Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores indican que la escalada de violencia obligó a que las fuerzas armadas participaran en actividades de seguridad pública.
El gobierno de México expuso ante expertos de la Organización de Naciones Unidas que la escalada de violencia generada por el crimen organizado obligó a que las fuerzas armadas participaran en actividades de seguridad pública, “de una manera subsidiaria, temporal y en regiones específicas del país”.
Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, en un comunicado conjunto, informaron así sobre los temas que se trataron en la reunión que funcionarios federales sostuvieron con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, cuya visita oficial de trabajo concluyó este día.
Se informó que en el encuentro, los representantes del Poder Ejecutivo subrayaron al Grupo “la pertinencia de establecer, con toda claridad, la diferencia entre un extravío, secuestro, desaparición y desaparición forzada”.
Dejaron en claro que si bien el Estado tiene la obligación de investigar y dar con el paradero de las personas, “esto no significa que haya intervención de uno de sus agentes en estos actos delictivos”.
También se destacó que “debido a la escalada de violencia generada por el crimen organizado, se vio obligado a que las fuerzas armadas participen de una manera subsidiaria, temporal y en regiones específicas del país, en coadyuvancia a las autoridades civiles bajo petición fundada y motivada de éstas en actividades de seguridad pública”.
Las dependencias indicaron a los tres especialistas de la ONU que el Ejército mexicano “en su convicción por respetar y proteger los derechos humanos de los mexicanos, ha aceptado todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), durante la presente administración”.
Respecto a los procedimientos para prevenir la desaparición forzada, se informó al Grupo de Trabajo sobre la puesta en marcha de un nuevo modelo policial para modernizar y fortalecer a la policía federal, elevando sus niveles de profesionalización y de capacitación específica en materia de derechos humanos y en uso de la fuerza.
También se informó a los expertos que el Estado mexicano ha implementado un registro de personas extraviadas, “que está a disposición de todas las autoridades estatales y municipales con el fin de coadyuvar a la localización inmediata de las personas, que se suma a otras plataformas existentes para ese propósito”
El gobierno de México subrayó también su compromiso para avanzar en la solución de casos de desaparición forzada ocurridos en la década de los setentas y principios de los ochentas del siglo pasado y las medidas que está tomando “para que esta deplorable violación de derechos humanos sea castigada cuando tenga lugar”.
Por ello expresó su satisfacción por la visita del Grupo de Trabajo y anunció que “examinará cuidadosamente cada una de sus recomendaciones”, derivadas de la visita oficial que iniciaron el 18 de marzo pasado que incluyó más de 25 reuniones con funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel federal.
Así como visitas a las instalaciones de la PGR en los estados de Chihuahua y Guerrero, así como a la zona militar en Coahuila, donde también sostuvieron encuentros con organizaciones civiles y familiares de las víctimas.
