La matanza de 44 reos pertenecientes al cártel del Golfo en el penal de Apodaca se cometió para ocultar la fuga de 30 internos de Los Zetas, por cuya captura el gobierno de Nuevo León ofrece 10 millones de pesos. Los victimarios fueron encabezados por Óscar Manuel Bernal Soriano, La Araña.
El vocero de seguridad estatal, Jorge Domene, relató en diferentes entrevistas la manera en que ocurrió la fuga (descubierta 15 horas después), en la que fueron cómplices nueve de los 18 custodios en turno (según admitieron en sus declaraciones), quienes abrieron las puertas y permitieron la huida a cambio de un pago de entre 10 y 15 mil pesos por quincena.
Fue a la 1:13 de la madrugada del domingo cuando los 30 reos lograron llegar, con ayuda de celadores, hasta la torre 6 del penal; ahí utilizaron cuerdas para ascender el muro y llegar al exterior por el lado poniente, la parte contraria a la séptima Zona Militar.
Afuera, en los solares contiguos, ya los esperaba un comando en varios vehículos; 32 minutos después, a la 1:45 horas, saltó la barda el último reo. Durante todo ese lapso la seguridad del penal suspendió los rondines: Óscar Devece Laureano, jefe de seguridad, les dio la orden.
Quince minutos antes, a la 1:30, se había echado a andar la segunda parte del plan. Personal de seguridad, en contubernio con Los Zetas, abrió la puerta del ambulatorio C para que los internos entraran al D, donde había unos 450 internos, 150 más de la capacidad para la que fue diseñado. Ahí estaban los integrantes del cártel del Golfo.
“Está claro que los toman por sorpresa. Definitivamente alguien, también en contubernio, pues facilita el acceso”, explicó Domene. Los internos del dormitorio D no esperaban el ataque.
Pero Los Zetas siguieron con el plan original y comenzaron la matanza que se alargó casi por una hora. No hubo riña, como se dijo en principio. Los 44 internos fueron
sacrificados. Los sacaron del ambulatorio y los llevaron a una zona del patio entre los dormitorios C y D.
A unos les destrozaron la cabeza golpeándolos con tubos, bates y piedras. Otros fueron degollados. Algunos más fueron apuñalados con cuchillos y tijeras. A otros, les sacaron los ojos. Los responsables no quisieron dejar huella de la masacre y taparon con cobertores algunas cámaras de videograbación.
En esos momentos no sólo había internos en el penal de Apodaca: 43 mujeres y 25 menores de edad dormían ahí, tras haber permanecido en el área de visitas desde el sábado. Todos resultaron ilesos, según reportó la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Tuvo que pasar una hora y media para que el reporte alcanzara a las autoridades, a las 3:00 horas. Las corporaciones policiacas llegaron 30 minutos después, pero fue inútil. Los 44 ya estaban muertos. “Cuando se pide el auxilio ya había sucedido todo”, lamentó el vocero de Seguridad del estado.
Hasta que se hizo el pase de lista se notó las primeras ausencias. A las 16 horas se confirmó la fuga. Hasta ahora las autoridades han entregado 27 de 44 cuerpos a familiares de los reos. Faltan dos cuerpos de ser identificados.
El gobierno de Nuevo León anunció una recompensa de 10 millones de pesos por la captura de los 30 internos (25 detenidos por delitos federales) que se fugaron. En el grupo hay exjefes de plaza, ex policías y narcodistribuidores.
Entre los fugados está es el ex regidor del municipio de Apodaca, Jesús Manuel Santiago Ordaz, detenido el 10 de marzo de 2010, quien se enfrentó a balazos con elementos del Ejército mexicano y quien es acusado de narcomenudeo, posesión de cocaína con fines de comercio o suministro y agrupación delictuosa.
Funcionarios, destituidos
El gobierno estatal separó de sus cargos a cuatro mandos del sistema penitenciario y a los 18 custodios en turno. Los mandos involucrados son Ernesto García Guerrero, comisario general de la Agencia de Administración Penitenciaria; Gerónimo Miguel Andrés Martínez, director del penal de Apodaca; Juan Hernández Hernández y Óscar Deveze Laureano, subdirector y jefe de Seguridad.
El gobernador Medina nombró a José Anastasio Fuentes Rojas encargado del despacho de la Agencia de Administración Penitenciaria y a Guillermo Raya Salgado como alcalde del penal.
Milenio
