Una de las áreas que ameritan consolidarse programática y presupuestalmente en Oaxaca es la de los intérpretes defensores de las personas indígenas privadas de la libertad.
Es evidente la correlación entre pobreza y delitos (sobre todo patrimoniales).
Y en ningún lado la pobreza está tan presente como entre las personas indígenas.
Es ningún lugar del mundo una persona debía estar en prisión por ser pobre; y mucho menos por ser indígena.
En un estado como Oaxaca, uno de los grandes ejes de política pública en una lógica poblacional debía ser la atención integral a pueblos y comunidades indígenas.
Y prioritaria debe ser la asistencia de quienes delinquen por necesidad o por ignorancia y no pueden salir de prisión por no poder pagar un abogado y no poder pagar la reparación del daño.
Muy poco nos detenemos a pensar que las y los indígenas ven la vida y el mundo de una manera diferente y que incluso tienen sus propias reglas de convivencia.
Más allá del superficial examen a ciertas manifestaciones de “abusos y costumbres” como la venta de niñas o la prohibición de que las mujeres participen en la vida pública, hay auténticas normas de convivencia en nuestros pueblos y comunidades que chocan con nuestro derecho legislado.
Hoy las constituciones reconocen el pluralismo jurídico y las personas indígenas tienen derecho a ser juzgadas y castigadas de acuerdo a sus normas domésticas, muchas de las cuales nacieron antes de que el Derecho Positivo fuera Derecho Vigente.
Esta semana en que conmemoramos el Día de los Pueblos Indígenas y el Día de la Juventud, recibí en mi ponencia la visita de mi amigo Jesús Herrera.
Me platicó con pasión y método el trabajo que coordina en la defensoría pública estatal con un equipo preponderantemente joven.
Y es que para ser intérprete en Oaxaca se necesita esa clase de vocación que solo se mantiene mientras se es joven.
La defensa y patrocinio de las personas indígenas que cometen delitos no graves es un ministerio, una de las causas más nobles que debe adquirir un papel preminente en la administración pública.
En 2017 existían 15 defensores con conocimiento de lengua y cultura. Y cada uno tenía asignados 250 expedientes anuales.
Hoy existen en Oaxaca 29 defensores públicos bilingües mejor remunerados y 95 intérpretes de 70 variantes lingüísticas. 30 de ellos están ya certificados en procuración de justicia ante el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
De 2017 a la fecha han podido salir de prisión mil 418 personas indígenas no solo por el diligente trabajo de los defensores sino por el trabajo en equipo entre la propia Defensoría Pública, le Secretaría de Seguridad Pública y el Tribunal Superior de Justicia.
Es el Poder Ejecutivo el que paga las reparaciones del daño a las víctimas y nada dignifica tanto el destino de los presupuestos como la defensa y excarcelación de las personas indígenas.
Oaxaca es un estado eminentemente indígena. La raíz de nuestro orgullo y nuestra identidad es indígena.
Ojalá el nuevo gobierno fortalezca a la defensoría. Hay muchas y muchos jóvenes hablantes de una lengua indígena en las facultades de derecho dispuestos a defender causas justas.
Hacemos votos porque así sea.
*Magistrado Presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
