Salvador García
18:20 Por segunda ocasión la oposición fue “planchada”, el debate llegó a las gradas y se desató una guerra de interpelaciones desde las curules entre los diputados de oposición y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de nada valieron los argumentos, el dictamen fue contundente: “No ha lugar para sancionar al gobernador del estado Ulises Ruiz Ortiz, por haber participado en un acto político un día antes de las elecciones federales del 2009.
El “debate”, que duró más de dos horas, entre los diputados de oposición y el legislador priista Jaime Aranda Castillo, presidente de la comisión de Estudios Constitucionales, quien al final se “enredo” con el dictamen que el mismo encabezó, provocó que Antonio Amaro Cansino y otros más lo tomaran a broma.
Atrás quedó la impecable intervención de la diputada Eva Diego Cruz, quien solicitó un punto de acuerdo para anexarse a la petición de los congresos locales para respaldar al Congreso de la Unión para exhortar al gobierno federal a presentar una queja formal y enérgica contra el gravamen que algunos estados de la Unión Americana pretenden imponer a las remesas de los migrantes mexicanos a nuestro país.
En su elocución solicitó al gobierno federal además de la queja, a suspender cualquier compra gubernamental al estado americano de Oklahoma, debido a que emitió una ley para que cualquier envió de migrantes a México a partir de 5 dólares se cobre el uno por ciento, medida inmoral y lesiva; sin discusión al final fue aprobada por mayoría.
Como mero trámite los legisladores oaxaqueños aprobaron la Ley de ingresos del 2010 de 28 municipios, por cumplir con lo establecido en la ley respectiva. Un dictamen que llamó la atención fue el que exhortó al Congreso de la Unión para evitar que les descuenten el Impuesto Sobre la Renta a jubilados y pensionados que perciban menos de 9 salarios mínimos diarios; también se aprobó por mayoría.
En momento crucial y esperado por todas los presentes, incluso que despertó algunos adormilados diputados, fue cuando la mesa directiva puso a consideración el proyecto de dictamen relativo a un oficio enviado por el IFE, el cual a la letra decía: “No ha lugar a la sancionar al gobernador del estado Ulises Ruiz Ortiz, por si refería a una denuncia presentada por Convergencia sobre que el mandatario estatal y varios funcionarios en activo, incluyendo el presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán Argeo Aquino Santiago, acudieron a un acto político un día antes de las elecciones federales del 5 de julio del 2009, clasificado por la ley como delito electoral.
Como si sonara campada de ring, el primero en subir fue el diputado convergente Benjamín Robles Montoya, quien dijo: “Ya no venimos a discutir sí Ulises es o no culpable, está demostrado que es un delincuente electoral, lo que discutimos es que la comisión de Estudios Constitucionales no era la competente para conocer el caso”.
Esta afirmación provocó que varios diputados entre ellos Antonio Amaro Cansino, empezaran a increparlo desde sus curules, esto originó que el covergente indicara: “llamó a mis compañeros diputados si son tan hombrecitos que pidan la palabra y lo debatan en tribuna”.
Esto dio pauta a un acalorado debate, en su momento el presidente de la comisión en cuestión, Jaime Aranda Castillo, subió a tribuna a debatir su dictamen, sin embargo por momentos se enredó con los términos, por lo que le llovieron preguntas de los diputados del PAN y Convergencia, las cuales le costó trabajo contestar.
En su oportunidad el diputado Panista Dagoberto Carreño Gopar, refirió que haber mandado el caso a dicha comisión significaba un vicio de origen con miras a defender nuevamente al gobernador del estado, que a toda luces, dijo, infringió la ley y la Constitución.
Guadalupe Rodríguez Ortiz, del PRD, también respaldó la posición de sus compañeros de oposición y fue más allá, acusó a los diputados priistas de una ineficacia del sistema político en el estado, esto por defender ultranza un evidente delito.
Al final de nada valieron las posturas de la oposición ni su berrinche, por segunda ocasión la mayoría priista se impuso y con la mano en alto, volvieron a decretar que es improcedente sancionar al gobernador del estado por un presunto delito electoral, la “aplanadora”, nuevamente había hecho su trabajo.
