La calidad de vida, salud y bienestar de los seres humanos, depende en gran medida de las condiciones del medio ambiente en el que viven, y es por ello que la protección de los elementos naturales que rodean a la humanidad, es un tema de sobrevivencia y buen vivir, en el que también se involucra el desarrollo social e ingreso económico, ya que la calidad de vida es diferente de acuerdo a las condiciones socio económicas de los individuos o comunidades.
Los efectos adversos, producto de la destrucción ambiental, no son padecidos de la misma forma por las personas con mejores condiciones de vida, que por aquellos que pertenecen a las clases desprotegidas y, como consecuencia de tal desigualdad, éstos son más vulnerables a los impactos ambientales negativos, además que el acceso a los recursos como agua y tierras cultivables, es desventajoso.
Bajo este contexto, la preocupación global sobre los impactos de las actividades humanas al medio ambiente, generó el movimiento anti vertedero en Carolina del Norte E.U., donde la oposición social ante el establecimiento de un sitio de disposición final de residuos, desencadenó otros procesos que crearon la reflexión y posteriormente el concepto de ¨justicia ambiental¨, como un una herramienta que tiene por objeto evitar que ante procesos de degradación ambiental, los grupos más vulnerables sean los más afectados, convirtiéndose así en una manifestación de reivindicación legal, de respeto a los derechos humanos y prerrogativas de carácter social, económico, laboral y de desarrollo humano (Ramírez, 2015).
De acuerdo con Sarokin y Schulkin (1994), citados por Ramírez (2015), existen personas o núcleos poblacionales que por su grado de vulnerabilidad social, son también más susceptibles a los perjuicios ambientales y se les excluye del proceso de elaboración y toma de decisiones. A partir del surgimiento de la justicia ambiental, este concepto es adoptado por las legislaciones de diversos países, y en México este concepto es integrado a aspectos socio ambiental de la lucha contra procesos de apropiación de la naturaleza y la búsqueda de vías para el regreso a medios de producción sostenible, preferentemente tradicional.
Para hacer efectivo el acceso a la justicia ambiental se cuenta con diversos principios como:
- Principio de la obligación de prevenir, reducir y controlar el daño ambiental, ante cualquier iniciativa.
- Principio de “el que contamina paga”, que tiene como finalidad responsabilizar al que genere un daño ambiental a través de mecanismos de compensación de sus afectaciones
- Principio de responsabilidad común pero diferenciada, relacionado con la
- El principio de la sustentabilidad que tiene como finalidad que los proyectos no rebasen los límites naturales de los recursos.
- Principio de partes iguales, donde se reconoce el derecho la igualdad de derecho a satisfactores ambientales
- Principio de mitad y mitad, corresponde al derecho equitativo de los seres humanos con los no humanos al espacio vital y recursos naturales.
Como parte del marco legal nacional y en cumplimiento a los mandatos internacionales relacionados con el desarrollo sustentable, contamos con un cuerpo de leyes, reglamentos y normas, que tienen por objeto la protección ambiental y el logro de la justicia ambiental desde los niveles federal, estatal y local, cuya base es el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, garantizado por el Estado.
Es esencial el reconocimiento, respeto y ejercicio del derecho a un medio ambiente sano, sin distinción de género, raza, condición social o política; prerrogativa que todos los gobiernos deben hacer efectiva a través de sus decisiones y ello conlleva necesariamente la participación activa de la ciudadana.
A partir del diagnóstico que como presidenta de la Comisión Permanente de Ecología de la LXIII Legislatura he realizado sobre el tema, considero que para la efectividad de la justicia ambiental en la entidad, es necesario además de fortalecer el marco legal, contar con una instancia de procuración e impartición de justicia eficaz en materia ambiental.
Referencias: Ramírez et. Al. (2015). Justicia ambiental: Entre la utopía y la realidad social. En http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-11912015000100008
