriores. En concordancia propusimos un acuerdo para hacer un llamado a los gobernadores y los congresos de Guerrero y Oaxaca para respetar lo establecido en el texto constitucional vigente en materia de calidad en la educación y no ceder ante las amenazas de aquellos grupos que se niegan a mejorar sus capacidades, aptitudes y habilidades a través de la evaluación docente.
Si no se defiende el espíritu constitucional hoy, difícilmente habrán garantías para que el Estado, ahora sí, otorgue una educación de calidad. Además, el carácter político de la presión que estos maestros ejercen sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo de esos estados se manifiesta en la adhesión a su causa de grupos como los autodenominados policías comunitarios, estudiantes y otras organizaciones.
Por lo que independientemente de los partidos políticos y de las coyunturas electorales, aquí sí, el gobierno federal y el Congreso deberán respaldar a los gobiernos locales de estos estados, siempre y cuando no cedan ante demandas que pueden obstaculizar la calidad educativa que el país requiere de manera urgente.
